Policiales
Detenido por matar a la mamá se va a casar y harán protesta en Apóstoles
Alfredo Rafael Remskij (30) lleva más de seis años detenido por el asesinato de su madre, aunque aún no fue juzgado y ahora planea casarse, pero los familiares de la víctima responderán con una protesta frente al registro de las personas en Apóstoles para reclamar justicia.
“De manera pacífica y con el mayor de los respetos, pero nosotros nos vamos a manifestar. Queremos que se haga el juicio y si es culpable que pague todo lo que tenga pagar”, adelantó Ismael Remskij, hermano del acusado e hijo de la víctima Dominga Isabel Huzy (52).
En diálogo con La Voz de Misiones, el hombre reveló que su hermano tiene turno agendado para este miércoles a las 11 de la mañana en el registro de la ciudad para contraer matrimonio con una joven que la visita asiduamente en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, donde el implicado pasa sus días de encierro.
“Tenemos información de que a él lo van a trasladar para contraer matrimonio y por eso nosotros vamos a aprovechar la oportunidad para movilizarnos hasta el registro para reclamar justicia ese mismo día. Me indigna y me molesta esto, fue un homicidio premeditado y cruel. Todo esto nos causó mucho daño psicológico”, lamentó Ismael.
Dominga Isabel Huzy tenía 52 años.
Estrangulada y arrojada al basural
El crimen que aún conmociona a Apóstoles se descubrió el domingo 10 de septiembre de 2017, cuando dos personas revolvían cosas en el basural y al estirar de un cable descubrieron un cadáver envuelto en mantas.
La víctima allí fue identificada como Dominga Isabel Huzy, separada, madre de dos hijos y residiendo en ese entonces en una vivienda ubicada sobre la calle Moreno, en pleno centro de la ciudad.
Con el correr de las horas los investigadores posaron la lupa sobre Rafael, uno de sus hijos, quien tenía antecedentes de violencia contra ella y quien los días previos al descubrimiento del asesinato había desparramado por el barrio la versión de que su mamá se había mudado a Virasoro, Corrientes.
El devenir de la investigación lo acorraló aún más. Cámaras de seguridad dispuestas en varios puntos de la ciudad detectaron que entre el sábado y domingo el muchacho utilizó el camión pluma de su padre para trasladar todas las pertenencias de su madre hasta el basural.
En uno de esos viajes, también habría llevado el cuerpo de Huzy y una prueba de ello es que en el camión se halló una cadenita de la mujer.
La autopsia estableció que la víctima murió por un estrangulamiento y la principal hipótesis es que el crimen fue cometido para quedarse con la vivienda de Huzy.
El cuerpo y las pertenencias de Huzy en el basural fueron hallados el 10 de septiembre de 2017.
“Está claro que es culpable”
“Nosotros queremos que se haga el juicio y que ahí se determine. Si es culpable que pague y si es inocente, bueno. Para nosotros está claro que es culpable. Está todo demostrado: le llevó a mi mamá a tirar junto a todas sus cosas y ese mismo día se mudó a la casa de ella”, sentenció el hermano del acusado.
Incluso, añadió que “un año antes ya había intentado hacerlo con mi papá, pero él se salvó de milagro. Después terminó haciendo lo que hizo con mi mamá. Yo hasta ahora no entiendo qué pasó, más aún por la morbosidad con la que hizo todo”.
El expediente del caso se encuentra en manos del Tribunal Penal Dos de Posadas, cuyas autoridades ya programaron audiencias para el desarrollo del juicio en al menos dos oportunidades (2022 y 2023), aunque en ambas ocasiones el proceso debió ser suspendido a último momento por diferentes recursos defensivos.
La última suspensión se debió a un pedido de sus abogados defensores para que el imputado se someta a una serie de estudios de salud mental para determinar si comprende la criminalidad de sus actos o debe declararse su inimputabilidad.
“Eso de la inimputabilidad fue nada más que otra estrategia para posponer el juicio. Él está bien, comprende todo si está estudiando abogacía en la cárcel y ahora hasta es capaz de casarse. A nosotros todo esto nos molesta demasiado”, respondió Ismael.
El muchacho está imputado por el delito de “homicidio calificado por el vínculo”, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.
La causa, además, tiene un segundo imputado. Se trata de Mayra Dutra, ex pareja de Rafael, quien está acusada del mismo delito pero en carácter de “partícipe necesaria” y aguarda el proceso en libertad.
Cámaras de seguridad detectaron al acusado llevando pertenencias de su madre al basural de Apóstoles.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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