Policiales
Desbaratan banda narco de Iguazú liderada desde cárcel chaqueña
Una banda narco radicada en Puerto Iguazú pero liderada desde una cárcel chaqueña fue desbaratada en las últimas horas luego de una decena de allanamientos realizados por diversas dependencias de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el grupo criminal es conocido como el “Clan Brites”, cuyos sindicados cabecillas se encuentran alojados en la Unidad Penal 11 de Roque Sáenz Peña (Chaco), dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde ya cumplen condenas por delitos relacionados al narcotráfico.
Las fuentes de LVM explicaron que la reciente pesquisa contra la organización fue encabezada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Paso de los Libres” de GNA, bajo supervisión del Juzgado Federal de esa misma localidad correntina.
La información recabada por este medio consigna que la investigación contra el denominado Clan Brites comenzó con el interdictado de una encomienda de marihuana que viajaba desde Puerto Iguazú hacia La Rioja y a partir de ahí hubo un trabajo silencioso que permitió identificar involucrados e intervenir líneas telefónicas para monitorear el funcionamiento de la banda.
De esa manera, constataron que el grupo estaba liderado por tres internos de la UP 11, entre ellos Juan Marcos “Pipa” Brites (30), que el año pasado fue condenado a seis años de prisión por organizar el envío de marihuana de estupefacientes desde la Ciudad de las Cataratas a distintos puntos del país, principalmente La Rioja y Catamarca.
Sin embargo, a pesar de ello, al parecer el involucrado seguía coordinando desde su lugar de detención junto a otros dos miembros de la banda alojados con él y el resto del clan familiar operaba desde afuera.
Fue mediante el seguimiento de las escuchas telefónicas y otras labores investigativas que los gendarmes pudieron establecer que estaban por despachar una encomienda con estupefacientes hacia Tierra del Fuego.
Con ese dato sobre la mesa, el juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresnada, autorizó la realización de una entrega vigilada del paquete, es decir, dejar que la encomienda cumpla su recorrido normal y una vez en destino aguardar al receptor.
Al cabo de unos días, el destinatario en la ciudad de Río Grande fue a buscar el paquete, quedó detenido y en el paquete se hallaron estupefacientes.
Tras ese golpe, se estima que la organización misionera abrió un pub nocturno en Puerto Iguazú para seguir operando, lavar dinero y volver a armarse de fondos para coordinar un próximo envío. El lugar, según las fuentes, se trató del Club Native, el cual estaba en manos de un testaferro identificado como Diego R., que también fue detenido en la reciente redada.
Voceros del caso señalaron que los allanamientos realizados en Iguazú fueron doce en total, concretando la detención de once personas, entre ellas tres mujeres, todas integrantes de la misma organización familiar.
Los procedimientos se ejecutaron esta madrugada y culminaron con el secuestro de dosis de cocaína, de marihuana, de anfetaminas y de LSD, como así también automóviles, motocicletas, armas, teléfonos celulares, libretas con anotaciones y dinero en efectivo.
Por último, también se allanaron las celdas de los tres miembros de la banda que presos en la cárcel chaqueña y fueron notificados del inicio de un nuevo expediente por narcotráfico en su contra.
Se estima que en las próximas horas se concrete el traslado de todos los detenidos en la tierra colorada hacia la localidad correntina de Paso de los Libres, para que comparezcan a declarar ante el magistrado que encabeza la causa.
Procedimiento dentro de la UP 11 de Sáenz Peña, Chaco.
Automóviles y motocicletas secuestradas a la banda.
Parte de la droga incautada a la banda en los procedimientos de esta madrugada.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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