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Policiales

Denunció que su cuñada la golpeó por la disputa de una casa en Villa Cabello

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Mirian Ester Rolón, de 56 años, denunció que su cuñada, Gabriela A., de 34, le propinó una golpiza arriba de un colectivo y en plena calle, debido a una disputa que mantienen por la casa en la que vive hace 30 años, ubicada en la chacra 144 de Villa Cabello, en Posadas.

Según consta en la exposición policial, radicada en la Seccional Séptima y ratificada en la Comisaría de la Mujer, todo comenzó alrededor de las 19 del último miércoles, en una unidad de la línea 31, a la que la denunciante se subió cuando regresaba de su abogado.

Casualmente, dentro del mismo colectivo viajaba la mujer de uno de sus seis hermanos, Gabriela A., quien se desempeña como guardia de seguridad en el Concejo Deliberante, y comenzó a insultarla: “Vos estás usurpando una casa ajena, ni la tumba de tu papá pagás; cuando necesitás algo me vas a visitar”, denunció Mirian en la comisaría.

Asimismo, agregó que su cuñada le decía: “Ahora me voy a reír, porque Marilú se va a quedar con la casa y vos en la calle”, en referencia a la última esposa de su padre y quien posee el título de propiedad de la vivienda, que está a nombre de su progenitor.

Además, siempre de acuerdo a la denuncia, la mujer de su hermano la amenazó: “Hasta que no te vea muerta no te voy a dejar en paz, porque a mí me corresponde todo”.

Tras increparla, Gabriela A. comenzó a golpear a la hermana de su pareja, a la altura del cuartel del Ejército Argentino, hasta que Mirian decidió descender del ómnibus, en la esquina de la calle Odonetto y la avenida Tambor de Tacuarí, a escasos metros de la Seccional Séptima.

En ese instante, tras bajar detrás, su cuñada “comienza a propinarme golpes en mi rostro y en todo mi cuerpo, causándome hematomas, no podía sacármela de encima, hasta que arribaron personas y lograron sacarla de encima mío”.

Al realizar la denuncia, Mirian dejó constancia de que “no es la primera vez que pasa esta situación”, debido a que los hostigamientos comenzaron tras la muerte de su padre, hace unos dos años.

Antes de solicitar una medida de restricción de acercamiento, la denunciante agregó que también su sobrina de 32 años y su hija menor, de 26, quien vive con ella en la vivienda en disputa, sufren las amenazas de la guardia de seguridad: “Las amenaza diciéndoles que las va a encontrar y las va a matar”.

Respecto a la disputa por el inmueble, Mirian explicó que “durante 30 años lo aboné y hoy en día está cancelado; tengo otros seis hermanos que en su momento accedieron ante escribana que dicha propiedad quede para mí, ya que fui yo la que pagué la totalidad de la casa”.

“No es por la casa”

La Voz de Misiones se contactó con Tamara, hija de Mirian, quien comentó que “la casa es propiedad de mi abuelo, en 1994 nos la entregaron; ahí vinimos a vivir todos, cinco hermanos, mi mamá y mi papá, que ya falleció, y mi abuelo, que vivió cinco meses con nosotros”.

“Muchos años después, mi abuelo se casó con otra mujer y cada tanto venía y le decía a mi mamá que le saque un préstamo y él le iba a pasar a nombre suyo la casa, mi mamá accedió, pero él nunca le firmó”, reconstruyó la joven.

Sin embargo, “él nunca vino a molestar, a pedir la casa ni nada, pero hace unos cinco años empezaron, con él en vida: mandó a cortar todos los servicios y mi mamá bajó a nombre de ella; ahí empezó la discordia”.

“Mi abuelo murió hace dos años y el título ya había salido en Iprodha; ahora la esposa quedó con el título de la casa, y le empezó a decir a uno de sus hermanos, con el que tiene problemas, que apoyen para venderla”, manifestó Tamara.

En consonancia con lo expuesto por su madre en sede policial, la muchacha indicó que “se fue a un escribano y todos los hermanos le vendieron su parte a mi mamá, incluso el hermano con el que ahora tiene problema; la señora le convenció de que se puede vender la casa”.

“Ella está decidida a que se venda la casa porque quiere su parte, la hostiga, le manda mensaje, le dice que está usurpando hace 30 años, cuando en realidad los hermanos ya le cedieron frente a un escribano”, postuló la hija de Mirian.

Respecto del día de la agresión, Tamara añadió que Gabriela A. “estaba con su uniforme, se ve que venía de trabajar, y le pegó con los borcegos, le marcó todo”.

Al acudir a la comisaría, “no la revisaron, le miraron de lejos nomás, no la atendían porque los policías estaban viendo el partido Boca-Racing; recién al otro día, cuando ampliamos la denuncia en la Comisaría de la Mujer, la miraron”.

Mientras que, en la Séptima, “llegamos y estuvimos sentados dos horas hasta que le tomaron la denuncia, primero pasó la persona que la golpeó, porque también la denunció”.

“Los oficiales la trataron muy mal a mi mamá, le decían que tenía que conseguirse una casa, que estaba usurpando, como diciendo que se tenía que comportar como una señora grande, como si fuera ella la que golpeó, cuando la otra chica tiene 34 años y no tiene los golpes que tiene mi mamá”, apuntó a LVM.

“Hasta ahora nadie nos llamó, ella sale, se va a trabajar y mi mamá está encerrada con pánico, del trauma que tiene. Hace 32 años que trabaja con chicos, es cuidadora maternal, nunca pensó que le podía hacer eso un pariente”, lamentó Tamara y remató: “Pero le dijo bien eso, que donde le encuentre de vuelta, le va a matar”.

“Ella trabaja para el Concejo Deliberante, tiene muchas denuncias”, señaló y subrayó: “No pasa por el tema de la casa, pasa por el tema de los golpes y que nadie hizo nada”.

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Judiciales

Acusado de abuso fue absuelto en 2022 y ahora condenado a 12 años de cárcel

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Tras la anulación del fallo que dispuso su absolución por el beneficio de la duda en 2022, el Tribunal Penal Uno de Posadas realizó un nuevo debate oral contra el hijo de una ex funcionaria provincial acusado de abusos sexuales en perjuicio de una hija menor de edad y esta tarde lo condenó a una pena de 12 años de prisión efectiva.

La nueva sentencia fue dictada esta tarde, después de una extensa jornada de alegatos y después de varias audiencias de debate que incluyeron sucesivos cambios de defensa e incluso registró un faltazo del imputado, que luego argumentó haberse internado en una clínica de salud mental pero terminó siendo detenido.

El implicado se trata de J. R. G. -hijo de una ex funcionaria del Iprodha- quien en 2013 fue denunciado por abusos contra una hija de 5 años en ese entonces, causa que en 2022 llegó a debate oral y resultó absuelto por el beneficio de la duda, aunque ese fallo, dictado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al entender que hubo una errónea valoración de la prueba.

De esta manera, se ordenó la realización de un nuevo proceso oral que arrancó semanas atrás frente a un tribunal integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, ambos subrogantes.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Vladimir Glinka, en tanto que como querellante particular volvió a participar el letrado Hugo Zapana, quienes hoy coincidieron al solicitar una pena de 16 años de prisión para el implicado.

Al comienzo del debate el imputado contó con la defensa de Eduardo Paredes, Mauricio Vergara y Florencia Romero, aunque uno a uno fueron renunciando, lo que derivó en demoras en la continuidad del proceso.

Finalmente, este martes el imputado -su identidad completa no se revela para no revictimizar a la víctima- contó con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli, quienes insistieron en absolución del imputado o en forma subsidiaria solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso por abuso simple.

Después de una larga deliberación, los jueces decidieron condenar a Ramos a la pena de 12 años de prisión efectiva como penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, dos hechos, en concurso real”.

El ahora condenado continuará privado de su libertad en una celda de la comisaría Cuarta de Posadas, hasta tanto el mismo tribunal analice un pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Los fundamentos de la nueva sentencia se conocerán el 26 de marzo.

El STJ anuló sentencia que absolvió a imputado por abuso en Posadas

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Policiales

Itaembé Miní: denuncian que tres jóvenes abusaron de un hombre con discapacidad

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Una mujer del barrio Itaembé Miní de Posadas denunció que tres hombres abusaron sexualmente de un vecino con discapacidad mental y por el hecho hay dos detenidos, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, todo comenzó este mismo martes, cuando una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de la zona y denunció que un hombre de 40 años fue víctima de un presunto ataque sexual perpetrado por otros tres vecinos identificados como Matías, Maxi y Wana.

La denunciante añadió que la víctima presenta un grado de discapacidad mental y se negaba a dialogar sobre lo sucedido.

Recibida la denuncia, los efectivos avanzaron en la investigación del caso y en ese marco demoraron a dos de los sujetos apuntados, quienes ahora quedaron alojados en la Unidad Regional X, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.

La víctima, en tanto, fue trasladado esta mañana al Cuerpo Médico Forense, donde iba a ser sometido a los correspondientes exámenes para constatar la veracidad de lo denunciando.

Desde la Policía además añadieron que las labores continúan a fin de ubicar al tercer sujeto denunciado.

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Policiales

Desbaratan tercer Último Primer Día en menos de una semana en Eldorado

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Tal como ocurrió el pasado miércoles sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6, con la presencia de al menos 40 menores y ayer sobre el kilómetro 7, en la madrugada de hoy la Policía de Misiones desbarató una nueva fiesta clandestina protagonizada por al menos 50 jóvenes que celebraban el Último Primer Día (UPD) sobre calle Asunción del kilómetro 10. 

Un llamado al 911 permitió la intervención de los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera de la Unidad Regional III, alrededor de las 3,30 de este martes, en una vivienda particular, donde identificaron a al menos 50 estudiantes secundarios y la presencia de bebidas alcohólicas que habrían sido consumidas por varios de ellos. 

En este contexto, el personal policial procedió a despejar las sustancias del inmueble, cuya propietaria de 37 años de edad manifestó que no contaba con habilitación para la realización de eventos ni para el expendio de bebidas alcohólicas. 

Asimismo, en el sitio se hallaban algunos padres que acudieron a retirar a sus hijos, quienes en su mayoría manifestaron no ser responsables de la organización del encuentro.

Ante la situación, los efectivos notificaron a la propietaria sobre la normativa vigente, procedieron a identificar a los estudiantes presentes y labraron el acta de procedimiento correspondiente, tras lo cual se dispuso el despeje del lugar.

Antecedentes

El pasado 4 de marzo, una fiesta de similares características, conocida como UPD fue desactivada en un complejo ubicado sobre calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6 de esa ciudad. 

En el lugar se encontraban cerca de 40 jóvenes, varios vehículos y los uniformados lograron constatar que la actividad se desarrolló sin la correspondiente habilitación.

Ante esta situación, dispusieron la clausura preventiva del predio en el marco de la Ordenanza 137/24, además del despeje total del lugar. 

En tanto, este lunes en horas de la madrugada, se registró otro evento en un complejo de Eldorado, donde se realizó un encuentro de estudiantes sin habilitación y con consumo de bebidas alcohólicas por parte de varios menores.

El procedimiento se concretó cerca de las 2:45 en un predio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 7.

Durante recorridas de prevención, los efectivos detectaron el encuentro irregular y constataron la presencia de aproximadamente 50 estudiantes, quienes celebraban el tradicional evento previo al inicio del último año escolar.

Ante esta situación, el personal policial procedió a notificar a la responsable sobre la vigencia de la Ordenanza 137/24 y labraron el acta correspondiente por la infracción detectada.

 

 

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