Policiales
Denunció que su cuñada la golpeó por la disputa de una casa en Villa Cabello
Mirian Ester Rolón, de 56 años, denunció que su cuñada, Gabriela A., de 34, le propinó una golpiza arriba de un colectivo y en plena calle, debido a una disputa que mantienen por la casa en la que vive hace 30 años, ubicada en la chacra 144 de Villa Cabello, en Posadas.
Según consta en la exposición policial, radicada en la Seccional Séptima y ratificada en la Comisaría de la Mujer, todo comenzó alrededor de las 19 del último miércoles, en una unidad de la línea 31, a la que la denunciante se subió cuando regresaba de su abogado.
Casualmente, dentro del mismo colectivo viajaba la mujer de uno de sus seis hermanos, Gabriela A., quien se desempeña como guardia de seguridad en el Concejo Deliberante, y comenzó a insultarla: “Vos estás usurpando una casa ajena, ni la tumba de tu papá pagás; cuando necesitás algo me vas a visitar”, denunció Mirian en la comisaría.
Asimismo, agregó que su cuñada le decía: “Ahora me voy a reír, porque Marilú se va a quedar con la casa y vos en la calle”, en referencia a la última esposa de su padre y quien posee el título de propiedad de la vivienda, que está a nombre de su progenitor.
Además, siempre de acuerdo a la denuncia, la mujer de su hermano la amenazó: “Hasta que no te vea muerta no te voy a dejar en paz, porque a mí me corresponde todo”.
Tras increparla, Gabriela A. comenzó a golpear a la hermana de su pareja, a la altura del cuartel del Ejército Argentino, hasta que Mirian decidió descender del ómnibus, en la esquina de la calle Odonetto y la avenida Tambor de Tacuarí, a escasos metros de la Seccional Séptima.
En ese instante, tras bajar detrás, su cuñada “comienza a propinarme golpes en mi rostro y en todo mi cuerpo, causándome hematomas, no podía sacármela de encima, hasta que arribaron personas y lograron sacarla de encima mío”.
Al realizar la denuncia, Mirian dejó constancia de que “no es la primera vez que pasa esta situación”, debido a que los hostigamientos comenzaron tras la muerte de su padre, hace unos dos años.
Antes de solicitar una medida de restricción de acercamiento, la denunciante agregó que también su sobrina de 32 años y su hija menor, de 26, quien vive con ella en la vivienda en disputa, sufren las amenazas de la guardia de seguridad: “Las amenaza diciéndoles que las va a encontrar y las va a matar”.
Respecto a la disputa por el inmueble, Mirian explicó que “durante 30 años lo aboné y hoy en día está cancelado; tengo otros seis hermanos que en su momento accedieron ante escribana que dicha propiedad quede para mí, ya que fui yo la que pagué la totalidad de la casa”.
“No es por la casa”
La Voz de Misiones se contactó con Tamara, hija de Mirian, quien comentó que “la casa es propiedad de mi abuelo, en 1994 nos la entregaron; ahí vinimos a vivir todos, cinco hermanos, mi mamá y mi papá, que ya falleció, y mi abuelo, que vivió cinco meses con nosotros”.
“Muchos años después, mi abuelo se casó con otra mujer y cada tanto venía y le decía a mi mamá que le saque un préstamo y él le iba a pasar a nombre suyo la casa, mi mamá accedió, pero él nunca le firmó”, reconstruyó la joven.
Sin embargo, “él nunca vino a molestar, a pedir la casa ni nada, pero hace unos cinco años empezaron, con él en vida: mandó a cortar todos los servicios y mi mamá bajó a nombre de ella; ahí empezó la discordia”.
“Mi abuelo murió hace dos años y el título ya había salido en Iprodha; ahora la esposa quedó con el título de la casa, y le empezó a decir a uno de sus hermanos, con el que tiene problemas, que apoyen para venderla”, manifestó Tamara.
En consonancia con lo expuesto por su madre en sede policial, la muchacha indicó que “se fue a un escribano y todos los hermanos le vendieron su parte a mi mamá, incluso el hermano con el que ahora tiene problema; la señora le convenció de que se puede vender la casa”.
“Ella está decidida a que se venda la casa porque quiere su parte, la hostiga, le manda mensaje, le dice que está usurpando hace 30 años, cuando en realidad los hermanos ya le cedieron frente a un escribano”, postuló la hija de Mirian.
Respecto del día de la agresión, Tamara añadió que Gabriela A. “estaba con su uniforme, se ve que venía de trabajar, y le pegó con los borcegos, le marcó todo”.
Al acudir a la comisaría, “no la revisaron, le miraron de lejos nomás, no la atendían porque los policías estaban viendo el partido Boca-Racing; recién al otro día, cuando ampliamos la denuncia en la Comisaría de la Mujer, la miraron”.
Mientras que, en la Séptima, “llegamos y estuvimos sentados dos horas hasta que le tomaron la denuncia, primero pasó la persona que la golpeó, porque también la denunció”.
“Los oficiales la trataron muy mal a mi mamá, le decían que tenía que conseguirse una casa, que estaba usurpando, como diciendo que se tenía que comportar como una señora grande, como si fuera ella la que golpeó, cuando la otra chica tiene 34 años y no tiene los golpes que tiene mi mamá”, apuntó a LVM.
“Hasta ahora nadie nos llamó, ella sale, se va a trabajar y mi mamá está encerrada con pánico, del trauma que tiene. Hace 32 años que trabaja con chicos, es cuidadora maternal, nunca pensó que le podía hacer eso un pariente”, lamentó Tamara y remató: “Pero le dijo bien eso, que donde le encuentre de vuelta, le va a matar”.
“Ella trabaja para el Concejo Deliberante, tiene muchas denuncias”, señaló y subrayó: “No pasa por el tema de la casa, pasa por el tema de los golpes y que nadie hizo nada”.
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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