Policiales
Denunció que su cuñada la golpeó por la disputa de una casa en Villa Cabello
Mirian Ester Rolón, de 56 años, denunció que su cuñada, Gabriela A., de 34, le propinó una golpiza arriba de un colectivo y en plena calle, debido a una disputa que mantienen por la casa en la que vive hace 30 años, ubicada en la chacra 144 de Villa Cabello, en Posadas.
Según consta en la exposición policial, radicada en la Seccional Séptima y ratificada en la Comisaría de la Mujer, todo comenzó alrededor de las 19 del último miércoles, en una unidad de la línea 31, a la que la denunciante se subió cuando regresaba de su abogado.
Casualmente, dentro del mismo colectivo viajaba la mujer de uno de sus seis hermanos, Gabriela A., quien se desempeña como guardia de seguridad en el Concejo Deliberante, y comenzó a insultarla: “Vos estás usurpando una casa ajena, ni la tumba de tu papá pagás; cuando necesitás algo me vas a visitar”, denunció Mirian en la comisaría.
Asimismo, agregó que su cuñada le decía: “Ahora me voy a reír, porque Marilú se va a quedar con la casa y vos en la calle”, en referencia a la última esposa de su padre y quien posee el título de propiedad de la vivienda, que está a nombre de su progenitor.
Además, siempre de acuerdo a la denuncia, la mujer de su hermano la amenazó: “Hasta que no te vea muerta no te voy a dejar en paz, porque a mí me corresponde todo”.
Tras increparla, Gabriela A. comenzó a golpear a la hermana de su pareja, a la altura del cuartel del Ejército Argentino, hasta que Mirian decidió descender del ómnibus, en la esquina de la calle Odonetto y la avenida Tambor de Tacuarí, a escasos metros de la Seccional Séptima.
En ese instante, tras bajar detrás, su cuñada “comienza a propinarme golpes en mi rostro y en todo mi cuerpo, causándome hematomas, no podía sacármela de encima, hasta que arribaron personas y lograron sacarla de encima mío”.
Al realizar la denuncia, Mirian dejó constancia de que “no es la primera vez que pasa esta situación”, debido a que los hostigamientos comenzaron tras la muerte de su padre, hace unos dos años.
Antes de solicitar una medida de restricción de acercamiento, la denunciante agregó que también su sobrina de 32 años y su hija menor, de 26, quien vive con ella en la vivienda en disputa, sufren las amenazas de la guardia de seguridad: “Las amenaza diciéndoles que las va a encontrar y las va a matar”.
Respecto a la disputa por el inmueble, Mirian explicó que “durante 30 años lo aboné y hoy en día está cancelado; tengo otros seis hermanos que en su momento accedieron ante escribana que dicha propiedad quede para mí, ya que fui yo la que pagué la totalidad de la casa”.
“No es por la casa”
La Voz de Misiones se contactó con Tamara, hija de Mirian, quien comentó que “la casa es propiedad de mi abuelo, en 1994 nos la entregaron; ahí vinimos a vivir todos, cinco hermanos, mi mamá y mi papá, que ya falleció, y mi abuelo, que vivió cinco meses con nosotros”.
“Muchos años después, mi abuelo se casó con otra mujer y cada tanto venía y le decía a mi mamá que le saque un préstamo y él le iba a pasar a nombre suyo la casa, mi mamá accedió, pero él nunca le firmó”, reconstruyó la joven.
Sin embargo, “él nunca vino a molestar, a pedir la casa ni nada, pero hace unos cinco años empezaron, con él en vida: mandó a cortar todos los servicios y mi mamá bajó a nombre de ella; ahí empezó la discordia”.
“Mi abuelo murió hace dos años y el título ya había salido en Iprodha; ahora la esposa quedó con el título de la casa, y le empezó a decir a uno de sus hermanos, con el que tiene problemas, que apoyen para venderla”, manifestó Tamara.
En consonancia con lo expuesto por su madre en sede policial, la muchacha indicó que “se fue a un escribano y todos los hermanos le vendieron su parte a mi mamá, incluso el hermano con el que ahora tiene problema; la señora le convenció de que se puede vender la casa”.
“Ella está decidida a que se venda la casa porque quiere su parte, la hostiga, le manda mensaje, le dice que está usurpando hace 30 años, cuando en realidad los hermanos ya le cedieron frente a un escribano”, postuló la hija de Mirian.
Respecto del día de la agresión, Tamara añadió que Gabriela A. “estaba con su uniforme, se ve que venía de trabajar, y le pegó con los borcegos, le marcó todo”.
Al acudir a la comisaría, “no la revisaron, le miraron de lejos nomás, no la atendían porque los policías estaban viendo el partido Boca-Racing; recién al otro día, cuando ampliamos la denuncia en la Comisaría de la Mujer, la miraron”.
Mientras que, en la Séptima, “llegamos y estuvimos sentados dos horas hasta que le tomaron la denuncia, primero pasó la persona que la golpeó, porque también la denunció”.
“Los oficiales la trataron muy mal a mi mamá, le decían que tenía que conseguirse una casa, que estaba usurpando, como diciendo que se tenía que comportar como una señora grande, como si fuera ella la que golpeó, cuando la otra chica tiene 34 años y no tiene los golpes que tiene mi mamá”, apuntó a LVM.
“Hasta ahora nadie nos llamó, ella sale, se va a trabajar y mi mamá está encerrada con pánico, del trauma que tiene. Hace 32 años que trabaja con chicos, es cuidadora maternal, nunca pensó que le podía hacer eso un pariente”, lamentó Tamara y remató: “Pero le dijo bien eso, que donde le encuentre de vuelta, le va a matar”.
“Ella trabaja para el Concejo Deliberante, tiene muchas denuncias”, señaló y subrayó: “No pasa por el tema de la casa, pasa por el tema de los golpes y que nadie hizo nada”.
Ezequiel Arnold, de 17 años, se encontraba internado en estado crítico en Oberá tras protagonizar un siniestro vial el lunes 9 de marzo sobre la ruta 103, a unos tres kilómetros del acceso a la localidad de Mártires.
Ese día, el joven se desplazaba en horas de la siesta a bordo de una motocicleta Honda Titan 150 cc. cuando colisionó contra la parte posterior de una camioneta Chevrolet S10, propiedad de Saúl Humberto P. de 53 años de edad.
Por causas que son materia de investigación, el radado menor impactó contra la parte trasera de la camioneta y a raíz del fuerte impacto Ezequiel fue trasladado de urgencia al Hospital Samic de Oberá, donde permaneció internado durante dos días en el sector de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.
Finalmente, a las 19:50 de este miércoles se confirmó su fallecimiento. Según consta el informe del médico policial, la causa del deceso fueron traumatismos y fracturas graves en la cabeza y pierna derecha, colapso pulmonar, entre otras lesiones.
El magistrado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a los familiares para su velatorio e inhumación, mientras que las actuaciones judiciales continúan para determinar las circunstancias del siniestro.
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Contundente, detallado y angustiante. Así fue catalogada la ratificación de la denuncia por abuso sexual realizada hoy por una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay contra el intendente del mismo municipio, Mario Peyer, quien goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde pero que ya fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra y recibió una restricción de acercamiento hacia la víctima, entre otras medidas preventivas dispuesta por la Justicia.
Aunque los hechos descritos ocurrieron el año pasado, la denuncia que disparó el caso fue radicada el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico y esta mañana la mujer fue citada a ratificar su presentación ante el Juzgado de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, donde brindó un pormenorizado relato de los sucesos padecidos ante el alcalde.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer se presentó ante el juzgado que dirige el magistrado Manuel Balanda Gómez acompañada de su abogada y en su declaración ratificó las acusaciones, brindando un detallado relato con precisiones de días, horarios, lugares, circunstancias y modos en que ocurrieron los hechos.
La mujer contó que todo comenzó con miramientos, tocamientos y expresiones indebidas del intendente hacia ella, pero la situación se agravó el último 4 de septiembre, cuando el acusado se presentó en el Concejo Deliberante con obsequios para las trabajadores del lugar en el marco del Día de la Secretaria.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina donde estaba la denunciante y tras entregarle una caja de bombones y después de compartir una breve conservación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Es la Ley Orgánica de Municipales que protege a Peyer de una medida coercitiva en su contra, aunque no impide que el implicado sea objeto de una investigación penal e incluso puede ser citado a prestar declaración indagatoria, lo cual podría ocurrir en los próximos días.
En ese panorama, fuentes de LVM explicaron que el Concejo Deliberante local tiene la potestad de actuar de oficio, solicitar informes a la Justicia y en base a eso decidir si avanza o no en un posible juicio política para desaforar al intendente.
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