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Denunció al Santa María por agresiones a su hija en salita de 4 años

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Denunció al Santa María por agresiones a su hija en salita de 4 años

La niña era acosada y agredida por un compañero de la salita, según denunció la mamá. La pequeña dejó la escuela luego de recibir una patada en sus genitales que le provocó incontinencia pélvica. La mujer demandará a la Institución.

 

La mamá de una pequeña de cuatro años que tiene Trastornos Específicos del Desarrollo del Habla y del Lenguaje y Trastornos Generalizados del Desarrollo habló con La Voz de Misiones sobre los hechos de violencia que vivió la menor en un reconocido colegio de Posadas.

Este año la niña comenzó su escolaridad en el Instituto Superior Santa María, ubicado sobre la calle Buenos Aires, de Posadas. Desde entonces, la pequeña es “acosada” y “agredida física y psicológicamente” por un compañero del aula, contó la madre.

La mujer comentó que desde ese primer momento alertó a los directivos del Nivel Inicial sobre los hechos de violencia a los que era sometida la menor.

“Como primera respuesta por parte de los directivos fue que no creerían que volvería a suceder porque son niños y probablemente haya sido algo del momento”, detalló y añadió: “El problema es que posterior a esos días, al buscarle del colegio, ella me cuenta que este compañerito la continúo agrediendo, pateándola y empujándola”.

En esa línea, señaló que ante nuevos hechos de violencia volvió a manifestar a las autoridades educativas lo que ocurría en la salita con su hija: “La respuesta esta vez por parte de ellos fue que mi nena necesitaba urgente una maestra integradora y un nuevo equipo de orientación”.

Fueron tres las profesionales que acompañaron a la menor “durante un mes” en el transcurso del año y después “el Instituto les ordenaba que dejen el trabajo en el colegio porque no reunían las condiciones para trabajar con mi hija”, manifestó la mujer.

Ahora, la situación se agravó debido a que el último lunes cuando fue a buscar a la pequeña al jardín, la maestra le pidió hablar en privado para informarle que el compañero le pegó una patada en los genitales a su hija y desde entonces no paraba de llorar.

Rápidamente, según relató a este medio, la madre se dirigió al Hospital Madariaga para que la nena sea revisada por un médico y allí le informaron que debía radicar una denuncia formal por que el hecho había ocurrido en el Colegio.

Además, la niña fue derivada a un urólogo infantil porque se hacía pis encima. El profesional le diagnosticó incontinencia pélvica.

Por ello, la mamá denunció al Instituto Santa María en la Comisaría Décimo Quinta, en el Servicio Provincial de Enseñanzas Privadas de Misiones (SPEPM), en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y en el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, debido a que ya había alertado a las autoridades del establecimiento los hechos de violencia que padecía su hija.

“Mi hija vivió un infierno en el primer año en el que la escolarice, le arruinaron a ella y a nosotros como familia”, enfatizó la mujer en diálogo con LVM, al tiempo que dijo que demandará al Colegio por daños y perjuicios.

Denuncia (1)

Judiciales

La Corte Suprema ratificó en 2021 la destitución de José Reyes como juez

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José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.

En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.

La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos  por Reyes en su escrito.

La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.

De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.

El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.

Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.

Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.

Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón. 

Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción

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Policiales

Fallecido en Candelaria era un retirado del Servicio Penitenciario Federal

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candelaria federal

El hombre hallado sin vida esta madrugada en el interior de un automóvil sumergido en el río Paraná en la costanera de Candelaria fue identificado como Serapio Sotelo, un agente retirado del Servicio Penitenciario Federal (SPP) y domiciliado en esa misma localidad.

La identidad del fallecido fue establecida e informada este mediodía por la Policía de Misiones, una vez que culminaron las tareas de extracción del automóvil Chevrolet Vectra que esta madrugada se hundió en el agua por la bajada de lanchas ubicada en la continuidad de la avenida Belgrano de Candelaria.

Las mismas fuentes detallaron que el hecho fue alertado a las 2 de la madrugada, cuando testigos de la zona observaron el momento exacto en que el vehículo ingresaba al agua y en cuestión de minutos desaparecía por completo.

En plena madrugada, el personal la Prefectura Naval Argentina (PNA) revisó el área, pero no alcanzó a divisar el rodado que recién fue localizado en horas de la mañana y se constató que se encontraba a unos 10 metros de profundidad, con un cuerpo en su interior.

A partir de ahí comenzaron las labores de extracción. Lo primero que fue rescatado fue el cuerpo, mientras que el automóvil continúa sumergido.

Los restos de Sotelo serán enviados ahora a la morgue judicial para ser sometido a un examen de autopsia. Mientras tanto, los agentes policiales continúan recabando información, testimonios y pistas que permitan esclarecer las circunstancias del hecho.

Hallaron un cuerpo dentro de un auto sumergido en el río en Candelaria

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Hallaron un cuerpo dentro de un auto sumergido en el río en Candelaria

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Un cadáver fue encontrado en el interior de un auto sumergido en la bajada de lanchas de la costanera de Candelaria y efectivos de diversas dependencias y fuerzas de seguridad trabajan en la escena para reunir elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

El caso se conoció esta madrugada y desde ese momento hubo uniformados trabajando para proceder a la extracción del vehículo que se hundió en aguas del río Paraná.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre fallecido, en tanto que se investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho.

En el lugar trabaja el personal de la comisaría local, junto con agentes de criminalística y uniformados de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

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