Policiales
Denunciaron agresión y amenazas del cantante Claudio Bustos, en un acto oficial
Lo hizo un empleado de la Subsecretaría de Cultura. Dijo que fue increpado en el Centro Cultural Cidade. Y lo atribuyó al enfrentamiento con la titular del organismo, Lucía Mikitiuk, pareja del artista, por mejoras salariales.
POSADAS. Un empleado de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia denunció al cantante Claudio Bustos por agredirlo al finalizar un acto oficial, encuadrando el hecho en los reclamos gremiales que llevan adelante por mejoras salariales y laborales.
De acuerdo con el denunciante, identificado como Leonardo Valentino, el ataque que incluyó amenazas se debió al malestar del artista con las medidas de fuerza, dada su condición de pareja de la subsecretaria Lucía Mikitiuk.
A través de las redes sociales Valentino señaló que el hecho se registró en la noche del viernes pasado en el Centro Cultural Cidade, circunstancia en que Bustos “marido de la subsecretaria Mikitiuk, se pone delante mío, me cierra el paso y empieza a gritarme y amenazarme”.
Añadió que el atacante gritó: “‘Ahora me vas a conocer, vas a saber quién soy yo, te voy a cagar a trompadas pendejo de mierda’, entre otras muchas cosas, empujándome contra una pared y dejándome sin posibilidad de irme”.
Por lo sorpresivo incidente “yo no salía del shock de ver a un empleado de Cultura, que hasta hace un rato precedía un acto en un Centro Cultural, actuar así. Parecía borracho, sacado, así delante de todo el mundo y sin vergüenza”, señaló.
Valentino agregó que no obstante el tenor del hecho, “mantuve la calma e intenté hacerle entrar en razón, mostrándole el lugar en el que estaba y explicándole que esa no es la manera de resolver ni de charlar nada”.
Pero “sus agresiones fueron subiendo en tono y en violencia. Si no hubiese sido por la intervención de mi padre, me boxeaba sin dudar”, expresó en Facebook como constancia para que “todos los involucrados de alguna forma con la cultura en Misiones estén al tanto de la clase de patotero con los que tenemos que tratar los compañeros de Cultura en esta lucha por la equiparación salarial que llevamos adelante”.
Aclaró al final que no era la primera vez que los trabajadores del organismo recibían amenazas, pero “esta vez fue demasiado. Es una vergüenza que un tipo que muestra su cara como representante de nuestra cultura se maneje de esta manera en plena calle y al salir de un acto público”.
El incidente fue radicado por la víctima ante la Policía, en tanto que la agrupación Trabajadores de la Cultura de Misiones emitió un comunicado para exigir “urgentes medidas al Gobierno para garantizar la continuidad de cualquier mesa de diálogo y negociación”.
Judiciales
La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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