Policiales

Denuncian abuso de una nena de 8 años en merendero del barrio Aeroclub

Publicado

hace 6 años

19/05/2020

Por

Federico García

Una madre denunció que un hombre intentó abusar de su hija cuando ésta fue a llevar los tuppers para la comida a un establecimiento a dos cuadras de su casa. Luego reconocieron al hombre -que tiene antecedentes- como el marido de la dueña.

POSADAS. El lunes 27 de abril, Belén Ojeda (26), una madre del barrio Aeroclub de la capital provincial, denunció el intento de abuso hacia su hija de 8 años por parte de un hombre al que luego reconocieron como el marido de la dueña de un merendero al que asistía su familia.

Esa misma mañana, alrededor de las 10, como tantas otras veces lo había hecho, la pequeña se dirigió al comedor Sol, ubicado a dos cuadras de su casa para dejar los tupper que luego retirarían al mediodía.

Lo diferente de aquel día fue que la niña volvió corriendo y llorando a su casa, “diciéndome que un hombre en el merendero le mostró su pene y le hizo movimientos sexuales. Esto la hizo correr y creo que si no fuese porque mi hija lloró y corrió, el hombre hubiese seguido. Por eso no llegó a pasar a mayores”, dijo la mujer en diálogo con radio Libertad.

Ese mismo día, Ojeda radicó la primera denuncia en la Comisaría de la Mujer, de Itaembé Miní, en la que detalló los pormenores del hecho tras el testimonio de su hija: “En el comedor, en la parte de la mesa donde dejan los tupper, un señor la levantó con las piernas hacia arriba, quedando su cabeza abajo, de frente a este hombre, y que en ese momento (la niña) observó que tenía los pantalones abajo”.

Asimismo, la madre explicó que, luego de lo sucedido, su hija describió a su abusador como un hombre “de rulos y chivita” que vestía con remera y pantalones negros. “El hombre le engañó, le hizo creer que era un comensal”, dijo Ojeda, y agregó que acto seguido se dirigió al comedor para hablar con su dueña, una mujer identificada como Zulema Gonzáles.

Una vez en el lugar, la directora del comedor adujo no conocer al hombre que describía Ojeda, por lo cual ésta se retiró a su hogar con la desesperación de no saber si volvería a dar con el sujeto señalado por la niña.

Recién al otro día, la mamá se apostó desde las 9 de la mañana hasta pasadas las 13.30, convencida de que el presunto abusador era un comensal del comedor, “quedé preocupada pensando que no lo volvería a ver”, relató la mujer en la denuncia.

En ese momento, mientras indagaba entre los vecinos, uno de ellos señaló al hombre como el marido de Zulema.

Fue allí que la hermana de la dueña del comedor le mostró a la niña una foto de su cuñado, ante lo cual la pequeña “se asustó y empezó a llorar, manifestando que era ese señor quien la había abusado”.

Luego de que la menor de 8 años reconociera al hombre, sus padres volvieron al comedor junto a otros dos amigos. Al ser confrontado por los padres de la niña, el presunto abusador negó los cargos y dijo que la nena mentía: “Se burló de mi nena , dijo que ella estaba mintiendo y se rió en mi cara y en la del papá”, dijo.

“Lo único que hicieron fue llamar al comando y lo detuvieron 18 horas, pero ahora está en libertad con su señora”, denunció la madre.

Fue luego de ese episodio que realizaron una segunda denuncia con los datos más exactos.

Otros hechos

Asimismo, Belén Ojeda señaló que hace una semana, la llamaron desde la Comisaría de la Mujer para indicarle que asistiera con testigos, ya que no era la primera vez que el hombre era acusado por un hecho similar.

“No es la primera denuncia, hay un caso de una nena que el hombre sí llegó a violar y llevamos las denuncias correspondientes y fuimos con la presidente del barrio, pero el hombre sigue libre, se pasea por el barrio, pasa por el frente de mi casa burlándose”, cuestionó Ojeda.

De esta forma, indicó que están a la espera de la citación para continuar con el proceso. Además, consiguió una denuncia radicada contra el mismo sujeto en 2017 por un delito contra la integridad sexual de una adolescente de 13 años.

“No pudimos dar con las madres, pero hay casos como el de la nena, que en ese entonces tenía 13 años, en el 2017; hablamos con la madre y hay otro caso de una niña que volvía de la escuela al mediodía y este sujeto se masturbó frente a ella, pero sigue afuera”, replicó la madre en declaraciones radiales.

Rechazan las acusaciones

La madre cuestiona además que Zulema, la entonces encargada del merendero, haya ocultado a su concubino y lo defienda a pesar de las pruebas en su contra.

Por su parte, la esposa del acusado rechazó las denuncias: “Nada que ver con la denuncia. El hecho ocurrió en mi merendero y todavía no se sabe quién fue. Me comentaron todo lo que había pasado y yo misma les abría las puertas del merendero para que traten de identificar al sujeto”, se defendió.

En relación a las acusaciones contra su pareja, Gonzáles indicó que ese día su marido estuvo con ella, por lo que no podría haber cometido el hecho. “Nosotros tuvimos que dejar el domicilio por la constante amenaza de muerte. Tenemos miedo porque nos amenazaron y tenemos hijos pequeños”.

Ojeda le contestó, al indicar que tuvo que escracharlos en Facebook pidiendo justicia para que otras personas no terminen en la misma situación y que recibió mucho apoyo de las personas, pero que no era responsable sobre el accionar de los internautas, que fueron los que amenazaron a la pareja acusada.

Tanto Belén como su marido están siendo asistidos por abogados de Barrios de Pie, movimiento al que pertenecen, ya que no disponen de un representante legal, pero continúan tramitando el avance de la denuncia.

Si bien Zulema negó los cargos en contra de su pareja, reconoció que estuvo preso por hechos similares a los que le acusa Ojeda: “A los 17 años estuvo preso, pero ya cumplió condena y eso de que hay un montón de denuncias es mentira”, dijo.

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Policiales

Joven apuñalado en Alba Posse murió tras diez días de agonía en el hospital

Publicado

hace 10 horas

27/11/2025

Por

Jorge Posdeley

Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.

La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.

En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.

Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).

En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.

Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.

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Judiciales

Acampe docente: condenan a Gurina y Sánchez por desobediencia y corte de calle

Publicado

hace 1 día

26/11/2025

Por

Jorge Posdeley

condenas a Monica Gurina y Leandro Sanchez

Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.

Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.

Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.

Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.

La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.

“No hay derecho absoluto”

El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.

Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.

En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.

Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.

“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.

En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.

La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.

Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.

“Fue un hecho público y multitudinario”

En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.

En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).

“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.

Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.

También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.

En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.

Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.

La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.

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Judiciales

La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia

Publicado

hace 1 día

26/11/2025

Por

Valeria Druckmann

Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.

Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.

Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.

A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”

Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.

Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.