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Denuncia de una misionera destapó una red de trata y estafas en Córdoba

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La denuncia radicada por una misionera oriunda de Puerto Iguazú permitió desarticular una organización criminal dedicada a la captación de jóvenes para explotación laboral y estafa piramidal en Córdoba, donde la Policía Federal Argentina (PFA) realizó seis allanamientos, concretando la detención de tres “líderes” implicados y el rescate de 27 víctimas.

Según consignaron desde dicha fuerza federal, la investigación comenzó a partir de la denuncia de la muchacha misionera, quien relató que fue atraída a la ciudad de Córdoba mediante una oferta laboral engañosa a través de las redes.

Tras contar su experiencia, los investigadores de Agencia Regional Federal Centro Córdoba de la PFA profundizaron las averiguaciones y de esa forma determinaron la existencia de una organización criminal que se dedicaba a captar jóvenes en condiciones de vulnerabilidad con falsas propuestas de trabajo.

De acuerdo a la información brindada a La Voz de Misiones, el grupo detrás de este ardid estaba conformado por un hombre de nacionalidad venezolana y dos mujeres argentinas, aunque el orden jerárquico de la organización era tal que todos estaban obligados a llamar “líder” al extranjero.

Los tres involucrados se exponían en redes sociales con fotografías en las cuales ostentaban ropas de marca, vehículos de alta gama y joyas. Todo consistía, en realidad, en una estrategia publicitaria con el propósito de convencer a jóvenes interesados en obtener su primer trabajo.

Lo que el grupo criminal proponía a los jóvenes era generar ingresos mediante el uso de redes sociales a través de una empresa que -según decían- estaba asociada a importantes plataformas internacionales.

Pero ahí comenzaba la estafa o la captación. Es que para asociarse y ser miembros de esa supuesta “franquicia digital”, los interesados debían abonar una especie de “suscripción” cuyo precio rondaba entre 150 y 200 dólares, aunque la membrecía variaba dependiendo el nivel socio-económico de cada persona, tópico que ya había sido analizado por la banda previamente.

Sin embargo, existieron jóvenes que no podían cubrir dichos costos y de esa manera caían en la captación.

Como alternativa, la banda convencía a los interesados a trasladarse hasta Córdoba, donde eran alojados en pequeños departamentos en condiciones de hacinamiento y debían trabajar en pos de la organización creando perfiles falsos en redes sociales para seguir captando personas que abonen la suscripción a la falsa franquicia digital.

Todas estas actividades eran registradas en cuadernos en los cuales se hacía un seguimiento diario. Según detallaron, en los allanamientos se secuestraron 36 anotadores, además de 42 celulares, tres notebooks y comprobantes de depósitos y transferencias.

Los operativos contra esta estructura criminal fueron realizados por pedido de Maximiliano Hairabedian, titular de la Fiscalía Federal 3 de Córdoba, y por orden de Alejando Sánchez Freytes, magistrado a cargo del Juzgado Federal de Córdoba, quienes ahora tienen a su disposición al venezolano y a sus dos cómplices.

De acuerdo a lo consignado por la PFA, la organización tenía acceso a cuentas bancarias tanto en Colombia como en Perú y la mayoría de los pagos de la suscripción que solicitaban eran realizados a través de criptomonedas para evitar que esas operaciones puedan ser rastreadas.

En total se realizaron seis allanamientos. Cinco de ellos fueron efectuados en un edificio sobre la calle Bedoya al 900 y el restante en un hotel céntrico.

Durante esos procedimientos el personal de la fuerza federal interviniente logró el rescate de 27 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que estaban sufriendo situaciones que configuran el delito de trata de personas.

Según indicaron, las víctimas eran personas provenientes de Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires, Catamarca, Salta, Chaco y Córdoba, como así también de otros países como Venezuela, Uruguay, Brasil y Ecuador. Todos fueron atendidos por el equipo  interdisciplinario de la Subsecretaría de Trata de Personas de la Provincia de Córdoba.

Policiales

Tres muertos y una mujer herida por choque frontal en San Vicente

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Una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 39 años, colisionó de frente contra un Fiat Palio en el que viajaban un hombre y dos mujeres, donde estos últimos que aún no fueron identificados, fallecieron en el acto.

El hecho, cuyas circunstancias aún son materia de investigación, ocurrió en la tarde de hoy alrededor de las 17, sobre ruta 14, a la altura del kilómetro 968 de la Capital de la Madera. 

En medio del impacto, una mujer que circulaba como peatón fue embestida y debió ser trasladada al hospital local por lesiones.

Trabajaron en el lugar los bomberos voluntarios, para liberar a las víctimas, mientras la Policía de Misiones inició las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

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Judiciales

Condenaron al músico Andrés González por el siniestro fatal de Roca en 2019

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Andrés González

El músico Andrés Horacio González fue condenado a 3 años de prisión en suspenso y 10 de inhabilitación para conducir tras ser declarado responsable del siniestro vial registrado el 5 de marzo de 2019 sobre la ruta nacional 12, en Gobernador Roca, hecho que ocasionó las muertes de su novia Melina Sosa Labandera (25) y de la turista mendocina Melisa Caram (27), además de provocar heridas en otras tres personas, una de las cuales quedó con secuelas de por vida.

El artista no irá a la cárcel porque la pena es de ejecución condicional, aunque en contrapartida deberá respetar una serie de normas de conductas impuestas, como no beber, ni consumir estupefacientes, además de cumplir 32 horas mensuales de tareas comunitarias y acatar una prohibición de salida del país, medidas que regirán durante el término de la condena.

La sentencia fue emitida este mediodía por el tribunal unipersonal presidido por la magistrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, luego de la ronda de alegatos desarrollada previamente, donde prevaleció uno de los planteos efectuados por la defensa del acusado, encabezada por los abogados particulares Federico Tilli y Daniel Zapana.

“Es un hecho traumático para todos. Entiendo todo lo que está pasando y tengo miedo también, pero confío en la Justicia. Solo pido que no se me quite la posibilidad de seguir cantando y seguir con mi familia”, había expresado González al momento de dar sus últimas palabras antes del veredicto.

Después del fallo, firmó el acta, entregó su licencia de conducir y se retiró en compañía de los familiares que lo acompañaron durante toda la jornada desde el sector del público.

“Destruyó vidas”

La ronda de alegatos comenzó con la exposición de la fiscal María Laura Álvarez, que sostuvo la acusación formulada desde la etapa de instrucción y consideró que González debía ser condenado a 6 años de prisión efectiva por ser autor de los delitos de “homicidio culposo calificado dos hechos, lesiones graves culposas calificadas dos hechos y lesiones gravísimas, todo en concurso ideal”.

Álvarez dio por acreditado que el impacto frontal entre el Ford Fiesta y la camioneta Chevrolet S-10 se produjo a alta velocidad, durante una maniobra de sobrepaso y en una zona de doble línea amarilla, pero fundamentalmente consideró probado que González era el conductor del automóvil siniestrado, principal punto de controversia en la causa.

“Esto se pudo acreditar con las testimoniales de testigos y sobrevivientes, las pericias realizadas y por las lesiones que presentaban las víctimas del hecho”, explicó la fiscal.

Y avanzó: “Y tengo la certeza que el imputado actuó de forma antirreglamentaria, en exceso de velocidad y en doble línea amarilla. Infringió las normas de tránsito más elementales. Hubo culpa temeraria y una actitud desaprensiva. Este hecho destruyó vidas, familias y proyectos de vida”.

Con esa base, solicitó que el músico sea condenado a 6 años de prisión efectiva, más de 10 de inhabilitación para conducir. “La pena efectiva sería no banalizar las muertes”, justificó.

Además, Álvarez calificó como “deficiente” el accionar de los agentes que labraron el sumario policial del hecho, documento en el cual registraron al sobreviviente Samir Daou como supuesto conductor del Ford Fiesta siniestrado y solicitó que los uniformados Priscila Ifrán y Rodolfo Dos Santos, sean investigados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo cual finalmente fue aceptado por la jueza Leiva en su fallo.

En contrapartida, Leiva desestimó el pedido de condena efectuado por la fiscal Álvarez y su resolución estuvo ajustada al planteo de la defensa de González, que en primera instancia pidió la absolución del artista o en forma subsidiaria la aplicación del mínimo de la pena, con ejecución condicional.

“Estafa procesal”

En su alegato, el abogado penalista Federico Tilli cuestionó a la fiscalía por realizar “un análisis sesgado y parcial de las pruebas”, apuntando que solo valoró el testimonio de los sobrevivientes Samir Daou y Facundo Chemes, minimizando el valor de las pericias y de las labores policiales. “Es casi una estafa procesal”, arremetió.

“No voy a permitir que se dé por determinado un exceso de velocidad porque ninguno de los peritos que acá declararon lo pudieron comprobar y tampoco hay certezas para determinar al conductor del auto y acá necesitamos certeza absoluta para condenar a una persona”, respondió Tilli.

El letrado también apuntó contra Daou y Chemes, a quienes señaló como “dos amigos que han congeniado contra González”.

“Acá es confiar en la Policía o en dos personas que le quieren hacer mierda a González, porque también tienen interés patrimonial contra él, le quieren hacer pagar por todo esto”, señaló.

Tal de directo fue Tilli que además solicitó que ambos testigos sean investigados por falso testimonio agravado por ser en perjuicio de un imputado, aunque la jueza Leiva no tuvo en cuenta ese pedido en su resolución.

Tilli también se hizo eco de la calificación de “deficiente” que la fiscal Álvarez le atribuyó al primer sumario del hecho, donde se registró a Samir Daou como conductor del auto y no a González.

O sea que con un sumario deficiente pretendemos condenar a alguien, pero nadie pidió su nulidad. No se puede condenar a una persona con todos estos yerros procesales”, cuestionó.

En consecuencia, Tilli solicitó la absolución por el beneficio de la duda en favor de su cliente o, en forma subsidiaria, que la condena sea por el mínimo de la pena (3 años), con cumplimiento de condicional.

No hubo alcohol, no hubo exceso de velocidad y nunca se fugó. No tiene sentido una pena de prisión efectiva. Sí aceptamos cualquier medida restrictiva y hasta la prohibición de conducir”, cerró.

El planteo finalmente fue acogido por la magistrada Leiva, que falló en coincidencia y dispuso que los fundamentos de la sentencia serán comunicados el 23 de junio.

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Policiales

Sospechoso del crimen del sindicalista Achingo volvió a ser detenido

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Elio Romualdo O. (37), vinculado a un extenso prontuario por delitos graves, fue capturado ayer por la tarde en el barrio capitalino San Onofre, en el marco de un operativo realizado por la Dirección de Investigaciones Complejas.

El último hecho registrado fue una tentativa de homicidio ocurrido en octubre de 2024, cuya víctima fue un hombre identificado como Mauricio T. Por lo que, en cumplimiento de un oficio judicial librado por el Juzgado de Instrucción N.º 2, los efectivos procedieron a su detención.

A su vez, figura entre los principales sospechosos por el asesinato del sindicalista Pablo Sabino Achingo, ocurrido el 7 de junio del 2017 en Posadas, causa en la cual había recuperado la libertad.

Según los registros del sumario también está vinculado a otras causas por delitos graves, entre ellos, infracción a la Ley de Estupefacientes, robo y lesiones.

La Comisaría Seccional Octava, dependencia que interviene en la causa, ya fue notificada y se encuentra coordinando las medidas judiciales correspondientes.

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