El Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata, activó ayer una serie de procedimientos vinculados a una investigación por contrabando de mercaderías y coimas que involucra a más de 40 funcionarios, entre agentes aduaneros y gendarmes, quienes no fueron detenidos pero sí quedaron supeditados a la causa que se tramita desde 2022.

Según precisaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la pesquisa tiene bajo la lupa a un total de 24 integrantes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y 21 agentes de Aduana, organismo dependiente de Arca (ex Afip), con prestación de servicios en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz.

En ese marco, el lunes se ejecutaron múltiples allanamientos en domicilios vinculados a cada uno de los integrantes de la presunta red y las labores culminaron con el secuestro de varios teléfonos celulares, como así también computadoras y dinero en efectivo. Los dispositivos electrónicos incautados serán sometidos a pericias. 

Lo que se sospecha es que todos los involucrados formaban parte de una organización dedicada a facilitar el contrabando de mercaderías por el viaducto internacional a partir del cobro de coimas, ardid similar al descubierto en 2016, causa por la cual cuatro aduaneros fueron imputados por asociación ilícita y que el año pasado fueron condenados en juicio oral.

Contrabando en clave futbolera: los chats entre paseros y aduaneros

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El caso Mario Peyer avanza, tanto administrativamente como judicialmente. En Caraguatay esta mañana se concretó la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante que ungió a la edil Norma Gularte como intendenta interina, mientras que la Justicia continúa recabando material probatorio y en ese marco ya citó a cuatro personas a declarar en carácter de testigos, entre ellos a la flamante jefa comunal.

Las audiencias se realizarán en el trascurso de esta semana y la siguiente, instancia en la cual las personas citadas podrán contar todo lo que saben, vieron o escucharon sobre los hechos denunciados.

Según detallaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, entre los citados aparecen trabajadores administrativos y también concejales de Caraguatay, y, a pesar de haberlo negado públicamente, entre esos nombres figura Norma Gularte, quien fue señalada por la denunciante como una de las personas que estuvo presente en el recinto parlamentario durante uno de los episodios que la víctima narró como de acoso de parte de Peyer.

Las audiencias tendrán lugar en el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, quien ya ordenó una batería de medidas probatorias para engrosar el expediente por “abuso sexual con acceso carnal” que se tramita en contra de Peyer, ahora de licencia en su cargo como intendente.

Entre las medidas dictadas se destaca una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante. El magistrado además ordenó una serie de procedimientos que ya se concretaron como, por ejemplo, allanamientos tanto en su oficina, como en su casa, además del secuestro de sus aparatos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares y computadoras que fueron remitidos para pericias al personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).

También hubo una inspección ocular en las oficinas del HCD donde presuntamente ocurrieron los hechos y en los últimos días además se dispuso la elaboración de informes socioambientales y una entrevista psicológica a la denunciante.

Las mismas fuentes señalaron que se aguarda que la Policía eleve al juzgado el sumario policial con la denuncia por amenazas que la misma joven radicó el fin de semana pasado y se analiza unir ambos expedientes para que, una vez citado a prestar declaración indagatoria, Peyer responda por ambas acusaciones.

Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay

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Minutos de máxima tensión y dramatismo se vivieron esta mañana en el interior de la Jefatura de Policía en Posadas, donde un suboficial con antecedentes de episodios similares, se atrincheró armado en reclamo por una medida de traslado.

Según se pudo saber, el implicado se trata de un suboficial con prestación de servicios en la Unidad Regional V de Puerto Iguazú, quien hace diez años había protagonizado un hecho similar, cuando tomó de rehén a un superior y lo hirió en el pie por el rebote de un disparo que efectuó al aire.

En esta ocasión, la situación no pasó a mayores, pero el mismo uniformado se encerró en una oficina y extrajo su arma reglamentaria en todo amenazante para con sus pares.

El drama se desactivó después de varios minutos de conversación y negociaciones mantenidas por camaradas preparados para situación de alta tensión.

Al hombre se le quitó el arma y se dispuso que sea atendido por un gabinete psicológico para evaluar si encuentran apto para seguir en funciones.

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