Policiales
Cruce clandestino y muerte en el Paraná: “Dispararon sin mediar palabras”
Mientras se aguardan precisiones respecto a lo sucedido ayer por la tarde en el río Paraná, la prima del joven paraguayo que falleció tras haber sido baleado durante un presunto enfrentamiento con la Prefectura Naval Argentina (PNA) mientras cruzaban ilegalmente hacia Misiones, habló con medios del vecino país y continuó acusando a uniformados federales argentinos.
La muchacha de 26 años, identificada como Celina Soledad Escobar Barreto, dialogó esta mañana con la radio Monumental AM 1080 de Paraguay y relató cómo fue el suceso que derivó en la muerte de su primo Rodrigo Fabián Caballero Irala, de 22 años.
Escobar Barreto contó que el lunes decidieron cruzar de manera clandestina desde Capitán Meza hacia Puerto Rico contratando un pasero, hasta que -según sus declaraciones- fueron repelidos a tiros por personal que ella identificó como “gendarmes” pero que en realidad podrían ser integrantes de la PNA.
“Nosotros vivimos en Argentina porque trabajamos allá. Él vino para jugar un torneo y pasar las fiestas con la familia. Por los controles sanitarios decidimos pasar por agua y sin mediar palabras los gendarmes comenzaron a disparar”, explicó la muchacha.
En su denuncia radicada ayer en territorio paraguayo, la joven relató que mientras cruzaban el Paraná fueron repelidos a tiros por una presunta patrulla de la PNA y en esa instancia Caballero Irala resultó herido de un disparo.
Luego de eso, el pasero regresó hacia Paraguay y el joven alcanzó a ser auxiliado en una clínica privada de Capitán Meza, pero perdió la vida a los pocos minutos. El hecho fue reportado a la Policía Nacional paraguaya ayer a las 15.45.
La joven narró que ella sufrió el refilón de un disparo y afirmó que era la primera vez que intentaban cruzar la frontera clandestinamente, esquivando los controles migratorios y evadiendo los protocolos sanitarios.
“Los paseros cobran 5.000 pesos. En Migraciones piden muchas cosas y por eso decidimos pasar por agua, es la primera vez. Lo que yo pude ver fueron dos con ropa de gendarme, dispararon contra todos. Yo me tiré nomás y también recibí un refilón. Yo hace siete años que vivo en Buenos Aires, vinimos para pasar las fiestas. Ahora tengo que ver cómo sigue todo esto, no puedo irme todavía”, señaló Escolar Barreto.
Caballero Irala tenía 22 años y se destacaba como jugador del club San Juan de Capitán Meza. Incluso, el domingo habría disputado las semifinales del torneo local.
Sin informes
Con radio Monumental AM 1080 también habló el comisario Edgar Ortiz, jefe de la Comisaría 113 de Capitán Meza.
“En la canoa iban tres. El fallecido, su prima y un canoero. Iban a cruzar del lado argentino. Al llegar a la ribera, salieron del bosque dos personas, ellos dijeron que era de la PNA, con armas en manos, le querían sacar del agua. Ahí hubo un forcejeo por la canoa. Con la mano izquierda atajaban la canoa y con la otra tenían el arma. Retrocedieron con el motor en marcha y ahí, según el canoero, hubo dos disparos. Uno impactó en Caballero”, precisó Ortiz, en base a los relatos obtenidos de parte del pasero y de la propia Celina.
El jefe policial además señaló que aparentemente Caballero Irala trabajaba en colonia Oasis, localidad misionera ubicada sobre el río Paraná y a unos 13 kilómetros de Jardín América. También indicó que se pusieron en contacto con autoridades argentinas, pero hasta el momento no recibieron informes respecto a lo sucedido.
“Ellos -por los denunciantes- dicen que tenían uniformes de la Prefectura. Estamos en contacto con el país vecino para hacer las averiguaciones para ver si fueron o no de la PNA y cómo ocurrió el hecho. Ya estamos en contacto, pero todavía no recibimos ningún informe”, culminó.
La Voz de Misiones se comunicó con la delegación de PNA en Puerto Rico e indicaron que el hecho se encontraba en investigación y que todavía no se pudo determinar en qué jurisdicción habría ocurrido el suceso, por lo tanto no podían brindar información al respecto.
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.
Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.
La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.
La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.
En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.
Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.
Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.
Un gendarme a juicio
Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.
Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.
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