Policiales
Crimen de Portillo: claves del caso e indagan al detenido el viernes
Tras su detención concretada ayer por la tarde, se estima que el único sospechoso por el crimen de Emanuel Portillo (20) será trasladado este viernes ante la Justicia para comparecer en audiencia de declaración indagatoria.
Allí también será imputado y notificado de la batería de indicios probatorios que lo comprometen severamente con el asesinato que sacudió al pueblo de Azara.
Se prevé que el detenido -identificado como Catriel P. (19)- sea llevado desde su celda hasta el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, donde deberá comparecer ante el magistrado Miguel Ángel Faría, indicaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
En esa instancia, el muchacho también será notificado del crimen que se investiga, de las pruebas que se registran en su contra hasta el momento y tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad alguna.
Según consignaron las mismas fuentes, teniendo en cuenta la mecánica del hecho, establecida mediante el examen de autopsia que concluyó en la existencia de 42 heridas punzocortantes en la víctima, una imputación posible sea la de “homicidio agravado por ensañamiento”, que prevé una pena de prisión perpetua según el Código Penal de la Nación argentina.
Del total de lesiones detectadas en la autopsia, seis fueron calificadas como “penetrantes”. Ninguna alcanzó tener poder letal, pero en conjunto terminaron causando la muerte de la víctima por un profuso desangrado.
Un teléfono y una confesión
El detenido, que ahora aparece severamente comprometido con el asesinato, fue atrapado ayer por la tarde, a partir de certeras pistas obtenidas a través de un minucioso análisis de entrecruzamientos telefónicos realizado de manera conjunta entre investigadores policiales y judiciales.
En diálogo con este medio, voceros del caso explicaron la clave para llegar al sospechoso fue un cotejo entre los últimos chats y llamadas registradas en la línea telefónica de la víctima, cuyo aparato hasta el momento no fue hallado.
La cronología del caso trazada por la pesquisa establece que Portillo dejó de emitir señales el jueves a las 10 de la mañana, poco después de pedirle prestada una bicicleta Thunder a su tía para dirigirse hacia un tacuaral ubicado en la zona conocida como Lote 200 de Azara, donde iba a encontrarse con otra persona.
Los registros telefónicos indican que ese día jueves, a las 10.01 de la mañana, le envío un mensaje a su tía, diciéndole que todavía estaba usando su bicicleta. Fue el último contacto que tuvo con alguno de sus familiares.
Sin embargo, apenas unos minutos después, la línea de Portillo marcó dos llamados. Uno que no tuvo respuesta y otro que duró 128 segundos. Esa comunicación se dio a las 10.04.
Toda esta información fue relevada a partir de los trabajos técnicos del personal de Cibercrimen de la Policía, quienes también pudieron establecer la titularidad del otro número participante de la llamada.
Esa labor resultó clave, dado que permitió llegar a otro joven del pueblo, quien resultó siendo un testigo fundamental porque identificó a su amigo Catriel como la persona que usó su teléfono para hablar con Portillo.
Fue este mismo testigo quién narró a los investigadores que Catriel le admitió la autoría del crimen e incluso le pidió que lo ayudara a ocultar la bicicleta Thunder de Portillo que había quedado en inmediaciones a la escena.
“El chico se asustó, se negó a hacerlo y lo contó a la Policía. Hizo bien porque si aceptaba ocultar la bicicleta le podía caber la figura de encubrimiento”, graficó y destacó una fuente de LVM.
Emanuel Portillo tenía 20 años y su asesinato fue descubierto el viernes.
Suma indicios
Con todo sobre el tapete, el juez Faría ordenó la detención del sospechoso y el allanamiento de su vivienda. El procedimiento se realizó ayer por la tarde y en el lugar se secuestraron cuchillos para pericias y prendas con manchas que deberán ser analizadas en laboratorio para establecer si se tratan de sangre humana, lo cual permitiría en el futuro realizar cotejos de ADN para saber si corresponden a la víctima.
Si bien es prematuro, la información obtenida por este medio consigna que, en relación al móvil para cometer el homicidio, existe una hipótesis que indica que Catriel se habría enojado con Portillo por revelar la relación existente entre ambos en el pueblo. Todo deberá ser corroborado a partir del avance de la investigación y la recolección de testimonios y otros elementos de prueba.
Mientras tanto, la Justicia aguardará por los resultados de las pericias ordenadas para la bicicleta Thunder hallada a 1.100 metros de la escena del hecho y el cuchillo tipo carnicero encontrado dentro de una mochila oculta en el interior de un tronco a unos 700 metros del mismo lugar.
Se estima que el cuchillo pudo haber sido utilizado para cometer el crimen, aunque ello deberá ser determinado a partir de los estudios científicos tendientes a encontrar rastros genéticos.
Lo mismo se hará sobre la bicicleta, dado que una tesis indica que el asesino la utilizó para huir de la escena y llegar hasta el punto donde finalmente abandonó el rodado.
Toda esta batería de indicios, a decir de las fuentes, son suficientes como para llegar a la instancia de la indagatoria prevista para el día viernes y en un futuro podrían transformarse en pruebas que podrían decretar la suerte del detenido.
Tras la anulación del fallo que dispuso su absolución por el beneficio de la duda en 2022, el Tribunal Penal Uno de Posadas realizó un nuevo debate oral contra el hijo de una ex funcionaria provincial acusado de abusos sexuales en perjuicio de una hija menor de edad y esta tarde lo condenó a una pena de 12 años de prisión efectiva.
La nueva sentencia fue dictada esta tarde, después de una extensa jornada de alegatos y después de varias audiencias de debate que incluyeron sucesivos cambios de defensa e incluso registró un faltazo del imputado, que luego argumentó haberse internado en una clínica de salud mental pero terminó siendo detenido.
El implicado se trata de J. R. G. -hijo de una ex funcionaria del Iprodha- quien en 2013 fue denunciado por abusos contra una hija de 5 años en ese entonces, causa que en 2022 llegó a debate oral y resultó absuelto por el beneficio de la duda, aunque ese fallo, dictado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al entender que hubo una errónea valoración de la prueba.
De esta manera, se ordenó la realización de un nuevo proceso oral que arrancó semanas atrás frente a un tribunal integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, ambos subrogantes.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Vladimir Glinka, en tanto que como querellante particular volvió a participar el letrado Hugo Zapana, quienes hoy coincidieron al solicitar una pena de 16 años de prisión para el implicado.
Al comienzo del debate el imputado contó con la defensa de Eduardo Paredes, Mauricio Vergara y Florencia Romero, aunque uno a uno fueron renunciando, lo que derivó en demoras en la continuidad del proceso.
Finalmente, este martes el imputado -su identidad completa no se revela para no revictimizar a la víctima- contó con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli, quienes insistieron en absolución del imputado o en forma subsidiaria solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso por abuso simple.
Después de una larga deliberación, los jueces decidieron condenar a Ramos a la pena de 12 años de prisión efectiva como penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, dos hechos, en concurso real”.
El ahora condenado continuará privado de su libertad en una celda de la comisaría Cuarta de Posadas, hasta tanto el mismo tribunal analice un pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Los fundamentos de la nueva sentencia se conocerán el 26 de marzo.
El STJ anuló sentencia que absolvió a imputado por abuso en Posadas
Una mujer del barrio Itaembé Miní de Posadas denunció que tres hombres abusaron sexualmente de un vecino con discapacidad mental y por el hecho hay dos detenidos, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, todo comenzó este mismo martes, cuando una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de la zona y denunció que un hombre de 40 años fue víctima de un presunto ataque sexual perpetrado por otros tres vecinos identificados como Matías, Maxi y Wana.
La denunciante añadió que la víctima presenta un grado de discapacidad mental y se negaba a dialogar sobre lo sucedido.
Recibida la denuncia, los efectivos avanzaron en la investigación del caso y en ese marco demoraron a dos de los sujetos apuntados, quienes ahora quedaron alojados en la Unidad Regional X, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.
La víctima, en tanto, fue trasladado esta mañana al Cuerpo Médico Forense, donde iba a ser sometido a los correspondientes exámenes para constatar la veracidad de lo denunciando.
Desde la Policía además añadieron que las labores continúan a fin de ubicar al tercer sujeto denunciado.
Tal como ocurrió el pasado miércoles sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6, con la presencia de al menos 40 menores y ayer sobre el kilómetro 7, en la madrugada de hoy la Policía de Misiones desbarató una nueva fiesta clandestina protagonizada por al menos 50 jóvenes que celebraban el Último Primer Día (UPD) sobre calle Asunción del kilómetro 10.
Un llamado al 911 permitió la intervención de los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera de la Unidad Regional III, alrededor de las 3,30 de este martes, en una vivienda particular, donde identificaron a al menos 50 estudiantes secundarios y la presencia de bebidas alcohólicas que habrían sido consumidas por varios de ellos.
En este contexto, el personal policial procedió a despejar las sustancias del inmueble, cuya propietaria de 37 años de edad manifestó que no contaba con habilitación para la realización de eventos ni para el expendio de bebidas alcohólicas.
Asimismo, en el sitio se hallaban algunos padres que acudieron a retirar a sus hijos, quienes en su mayoría manifestaron no ser responsables de la organización del encuentro.
Ante la situación, los efectivos notificaron a la propietaria sobre la normativa vigente, procedieron a identificar a los estudiantes presentes y labraron el acta de procedimiento correspondiente, tras lo cual se dispuso el despeje del lugar.
Antecedentes
El pasado 4 de marzo, una fiesta de similares características, conocida como UPD fue desactivada en un complejo ubicado sobre calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6 de esa ciudad.
En el lugar se encontraban cerca de 40 jóvenes, varios vehículos y los uniformados lograron constatar que la actividad se desarrolló sin la correspondiente habilitación.
Ante esta situación, dispusieron la clausura preventiva del predio en el marco de la Ordenanza 137/24, además del despeje total del lugar.
En tanto, este lunes en horas de la madrugada, se registró otro evento en un complejo de Eldorado, donde se realizó un encuentro de estudiantes sin habilitación y con consumo de bebidas alcohólicas por parte de varios menores.
El procedimiento se concretó cerca de las 2:45 en un predio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 7.
Durante recorridas de prevención, los efectivos detectaron el encuentro irregular y constataron la presencia de aproximadamente 50 estudiantes, quienes celebraban el tradicional evento previo al inicio del último año escolar.
Ante esta situación, el personal policial procedió a notificar a la responsable sobre la vigencia de la Ordenanza 137/24 y labraron el acta correspondiente por la infracción detectada.
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