Policiales
Crimen de Portillo: claves del caso e indagan al detenido el viernes
Tras su detención concretada ayer por la tarde, se estima que el único sospechoso por el crimen de Emanuel Portillo (20) será trasladado este viernes ante la Justicia para comparecer en audiencia de declaración indagatoria.
Allí también será imputado y notificado de la batería de indicios probatorios que lo comprometen severamente con el asesinato que sacudió al pueblo de Azara.
Se prevé que el detenido -identificado como Catriel P. (19)- sea llevado desde su celda hasta el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, donde deberá comparecer ante el magistrado Miguel Ángel Faría, indicaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
En esa instancia, el muchacho también será notificado del crimen que se investiga, de las pruebas que se registran en su contra hasta el momento y tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad alguna.
Según consignaron las mismas fuentes, teniendo en cuenta la mecánica del hecho, establecida mediante el examen de autopsia que concluyó en la existencia de 42 heridas punzocortantes en la víctima, una imputación posible sea la de “homicidio agravado por ensañamiento”, que prevé una pena de prisión perpetua según el Código Penal de la Nación argentina.
Del total de lesiones detectadas en la autopsia, seis fueron calificadas como “penetrantes”. Ninguna alcanzó tener poder letal, pero en conjunto terminaron causando la muerte de la víctima por un profuso desangrado.
Un teléfono y una confesión
El detenido, que ahora aparece severamente comprometido con el asesinato, fue atrapado ayer por la tarde, a partir de certeras pistas obtenidas a través de un minucioso análisis de entrecruzamientos telefónicos realizado de manera conjunta entre investigadores policiales y judiciales.
En diálogo con este medio, voceros del caso explicaron la clave para llegar al sospechoso fue un cotejo entre los últimos chats y llamadas registradas en la línea telefónica de la víctima, cuyo aparato hasta el momento no fue hallado.
La cronología del caso trazada por la pesquisa establece que Portillo dejó de emitir señales el jueves a las 10 de la mañana, poco después de pedirle prestada una bicicleta Thunder a su tía para dirigirse hacia un tacuaral ubicado en la zona conocida como Lote 200 de Azara, donde iba a encontrarse con otra persona.
Los registros telefónicos indican que ese día jueves, a las 10.01 de la mañana, le envío un mensaje a su tía, diciéndole que todavía estaba usando su bicicleta. Fue el último contacto que tuvo con alguno de sus familiares.
Sin embargo, apenas unos minutos después, la línea de Portillo marcó dos llamados. Uno que no tuvo respuesta y otro que duró 128 segundos. Esa comunicación se dio a las 10.04.
Toda esta información fue relevada a partir de los trabajos técnicos del personal de Cibercrimen de la Policía, quienes también pudieron establecer la titularidad del otro número participante de la llamada.
Esa labor resultó clave, dado que permitió llegar a otro joven del pueblo, quien resultó siendo un testigo fundamental porque identificó a su amigo Catriel como la persona que usó su teléfono para hablar con Portillo.
Fue este mismo testigo quién narró a los investigadores que Catriel le admitió la autoría del crimen e incluso le pidió que lo ayudara a ocultar la bicicleta Thunder de Portillo que había quedado en inmediaciones a la escena.
“El chico se asustó, se negó a hacerlo y lo contó a la Policía. Hizo bien porque si aceptaba ocultar la bicicleta le podía caber la figura de encubrimiento”, graficó y destacó una fuente de LVM.
Emanuel Portillo tenía 20 años y su asesinato fue descubierto el viernes.
Suma indicios
Con todo sobre el tapete, el juez Faría ordenó la detención del sospechoso y el allanamiento de su vivienda. El procedimiento se realizó ayer por la tarde y en el lugar se secuestraron cuchillos para pericias y prendas con manchas que deberán ser analizadas en laboratorio para establecer si se tratan de sangre humana, lo cual permitiría en el futuro realizar cotejos de ADN para saber si corresponden a la víctima.
Si bien es prematuro, la información obtenida por este medio consigna que, en relación al móvil para cometer el homicidio, existe una hipótesis que indica que Catriel se habría enojado con Portillo por revelar la relación existente entre ambos en el pueblo. Todo deberá ser corroborado a partir del avance de la investigación y la recolección de testimonios y otros elementos de prueba.
Mientras tanto, la Justicia aguardará por los resultados de las pericias ordenadas para la bicicleta Thunder hallada a 1.100 metros de la escena del hecho y el cuchillo tipo carnicero encontrado dentro de una mochila oculta en el interior de un tronco a unos 700 metros del mismo lugar.
Se estima que el cuchillo pudo haber sido utilizado para cometer el crimen, aunque ello deberá ser determinado a partir de los estudios científicos tendientes a encontrar rastros genéticos.
Lo mismo se hará sobre la bicicleta, dado que una tesis indica que el asesino la utilizó para huir de la escena y llegar hasta el punto donde finalmente abandonó el rodado.
Toda esta batería de indicios, a decir de las fuentes, son suficientes como para llegar a la instancia de la indagatoria prevista para el día viernes y en un futuro podrían transformarse en pruebas que podrían decretar la suerte del detenido.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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