Policiales
Crimen de la taxista: “No defendemos a nadie, el que lo hizo, que pague”
A casi dos semanas del asesinato de la taxista Claudia Benítez (31), sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y autoconvocados marcharon esta tarde por el centro de Posadas y reclamaron el esclarecimiento del hecho en la Plaza 9 de Julio.
La concentración comenzó a las 16.30 en el mástil de la ciudad y la columna de al menos 300 manifestantes avanzó por la calle Colón hasta llegar al microcentro, donde se reunieron frente a la Casa de Gobierno y varias personas tomaron la palabra para pedir justicia tanto por el crimen de Claudia Benítez, como de otros hechos cometidos en Posadas.
“Lo único que queremos es que esto no quede impune, que no pasen dos o tres años sin que esto avance. Queremos que se haga justicia lo más pronto posible y que el que hizo esto lo pague. Mi hermana no mecería que le hagan esto”, manifestó Graciela Benítez, una de las hermanas de la víctima, en diálogo con La Voz de Misiones.
La mujer, en compañía de su hermana Lucía, añadió que “creemos en la Justicia misionera porque somos escuchados. Creemos y confiamos en el juez en que se va a hacer justicia, pero no podemos quedarnos quietas. Tenemos dos sobrinitos que quedaron sin su madre y preguntan y reclaman por ella. Ellos son los que más están sufriendo”.
Respecto a la línea investigativa que apunta a la pareja de Benítez como principal sospechoso del hecho, las hermanas de la taxista señalaron que “estamos consternados. No imaginábamos esto. Lo que único que decimos es que nosotros no defendemos a nadie, realmente no sabemos quién lo hizo. Pedimos justicia y también queremos agradecer a todos por el apoyo, no pensamos que iba a venir tanta gente hoy”.
Por el hecho permanece detenido Juan Andrés Rodríguez (39), quien la semana pasada se abstuvo de prestar declaración indagatoria y quien el sábado le rechazaron la excarcelación.
En la causa interviene el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos.
Por el momento, las autoridades que llevan adelante el expediente se encuentran a la espera de los resultados de las múltiples pericias ordenadas a realizar. Entre ellas se destaca una pericia sobre el par de zapatillas que el sospechoso vestía al momento de su detención.
Según consignaron fuentes consultadas por LVM, los calzados evidenciaban rastros que podrían ser de sangre y hollín, aunque para ello se aguarda la confirmación científica por parte de los peritos que analizan la prenda.
El caso
La taxista Claudia Benítez, de 32 años y madre de dos pequeños, desapareció el 17 de mayo a la mañana, cerca de las 6, cuando presuntamente salió de su casa en Itaembé Miní rumbo a Nemesio Parma para cumplir un viaje con tres pasajeros masculinos.
Ese mismo día, pero a las 9, vecinos de Parma reportaron el hallazgo del taxi Chevrolet Corsa ardiendo en llamas a un costado de la avenida Del Té, uno de los ingresos al paraje del sur posadeño y 24 horas después el cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de un pozo de agua ubicado en una propiedad abandonada de la misma zona.
La taxista presentaba dos puntazos en el cuello, tenía las manos atadas hacia atrás y el rostro cubierto. Su cuerpo no evidenciaba signos de defensa y la autopsia también concluyó que ya estaba muerta cuando la arrojaron al pozo.
Un primer relevamiento de cámaras de seguridad captó el recorrido del taxi de Benítez hacia Nemesio Parma en el horario del supuesto viaje que relató el marido de la víctima al comienzo de la pesquisa, pero no está comprobado que haya sido ella quien iba al mando del vehículo.
Incluso, en las imágenes se observaría la silueta de una sola persona dentro del rodado y se estima que la figura sería compatible con la fisonomía de un hombre, lo cual indicaría que en ese auto iba el asesino transportando a la víctima inconsciente o ya sin vida.
Por las características del hecho, una hipótesis indica que en el caso habrían participado dos o más personas, pero hasta el momento el único sospechoso bajo la lupa es Rodríguez, quien previo a la pandemia ya había sido denunciado por su pareja por hechos de violencia de género, aunque luego retomaron la relación.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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