Policiales
Condenan al dueño de Blue Star por venta de drogas
Carlos Antonio “Calú” Fleitas (28) y Nelson Héctor Martínez (52) fueron condenados por el Tribunal Federal de Posadas tras la investigación que la Policía Federal Argentina llevó adelante sobre el bar pool “Blue Star”, que funcionaba en sobre avenida Uruguay a una cuadra de Trincheras de San José y en diagonal al Comando Radioeléctrico Uno- . Allí, de acuerdo con lo que concluyó la Justicia, vendían droga a los clientes.
El primero de ellos pasa sus días en una celda de la Unidad Penal 17 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Candelaria, en tanto que el segundo fue beneficiado con la excarcelación en junio. Ahora, casi un año y medio después de que el caso saliera a la luz, ambos sujetos fueron condenados tras reconocer los cargos en sus contras en un juicio abreviado que fue homologado por los magistrados del Tribunal Federal de Posadas.
Trascendió que Fleitas fue condenado a la pena de cuatro años de prisión como autor del delito de comercialización de estupefacientes, en tanto que Martínez recibió tres años de prisión de ejecución condicional y seis años de inhabilitación para ejercer el comercio. La diferencia radica en que a Martínez se lo condenó por el delito de facilitación de lugar para comercializar droga.
Según medios locales, la investigación comenzó gracias a la denuncia de una madre que en febrero de 2016, se acercó a la Fiscalía Federal para denunciar que su hija había ido a bailar a Blue Star con su amigo ‘Calu’ y allí se había encontrado con otra chica que le contó que vivía en un departamento ubicado en el mismo predio, y que les facilitaban droga a las adolescentes. Luego que la Policía Federal Argentina obtuviera tras seguimientos encubiertos y escuchas telefónicas, entre otras medidas, un importante caudal probatorio se realizó un allanamiento por parte de Gendarmería Nacional, en el cual encontraron a 12 mujeres, entre ellas cuatro menores, que fueron asistidas y restituidas a sus padres. Por ello, el Juzgado Federal pasó una parte de las actuaciones a la Justicia provincial (Juzgado de Instrucción Seis), a fin de que siga esa línea investigativa. En el local también se secuestraron estupefacientes, dinero, teléfonos y documentos.
Dos motociclistas fallecieron esta madrugada tras un siniestro vial registrado en el kilómetro 1426 de la ruta nacional 12, en cercanías de Hipólito Yrigoyen.
Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Doprado (50), domiciliado en Puerto Iguazú, y Ramona Albina Castillo (68), oriunda de Ituzaingó, Corrientes.
El hecho ocurrió alrededor de las 4, cuando una motocicleta Honda Titan 125 cc impactó de frente contra un colectivo de la empresa Río Uruguay que se desplazaba en sentido Posadas–Iguazú. La fuerza del choque provocó que ambos ocupantes de la motocicleta perdieran la vida en el lugar.
La moto quedó sobre la calzada, mientras que el ómnibus era conducido por un hombre de 55 años, acompañado por un guarda de 22, quienes resultaron ilesos.
Efectivos de la comisaría local, junto a peritos de la División Científica, personal de Seguridad Vial y profesionales médicos y bioquímicos policiales, realizaron las tareas de rigor.En tanto, por orden del juez interviniente, los dos vehículos fueron secuestrados para avanzar con la investigación.
Un procedimiento de rutina en una ruta provincial se convirtió en un escándalo este lunes cuando agentes de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos detuvieron a una oficial en actividad de la Policía Federal Argentina (PFA) que transportaba más de 14 kilos de cocaína ocultos en su vehículo.
La droga, valuado en unos 315 millones de pesos, estaba escondida en los zócalos de un Ford Fiesta Kinetic y apunta a posibles ramificaciones en una red de narcotráfico con vínculos en Misiones y Buenos Aires.
El arresto ocurrió pasadas las 3 de la mañana en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, sobre la ruta nacional 14, en el límite entre Corrientes y Entre Ríos.
La mujer, oriunda de Buenos Aires y de unos 40 años –cuya identidad no fue revelada por razones judiciales–, viajaba sola en sentido sur, desde Posadas (Misiones) hacia San Justo, en el partido de La Matanza.
Durante el control preventivo, un can detector de narcóticos alertó sobre irregularidades en el vehículo. Al inspeccionar los zócalos, los policías extrajeron inicialmente tres paquetes rectangulares con una sustancia blanca que reaccionó positivamente a pruebas químicas de campo.
Posteriormente, hallaron seis envoltorios adicionales, sumando un total de 14 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza. La oficial, sorprendida en flagrancia, no opuso resistencia y fue esposada en el acto.
Lo que más impacta al caso es el perfil de la detenida: según fuentes judiciales, la mujer había trabajado en la Dirección de Asuntos Internos de la PFA, el área encargada de investigar irregularidades dentro de la propia fuerza.
El diario La Nación añadió que sus colegas en Buenos Aires no tenían conocimiento de sus actividades hasta que la noticia se filtró en las últimas horas.
La jueza federal Analía Ramponi, titular del Juzgado Federal de Concordia, tomó intervención inmediata. La sospechosa fue trasladada a una comisaría en Chajarí, donde permanece detenida a disposición de la Justicia.
Además de la droga y el auto, se incautaron elementos vinculados al caso, como teléfonos y documentación. El procedimiento derivó en tres allanamientos simultáneos: dos en Posadas (Misiones) y uno en La Matanza (Buenos Aires), donde se secuestraron más estupefacientes, datos informáticos y se identificaron posibles cómplices en una presunta organización narco.
Un oficial de la Policía de Misiones que habría facilitado la fuga de siete delincuentes que estaban alojados en la comisaría de Bernardo de Irigoyen fue detenido este mediodía y quedó a disposición de la Justicia.
La detención del uniformado se concretó en la sucursal del banco Macro en Irigoyen, donde el implicado cumplía servicio adicional, adelantaron fuentes consultadas.
El sospechoso fue identificado como Mario O., y sería oriundo de San Antonio. Se le secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias.
Del procedimiento participaron los propios camaradas del agente, como así también personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), cuya intervención se dio a pedido del procurador general Carlos Giménez.
La causa está en manos del fiscal de Instrucción Uno de San Pedro, Francisco Javier Insfrán, y del juez de instrucción de la misma circunscripción judicial, Ariel Belda Palomar, quienes dirigieron y supervisaron las primeras actuaciones del caso.
En paralelo, la Jefatura de Policía dispuso la apertura de un sumario administrativo con intervención de la Dirección Asuntos Internos de la institución.
La fuga se registró el lunes a la madrugada, cuando siete sindicados delincuentes de peligrosidad lograron escapar a través de un boquete realizado en el sector de sanitarios de calabozos de la comisaría de Bernardo de Irigoyen.
Los evadidos fueron Alejandro “Dente” Ramos, Emanuel “Pirata” Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Jorge Ojeda, Darío Brítez y Juan José Ferreira Álvez, todos acusados por delitos graves como robos calificados y homicidios.
El hecho motivó un mega operativo policial del cual participaron más de 500 agentes abocados a la búsqueda y en exactamente 48 horas todos fueron recapturados.
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