Policiales
Condenan a misionero que llevaba chicas a Santa Cruz para explotación sexual
Un misionero fue condenado en Santa Cruz por trasladar jóvenes hacia esa provincia patagónica para ser explotadas sexualmente en un local nocturno que era administrado por su pareja.
El implicado se trata de Néstor Dos Santos, de 49 años y oriundo de San Pedro, que ahora fue condenado a la pena de 4 años de prisión al ser declarado “coautor” de los delitos de “trata de personas con fines de explotación sexual, bajo la modalidad de traslado y acogimiento (respecto a una víctima) y ofrecimiento (respecto a otra muchacha).
El fallo fue firmado hoy por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que de esta manera avaló el acuerdo de juicio abreviado que el imputado había firmado anteriormente, admitiendo así los delitos que le endilgaban.
En su resolución, además, el Tribunal, en coincidencia con lo planteado por la Fiscalía, dispuso que el condenado cumpla su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en un domicilio de San Pedro, en virtud de que se encuentra a cargo de un adolescente que es hijo de su pareja, acusada en la misma causa pero ya fallecida.
Según pudo reconstruir La Voz de Misiones, la investigación comenzó a mediados de 2014, tras una denuncia que alertaba sobre el caso de una joven en condiciones de extrema vulnerabilidad que había llegado desde la tierra colorada para trabajar como niñera en Ríos Gallegos, pero terminó siendo explotada sexualmente.
Los investigadores determinaron que esa muchacha se trataba de una media hermana de Dos Santos, que justamente había viajado a esa ciudad patagónica bajo los engaños de su pariente.
Al ser entrevistada, la muchacha relató que Dos Santos le había ofrecido un trabajo como niñera en Ríos Gallegos, donde iba a cobrar 10.000 pesos mensuales e incluso le aseguró un viaje sin gastos, ya que iban ir desde San Pedro hasta el sur en la camioneta del hombre.
La joven, seducida por la oportunidad que podía significarle un mejor modo de vida, aceptó, pero nada se dio como lo imaginaba.
Una vez en la ciudad austral, la joven misionera quedó alojada en la casa de Dos Santos y su pareja, Iracema De Olivera -más conocida como Graciela-, lo cual fue otro motivo de seducción ya que le ofrecían alojamiento y protección.
Sin embargo, al poco tiempo las verdaderas intenciones de la pareja captadora quedó expuesta. A la joven le dijeron que no tenían el dinero acordado y que debía comenzar a prostituirse en un local nocturno para poder devolverle los gastos del traslado y de su estadía en el lugar.
Tras este testimonio, los investigadores avanzaron con más medidas prueba y pudieron establecer que habían más víctimas. Las chicas eran “ofrecidas” en un bar que se llamaba El Vencedor, el cual era administrado por Graciela.
Allí se daban las denominadas “copas”, mientras que los “pases” se daban en moteles o domicilios particulares de la zona.
Una vez recolectada todas las pruebas, los instructores de la causa emitieron órdenes de allanamiento tanto en el local nocturno como en las viviendas de los imputados. En los procedimientos se incautaron dinero, libros con registros de anotaciones, preservativos y geles íntimos.
En el bar, además, rescataron a otras tres chicas en similares condiciones a la denunciante que disparó el caso, una era dominicana y otra también era de Misiones. Algunas de ellas declararon haber sido contactadas por Dos Santos y otros por Graciela, que incluso les pagó boletos de avión y colectivo para el viaje.
“Se pudo establecer que los investigados contactaban a las presuntas víctimas, abonaban sus traslados, las acogían en su casa, las hacían contraer deudas con ellos, para luego hacerlas trabajar en el Bar “El Vencedor”, siendo explotadas bajo la modalidad de comercio sexual, recaudando y “guardando” el dinero que obtenían porque era más seguro”, concluyen los magistrados en la sentencia publicada hoy en el Centro de Información Judicial (CIJ).
La investigación también determinó que la propietaria del local era Sara Irene Andrade Hernández, que fue declarada “partícipe secundaria” del delito de “trata de personas con fines de explotación bajo la modalidad de recepción, agravado por el número de víctimas” y recibió 3 años de prisión de cumplimiento condicional, es decir, no irá a prisión.
Para la fiscalía que llevó adelante el acuerdo de juicio abreviado, era Graciela (actualmente fallecida) la principal administradora del prostíbulo, mientras que respecto al misionero Dos Santos sostiene que “no hubo constancias que el encartado tuviera intervención en la explotación comercial del bar”.
Al momento de evaluar los montos de las penas, los funcionarios judiciales tuvieron en cuenta la falta de antecedentes en los implicados como atenuantes y en el caso de Dos Santos pesó la situación del adolescente que tiene a su guarda para poder ser beneficiado con la prisión domiciliara en San Pedro.
De igual manera, al misionero el Tribunal le aplicó una serie de restricciones. Por ejemplo, no salir de su casa bajo ninguna circunstancia, no beber alcohol ni consumir estupefacientes, ni estar relacionado a nuevos delitos. En caso de incumplir alguno de estos requisitos, el beneficio será revocado y deberá cumplir su pena en una unidad penitenciaria.
Para el control, además, los jueces santacruceños solicitaron una tobillera electrónica para el detenido y dispusieron que los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) se encarguen de efectuar visitas sorpresivas y periódicas a la casa de Dos Santos para verificar el cumplimiento de su arresto domiciliario.
Dos personas que iban en motocicleta fallecieron en la noche de este martes al ser embestidas por una camioneta sobre la autovía de la ruta nacional 12, a la altura de Candelaria. En la escena también se halló un caballo sin vida.
Los primeros datos recolectados consignan que el siniestro se produjo minutos antes de las 19, a la altura del kilómetro 1363 de la mencionada arteria nacional, donde ambos vehículos involucrados circulaban en el mismo sentido.
Sin embargo, por causas que se intentan establecer, la camioneta Renault Duster terminó embistiendo a la motocicleta Corven cuyos dos ocupantes perdieron en la vida y hasta el momento no fueron identificados.
Producto del trágico hecho, el tránsito sobre la ruta estuvo cortado durante varios minutos mientras el personal policial y de criminalística efectuabas las correspondientes pericias para determinar las causales del siniestro.
Al costado de la arteria, sobre una de las banquinas, también había un equino sin vida, el cual se especula andaba suelto y pudo haber incidido en el accidente.
Claudia Soledad Batista (28), la madre de cinco hijos asesinada el lunes a la noche por su ex pareja en su casa del barrio La Tablada de San José, recibió más de 20 machetazos en diversas partes del cuerpo, aunque la mayoría de esas heridas fueron localizadas en la cabeza y miembros superiores.
El informe preliminar de autopsia dictaminó que el cuerpo de la joven presentaba un total de 23 heridas cortantes efectuadas con un machete, de las cuales 19 fueron repartidas entre el cráneo, hombros y brazos.
Los resultados del examen forense ya fueron elevados al Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo del magistrado Miguel Ángel Faría, quien anoche liberó el cadáver de la muchacha para su correspondiente último adiós y programó para el jueves la audiencia de declaración indagatoria para el único detenido por el caso, según pudo averiguar La Voz de Misiones.
El sospechoso se trata de Gabriel Cruz (25), ex pareja de la víctima y padre de dos de los cinco hijos menores de edad que tenía Batista.
El implicado fue arrestado ese mismo domingo por la noche y se estima que una vez notificado del hecho se imputado por el delito de homicidio agravado por femicidio, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
En la escena del crimen también se secuestró el machete presuntamente utilizada para dar muerte a la joven, elemento que ahora será sometido a pericias por parte de la Dirección Criminalística de la fuerza provincial.
Según reconstruyeron familiares de la víctima a este medio, Batista es oriunda de Leandro N. Alem pero hace un tiempo decidió mudarse a San José junto a Cruz, de quien actualmente estaba separada.
También dieron cuenta que episodios de violencia de genero previos, aunque señalaron que la única denuncia que hubo posteriormente fue retirada por la propia Batista.
“Ellos se conocen hace mucho tiempo. Tienen dos hijos en común y estaban separados ya. Él siempre fue violento, ella llegó a hacerle una denuncia pero después la retiró porque él siempre amenazaba con que iba a matarse”, señaló una hermana de la joven, quien prefirió no identificarse.
Sobre lo sucedido en la noche del domingo, la mujer contó “él llegó a la casa de mi hermana con otro hombre y se puso a tomar. Después pasó lo que pasó. No tenemos palabras. Ella quedó desfigurada, le destrozó la cabeza de un machetazo”.
“Nosotros todavía no caemos. Queremos que haya justicia y que él se pudra en la cárcel. Ella ayer por la tarde ya estuvo compartiendo unos estados como de despedida en Whatsapp. Creemos que por ahí estaba amenazada y ya sabía lo que le podía pasar”, amplió.
El femicidio de Soledad Batista es el cuarto que se registra en Misiones en lo que va del año detrás de los casos de Amanda Müller (70) en Santa Ana; Soledad Machuca (34) en Posadas; y Juana Maciel (23) en Puerto Iguazú. Por todos esos hechos hay un detenido respectivamente.
Familiares de joven asesinada en San José: “Él siempre fue violento con ella”
Adolfo Guirula, uno de los ocho policías imputados en la causa que investiga presuntos delitos de “intento de sedición” y “conspiración”, se transformó esta mañana en el cuarto implicado en recuperar su libertad tras permanecer más de nueve meses detenido.
La excarcelación de Guirala se produjo esta mañana desde la Unidad Penal VII de Cerro Azul, donde pasó las últimas semanas alojado en compañía de Ramón Amarilla, el primero de los ex uniformados implicados en la misma causa que recuperó su libertad tras ser electo diputado provincial.
De esta manera, ya son cuatro los agentes liberados, ya que también hay que sumar a Joaquín Orrego y Horacio Elías Coutto, quienes a uno a uno fueron recibiendo las respectivas notificaciones de cese de prisión preventiva por parte del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón.
Quienes continúan detenidos son los hermanos Iván Ezequiel y Alejandro Ramón Arrieta, Lisandro Ramón Canteros y Diego Hernán Correa.
“Solo Cola”
Los acusados fueron detenidos el 19 de septiembre del año pasado, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Fernando Verón, tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un presunto plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta, incidentes nuevos e independientes a la protesta salarial que derivó en un acampe de doce días frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas.
La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”, según argumentan la Justicia.
En esas conversaciones, los involucrados presuntamente planificaban un nuevo levantamiento, aunque esta vez con medidas muchos más extremas que la protesta con acampe que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo de 2024.
En esta ocasión, los agentes bajo sospecha hablaban de provocar incendios de pastizales para luego sustraer móviles de los Bomberos y replicar la maniobra con patrulleros de distintas comisarías.
“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los detenidos.
Una vez que el informe pericial llegó a manos de la Justicia, el magistrado Verón libró las respectivas órdenes de detención, que se cumplieron ese 19 de septiembre. Menos de un mes, el mismo juez resolvió la prisión preventiva de los ocho detenidos por “sedición” y “conspiración”.
Durante todos estos meses, los agentes reclamaron su inocencia y sus familiares encabezaron diversas medidas de protesta requiriendo la excarcelación de cada uno de ellos.
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