Policiales
Comunidad Mbokajaty espera respuestas tras robo y destrucción de sus casas
Este lunes en horas de la mañana las familias que componen la comunidad Mbokajaty de San Ignacio fueron víctimas de un ataque, en el que destruyeron sus casas y posteriormente robaron los materiales caídos, e incluso pertenencias de la aldea, por lo que realizaron la denuncia correspondiente y el caso fue elevado al Juzgado de Instrucción N°2 de Jardín América, de donde aguardan resoluciones.
Frente a lo ocurrido, el responsable legal Silvio Mendez, aseguró que “No se trata de un hecho aislado” sino que desde hace varios años, vienen siendo blanco de una serie de acontecimientos violentos, por parte de quienes se adjudican la propiedad de su territorio e intentan ingresar por medio de la fuerza y la violencia.
“Ayer por la mañana, los supuestos propietarios fueron a desarmar las casas de una familia. Tumbaron dos casas, llevaron las chapas que sacaron, cables de luz y hasta un molino que tenían para moler maíz”, describió Mendez sobre lo ocurrido.
Inmediatamente, el mburuvicha Rosalino Ramos presentó una denuncia en la comisaría local, dejando asentado que su hija, Marina Ramos, fue la principal afectada por el ataque y aseguró que desconoce el motivo por el cual fue destruída su casa.
Horas más tarde, efectivos policiales se acercaron a la comunidad y tomaron algunas fotos para constatar el hecho, aunque aseguraron que “van a esperar las órdenes del juez y ver qué medida toman”, indicaron desde la comunidad.
“Ataques sistemáticos y organizados”
El hecho ocurrió específicamente en Mbokajaty, a 500 metros de Mbokajaty 2. Junto con Mbokajaty 1, son comunidades que fueron relevadas en el marco de la Ley 26160 y comparten territorio, por lo que estos ataques los afectan de igual manera y se unen para realizar los reclamos.
Desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) lamentaron que: “Este tipo de hechos contra las Comunidades Mbya en Misiones se dan de manera reiterada y eso no es casualidad. La violencia sistemática a la que están siendo sometidos en distintos puntos de la provincia por temas territoriales habla de un Estado ausente, cómplice y facilitador para que sucedan estas cosas”.
A lo que agregaron: “Mientras el Gobierno provincial y la Justicia se toman su tiempo, hay una familia que se quedó sin techo, a la intemperie y con el miedo de sufrir represalias mayores. Es urgente el accionar provincial, no sólo para frenar este caso particular, sino para ponerle un parate a los ataques que se vienen cometiendo contra el Pueblo Mbya, que no son aislados, sino más bien sistemáticos y organizados”.
Un grupo de al menos diez personas dedicadas al cambio de divisas fueron filmadas a las corridas, piñas y patadas durante este mediodía en pleno microcentro de Posadas.
Las imágenes muestran que el hecho ocurrió sobre la calle Bolívar, en la entrada al hotel Continental, zona donde también predominan los “arbolitos” dedicados al cambio de divisas.
Fuentes consultadas por este medios consignaron que uno de los damnificados, un joven de 22 años, resultó herido y está preparando una denuncia formal sobre lo sucedido.
A juzgar por lo visto en el video que rápidamente se tornó viral, en el hecho hay dos grupos enfrentados, uno de ellos vestidos con uniforme de chomba azul, quienes fueron blanco de las agresiones.
Al menos dos hombres de azul fueron víctimas de reiterados golpes de puño y patadas, escenas que se produjeron ante la vista de todas las personas que pasaban por el lugar.
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La Policía informó el hallazgo de la joven de 25 años que estaba desaparecida en Posadas.
Se trata de Cecilia Yésica Bernarda Pereyra (25), quien anoche había salido de su casa en el barrio A4, sin regresar hasta hoy al mediodía, lo que preocupó y movilizó a sus familiares.
Tras la denuncia por desaparición, la fuerza provincial activó un operativo de búsqueda y esta tarde confirmaron la localización de la joven.
Roberto Ramón Pereira (57), el hombre que estuvo seis años preso por abuso de menores y volvió a ser detenido el jueves pasado por el mismo delito, se abstuvo a declarar esta mañana por el nuevo caso y fue imputado por “producción de archivos Masi, abuso sexual y amenazas”.
Tal como estaba previsto, el comerciante que tenía a su cargo un vivero en el Mercado Concentrador fue trasladado este lunes hacia el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Miguel Mattos.
Antes de pasar frente al juez, el implicado designó un abogado particular para que se haga cargo de su defensa y luego se abstuvo de declarar, tal como lo ampara su derecho.
En la misma audiencia fue notificado de los hechos que se investigan, de las pruebas que se registran en su contra y provisoriamente fue imputado por los delitos de “producción de material de abuso sexual infantil (Masi), delito contra la integridad sexual y amenazas”.
De esta manera, Pereira continuará detenido mientras avanza la investigación que lo tiene nuevamente tras las rejas desde el jueves pasado, cuando un niño de 12 años reveló los vejámenes que sufría era llevado a la casa del hombre sobre calle Soria, casi avenida Santa Cruz, donde supuestamente el ahora sospechoso le iba a enseñar “a arreglar sillones”.
Abuso y filmación
Según el relato del niño, contado por su madre en una entrevista con La Voz de Misiones, el menor empezó a ir a la casa de Pereira en diciembre y en las primeras visitas ya se habrían concretado los abusos que, además, fueron filmados para que luego utilizar esas imágenes como extorsión.
“Además de grabarle, después que abusaba de él le mostraba videos suyos con otros chicos. Le decía que le gustan los chicos mayores de 10 años. Así que hay más víctimas y por eso cuando vinimos a buscarlo queríamos recuperar si o si el celular, ahí está toda la evidencia”, contó la madre del pequeño.
El domicilio del sospechoso fue allanado el viernes a la tarde y en el lugar los investigadores incautaron tres aparatos telefónicos, un pen drive, un disco rígido y bajo la almohada de su cama hallaron un sugestivo elemento que podría ser clave: un ajo con un papel escrito con el nombre de un menor de edad.
Todos los dispositivos quedaron en manos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), cuyo personal será el encargado de realizar las pericias correspondientes en busca de más pruebas que puedan robustecer la acusación. También servirán, en todo caso, para comprobar la existencia de más víctimas.
En su contra, además, Pereira cuenta con un severo antecedente. En 2016 fue detenido por el mismo delito y por esa causa en 2018 firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que se declaró culpable y fue condenado a seis años de prisión.
El hombre purgó esa pena en un complejo penitenciario de la provincia y en 2024 recuperó la libertad. Ahora está nuevamente preso, enfrentando un expediente que podría significarle una pena mucho mayor.
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