Policiales
Comunidad Mbokajaty espera respuestas tras robo y destrucción de sus casas
Este lunes en horas de la mañana las familias que componen la comunidad Mbokajaty de San Ignacio fueron víctimas de un ataque, en el que destruyeron sus casas y posteriormente robaron los materiales caídos, e incluso pertenencias de la aldea, por lo que realizaron la denuncia correspondiente y el caso fue elevado al Juzgado de Instrucción N°2 de Jardín América, de donde aguardan resoluciones.
Frente a lo ocurrido, el responsable legal Silvio Mendez, aseguró que “No se trata de un hecho aislado” sino que desde hace varios años, vienen siendo blanco de una serie de acontecimientos violentos, por parte de quienes se adjudican la propiedad de su territorio e intentan ingresar por medio de la fuerza y la violencia.
“Ayer por la mañana, los supuestos propietarios fueron a desarmar las casas de una familia. Tumbaron dos casas, llevaron las chapas que sacaron, cables de luz y hasta un molino que tenían para moler maíz”, describió Mendez sobre lo ocurrido.
Inmediatamente, el mburuvicha Rosalino Ramos presentó una denuncia en la comisaría local, dejando asentado que su hija, Marina Ramos, fue la principal afectada por el ataque y aseguró que desconoce el motivo por el cual fue destruída su casa.
Horas más tarde, efectivos policiales se acercaron a la comunidad y tomaron algunas fotos para constatar el hecho, aunque aseguraron que “van a esperar las órdenes del juez y ver qué medida toman”, indicaron desde la comunidad.
“Ataques sistemáticos y organizados”
El hecho ocurrió específicamente en Mbokajaty, a 500 metros de Mbokajaty 2. Junto con Mbokajaty 1, son comunidades que fueron relevadas en el marco de la Ley 26160 y comparten territorio, por lo que estos ataques los afectan de igual manera y se unen para realizar los reclamos.
Desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) lamentaron que: “Este tipo de hechos contra las Comunidades Mbya en Misiones se dan de manera reiterada y eso no es casualidad. La violencia sistemática a la que están siendo sometidos en distintos puntos de la provincia por temas territoriales habla de un Estado ausente, cómplice y facilitador para que sucedan estas cosas”.
A lo que agregaron: “Mientras el Gobierno provincial y la Justicia se toman su tiempo, hay una familia que se quedó sin techo, a la intemperie y con el miedo de sufrir represalias mayores. Es urgente el accionar provincial, no sólo para frenar este caso particular, sino para ponerle un parate a los ataques que se vienen cometiendo contra el Pueblo Mbya, que no son aislados, sino más bien sistemáticos y organizados”.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
Un hombre de 64 años se descompensó mientras esperaba un colectivo, en la parada ubicada en la intersección de las avenidas Centenario y Monseñor de Andrea de Posadas, y falleció en el lugar.
Según pudo saber este medio, alrededor de las 9 de esta mañana la Policía de Misiones recibió un alerta por una persona identificada como Jorge Ramón Ramírez, que se había descompensado en la vía pública, por lo que se solicitó atención médica.
Al arribar la ambulancia al lugar, el personal de salud constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.
En el sitio, donde se encuentra la parada de colectivos, los efectivos de la Policía Científica realizaron los trabajos de rigor y el médico policial en turno diagnosticó que Ramírez sufrió un paro cardiorrespiratorio no traumático.
En tanto, por disposición judicial, el cuerpo fue entregado a sus familiares para su velatorio y posterior inhumación.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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