Policiales
Comerciante y dirigente de fútbol de Garupá detenido por violencia de género
José Luis Ayala (55), administrador de varios locales comerciales del complejo La Saladita y además presidente de Garupá Fútbol Club, está detenido desde 13 de agosto por un hecho de violencia de género denunciado por su ex pareja, quien además afirma que el hombre desvalijó su casa y ahora teme por su seguridad en caso de que el acusado sea liberado.
La denunciante se trata de Raquel Freitas (31), quien dialogó con La Voz de Misiones y compartió su historia de padecimientos a lo largo de un año y medio de relación con el ahora detenido.
La mujer contó que los problemas comenzaron cuando vendió su casa y se mudó junto a Ayala, en una vivienda del barrio Horacio Quiroga de Garupá, en abril de este año.
“Él es una persona muy celosa, muy posesiva, me quería tener todo el tiempo ahí, a su disposición. Yo salía sola, me iba a llevar a los chicos a la escuela y cuando volvía él ya estaba tomado, me hacía problemas y me insultaba en frente de mis hijos”, expresó Raquel.
La víctima narró episodios de este tipo empezaron a replicarse con mayor asiduidad, pero el último 5 de agosto el drama llegó a una situación extrema.
Según contó la denunciante, esa madrugada, “unas horas antes de que él llegue, me mandó un audio diciéndome que desaloje la casa ya. Yo le contesté que yo me iba a ir apenas amanecía, que no iba a salir a esa hora de la madrugada con mis hijos a la calle”.
Luego de eso, contó que “él llegó y me levantó, yo estaba durmiendo con mi hijo de 5 años en la cama y me echó'”.
Raquel sostuvo que volvió a negarse, debido a que todavía era de madrugada y la situación empeoró. La mujer recordó que el dirigente deportivo, que también administra un parque acuático en Garupá, empezó a escuchar música a todo volumen, lo cual dio inició a una nueva discusión que derivó en golpes.
El último episodio de violencia que derivó en la denuncia y posterior detención del acusado se registró el 5 de agosto.
“Él le quitó el ventilador a mi hijo después y cuando yo estiro el brazo para agarrar el ventilador, él me pega una patada en el brazo. Después me agarra del pelo, me tira en el suelo y me empieza a patear por las piernas. Cuando me quiere pegar por la cara, yo meto el brazo y me pega una patada en el brazo”, describió.
“En eso había un pedazo de una silla ahí que estaba rota, de plástico. Con eso yo me defiendo y le raspo la mano, y ahí él se descontroló totalmente”, revivió Raquel durante un vivo con LVM.
“Yo me levanto y me pegó cinco veces por el oído, yo me mareo y me caigo por la mesada. Él viene y me pega otra vez por la boca y me sangró todo”, añadió.
En medio de los hechos, la mujer que es madre de cuatro pequeños contó que, en ese momento, se despertó su hijo menor, de 9 años, que vio todo lo que estaba pasando y salió corriendo, a las 3 de la madrugada, en dirección hacia el destacamento policial del barrio para pedir ayuda.
“Él mientras me tenía del cuello y no me quería soltar. Yo empecé a gritar, a pedir auxilio y él se ve que se asusta y se va”, continuó Raquel.
De acuerdo a la víctima, el agresor salió corriendo a su casa familiar, que se encuentra a menos de 100 metros de la vivienda que comenzaron a construir juntos y en la que convivían hace hace pocos días.
“Cuando voy al destacamento, ya venía el móvil y cuando regreso a mi casa, la puerta ya estaba cerrada. Me llevaron a la comisaría, a la quinta, donde hice la denuncia”, recreó Raquel.
En ese punto, la denunciante criticó que en la comisaría Quinta recibió una atención deficiente y que recién fue examinada médicamente al día siguiente, cuando su hermana pidió intervención de la Policía mediante un llamado al 911.
La mujer fue trasladada al hospital Madariaga donde certificaron que presentaba traumatismos y hematomas en diversas partes del cuerpo.
Exclusión, detención y amenazas
Tras la denuncia radicada en Garupá por violencia de género, Ayala fue detenido y desde el 13 de septiembre permanece privado de su libertad. Fuentes consultadas por LVM confirmaron que el hombre fue sometido a audiencia de declaración indagatoria y las autoridades del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas ya rechazaron un primer pedido de excarcelación.
En medio de la situación, el hombre también recibió una exclusión de hogar, pero Raquel señala que antes de abandonar el hogar el acusado vació la vivienda.
Actualmente, Raquel se encuentra sin trabajo debido a que además dependía laboralmente de Ayala. “Yo trabajaba para él y ahora no tengo donde trabajar. En otra ocasión, que también me golpeó, me dejó encerrada en casa varios días y a mis compañeras de trabajo le decía que yo no iba porque estaba descompuesta”.
“Después venía, me curaba las heridas que él me hacía, me traía remedios, calmantes para los dolores. Cuando yo me mejoraba, me llevaba otra vez, todo esto bajo amenazas. Me manipulaba, pero yo nunca hice nada porque tenía miedo. Él esa una persona con muchos contactos y sé que tiene armas”, alertó la mujer.
Y detalló que “tengo miedo porque él me amenazó que me iba a meter un tiro y me iba a dejar tirada en el arroyo. Él tiene arma de fuego en la casa. Tengo miedo que él salga y tome represalias hacia mí y me lastime a mis hijos o a mí”.
Por estas horas, la mujer que denunció violencia de género en Garupá vive en base a la colaboración que le brinda los vecinos. En otra ampliación policial dejó asentado que el hombre se llevó una cocina y todas las camas de la casa, por lo cual ahora duerme en un colchón sobre el piso junto a sus hijos.
Tras la anulación del fallo que dispuso su absolución por el beneficio de la duda en 2022, el Tribunal Penal Uno de Posadas realizó un nuevo debate oral contra el hijo de una ex funcionaria provincial acusado de abusos sexuales en perjuicio de una hija menor de edad y esta tarde lo condenó a una pena de 12 años de prisión efectiva.
La nueva sentencia fue dictada esta tarde, después de una extensa jornada de alegatos y después de varias audiencias de debate que incluyeron sucesivos cambios de defensa e incluso registró un faltazo del imputado, que luego argumentó haberse internado en una clínica de salud mental pero terminó siendo detenido.
El implicado se trata de J. R. G. -hijo de una ex funcionaria del Iprodha- quien en 2013 fue denunciado por abusos contra una hija de 5 años en ese entonces, causa que en 2022 llegó a debate oral y resultó absuelto por el beneficio de la duda, aunque ese fallo, dictado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al entender que hubo una errónea valoración de la prueba.
De esta manera, se ordenó la realización de un nuevo proceso oral que arrancó semanas atrás frente a un tribunal integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, ambos subrogantes.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Vladimir Glinka, en tanto que como querellante particular volvió a participar el letrado Hugo Zapana, quienes hoy coincidieron al solicitar una pena de 16 años de prisión para el implicado.
Al comienzo del debate el imputado contó con la defensa de Eduardo Paredes, Mauricio Vergara y Florencia Romero, aunque uno a uno fueron renunciando, lo que derivó en demoras en la continuidad del proceso.
Finalmente, este martes el imputado -su identidad completa no se revela para no revictimizar a la víctima- contó con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli, quienes insistieron en absolución del imputado o en forma subsidiaria solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso por abuso simple.
Después de una larga deliberación, los jueces decidieron condenar a Ramos a la pena de 12 años de prisión efectiva como penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, dos hechos, en concurso real”.
El ahora condenado continuará privado de su libertad en una celda de la comisaría Cuarta de Posadas, hasta tanto el mismo tribunal analice un pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Los fundamentos de la nueva sentencia se conocerán el 26 de marzo.
El STJ anuló sentencia que absolvió a imputado por abuso en Posadas
Una mujer del barrio Itaembé Miní de Posadas denunció que tres hombres abusaron sexualmente de un vecino con discapacidad mental y por el hecho hay dos detenidos, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, todo comenzó este mismo martes, cuando una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de la zona y denunció que un hombre de 40 años fue víctima de un presunto ataque sexual perpetrado por otros tres vecinos identificados como Matías, Maxi y Wana.
La denunciante añadió que la víctima presenta un grado de discapacidad mental y se negaba a dialogar sobre lo sucedido.
Recibida la denuncia, los efectivos avanzaron en la investigación del caso y en ese marco demoraron a dos de los sujetos apuntados, quienes ahora quedaron alojados en la Unidad Regional X, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.
La víctima, en tanto, fue trasladado esta mañana al Cuerpo Médico Forense, donde iba a ser sometido a los correspondientes exámenes para constatar la veracidad de lo denunciando.
Desde la Policía además añadieron que las labores continúan a fin de ubicar al tercer sujeto denunciado.
Tal como ocurrió el pasado miércoles sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6, con la presencia de al menos 40 menores y ayer sobre el kilómetro 7, en la madrugada de hoy la Policía de Misiones desbarató una nueva fiesta clandestina protagonizada por al menos 50 jóvenes que celebraban el Último Primer Día (UPD) sobre calle Asunción del kilómetro 10.
Un llamado al 911 permitió la intervención de los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera de la Unidad Regional III, alrededor de las 3,30 de este martes, en una vivienda particular, donde identificaron a al menos 50 estudiantes secundarios y la presencia de bebidas alcohólicas que habrían sido consumidas por varios de ellos.
En este contexto, el personal policial procedió a despejar las sustancias del inmueble, cuya propietaria de 37 años de edad manifestó que no contaba con habilitación para la realización de eventos ni para el expendio de bebidas alcohólicas.
Asimismo, en el sitio se hallaban algunos padres que acudieron a retirar a sus hijos, quienes en su mayoría manifestaron no ser responsables de la organización del encuentro.
Ante la situación, los efectivos notificaron a la propietaria sobre la normativa vigente, procedieron a identificar a los estudiantes presentes y labraron el acta de procedimiento correspondiente, tras lo cual se dispuso el despeje del lugar.
Antecedentes
El pasado 4 de marzo, una fiesta de similares características, conocida como UPD fue desactivada en un complejo ubicado sobre calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6 de esa ciudad.
En el lugar se encontraban cerca de 40 jóvenes, varios vehículos y los uniformados lograron constatar que la actividad se desarrolló sin la correspondiente habilitación.
Ante esta situación, dispusieron la clausura preventiva del predio en el marco de la Ordenanza 137/24, además del despeje total del lugar.
En tanto, este lunes en horas de la madrugada, se registró otro evento en un complejo de Eldorado, donde se realizó un encuentro de estudiantes sin habilitación y con consumo de bebidas alcohólicas por parte de varios menores.
El procedimiento se concretó cerca de las 2:45 en un predio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 7.
Durante recorridas de prevención, los efectivos detectaron el encuentro irregular y constataron la presencia de aproximadamente 50 estudiantes, quienes celebraban el tradicional evento previo al inicio del último año escolar.
Ante esta situación, el personal policial procedió a notificar a la responsable sobre la vigencia de la Ordenanza 137/24 y labraron el acta correspondiente por la infracción detectada.
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