Policiales
Comerciante y dirigente de fútbol de Garupá detenido por violencia de género
José Luis Ayala (55), administrador de varios locales comerciales del complejo La Saladita y además presidente de Garupá Fútbol Club, está detenido desde 13 de agosto por un hecho de violencia de género denunciado por su ex pareja, quien además afirma que el hombre desvalijó su casa y ahora teme por su seguridad en caso de que el acusado sea liberado.
La denunciante se trata de Raquel Freitas (31), quien dialogó con La Voz de Misiones y compartió su historia de padecimientos a lo largo de un año y medio de relación con el ahora detenido.
La mujer contó que los problemas comenzaron cuando vendió su casa y se mudó junto a Ayala, en una vivienda del barrio Horacio Quiroga de Garupá, en abril de este año.
“Él es una persona muy celosa, muy posesiva, me quería tener todo el tiempo ahí, a su disposición. Yo salía sola, me iba a llevar a los chicos a la escuela y cuando volvía él ya estaba tomado, me hacía problemas y me insultaba en frente de mis hijos”, expresó Raquel.
La víctima narró episodios de este tipo empezaron a replicarse con mayor asiduidad, pero el último 5 de agosto el drama llegó a una situación extrema.
Según contó la denunciante, esa madrugada, “unas horas antes de que él llegue, me mandó un audio diciéndome que desaloje la casa ya. Yo le contesté que yo me iba a ir apenas amanecía, que no iba a salir a esa hora de la madrugada con mis hijos a la calle”.
Luego de eso, contó que “él llegó y me levantó, yo estaba durmiendo con mi hijo de 5 años en la cama y me echó'”.
Raquel sostuvo que volvió a negarse, debido a que todavía era de madrugada y la situación empeoró. La mujer recordó que el dirigente deportivo, que también administra un parque acuático en Garupá, empezó a escuchar música a todo volumen, lo cual dio inició a una nueva discusión que derivó en golpes.
El último episodio de violencia que derivó en la denuncia y posterior detención del acusado se registró el 5 de agosto.
“Él le quitó el ventilador a mi hijo después y cuando yo estiro el brazo para agarrar el ventilador, él me pega una patada en el brazo. Después me agarra del pelo, me tira en el suelo y me empieza a patear por las piernas. Cuando me quiere pegar por la cara, yo meto el brazo y me pega una patada en el brazo”, describió.
“En eso había un pedazo de una silla ahí que estaba rota, de plástico. Con eso yo me defiendo y le raspo la mano, y ahí él se descontroló totalmente”, revivió Raquel durante un vivo con LVM.
“Yo me levanto y me pegó cinco veces por el oído, yo me mareo y me caigo por la mesada. Él viene y me pega otra vez por la boca y me sangró todo”, añadió.
En medio de los hechos, la mujer que es madre de cuatro pequeños contó que, en ese momento, se despertó su hijo menor, de 9 años, que vio todo lo que estaba pasando y salió corriendo, a las 3 de la madrugada, en dirección hacia el destacamento policial del barrio para pedir ayuda.
“Él mientras me tenía del cuello y no me quería soltar. Yo empecé a gritar, a pedir auxilio y él se ve que se asusta y se va”, continuó Raquel.
De acuerdo a la víctima, el agresor salió corriendo a su casa familiar, que se encuentra a menos de 100 metros de la vivienda que comenzaron a construir juntos y en la que convivían hace hace pocos días.
“Cuando voy al destacamento, ya venía el móvil y cuando regreso a mi casa, la puerta ya estaba cerrada. Me llevaron a la comisaría, a la quinta, donde hice la denuncia”, recreó Raquel.
En ese punto, la denunciante criticó que en la comisaría Quinta recibió una atención deficiente y que recién fue examinada médicamente al día siguiente, cuando su hermana pidió intervención de la Policía mediante un llamado al 911.
La mujer fue trasladada al hospital Madariaga donde certificaron que presentaba traumatismos y hematomas en diversas partes del cuerpo.
Exclusión, detención y amenazas
Tras la denuncia radicada en Garupá por violencia de género, Ayala fue detenido y desde el 13 de septiembre permanece privado de su libertad. Fuentes consultadas por LVM confirmaron que el hombre fue sometido a audiencia de declaración indagatoria y las autoridades del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas ya rechazaron un primer pedido de excarcelación.
En medio de la situación, el hombre también recibió una exclusión de hogar, pero Raquel señala que antes de abandonar el hogar el acusado vació la vivienda.
Actualmente, Raquel se encuentra sin trabajo debido a que además dependía laboralmente de Ayala. “Yo trabajaba para él y ahora no tengo donde trabajar. En otra ocasión, que también me golpeó, me dejó encerrada en casa varios días y a mis compañeras de trabajo le decía que yo no iba porque estaba descompuesta”.
“Después venía, me curaba las heridas que él me hacía, me traía remedios, calmantes para los dolores. Cuando yo me mejoraba, me llevaba otra vez, todo esto bajo amenazas. Me manipulaba, pero yo nunca hice nada porque tenía miedo. Él esa una persona con muchos contactos y sé que tiene armas”, alertó la mujer.
Y detalló que “tengo miedo porque él me amenazó que me iba a meter un tiro y me iba a dejar tirada en el arroyo. Él tiene arma de fuego en la casa. Tengo miedo que él salga y tome represalias hacia mí y me lastime a mis hijos o a mí”.
Por estas horas, la mujer que denunció violencia de género en Garupá vive en base a la colaboración que le brinda los vecinos. En otra ampliación policial dejó asentado que el hombre se llevó una cocina y todas las camas de la casa, por lo cual ahora duerme en un colchón sobre el piso junto a sus hijos.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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