Policiales
Caso Pauluk: Liberarían a los detenidos y anularon las indagatorias
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores revocó la prisión preventiva de la gitana detenida en Córdoba por el crimen del ingeniero en informática Javier Pauluk, ejecutado de un balazo en la cabeza en abril de 2009 en Posadas. Y no sólo eso, también declaró la nulidad de la declaración indagatoria que le tomaron tanto a ella como al otro sospechoso detenido por el caso, el remisero de Oberá Jorge David Martínez (36).
Los magistrados José Alberto López y José Mass coincidieron en que no se acreditó que haya riesgo procesal. Es decir, que no se presentaron argumentos de peso para suponer que en libertad Lola Miguel (39) entorpezca la investigación o intente fugarse.
A Lola Miguel, la gitana detenida en Córdoba la acusan de haber utilizado con otro chip el celular que le robaron a Pauluk el día en que lo asesinaron. Supuestamente activó el aparato poco después del homicidio. En su momento, la defensa de Miguel había pedido la prisión domiciliaria debido al cuadro de anemia que habría sufrido en diciembre y por los dos implantes que tiene en su sistema auditivo y que requieren de cuidados constantes. La solicitud le fue rechazada. En cuanto a la indagatoria, la Cámara consideró que falta la descripción precisa de los hechos de los que se la acusa y de las pruebas que hay en su contra representa una violación al principio constitucional de defensa en juicio.
Los camaristas también decretaron la nulidad de la indagatoria de Martínez y también la de otros sospechosos que en su momento recibieron la falta de mérito. Ahora, todos los interrogatorios deberán ser tomados de nuevo. En el caso de Lola Miguel, tras la nueva indagatoria, sería excarcelada. Martínez, al que también lo acusaban de haber utilizado el celular de Pauluk, no apeló la prisión preventiva. Pero el nuevo escenario podría beneficiarlo para una eventual liberación según Mol.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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