Policiales
Anularon la perpetua a brasileño condenado por matar a machetazos a un peón
La causa por el crimen del peón rural Ángel “Marreco” Márquez (59), asesinado de 47 machetazos en una chacra de Dos Hermanas en 2017, tendrá un capítulo más. El STJ ordenó anular la prisión perpetua impartida contra uno de los acusados por el hecho y el expediente deberá volver al Tribunal Penal Uno de Eldorado para que se dicte una nueva sentencia.
El fallo del Superior Tribunal Justicia (STJ) de la provincia fue firmado el 26 de octubre y alcanza al imputado de nacionalidad brasileña Luis Da Silva Zanella (23), quien permanecerá detenido en la Unidad Penal III de Eldorado a la espera de una nueva resolución.
Da Silva Zanella fue condenado a prisión perpetua el 16 de julio de 2020, luego de un debate oral en el que fue declarado responsable del delito de “homicidio calificado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas”, cometido en perjuicio de un trabajador rural.
En ese mismo debate fue juzgado un presunto cómplice suyo, también brasileño, que como era menor de edad al momento del hecho fue declarado responsable, pero su pena iba a ser impuesta por un tribunal correccional. Un tercer implicado, en tanto, nunca fue hallado.
La sentencia contra Da Silva Zanella fue impartida por el Tribunal Penal Uno de Eldorado, pero la defensora oficial Ana María Mayerhoefer apeló la resolución y eso motivó una revisión del fallo por parte del STJ, el máximo órgano judicial de la provincia, que ahora hizo lugar a la casación planteada.
En su apelación, Mayerhoefer cuestionó varios puntos de la condena. En primer lugar planteó que los elementos de prueba eran insuficientes para llegar a una dictamen condenatorio y, en segundo término, cuestionó la valorización de dos testigos (la madre y un hermano menor del imputado), quienes no fueron localizados para declarar en el debate y sus testimonios dados en etapa de investigación debieron ser incorporados por lectura.
La importancia del testimonio de estos dos testigos radicaba en que, mientras la causa estaba en etapa de investigación policial, ambos declararon que Da Silva Zanella había comentado entre su círculo cercano que tenía planeado cometer un asalto en la chacra que Márquez cuidaba. Incluso, señalaron que después del crimen el imputado y los otros dos involucrados buscaron al hermano de Zanella para que guardara las armas blancas utilizadas en el hecho.
Sin embargo, ninguno de esos dos testigos pudieron ser localizados para que presten declaración en el debate realizado el año pasado, ya que aparentemente ahora residirían en Brasil.
En consecuencia, sus testimonios fueron incorporados por lectura y en la acusación efectuada por la Fiscalía del Tribunal se valorizó el aporte dado en el debate por una mujer policía que recordó cómo había sido el comprometedor diálogo con la familia de Da Silva Zanella.
Bajo estas circunstancias, en su apelación Mayerhoefer apuntó que contra su defendido solamente hay testimonios “indirectos” y que ante la imposibilidad de localizar a los testigos claves no tuvo la oportunidad de confrontarlos con preguntas en el debate, por lo cual se afectó el derecho de defensa.
De esta manera, los camaristas del STJ revisaron la sentencia, analizaron el planteo defensivo y en un fallo dividido (5 votos a 3) ordenaron anular la sentencia y remitir todas las actuaciones para que el Tribunal Penal Uno (muy posiblemente con magistrados subrogantes) dicte un nuevo fallo conforme a los considerandos expuestos en la resolución.
El caso
El crimen de Márquez fue descubierto el 29 de julio de 2017, cuando el dueño de la chacra donde él trabajaba como cuidador en la localidad de Dos Hermanas encontró su cadáver masacrado a machetazos.
El examen de autopsia fue contundente. La víctima presentaba un total de 47 heridas cortantes en el cuerpo: 12 en el cráneo, 11 en la región dorsal, 11 en el tórax, 10 en el brazo derecho, 1 en el brazo izquierdo, 1 en la pierna derecha y 1 en la pierna izquierda.
Como resultado de los machetazos, Márquez además sufrió “destrucción de tabique nasal y de macizo facial”. En otras palabras, estaba desfigurado.
La investigación realizada entonces puso bajo la lupa a tres brasileños que fueron vistos merodeando la chacra y se sostiene que atacaron a Márquez para robarles dinero y armas de fuego.
Dos de ellos, Da Silva Zanella y Rogerio Da Silva Vargas, fueron atrapados justo antes de escapar a Brasil por Bernardo de Irigoyen. Tiempo después fueron alojados en la Unidad Penal III de Eldorado y allí continúan.
Ahora, en virtud del reciente fallo del STJ, el futuro de Da Silva Zanella puede cambiar.
En la antesala al inicio de la sesión extraordinaria a realizarse esta tarde en el Concejo Deliberante de Caraguatay, las oficinas de la dependencia parlamentaria fue objeto de una inspección ocular ordenada por el juzgado que lleva adelante la investigación por la denuncia de abuso sexual que pesa contra el intendente local Mario Peyer.
El procedimiento, que incluye toma de fotografías, labores de planimetría y búsqueda de cámaras de seguridad, fue ordenado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, como una de las tantas medidas que se viene ejecutando desde el miércoles, entre las que se incluye el allanamiento de la oficina y de la casa intendente denunciado, como así también el secuestro de su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
La medida tiene por objetivo dejar asentado dimensiones, características y disposición de inmuebles dentro de las oficinas, a fin de contrastar lo relevado con el testimonio brindado por la denunciante, quien en su declaración ante la Justicia expuso que el 4 de septiembre del año el intendente abusó de ella en una oficina del edificio parlamentario municipal.
Culminado el procedimiento, se prevé que el concejo finalmente de inicio a la sesión extraordinaria convocada para hoy para tratar la situación del alcalde Peyer, quien esta misma mañana solicitó licencia en el caso para ponerse a disposición de la Justicia.
FOTO: EL TERRITORIO
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
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