Policiales
Anularon la perpetua a brasileño condenado por matar a machetazos a un peón
La causa por el crimen del peón rural Ángel “Marreco” Márquez (59), asesinado de 47 machetazos en una chacra de Dos Hermanas en 2017, tendrá un capítulo más. El STJ ordenó anular la prisión perpetua impartida contra uno de los acusados por el hecho y el expediente deberá volver al Tribunal Penal Uno de Eldorado para que se dicte una nueva sentencia.
El fallo del Superior Tribunal Justicia (STJ) de la provincia fue firmado el 26 de octubre y alcanza al imputado de nacionalidad brasileña Luis Da Silva Zanella (23), quien permanecerá detenido en la Unidad Penal III de Eldorado a la espera de una nueva resolución.
Da Silva Zanella fue condenado a prisión perpetua el 16 de julio de 2020, luego de un debate oral en el que fue declarado responsable del delito de “homicidio calificado por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas”, cometido en perjuicio de un trabajador rural.
En ese mismo debate fue juzgado un presunto cómplice suyo, también brasileño, que como era menor de edad al momento del hecho fue declarado responsable, pero su pena iba a ser impuesta por un tribunal correccional. Un tercer implicado, en tanto, nunca fue hallado.
La sentencia contra Da Silva Zanella fue impartida por el Tribunal Penal Uno de Eldorado, pero la defensora oficial Ana María Mayerhoefer apeló la resolución y eso motivó una revisión del fallo por parte del STJ, el máximo órgano judicial de la provincia, que ahora hizo lugar a la casación planteada.
En su apelación, Mayerhoefer cuestionó varios puntos de la condena. En primer lugar planteó que los elementos de prueba eran insuficientes para llegar a una dictamen condenatorio y, en segundo término, cuestionó la valorización de dos testigos (la madre y un hermano menor del imputado), quienes no fueron localizados para declarar en el debate y sus testimonios dados en etapa de investigación debieron ser incorporados por lectura.
La importancia del testimonio de estos dos testigos radicaba en que, mientras la causa estaba en etapa de investigación policial, ambos declararon que Da Silva Zanella había comentado entre su círculo cercano que tenía planeado cometer un asalto en la chacra que Márquez cuidaba. Incluso, señalaron que después del crimen el imputado y los otros dos involucrados buscaron al hermano de Zanella para que guardara las armas blancas utilizadas en el hecho.
Sin embargo, ninguno de esos dos testigos pudieron ser localizados para que presten declaración en el debate realizado el año pasado, ya que aparentemente ahora residirían en Brasil.
En consecuencia, sus testimonios fueron incorporados por lectura y en la acusación efectuada por la Fiscalía del Tribunal se valorizó el aporte dado en el debate por una mujer policía que recordó cómo había sido el comprometedor diálogo con la familia de Da Silva Zanella.
Bajo estas circunstancias, en su apelación Mayerhoefer apuntó que contra su defendido solamente hay testimonios “indirectos” y que ante la imposibilidad de localizar a los testigos claves no tuvo la oportunidad de confrontarlos con preguntas en el debate, por lo cual se afectó el derecho de defensa.
De esta manera, los camaristas del STJ revisaron la sentencia, analizaron el planteo defensivo y en un fallo dividido (5 votos a 3) ordenaron anular la sentencia y remitir todas las actuaciones para que el Tribunal Penal Uno (muy posiblemente con magistrados subrogantes) dicte un nuevo fallo conforme a los considerandos expuestos en la resolución.
El caso
El crimen de Márquez fue descubierto el 29 de julio de 2017, cuando el dueño de la chacra donde él trabajaba como cuidador en la localidad de Dos Hermanas encontró su cadáver masacrado a machetazos.
El examen de autopsia fue contundente. La víctima presentaba un total de 47 heridas cortantes en el cuerpo: 12 en el cráneo, 11 en la región dorsal, 11 en el tórax, 10 en el brazo derecho, 1 en el brazo izquierdo, 1 en la pierna derecha y 1 en la pierna izquierda.
Como resultado de los machetazos, Márquez además sufrió “destrucción de tabique nasal y de macizo facial”. En otras palabras, estaba desfigurado.
La investigación realizada entonces puso bajo la lupa a tres brasileños que fueron vistos merodeando la chacra y se sostiene que atacaron a Márquez para robarles dinero y armas de fuego.
Dos de ellos, Da Silva Zanella y Rogerio Da Silva Vargas, fueron atrapados justo antes de escapar a Brasil por Bernardo de Irigoyen. Tiempo después fueron alojados en la Unidad Penal III de Eldorado y allí continúan.
Ahora, en virtud del reciente fallo del STJ, el futuro de Da Silva Zanella puede cambiar.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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