La Policía detuvo en Puerto Iguazú a un joven de 26 años que a principio de mes había sido denunciado por abusos sexuales reiterados en perjuicio de dos hijastras menores de edad, a quienes además habría grabado durante los vejámenes.

El sospechoso fue identificado como Jonatan F. (26), quien el pasado 8 de agosto fue denunciado por su ex concubina y madre de las víctimas, aunque al enterarse de la acusación escapó hacia Paraguay por un paso clandestino y recién ahora pudo ser capturado.

La detención se concretó en la tarde de ayer, cuando los agentes de la Comisaría de la Mujer dependiente de la Unidad Regional V obtuvieron información que ubicaba nuevamente al sospechoso en territorio misionero, más precisamente en el barrio San Juan de Iguazú, donde finalmente fue detenido.

Al implicado se le incautó un teléfono celular que será sometido a pericias y el detenido quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites.

El sospechoso afronta una severa acusación. La denuncia en su contra fue radicada por su ex concubina, quien acudió a la Policía luego de que sus hijas, de 11 y 15 años, le contaran el calvario que padecían a manos de su padrastro desde hace aproximadamente cuatro años.

Las niñas revelaron que el hombre las abusa sexualmente de manera reiterada, además de realizar grabaciones de los hechos y amenazarlas de muerte para que no contaran lo sucedido.

Después de conocer todo esto, la mujer acudió de inmediato a radicar la denuncia, pero para ese entonces el sospechoso ya había desaparecido de la ciudad.

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La Jefatura de Policía apartó al segundo jefe de la Unidad Regional III de Eldorado, Miguel Alfredo Valenzuela, investigado en una causa judicial cuyos detalles hasta el momento no trascendieron.

Según el comunicado difundido desde la fuerza provincial, el comisario inspector Valenzuela es objeto de una investigación judicial que “continúa bajo reserva”, con medidas de prueba en curso, entre ellas el secuestro de su teléfono celular.

El ahora ex segundo jefe de la UR fue reasignado a la División de Verificación de Automotores y en su reemplazo asumió la comisario inspector Patricia Portillo, quien entró en funciones este mismo lunes.

“Desde la fuerza provincial remarcaron que se trató de un recambio institucional dispuesto mediante los mecanismos administrativos correspondientes, sin que exista medida de detención”, señalaron.

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La Justicia ordenó la detención en Posadas de cuatro pacientes con tuberculosis activa que se niegan a recibir el tratamiento médico y que ya transmitieron la enfermedad a su núcleo familiar, comportamiento que además representar un riesgo sanitario para salud pública y podría configurar un delito que prevé hasta 15 años de prisión.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir La Voz de Misiones, la acción judicial fue motivada a partir de una denuncia radicada por el ministerio de Salud de la provincia, cuyos representantes expusieron la situación que atravesaban con cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) incluidas en el Programa Provincial de Tuberculosis pero que se negaban a ser tratados.

En su denuncia, la cartera de salud puso en conocimiento de la Justicia que las autoridades sanitarias agotaron todas las vías posibles para persuadir a los pacientes, pero no obtuvieron éxito.

La situación se vio agravada al constatarse que los involucrados ya habían transmitido la misma enfermedad a su núcleo familiar, entre los cuales hay menores de edad, lo que derivó en impulsar una acción penal.

“Se ha intentado por vías administrativas y asistenciales reiteradas acciones de concientización, acompañamiento y seguimiento, sin éxito (red de CAPS a través de zona capital). Los pacientes persisten en su actitud rebelde, representando una amenaza concreta y actual para la salud pública y también informar de una paciente con resistencia a medicación que es doblemente grave su situación y en múltiples abandonos”, consigna el documento elaborado por el ministerio.

Detenidos e internados

El caso fue atendido por el fiscal de Instrucción Seis, René Casals, quien entendió que el accionar de los pacientes mencionados podría configurar un delito contemplado por el artículo 202 del Código Penal de la Nación Argentina, que establece penas de entre 3 y 15 años de prisión para quien “propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

Ante esta situación, Casals solicitó el inicio de una investigación, con apertura de una causa penal y en ese marco pidió la detención de los cuatro involucrados para su posterior citación a declaración indagatoria, lo cual fue aceptado por el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas.

Según detallaron las fuentes, las detenciones fueron concretadas en las últimas horas tras un operativo realizado por agentes de la Unidad Regional X y se ordenó la internación de todos ellos en el hospital Baliña para que reciban el cuidado médico correspondiente a cada cuadro. 

También se trabajó en conjunto con la Defensoría del Niño para articular medidas tendientes al resguardo de los menores que están a cargo de los pacientes involucrados.

“La idea no es estigmatizar a los pacientes. Ellos son víctimas de la enfermedad, pero son autores de una irresponsabilidad que pone en riesgo la salud pública y eso es un delito. Es un tema complejo y lo importante es evitar la propagación de una enfermedad contagiosa”, resaltaron las fuentes.

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