“Del análisis del material probatorio incorporado al proceso se desprende que cada uno de los imputados actuó de manera autónoma, haciendo uso individual del equipo y descargando, almacenando y conservando material ilícito sin coordinación funcional ni acuerdo de voluntades entre ellos”, concluye el magistrado Gustavo Bernie, con la adhesión de su par César Yaya, en un apartado del escrito de 146 páginas en el que volcaron los fundamentos de la sentencia que el Tribunal Penal Uno de Posadas dictó contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, condenados a 14 y 12 años de prisión, respectivamente, por delitos asociados a archivos Masi.

Los jueces coincidieron al dar por acreditada la teoría del caso confeccionada por la fiscalía, como así también en desestimar la inimputabilidad de Sebastián Kiczka, sobre quien en un punto consideraron que su auto incriminación era “carente de detalles verificables”, “desprovista de todo respaldo documental o pericial” y constituía “un intento de desviar la imputación penal su propia persona, con el propósito evidente de exonerar a su hermano Germán”.

En el documento se hace un repaso de absolutamente toda la causa, desde el requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal Silvia Barronis hasta todo lo ventilado en el debate oral llevado adelante entre el 31 de marzo y el 16 de abril, para finalmente llegar a las conclusiones finales, con el análisis de las pruebas ponderadas, el marco jurídico imperante y las consideraciones que fueron tenidas en cuenta para alcanzar los montos de pena a aplicar, donde hubo discrepancia con Viviana Cukla, tercera integrante del tribunal.

“Me encuentro en condiciones de afirmar con certeza, que la parte fiscal ha logrado acreditar su hipótesis acusatoria, desvirtuando así la presunción de inocencia que ampara a los acusados”, adelanta Bernie, apenas comienza a desarrollar su extenso voto.

Después de ello, siguiendo el esquema expuesto por los fiscales Martín Rau y Vladimir Glinka, realiza un desglose de cada uno de los dispositivos electrónicos incautados en la investigación, delimitando a quién pertenecía cada cual y qué contenidos fueron encontrados en cada uno de ellos, para luego contraponer toda esa información con las declaraciones defensivas efectuadas por los imputados.

Los jueces César Yaya y Gustavo Bernie votaron coincidentemente; Viviana Cukla discrepó en algunos puntos del fallo.

Dispositivos y “acciones paralelas”

En una de sus consideraciones, el presidente del TP Uno hace especial hincapié en la computadora Acer secuestrada en la casa familiar de los Kiczka, aparato que los fiscales calificaron como “la computadora llave”, ya que fue la prueba madre de todo el resto de la investigación.

“A lo largo del debate, Sebastián incurrió en contradicciones manifiestas, primero señalando -según el informe actuarial de (se reserva nombre de testigo)- que una computadora Acer pertenecía a Germán, para luego declarar ante el tribunal que era suya. Esta actitud procesal, orientada a asumir responsabilidad en forma inconsistente y sin correspondencia con los datos técnicos recabados, disminuye notablemente la credibilidad de sus dichos y los torna jurídicamente ineficaces como descargo válido”, analiza Bernie.

En otro punto, el juez también confronta la versión dada por los acusados sobre un “desconocimiento” sobre el funcionamiento pleno de la aplicación E-mule, herramienta mediante la cual se descargaban y facilitaban gran parte de los 913 archivos Masi detectados en la causa.

“Quedó demostrado que el uso de dicha aplicación no requiere conocimientos informáticos especializados, y que su operatividad resulta accesible incluso para usuarios con habilidades tecnológicas básicas. De este modo, la evidencia visual que proporciona la pestaña de monitoreo del tráfico de archivos -visible en todo momento- permite afirmar, sin hesitación, que los imputados no podían desconocer que el material que descargaban era simultáneamente compartido con otros integrantes de la red”, respondió el magistrado.

Germán Kiczka recibió la mayor pena: 14 años de prisión por tenencia, facilitación y distribución de archivos Masi.

Un punto que marcó diferencia en la condena contra ambos hermanos fue que al ex diputado provincial, además de tenencia y facilitación de archivos Masi, también se le atribuyó un hecho de distribución, mientras que a Sebastián no.

Bernie también se detuvo en ese punto y consideró que “el hecho se presenta como doloso, en tanto Germán Kizcka tenía pleno conocimiento del contenido del archivo -cuya denominación es reveladora- y voluntad de compartirlo a través de un canal de mensajería directa, lo que denota la intencionalidad inequívoca de ponerlo a disposición de un tercero”.

Es en base a todo ese análisis independiente realizado sobre cada dispositivo y sobre cada conducta evidenciada por los imputados que Bernie arriba a la conclusión mencionada al comienzo de esta nota y detalla: “En el caso de Germán Kiczka, se constataron actividades reiteradas en la notebook ACER, notebook Lenovo, teléfono celular Samsung modelo S22 y pendrive identificado como “Fiat”. En el caso de Sebastián Kiczka, se verificó la existencia de archivos ilícitos en la notebook ACER, pendrive marca “Sandisk” y dispositivo óptico “CD 127”.

En tanto que agrega que “a ello se suman patrones de búsqueda diferenciados, rutas de almacenamiento específicas y sesiones de uso separadas, lo que demuestra la existencia de acciones paralelas, pero no concertadas”.

Sebastián e imputabilidad

Sobre la discusión en torno a la salud mental de Sebastián Kiczka, Bernie también fue tajante: “Las pericias psiquiátricas incorporadas en el expediente no concluyen que Sebastián Kiczka padezca una psicosis, un estado de alienación mental o un cuadro de enajenación que haya anulado su capacidad de culpabilidad”.

“Por el contrario, de las constancias del proceso surge que el acusado conservaba su comprensión del injusto y su autodeterminación al momento del hecho. No solo no se acredita un trastorno severo, sino que el comportamiento del imputado revela un accionar planificado, metódico y orientado al ocultamiento del material ilícito, lo que resulta incompatible con cualquier estado de descontrol o falta de comprensión”, refuerza.

Todo ello también se valoró, además de la declaración de la víctima y otras pruebas, para dar por acreditado un hecho de abuso sexual simple de Sebastián contra un adolescente.

De allí Bernie avanza en las consideraciones finales, entre el marco legal, agravantes y atenuantes tenidos en cuenta a la hora de decir la pena final para ambos imputados, todo lo cual contó con la adhesión de César Yaya.

Los jueces consideraron que Sebastián Kiczka intentó desviar la imputación y exonerar a su hermano.

Disidencia

Quien discrepó con parte de las argumentos de sus pares fue Viviana Cukla, quien, por ejemplo, consideró que no correspondía la aplicación del concurso real en los hechos atribuidos a los imputados y valoró contrariamente el estado de salud mental de Sebastián Kiczka.

Sobre el mayor de los hermanos, la magistrada esgrimió que “la prueba rendida en juicio permite concluir que Sebastián Kiczka no contaba con plena capacidad psíquica para dirigir su conducta conforme al derecho” y apuntó que “presenta una parafilia estructural persistente, acompañada de un trastorno de ansiedad severo, con rasgos depresivos, paranoides y esquizotípicos, todos ellos descriptos y fundados técnicamente en la pericia oficial”.

“Esta confluencia de padecimientos clínicos no suprime su imputabilidad, pero sí afecta sustancialmente su culpabilidad, en los términos exigidos por el juicio de reproche penal”, añade y cierra: “Esta circunstancia debe traducirse en una pena reducida, dentro del marco legal previsto, o bien en la adopción de medidas sustitutivas que, junto a la sanción penal, contemplen su abordaje terapéutico”.

Es por ello que Cukla consideró que lo correspondiente eran penas de 8 de prisión para Germán y 6 para Sebastián, aunque por mayoría se impuso la decisión de Bernie y Yaya, quienes se inclinaron por condenas más próximas al pedido de la fiscalía y impusieron 14 y 12 años de cárcel, respectivamente, para los hermanos apostoleños.

FOTO PRINCIPAL: Marcos Otaño – Canal 12.

Los Kiczka y su esquema de archivos Masi, desentrañado por los fiscales

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Un pintor de 23 años cayó esta tarde en un pozo de 20 metros de profundidad mientras trabajaba en una casa de Oberá y fue rescatado por agentes de la Policía de Misiones.

El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre la avenida Tucumán de la Capital del Monte, donde el joven de 23 años trabajaba hasta que, por causas que se intentan esclarecer, se precipitó en un pozo de agua que tenía 20 metros de profundidad.

De inmediato, los testigos de lo sucedido llamaron a la Policía, tras lo cual acudieron al lugar agentes especializados en labores de rescate, quienes tras 15 minutos de intensas labores lograron extraer al muchacho de la cavidad.

Según informó la fuerza provincial, afortunadamente el joven se encuentra fuera de peligro y a pesar de la brusca caída solo sufrió una fractura en su pierna izquierda, lesión que le demandará varias semanas de recuperación.

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Dos posadeños fueron identificados como los autores de una mega estafa por al menos 350.000 dólares perpetrada en Paraná en contra de un anciano de 80 años a quien engañaron bajo la modalidad del cuento del tío y sus inmuebles fueron allanados en las últimas horas, incautándose tres vehículos adquiridos con el dinero malhabido, aunque los implicados continúan en condición de prófugos.

Según pudo reconstruir La Voz de Misiones en base a diversas fuentes consultadas, el hecho se registró hace aproximadamente un mes, en Paraná, donde el damnificado fue un anciano de 80 años a quien los malvivientes engañaron con el relato de una posible devaluación y tras ganar su confianza lo convencieron de dirigirse al banco para extraer el dinero.

Sin embargo, no fue única la víctima, ya que en la caja de seguridad asociada al hombre había ahorros pertenecientes a todo su grupo familiar. La denuncia refiere una pérdida de 350.000 dólares, aunque el total puede superar o hasta duplicar ese monto.

Realizada la denuncia, en el caso comenzó a trabajar el personal la División Delitos Económicos de Entre Ríos, a cargo de la comisario Eliana Galarza, quienes mediante cámaras de vigilancia pudieron identificar el rodado utilizado por los estafadores y de allí avanzaron en sistemas de reconocimiento de fisonomías y entrecruzamiento de datos entre direcciones de IP e impactos de antenas a partir de las pistas obtenidas de las líneas telefónicas usadas por los delincuentes.

Investigadores de Entre Ríos y Misiones trabajan de manera conjunta en el caso.

Posadeños

Los investigadores reconstruyeron entonces que el hecho fue perpetrado por dos sujetos, aunque en primera instancia solo pudieron identificar a uno de ellos, de quien más tarde se supo que era oriundo de Posadas.

Al ahondar en esa pista, descubrieron que el sospechoso ostentaba un crecimiento económico exponencial en redes sociales, mostrando la adquisición de vehículos y otros elementos de gran valor.

De allí se solicitó colaboración a Misiones, donde se activó un trabajo conjunto con los agentes de Cibercrimen de la Policía y con el personal de la flamante Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, labor que no solo permitió ubicar el domicilio de los implicados, sino también identificar al segundo sospechoso, más específicamente al conductor del vehículo con el cual trasladaron a la víctima hacia el banco en Paraná.

Los sospechosos adquirieron tres vehículos con el dinero malhabido: una Hilux, un Vento y un Corolla.

Con toda la información recopilada y arrojada sobre el tapete, los investigadores de ambas provincias dispusieron una serie de procedimientos que comenzaron anoche en Posadas, con intervención de agentes entrerrianos que desembarcaron en la tierra colorada para trabajar en conjunto con los policías locales, tanto de Ciberdelitos como de la Dirección Investigaciones Complejas.

Así fue como anoche los uniformados irrumpieron en dos inmuebles marcados, uno en el barrio Independencia y otro en cercanías al círculo de suboficiales del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).

Uno de esos inmuebles era como un “aguantadero” donde los investigadores incautaron dinero en efectivo, tanto en dólares como en pesos, como así también una Toyota Hilux 0km, un Volkswagen Vento modelo 2024 y un Toyota Corolla modelo 2024, todos adquiridos posteriormente al hecho y valuados en más de 100 millones de pesos.

Sin embargo, ninguno de los sospechosos fue hallado en los operativos ejecutados, ante lo cual se encuentran en condición de prófugos y continúan siendo buscados por la comitiva abocada al caso.

Según detallaron las fuentes, de los dos implicados, uno ya registra amplio prontuario por golpes perpetrados bajo la misma modalidad en Misiones.

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