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Policiales

A Nahir Galarza la aislaron, luego de las fotos en Facebook dentro de la cárcel

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El director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, confirmó que la joven fue “separada preventivamente”. Se inició una investigación interna para determinar cómo llegó a sus manos un teléfono celular

Aunque está prohibido, Nahir Galarza utilizó un celular para subir fotos junto a una compañera de pabellón y actualizar su perfil en las redes sociales. Marcelo Sánchez, director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, confirmó que la reclusa fue sancionada y se decidió su “separación preventiva”.

En las últimas horas, la joven de 20 años, que cumple una condena a prisión perpetua por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo, escribió en su muro de Facebook: “Creen saber lo que nos pasó porque conocen nuestra condena (social) pero no nuestra historia. Hablar van a hablar igual…”.

Junto al críptico mensaje, Galarza subió cuatro fotos que muestran cómo pasa sus días en la Unidad Penal 6 de Concepción Arenal. Y firmó el posteo con sus iniciales y las de su compañera de pabellón: SL.

En una de las imágenes, la otra mujer posa haciendo el inconfundible gesto de empuñar un arma. “Mi hermana de otra vidaaaa (y cuatro corazones)”, fue el mensaje de Nahir.

Las publicaciones fueron detectadas por la división de informática que descubrió el uso ilegal de telefonía celular dentro del penal y al ingresar al perfil de la red social utilizada, comprobó que se trataba del de Galarza.

En la Unidad Penal 6 de Concepción Arenal, los reclusos no pueden ni tener ni usar celular, está vedado por las reglamentaciones internas. “Los detenidos tienen prohibido el uso de telefonía celular”, explicó Sánchez y confirmó que la joven fue “separada preventivamente” y alojada en un calabozo.

El abogado de Galarza presentó una queja con el argumento de que otras internas también suelen subir fotos a las redes sociales sin ser castigadas.

Además, el responsable del penal adelantó que se inició una investigación interna para determinar cómo llegó a manos de Galarza el teléfono. “Trabajamos para determinar la responsabilidad o no del personal que tiene a su cargo la supervisión diaria de la joven”, precisó.

Finalmente, Sánchez habló sobre el comportamiento de Galarza dentro del penal. “Ella actúa dentro de los parámetros normales, con altibajos que dejan entrever una no adecuación al 100% de las reglamentaciones internas”.

El crimen de Pastorizzo ocurrió entre las 5:10 y 5:15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando el joven fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.

Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo que había visto a su ex novio la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado pero que había sido de manera “accidental”.

La estrategia defensista apuntó a demostrar que Galarza y Pastorizzo no habían tenido una relación de noviazgo y que la joven había sido víctima de violencia de género, aunque durante el juicio no se logró comprobar ninguna de esas hipótesis.

Finalmente, el 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú integrado por Mauricio Derudi, Arturo Dumón y Alicia Vivian, condenó por unanimidad a Galarza a prisión perpetua por considerar que “ha quedado destruida la hipótesis de la defensa de que los disparos se produjeron de manera involuntaria”.

Judiciales

Acusado de abuso fue absuelto en 2022 y ahora condenado a 12 años de cárcel

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Tras la anulación del fallo que dispuso su absolución por el beneficio de la duda en 2022, el Tribunal Penal Uno de Posadas realizó un nuevo debate oral contra el hijo de una ex funcionaria provincial acusado de abusos sexuales en perjuicio de una hija menor de edad y esta tarde lo condenó a una pena de 12 años de prisión efectiva.

La nueva sentencia fue dictada esta tarde, después de una extensa jornada de alegatos y después de varias audiencias de debate que incluyeron sucesivos cambios de defensa e incluso registró un faltazo del imputado, que luego argumentó haberse internado en una clínica de salud mental pero terminó siendo detenido.

El implicado se trata de J. R. G. -hijo de una ex funcionaria del Iprodha- quien en 2013 fue denunciado por abusos contra una hija de 5 años en ese entonces, causa que en 2022 llegó a debate oral y resultó absuelto por el beneficio de la duda, aunque ese fallo, dictado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al entender que hubo una errónea valoración de la prueba.

De esta manera, se ordenó la realización de un nuevo proceso oral que arrancó semanas atrás frente a un tribunal integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, ambos subrogantes.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Vladimir Glinka, en tanto que como querellante particular volvió a participar el letrado Hugo Zapana, quienes hoy coincidieron al solicitar una pena de 16 años de prisión para el implicado.

Al comienzo del debate el imputado contó con la defensa de Eduardo Paredes, Mauricio Vergara y Florencia Romero, aunque uno a uno fueron renunciando, lo que derivó en demoras en la continuidad del proceso.

Finalmente, este martes el imputado -su identidad completa no se revela para no revictimizar a la víctima- contó con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli, quienes insistieron en absolución del imputado o en forma subsidiaria solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso por abuso simple.

Después de una larga deliberación, los jueces decidieron condenar a Ramos a la pena de 12 años de prisión efectiva como penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, dos hechos, en concurso real”.

El ahora condenado continuará privado de su libertad en una celda de la comisaría Cuarta de Posadas, hasta tanto el mismo tribunal analice un pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Los fundamentos de la nueva sentencia se conocerán el 26 de marzo.

El STJ anuló sentencia que absolvió a imputado por abuso en Posadas

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Policiales

Itaembé Miní: denuncian que tres jóvenes abusaron de un hombre con discapacidad

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Una mujer del barrio Itaembé Miní de Posadas denunció que tres hombres abusaron sexualmente de un vecino con discapacidad mental y por el hecho hay dos detenidos, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, todo comenzó este mismo martes, cuando una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de la zona y denunció que un hombre de 40 años fue víctima de un presunto ataque sexual perpetrado por otros tres vecinos identificados como Matías, Maxi y Wana.

La denunciante añadió que la víctima presenta un grado de discapacidad mental y se negaba a dialogar sobre lo sucedido.

Recibida la denuncia, los efectivos avanzaron en la investigación del caso y en ese marco demoraron a dos de los sujetos apuntados, quienes ahora quedaron alojados en la Unidad Regional X, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.

La víctima, en tanto, fue trasladado esta mañana al Cuerpo Médico Forense, donde iba a ser sometido a los correspondientes exámenes para constatar la veracidad de lo denunciando.

Desde la Policía además añadieron que las labores continúan a fin de ubicar al tercer sujeto denunciado.

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Policiales

Desbaratan tercer Último Primer Día en menos de una semana en Eldorado

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Tal como ocurrió el pasado miércoles sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6, con la presencia de al menos 40 menores y ayer sobre el kilómetro 7, en la madrugada de hoy la Policía de Misiones desbarató una nueva fiesta clandestina protagonizada por al menos 50 jóvenes que celebraban el Último Primer Día (UPD) sobre calle Asunción del kilómetro 10. 

Un llamado al 911 permitió la intervención de los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera de la Unidad Regional III, alrededor de las 3,30 de este martes, en una vivienda particular, donde identificaron a al menos 50 estudiantes secundarios y la presencia de bebidas alcohólicas que habrían sido consumidas por varios de ellos. 

En este contexto, el personal policial procedió a despejar las sustancias del inmueble, cuya propietaria de 37 años de edad manifestó que no contaba con habilitación para la realización de eventos ni para el expendio de bebidas alcohólicas. 

Asimismo, en el sitio se hallaban algunos padres que acudieron a retirar a sus hijos, quienes en su mayoría manifestaron no ser responsables de la organización del encuentro.

Ante la situación, los efectivos notificaron a la propietaria sobre la normativa vigente, procedieron a identificar a los estudiantes presentes y labraron el acta de procedimiento correspondiente, tras lo cual se dispuso el despeje del lugar.

Antecedentes

El pasado 4 de marzo, una fiesta de similares características, conocida como UPD fue desactivada en un complejo ubicado sobre calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6 de esa ciudad. 

En el lugar se encontraban cerca de 40 jóvenes, varios vehículos y los uniformados lograron constatar que la actividad se desarrolló sin la correspondiente habilitación.

Ante esta situación, dispusieron la clausura preventiva del predio en el marco de la Ordenanza 137/24, además del despeje total del lugar. 

En tanto, este lunes en horas de la madrugada, se registró otro evento en un complejo de Eldorado, donde se realizó un encuentro de estudiantes sin habilitación y con consumo de bebidas alcohólicas por parte de varios menores.

El procedimiento se concretó cerca de las 2:45 en un predio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 7.

Durante recorridas de prevención, los efectivos detectaron el encuentro irregular y constataron la presencia de aproximadamente 50 estudiantes, quienes celebraban el tradicional evento previo al inicio del último año escolar.

Ante esta situación, el personal policial procedió a notificar a la responsable sobre la vigencia de la Ordenanza 137/24 y labraron el acta correspondiente por la infracción detectada.

 

 

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