Policiales
A Nahir Galarza la aislaron, luego de las fotos en Facebook dentro de la cárcel
El director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, confirmó que la joven fue “separada preventivamente”. Se inició una investigación interna para determinar cómo llegó a sus manos un teléfono celular
Aunque está prohibido, Nahir Galarza utilizó un celular para subir fotos junto a una compañera de pabellón y actualizar su perfil en las redes sociales. Marcelo Sánchez, director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, confirmó que la reclusa fue sancionada y se decidió su “separación preventiva”.
En las últimas horas, la joven de 20 años, que cumple una condena a prisión perpetua por el asesinato de su novio Fernando Pastorizzo, escribió en su muro de Facebook: “Creen saber lo que nos pasó porque conocen nuestra condena (social) pero no nuestra historia. Hablar van a hablar igual…”.
Junto al críptico mensaje, Galarza subió cuatro fotos que muestran cómo pasa sus días en la Unidad Penal 6 de Concepción Arenal. Y firmó el posteo con sus iniciales y las de su compañera de pabellón: SL.
En una de las imágenes, la otra mujer posa haciendo el inconfundible gesto de empuñar un arma. “Mi hermana de otra vidaaaa (y cuatro corazones)”, fue el mensaje de Nahir.
Las publicaciones fueron detectadas por la división de informática que descubrió el uso ilegal de telefonía celular dentro del penal y al ingresar al perfil de la red social utilizada, comprobó que se trataba del de Galarza.
En la Unidad Penal 6 de Concepción Arenal, los reclusos no pueden ni tener ni usar celular, está vedado por las reglamentaciones internas. “Los detenidos tienen prohibido el uso de telefonía celular”, explicó Sánchez y confirmó que la joven fue “separada preventivamente” y alojada en un calabozo.
El abogado de Galarza presentó una queja con el argumento de que otras internas también suelen subir fotos a las redes sociales sin ser castigadas.
Además, el responsable del penal adelantó que se inició una investigación interna para determinar cómo llegó a manos de Galarza el teléfono. “Trabajamos para determinar la responsabilidad o no del personal que tiene a su cargo la supervisión diaria de la joven”, precisó.
Finalmente, Sánchez habló sobre el comportamiento de Galarza dentro del penal. “Ella actúa dentro de los parámetros normales, con altibajos que dejan entrever una no adecuación al 100% de las reglamentaciones internas”.
El crimen de Pastorizzo ocurrió entre las 5:10 y 5:15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando el joven fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.
Inicialmente, al declarar como testigo, Galarza dijo que había visto a su ex novio la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado pero que había sido de manera “accidental”.
La estrategia defensista apuntó a demostrar que Galarza y Pastorizzo no habían tenido una relación de noviazgo y que la joven había sido víctima de violencia de género, aunque durante el juicio no se logró comprobar ninguna de esas hipótesis.
Finalmente, el 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú integrado por Mauricio Derudi, Arturo Dumón y Alicia Vivian, condenó por unanimidad a Galarza a prisión perpetua por considerar que “ha quedado destruida la hipótesis de la defensa de que los disparos se produjeron de manera involuntaria”.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
Ezequiel Arnold, de 17 años, se encontraba internado en estado crítico en Oberá tras protagonizar un siniestro vial el lunes 9 de marzo sobre la ruta 103, a unos tres kilómetros del acceso a la localidad de Mártires.
Ese día, el joven se desplazaba en horas de la siesta a bordo de una motocicleta Honda Titan 150 cc. cuando colisionó contra la parte posterior de una camioneta Chevrolet S10, propiedad de Saúl Humberto P. de 53 años de edad.
Por causas que son materia de investigación, el radado menor impactó contra la parte trasera de la camioneta y a raíz del fuerte impacto Ezequiel fue trasladado de urgencia al Hospital Samic de Oberá, donde permaneció internado durante dos días en el sector de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.
Finalmente, a las 19:50 de este miércoles se confirmó su fallecimiento. Según consta el informe del médico policial, la causa del deceso fueron traumatismos y fracturas graves en la cabeza y pierna derecha, colapso pulmonar, entre otras lesiones.
El magistrado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a los familiares para su velatorio e inhumación, mientras que las actuaciones judiciales continúan para determinar las circunstancias del siniestro.
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
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