Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

Vivimos días signados por una aceleración que marea. Quienes habitamos este territorio, una cuña estratégica adentrada en el corazón del Mercosur, rodeada en un noventa por ciento de su perímetro por fronteras internacionales y flanqueada por la principal vía navegable de la región, nos encontramos ante un cambio de era que se percibe disruptivo, revolucionario y, por momentos, sísmico. La crisis nacional es severa, y frente al teatro de sombras de la inmediatez y las emociones paralizantes que genera la coyuntura, los habitantes de Misiones nos debemos una discusión seria para planificar el futuro, con los números sobre la mesa. Es una obligación ético-cívica que sobrevuela las internas partidarias y la política de cartelería de vanidades. No hay margen para la distracción menor.

Para interpretar este escenario complejo, resulta imperativo rescatar herramientas teóricas basadas en hechos concretos, que funcionen como una guía válida frente al asedio histórico y los vaivenes que impone el puerto de Buenos Aires. En esta misma columna, alguna vez, escribí sobre el Realismo Periférico y su autor, Carlos Andrés Escudé, una eminencia de las relaciones internacionales, intelectual formado en las universidades de Oxford y Yale; tuve el honor de formarme bajo su tutela directa en mis tiempos de estudiante en las aulas universitarias y estudié minuciosamente su obra.

Su formulación del Realismo Periférico no es más que prudencia y sentido común; es, fundamentalmente, disminución de costos innecesarios y control de daños. No representa una fórmula rígida respecto a lo que no hay que hacer, sino un llamado descarnado al pragmatismo. “La única política exterior moral es aquella que reduce costos y riesgos de costos eventuales, maximiza beneficios y, por sobre todo, atrae inversiones y baja las tasas de riesgo país”, escribió Escudé. El profesor solía repetir en sus clases que el Realismo Periférico es compatible con cualquier modelo, ya sea liberal, proteccionista o incluso marxista. Lo que exige es racionalidad factual.

Trasladado a nuestra escala local, Misiones debe asumir este realismo de manera urgente. A fines del siglo pasado, el Cantón se encontraba empobrecido, vulnerable, endeudado, dependiente y poco relevante en el escenario político del país. Sus diputados y senadores eran más proclives a votar lo que pedían las cúpulas de sus partidos tradicionales en Buenos Aires, y el interés del conjunto quedaba relegado a un lejano segundo lugar. Esa vieja política del sometimiento a las estructuras nacionales ha demostrado su obsolescencia. La verdadera autonomía de un territorio periférico es, en esencia, su capacidad de negociación, la cual se consigue a través de una abstención de su consumo, lo que equivale a la eliminación de confrontaciones estériles que no están directamente vinculadas a nuestro interés vital. No podemos discutir ni gastar capacidad de negociación en batallas ajenas. El poder central solo escucha cuando se le confronta con datos empíricos y realidades de mercado que afectan sus propias variables.

¿Cómo se construye esa capacidad de negociación en el siglo XXI? La respuesta está en la densidad conceptual. Estuve leyendo el preámbulo y una declaración de principios del nuevo espacio Encuentro Misionero. Interesante, de base indiscutible. Sin embargo, la ciudadanía necesita un proyecto de provincia a mediano y a largo plazo que traduzca esos enunciados en políticas de Estado verificables. Para que los principios tengan un destino real y no queden reducidos a promesas de coyuntura, resulta imperativo movilizar y organizar de manera lúcida nuestra mayor riqueza: la materia gris.

Ustedes imagínense un centro de estudios ordenador, una usina de ideas independiente de las estructuras partidarias, concebida como un espacio de inteligencia aplicada y rigor empírico. Un espacio con capacidad operativa para que los mejores especialistas, académicos y profesionales independientes de la sociedad puedan contribuir con soluciones basadas desde el pensamiento crítico y la seriedad de propósito.

Esta necesidad se vuelve acuciante cuando calibramos los desafíos globales que se nos vienen encima. A principios de los años 70, el académico Alvin Toffler irrumpió con un libro titulado Future Shock. En sus páginas de apertura, el autor advertía con lucidez: “Este libro versa sobre el cambio y sobre la manera de adaptarnos a él. Trata de los que parecen medrar con el cambio y flotan alegremente en sus olas, así como las multitudes que le resisten o tratan de evadirse de él. Trata de nuestra capacidad de adaptación. Trata del futuro y del shock inherente a su llegada”. Para Toffler, el shock del futuro se podía prevenir, pero señalaba con firmeza que para que eso suceda “será necesaria una drástica acción social e incluso política”, porque “la sociedad, como conjunto, se verá arrastrada por el remolino, a menos que consigamos hacernos del control del impulso acelerador”. Hace más de cincuenta años advertía sobre la necesidad de domesticar la tecnología, y el cambio vertiginoso requiere método, no consignas de barricada.

Misiones se debe preparar para el shock del futuro; por eso, tal como lo afirmó Toffler en su obra, lo que necesitamos es una nueva visión revolucionaria para determinar los objetivos. La provincia cuenta con activos geoestratégicos que no son meros paisajes contemplativos, sino capitales críticos para las próximas décadas. El territorio se encuentra montado sobre el Sistema Acuífero Guaraní, uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del planeta —un recurso vital de seguridad global—, y sus montes y bosques custodian más del 52% de la biodiversidad total del país en apenas el 0,6% de la superficie nacional. Nuestra selva y nuestros ríos brindan servicios ecosistémicos indispensables a toda la cuenca continental.

El Realismo Periférico nos exige traducir este valor geográfico y ambiental en un argumento de negociación técnico y científico inapelable. Exigir un esquema fiscal de frontera, regímenes impositivos diferenciales —emulando modelos internacionales exitosos de estados federados o regiones ultraperiféricas— o la compensación por la custodia ecológica no debe plantearse desde la retórica del reclamo andrajoso, sino como una ecuación econométrica cerrada.

Para dar un paso diferencial, el nuevo proyecto, Encuentro Misionero –que surge de la evolución del Frente Renovador tras el aceleracionismo implosivo de la Neo y el Blend–, necesita la creación de una usina de pensamiento ciudadana como brazo técnico indispensable para elaborar esos modelos matemáticos, superar el bombardeo desinformativo y mitigar los sesgos cognitivos de la inmediatez que nublan el raciocinio.

Como un ciudadano más, legítimamente interesado en la cosa pública —en la auténtica res publica—, considero que dotar a la provincia de este sustento conceptual es el paso indispensable para una reforma que apunte a un Estado moderno con políticas de desarrollo a largo plazo.

Para que Encuentro Misionero pueda poner al nuevo gobernador, primero debe generar un nuevo pacto social. Hay una comunidad que exige pasar del análisis estratégico al trabajo táctico sobre el terreno. El futuro no se espera; se planifica con método científico, audacia y la cabeza fría. La mesa está servida, los números esperan y el impulso acelerador de la historia no va a detenerse a esperarnos.

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Luis M. Pastori

En la Tierra Sin Mal las necesidades políticas demuelen las instituciones, tal el caso del régimen electoral  provincial y su manejo arbitrario y a discreción por parte de las mayorías partidarias del peronismo en  los ’90 y de la Renovación en los últimos 23 años.

Para muestra, bastan estos cinco botones.

I – La “Ley de Lemas” 

Aprobada en 1991, las elecciones municipales para elegir intendente y concejales se rigen en Misiones  por este estrafalario esperpento que permite “bellezas” tales como:

1. Viola el principio constitucional del “voto directo” (Art. 48 inc. 2 de la C.P.) ya que -recordemos- la ley  de lemas es la consagración del voto indirecto que prohíbe nuestra Constitución ;
2. Viol el principio de la elección del intendente por “simple pluralidad de sufragios” (Art. 163 C.P), ya  que obtener el mayor número de votos en los comicios no asegura ganar las elecciones, al prevalecer la  sumatoria de los votos de los sublemas;

iii. Permite presentar un número infinito de sublemas por partido o frente, ya que los mismos afiliados  que avalan a un sublema pueden también avalar a cuantos otros se les ocurra, conforme una grotesca  interpretación del Tribunal Electoral. Obviamente, el resultado son mesas forradas con boletas de  candidatos mayormente desconocidos y que generan gran confusión en el elector.

1. Ahora resulta que en “la previa” a las sesiones ordinarias -lugar desde donde se comunican todas las  cuestiones de antemano decididas por el “conductor”-, nos enteramos que se propiciará una  modificación limitando a cuatro sublemas por partido o frente.

Me hace acordar la expresión de un amigo al que cuando le preguntaba como andaba, respondía “… no  hay peligro de mejorar”.

Este lavado de imagen pretende presentar algo perverso, tramposo e inconstitucional como positivo  mediante una limpieza circunstancial. No cambia en absoluto su esencia sino que edulcora su apariencia.  La Ley de Lemas, aún “mejorada” seguirá siendo malvada, injusta e inconstitucional.

Es decir, “no hay peligro de mejorar”

II – La cobertura de bancas: el caso Karen Fiege

Nuestra Constitución establece en su Art. 84 “in fine” que: “Las vacantes no serán cubiertas cuando  faltare menos de un año para el término del período correspondiente, a menos que alcancen a la quinta  parte del total de la Legislatura”.

Sin embargo, la legisladora renovadora Karen Fiege renunció a su banca en fecha 24 de enero de 2025  con mandato vigente hasta el 10 de diciembre, es decir a menos de un año para completarlo.

Pero en sesión del 8/5/25 asumió en su reemplazo para completar el período (menor a un año) la Sra.  Nancy Unfhurer. ¿La Constitución?: bien, gracias.

“Cosas de Misiones, La Hermosa” diría el recordado Chiquito Sánchez Ratti (googlear).

III- La representación de las minorías 

A esta altura, nuestra maltratada Constitución también dice en su Art. 48 inc. 5) que: “el sistema electoral  que regirá para la integración de los cuerpos colegiados deberá conceder, bajo pena de nulidad,  representación a la minoría o minorías, que no podrá ser inferior al tercio del total”.

Sin embargo, y en otra interpretación reñida con las matemáticas de nuestro Tribunal Electoral, varios  concejos deliberantes en la Provincia que cuentan con cinco (5) o con (7) miembros, tienen solamente a  un (1) representante por la minoría. Para nuestros jueces un tercio de 5 y un tercio de 7 equivalen a 1.

“¿Qué resultado querés que te de? ”

IV – EL VO.CO.MI (boleta electrónica) 

El llamado “Voto Codificado Misiones” (VO.CO.MI.) consiste en la emisión del sufragio y el escrutinio por  medios electrónicos.

Aprobado por Ley XI N° 6 (Art. 183), fue presentado a los partidos políticos el 17 de junio de 2013,  diciendo que su puesta en funcionamiento en modo experimental iba a ser en 5 mesas de la Escuela  Santa Catalina de la ciudad de Posadas en las elecciones de dicho año, para luego ir gradualmente  extendiendo al resto de las mesas de toda la provincia.

A partir de entonces, este mecanismo ha sido utilizado en todas las elecciones provinciales realizadas,  vale decirlo con éxito y sin inconvenientes ni reclamos. Pero (lástima que siempre hay un pero) siempre  en carácter de prueba circunscripta a algunas pocas mesas o a algún municipio, particularmente en  Candelaria.

¡13 años después de ser presentado!, el VO.CO.MI sigue limitado a unas pocas mesas en algún municipio. Viene medio lerdo el proceso de generalización, ¿no?

V – La “Ficha Limpia” 

Como frutilla del postre, un proyecto del oficialismo propone instalar la “ficha limpia a la misionera”,  utilizando un fin loable para que el poder político termine manejando la decisión de quienes podrán ser  candidatos y quienes no. Una estrategia de fachada noble y letra chica proscriptiva. Un verdadero  “Caballo de Troya” legislativo, utilizado como un arma política decorada con un discurso moral de  “pureza institucional”. Además, este es un proyecto que “viene con dedicatoria”

Trata de acorralar a los legisladores en el sentido que, si votan a favor aprueban las trampas perversas,  pero si votan en contra serán acusados de estar a favor de los corruptos.

Conclusión

En síntesis: en la Tierra Sin mal tenemos un Régimen Electoral “hecho pelota”, emparchado, toqueteado y manoseado, armado a pedir del oficialismo y sus necesidades de cada momento, indigno de más de  un millón de electores misioneros que nos merecemos respeto y consideración.

Cr. Luis Pastori -Diputado Provincial (M.C.) y Diputado Nacional (M.C.)

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Héctor Julio Franco 

Abogado

Durante años creímos que la tecnología sería simplemente una herramienta  destinada a facilitarnos la vida. Y en muchos aspectos así ocurrió. Hoy podemos  comunicarnos instantáneamente, realizar trámites desde nuestros hogares, acceder  a información ilimitada y resolver en minutos cuestiones que antes demandaban días  enteros.

Pero silenciosamente sucedió algo más profundo.

La tecnología dejó de ser solamente una herramienta para convertirse en una  condición casi obligatoria de existencia social.

Actualmente, una persona que no posee smartphone, que no utiliza aplicaciones  móviles, que rechaza sistemas biométricos o que simplemente desea limitar el uso  de ciertas tecnologías, comienza lentamente a quedar excluida de aspectos esenciales  de la vida cotidiana.

Para validar una compra bancaria se exige un código enviado al teléfono. Para  solicitar un préstamo se obliga al reconocimiento facial. Para trabajar se presupone  disponibilidad digital permanente. Para acceder a servicios públicos se requieren  aplicaciones móviles.

Incluso para acreditar la propia identidad muchas veces ya no alcanza con la  presencia física ni con la documentación legal tradicional.

La situación genera una paradoja inquietante: una persona puede existir  jurídicamente, tener dinero, capacidad legal, documentos válidos y presencia física…  y aun así ser tratada por el sistema como operativamente inexistente por no disponer  de determinada tecnología.

Nadie votó esta transformación.

Ninguna sociedad decidió democráticamente que el acceso pleno a derechos básicos  quedaría condicionado al uso obligatorio de dispositivos digitales.

Simplemente ocurrió.

La comodidad tecnológica fue desplazando lentamente todas las alternativas  humanas, presenciales y analógicas, hasta convertirlas en excepciones cada vez más  difíciles de encontrar.

Y aquí aparece una discusión que tarde o temprano deberá darse: ¿puede una  sociedad considerarse verdaderamente libre si obliga indirectamente a sus  ciudadanos a vivir permanentemente conectados para poder participar plenamente  de la vida económica y social?

Porque el problema ya no es solamente tecnológico.

Es profundamente humano.

El celular como obligación social encubierta

Hoy resulta extremadamente difícil: conseguir empleo, operar bancariamente,

estudiar, validar identidad, sostener relaciones laborales, realizar trámites, o incluso  integrarse socialmente, sin poseer un teléfono inteligente conectado de manera  permanente.

El smartphone dejó de ser un simple medio de comunicación.

Se convirtió en: herramienta de geolocalización constante, llave de acceso financiero,

sistema de autenticación biométrica, medio de trazabilidad conductual, registrador  de hábitos, y mecanismo de recopilación masiva de datos personales.

Cada desplazamiento, compra, búsqueda o interacción deja rastros digitales.

Y aunque muchas personas aceptan voluntariamente ese intercambio entre  comodidad y privacidad, el verdadero problema aparece cuando deja de existir una  alternativa real.

Porque la libertad no consiste únicamente en poder usar tecnología. También implica conservar el derecho a limitarla.

Una persona debería poder optar por: utilizar un teléfono básico, evitar sistemas  biométricos, limitar su exposición digital, o incluso prescindir parcialmente del  smartphone, sin sufrir por ello exclusión financiera, laboral, educativa o estatal.

De lo contrario, la tecnología deja de ser una herramienta opcional y comienza a  transformarse en una obligación social encubierta.

Antecedentes normativos y doctrinarios 

Aunque todavía no existe un reconocimiento expreso de un “derecho a no usar  tecnología”, distintos sistemas jurídicos del mundo ya comenzaron a advertir los  riesgos de la hiperconectividad y la dependencia digital.

En Europa surgió el llamado “derecho a la desconexión”, inicialmente vinculado al  ámbito laboral. Francia fue pionera con la Ley Nº 2016-1088, conocida como “Loi  Travail”, que incorporó al Código de Trabajo francés el derecho de los trabajadores  a desconectarse de dispositivos digitales fuera del horario laboral.

Posteriormente España, Italia y otros países europeos avanzaron en regulaciones  similares destinadas a limitar la hiperconectividad y proteger la vida privada de las  personas frente al uso permanente de herramientas digitales.

La propia Unión Europea comenzó además a desarrollar principios vinculados a:

privacidad digital, soberanía tecnológica, límites a decisiones automatizadas, protección frente al tratamiento masivo de datos, y necesidad de preservar derechos  humanos en entornos digitales.

Incluso comenzaron a surgir trabajos académicos que hablan expresamente del:

“derecho a no usar Internet” como derivación moderna de la autonomía personal y  de la libertad individual.

En Argentina también existen antecedentes parciales.

La Ley 27.555 de teletrabajo incorporó el derecho a la desconexión digital,  reconociendo que la hiperconectividad permanente puede afectar derechos  fundamentales de los trabajadores.

Asimismo, la Constitución Nacional y la legislación sobre protección de datos  personales reconocen principios de privacidad, autodeterminación informativa e  intimidad que pueden servir como fundamento constitucional para futuras  discusiones sobre límites a la obligatoriedad tecnológica.

Hacia un nuevo derecho humano contemporáneo 

Quizás el desafío del futuro no consista solamente en garantizar acceso digital.

Quizás también debamos garantizar el derecho humano a conservar espacios de vida  no digitalizados.

Porque la verdadera libertad tecnológica no consiste únicamente en poder  conectarse.

Consiste también en conservar el derecho a no depender absolutamente de la  tecnología para seguir siendo parte de la sociedad.

Tal vez haya llegado el momento de comenzar a discutir un nuevo principio jurídico: el derecho a no ser excluido por el no uso de tecnología.

Un derecho que garantice: alternativas presenciales, atención humana, validaciones  no biométricas, acceso offline a servicios esenciales y la posibilidad real de vivir  parcialmente fuera del ecosistema digital sin perder ciudadanía efectiva.

Porque cuando una tecnología se vuelve indispensable para ejercer derechos básicos,  deja de ser solamente una herramienta. Y comienza a convertirse en una estructura  de poder.

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