Opinión
Tarifazo energético en Misiones
Por: Javier Mela
En varias oportunidades abordamos la crisis energética que atraviesa nuestra provincia en su conjunto, es tiempo de abordar y desmenuzar el tema central: tarifas de enorme importancia para los usuarios y de gran impacto socioeconómico.
Los datos encontrados en una búsqueda realizada en los cuadros tarifarios de las provincias del NEA nos muestran que la provincia de Misiones está sometida a tarifas que casi duplican el valor con el resto, además verificamos que sufrimos aumentos mensuales, mientras el resto tiene ajustes trimestrales.
Está situación abusiva que enfrentamos los misioneros y que ya en varias oportunidades denunciamos, fue noticia el día 23 de enero de 2025, cuando un conocido medio provincial publicó en su página web una nota que reproduce la nota publicada en el portal Iprofesional, titulada “Fuerte dispersión en las tarifas: cuáles son las provincias que más pagan por la luz y por qué”, que presenta el estudio realizado por Alejandro Enisstos y su equipo.
En este estudio la provincia de Misiones, y la empresa provincial de energía, someten a los ciudadanos a la quinta tarifa más alta del país para la categoría sin subsidio. Quedando entre las 10 más baratas para las categorías con subsidio.
A esta situación, el día 1 de febrero de 2025, el mismo diario digital de la provincia de Misiones publica una nota donde la secretaria de Energía de la Nación anuncia la quita de subsidios de 71% a 65% para la categoría N2 (bajos ingresos) y una quita de 60% a 55% para la categoría N3 (ingresos medios).
La quita de subsidios es algo que todos esperábamos a sabiendas de que la situación generada por los gobiernos kirchneristas no era sostenible, y de que el presidente Milei lo aclaró en cada oportunidad que tuvo durante su campaña.
Ahora bien, una cosa son las quitas de subsidios y otra es el elevado precio de la energía. Los misioneros somos los principales afectados por las consecuencias de la principal obra energética del país, y a pesar de sufrir las consecuencias y de estar a 90 km de la principal central generadora del país, tenemos la energía más cara y una de las de peor calidad del país.
Las familias de la provincia sufren los constantes aumentos y quitas de subsidios. No podemos olvidar que un porcentaje elevado de población económicamente activa trabaja en la administración pública provincial y municipal, y tienen los salarios más bajos del país. Las familias consideradas de altos ingresos ya pagan la energía a precios de los más caros del país, y las de ingresos medios y bajos están llegando mes a mes a este valor.
Pero hay algo que es también muy importante y no podemos olvidar: ¿Qué tarifa pagan nuestros industriales y comerciantes?
La energía pagada por quienes son los “generadores de riqueza” de la provincia hace mucho tiempo está muy por arriba de la media nacional, y no podemos olvidar que a esto se le suma la ridícula presión fiscal a la que son sometidos en la provincia los que intentan producir.
Los misioneros venimos experimentando aumentos desde el mes de octubre de 2023, que no se corresponden con los aumentos establecidos por Nación. La figura abajo nos muestra como los aumentos provinciales no llevan una relación con los aumentos nacionales, y muestran el descontrol y fracaso del modelo energético provincial.
¿Todo esto nos lleva a plantear el interrogatorio de qué está pasando en Misiones? No podemos dejar de recordar que vivimos los últimos peores 25 años en materia energética de la provincia, donde la falta de planificación e inversión llevaron al sistema eléctrico al borde del colapso. En los últimos ocho años la provincia recibió como ayuda de emergencia la instalación de grupos generadores Diesel, conocidos como grupos delivery. Además, que en los dos últimos dos años recibimos en misiones dos instalaciones nuevas de generadores Diesel (con los contaminantes e ineficientes).
Estos generadores se abastecían con combustible “gratuito” recibido desde ENARSA, pero es de público conocimiento que ENARSA y CAMMESA no están cumpliendo con sus contratos y que ENARSA desde octubre de 2023 no entrega combustible a Misiones, punto que coincide con los primeros aumentos de tarifa.
La pregunta es: ¿la provincia verde está cobrando a sus ciudadanos la tarifa más cara del país para financiar la fiesta de despilfarro para sustentar caprichos energéticos y de los otros?
Como última reflexión agregamos una particularidad en materia Defensa del Consumidor (derechos incorporados por la reforma de la Constitución Nacional del año 1994), asignatura incumplida de punta a punta en nuestra provincia (aquí los Usuarios y Consumidores en materia de energía eléctrica directamente no existen). El ente encargado por velar por la calidad del servicio ofrecido por la empresa EMSA y por las cooperativas, así como por la modicidad tarifaria es el E.P.R.E. (Ente Provincial Regulador de la Energía), que en nuestra provincia no ha sido reglamentada, a pesar de que la normativa data del año 1995 cuando se sanciona la Ley X N° 17 (antes Ley 3270) deuda del Poder Ejecutivo provincial, no se cumple la Ley.
Es por eso por lo que los usuarios estamos indefensos ante los constantes abusos, como son los cortes de varios días de duración, la imposición de tarifas siderales y otros abusos como que los clientes hagamos las obras que son obligación de EMSA.
Me refiero a los problemas que un sistema eléctrico sin planificar y sin ser tomado en serio. Por ejemplo, la empresa de energía toma decisiones que son totalmente arbitrarias y que afectan a todos los usuarios, en especial a los que intentan producir y crecer con sus proyectos. Aquí nos referimos a que la ley 24.065 de 1991, que establece en su artículo 21: “Será responsabilidad del distribuidor, sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, la transmisión de toda la demanda de energía eléctrica a través de sus redes y las ampliaciones de instalaciones derivadas de todo incremento de demanda en su zona de concesión, en los términos del contrato de concesión”.
Pero resulta que, en Misiones, como ya es de conocimiento popular, el ciudadano que intenta implantar un nuevo proyecto (residencial, comercial o industrial), debe solicitar a EMSA la elaboración de los planos (que los cobra) para poder realizar (el cliente) su propia la obra. Obra que es obligación de EMSA y que además EMSA utiliza para vender energía a otros usuarios, inviabilizando muchas veces proyectos de inversión muy importantes.
En definitiva, no desviemos los ojos del problema atacando la quita de subsidios y coloquemos nuestra atención en discutir como proporcionar a todos los ciudadanos un modelo energético que nos permita crecer y generar riqueza genuina.
*Abogado, diputado provincial UCR.
Opinión
Gobernar sin plata y sin excusas

Por Diego René Martín
Cuando no hay plata, la política se ve obligada a dejar de actuar. Se cae el decorado, se apagan las cámaras y queda lo único que importa: la decisión. Gobernar ya no es prometer sino elegir. Elegir qué se sostiene, qué se posterga y, sobre todo, qué no se negocia. En Misiones, el arranque de 2026 viene mostrando eso con claridad.
No hay épica. Hay gestión. No hay relato. Hay prioridades.
Ese pulso atraviesa la gestión de Hugo Passalacqua. Es una política sin fuegos artificiales, más parecida a un andamio o un encofrado que a un escenario: incómoda, visible, necesaria. Y en este contexto, que el Estado funcione ya es una definición ideológica en sí misma.
Las señales están ahí, sin demasiada propaganda: obras barriales hechas con participación vecinal; viviendas que se terminan con fondos provinciales porque el Estado nacional se retiró; inversión sostenida en salud pública; alivio fiscal para que el contribuyente no se asfixie; tarifas sociales prorrogadas para que el impacto no vaya directo a la pera de la gente.
No arregla la macro. Ni cerca. Pero evita algo peor: que la crisis se vuelva costumbre, o peor aún, epidemia.
Ahora bien: gobernar no es solo hacer. También es decir que no.
El rechazo legislativo al intento de juicio político contra Rosanna Pía Venchiarutti Sartori fue una de esas decisiones que no hacen ruido, pero ordenan el tablero. No por el expediente en sí, sino por lo que representaba.
El pedido no nació de una demanda social ni de una cruzada por la Justicia. Nació del enojo. Nació de un exfuncionario que no logró lo que buscaba ni por la vía administrativa ni por la judicial, y decidió desempolvar el manual viejo: presión política y ruido mediático.
El problema no es reclamar. El problema es desde dónde se reclama y con qué antecedentes.
La Legislatura hizo lo que tenía que hacer: cerró la puerta al escándalo. Sin show, sin sobreactuación. Analizó el expediente y dijo que no. Punto. Ese “no” pesa más que mil discursos. Porque mientras la provincia hace malabares para sostener viviendas, salud, tarifas sociales y alivio fiscal con recursos propios, no hay margen (ni moral ni político) para habilitar atajos a exfuncionarios expulsados del misionerismo.
Ahí aparece la coherencia del modelo. No se puede pedir esfuerzo colectivo y, al mismo tiempo, tolerar privilegios. No se puede hablar de cuidar la plata de la gente y hacerse el distraído cuando reaparecen reflejos de la política que tiene impresa una fecha de vencimiento que ya pasó.
Misiones arranca 2026 sin euforia, pero con la tranquilidad de tener algo más sólido: orden, prioridades claras y un Estado que, aun con recursos escasos, sigue presente. Cuando falta plata, la política se rinde o se prueba. Acá se la está probando en dos frentes: en la calle, resolviendo lo urgente con gestión diaria; y en las instituciones, poniendo límites donde corresponde.
En ambos casos, la Renovación demuestra, una vez más, que sabe gobernar sin plata y sin excusas.
Opinión
Una nueva etapa política

Por Nicolás Marchiori
Los cambios y las transformaciones son procesos dinámicos que están presentes en los sistemas políticos permanentemente. Conviven con una tendencia opuesta hacia la inmutabilidad, que podemos identificar en los mismos sistemas.
Podemos afirmar que los sistemas políticos tienen un carácter interactivo, esto quiere decir que su identidad dependerá de la interacción continua de múltiples elementos. Estos pueden ser internos o externos al sistema, en el último caso hablamos del entorno.
Esta característica de los sistemas crea un escenario en donde la capacidad de comunicarse e interactuar, con lo que ocurre en su entorno, se convierte en fundamental para que pueda alcanzar un buen desempeño. Dicho esto, la mayor o menor destreza que posean para comunicarse con el entorno, determinará su eficacia y su capacidad para
durar en el tiempo.
Las democracias han sido eficaces identificando los problemas y necesidades que existen en el entorno, pudiendo proponer mejoras y soluciones a las mismas. Las sociedades líquidas del presente demandan mayor capacidad de adaptabilidad a los cambios.
La apertura mental se transforma en un factor fundamental para transitar de manera exitosa estos tiempos, puesto que esa apertura permite contar con el poder de recibir nuevas ideas o experiencias con las que antes no contábamos. Nos libera del pasado, de viejos hábitos cerrados y sobre todo de pensamientos anacrónicos. Sin ello, no lograríamos alcanzar el desarrollo y el crecimiento como sociedad. El propio proceso evolutivo genera el desafío de abrir nuestras mentes, es inconcebible la posibilidad de evolucionar sin nuevas ideas que vayan dejando atrás viejos paradigmas.
Cuando se alcanza un cierto nivel de apertura mental crece la predisposición a escuchar otras opiniones y observar distintas versiones de los hechos. Ahora bien, esto de ninguna manera implica que las personas tengan que adaptarse a todo. Nos permite, sin perder nuestra esencia, estar dispuestos a dejar que otros nos aporten nuevas ideas o experiencias.
La historia de la humanidad se basa en la materialidad de la sociedad, en sus diversos elementos que han producido, los diferentes grupos sociales con determinados objetivos, en los hechos históricos regidos por sus leyes sociales.
Para estudiar el devenir histórico de las sociedades se utilizan diversas fuentes, con ello se elaboran la estructura de aquellas sociedades, pero regidas por leyes sociales, que explican la causalidad de los hechos históricos, los procesos de su desarrollo, sus relaciones sociales, su ideología, y lo más importante, su proceso de transformación.
Las sociedades que evolucionan son aquellas que demuestran apertura mental para dar paso a nuevos actores y nuevas ideas. Es allí donde es posible llevar adelante las transformaciones.
El pueblo, con sus acciones cotidianas, es el hacedor de la historia. Desde los primeros grupos humanos, los hombres que dirigen garantizan el éxito o fracaso del grupo. Dicho esto, surgen preguntas como: ¿por qué hay sociedades atrasadas con respecto a otras? o ¿por qué en unas hay mejores condiciones de desarrollarse que en otras? La respuesta es la misma para todas estas preguntas: dependen de los tipos de dirigentes que tienen.
En efecto, si esa clase dirigente sólo se preocupa por obedecer las órdenes impartidas desde afuera, manteniendo la dependencia, sometiendo a su pueblo a las decisiones externas, sin atreverse a sentar las bases de su desarrollo, su pueblo se mantendrá durante un largo tiempo en la dependencia y en la miseria; por el contrario, si los líderes defienden los intereses de esa sociedad por encima de cualquier otras cuestión o factor, el camino de la transformación será imparable. Bievenidos a la era del Misionerismo Neo.
* * *
Movimientos en el gabinete provincial
En la política, los gestos importan tanto como las decisiones. En las últimas horas, comenzaron a trascender lo que serían los primeros cambios en el gabinete del gobernador Passalacqua. Si bien aún resta la formalización de los primeros nombres, los trascendidos fueron leídos como señales claras, positivas y necesarias para este nuevo
tiempo político.
Uno de los nombres que se barajan es el de Carlos “Kako” Sartori para el Ministerio de Coordinación de Gabinete. Se trata de un intendente de mucha experiencia con un perfil político poco frecuente construído sobre los pilares de una trayectoria limpia y una fuerte legitimidad desde el territorio gracias a su cercanía con la gente. La llegada de Sartori
aportaría diálogo permanente y capacidad de real de resolución en un escenario en donde se anticipa un esquema de trabajo que tendrá a los intendentes como actores centrales de la toma de decisiones.
Por otra parte, en el Ministerio de Desarrollo Social también se anticipan cambios. El ministerio a cargo de Fernando Meza tendría dos caras nuevas: la ex diputada provincial Astrid Baetke sería la elegida por Passalacqua para estar al frente de la Subsecretaría de la Juventud, mientras que Manuel Sánchez que se viene desempeñando como Coordinador Operativo y tiene a su cargo la planificación y ejecución de programas sociales y asistenciales asumiría la Subsecretaría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El dato relevante de estos movimientos en el gabinete provincial es que se tratarían de una primera tanda, puesto que también ha trascendido de que habría una segunda etapa de reordenamiento para el mes de marzo, un detalle no menor que deja en claro que se trata de una estrategia pensada, gradual y con un horizonte bien claro.
Gobernabilidad por encima de las diferencias
El rol de la política en las sociedades es claro, apunta a la búsqueda y generación de espacios de encuentro, de compromiso. No hay lugar para los planteamientos binarios, los discursos polarizantes y las visiones maniqueas que han degradado a la política a tan bajos niveles de calidad y con pésimos resultados a la vista.
Sin estridencias ni grandes promesas, pero si asumiendo con mucha humildad y responsabilidad el compromiso de estar siempre al lado de los que lo necesitan, se abre la etapa de Misionerismo Neo que conceptualmente se podríamos resumirlo en la reivindicación del diálogo, la construcción de consensos y una gobernabilidad firme, sin
perder la identidad.
Con el recambio legislativo del pasado 10 de diciembre se abrió una nueva etapa en la política institucional de Misiones. Las elecciones legislativas provinciales del 8 de junio, en donde el Frente Renovador se impuso bajo el liderazgo de Sebastián Macías, configuraron un nuevo mapa político. La Cámara de Representantes comenzó a funcionar bajo un esquema inédito desde el regreso de la democracia que tiene como elemento saliente la convivencia de dos fuerzas políticas con peso propio, el Frente Renovador de la Concordia y La Libertad Avanza que se posicionó como segunda fuerza provincial.
Macías asumió la presidencia de la Cámara con la responsabilidad de escuchar y articular con todos los espacios opositores que estén dispuestos a trabajar por el bienestar de la provincia desde el Parlamento Misionero. Con un perfil político moderno, técnico y dialoguista, el nuevo Presidente simboliza una Legislatura abierta, estable y enfocada en soluciones concretas, lejos de la confrontación estéril que no genera ningún resultado positivo para la gente.
En la sesión especial del pasado 10 de diciembre, hubo un gesto que no pasó desapercibido y que fue muy valorado por todo el arco político. Carlos Rovira se levantó de su banca para saludar a cada uno de los legisladores opositores. En un país atravesado por la polarización extrema, el agravio permanente y la descalificación, el accionar del conductor de la Renovación fue interpretado como una señal muy potente que resume este nuevo tiempo político en donde el consenso, la concordia y la construcción del diálogo serán los protagonistas. Este nuevo escenario tiene en Carlos Rovira a un articulador central que, con visión estratégica, viene impulsando un diálogo coherente con la Nación en donde en donde Misiones reclama con firmeza que se salden las deudas pendientes y que se respete su autonomía.
(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).
Opinión
El derecho a llegar al río: qué es y por qué importa el camino de sirga

Por Lino Armando López Torres
La relación entra la sociedad y el ambiente parte de una idea sencilla; la conducta humana puede modificar las condiciones de existencia de los seres vivos. Por lo tanto, el derecho —definámoslo aquí simplemente como conjunto de normas — puede (y debe) regular esa conducta a los fines de que ella no afecte la vida de las personas. En este sentido, el derecho ambiental es un derecho humano — si nos importa el árbol no es por el árbol en sí mismo, sino porque su existencia beneficia la vida humana —. La Constitución Nacional (1994) en su art. 41 recepta el derecho a un ambiente sano, contemplando el principio del desarrollo sostenible. Esta es una ética que reposa sobre un postulado de equidad interjurisdiccional e intergeneracional.

La normativa ambiental cristaliza el modelo de cómo una sociedad define el acceso y uso de sus recursos naturales. El nuevo código civil (2015) reconoce esa cláusula constitucional en términos prácticos (política ambiental). En su afán por emprender un camino tendiente a la des mercantilización de la naturaleza, da una especial atención a lo público por sobre lo privado y a lo colectivo por sobre lo individual. El código menciona los derechos de incidencia colectiva (art. 14), aclarando que la ley de ninguna manera ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando estos puedan afectar el ambiente, además de mencionar el funcionamiento de los ecosistemas, la flora y fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales y el paisaje (art. 240). Sin embargo, en medio de estos avances, el Código introdujo un cambio que generó polémica: la reducción del llamado camino de sirga.
¿De qué se trata? El camino de sirga se encuentra en el capítulo correspondiente a los límites al dominio, cuyo objetivo es permitir sirgar, esto es, remolcar o arrastrar una embarcación desde la orilla. Se aplica a cursos de agua navegables y consiste en una franja de terreno que paso de 35 metros a solo 15 desde la línea de ribera. Aunque es propiedad privada, el propietario no puede realizar en él ningún acto (ejemplo construcciones) que menoscabe la actividad del transporte fluvial. Parte de la doctrina, desde un enfoque que observa el ordenamiento jurídico integral, ha dicho que esa actividad no solo se debe reducir al transporte, sino también a la pesca y al esparcimiento. Lo que hay que entender es que el río es un bien de dominio público (art. 235) y por ende se debe permitir el acceso a él. Para el derecho no es aceptable el acceso a determinado espacio del río, debe ser sobre su totalidad.
La reducción del camino de sirga llegó en un país donde las denuncias por su incumplimiento ya era moneda corriente. Con la legislación actual, en parte se legitima esas prácticas de obstrucción por parte de los propietarios. Para mencionar un caso extremo: en 2006, Cristian González y dos amigos fueron a pescar a la orilla del río Quilquihue; desde las cabañas Andina les dispararon tiros intimidatorios, y cuando Cristian pidió explicaciones, el guardia privado Horacio Calderón le efectuó un disparo mortal en el cuello. En la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, también abundan los ejemplos. En varias zonas, no solo no se ha respetado el camino de sirga, sino que directamente se han privatizado bienes públicos. Un caso emblemático es lo que sucede con el “montecito” de villa cabello; una reserva urbana ambiental en beneficio de un club privado.
El impedimento ciudadano del acceso a un bien público como el río tiene una vinculación fuerte entre democracia y derecho. La posibilidad de garantizar un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo humano, así como la preservación al patrimonio natural y cultural, aumenta cuando la sociedad puede ejercer control sobre esos espacios; y para ello, necesariamente debe poder habitarlos. A pesar de todo, el código, deja una puerta abierta. El último párrafo del artículo atinente al camino de sirga dice lo siguiente: (…) “Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo” Lo que significa que cualquier afectado puede demandar judicialmente al propietario por acción y al Estado por omisión. Bastaría hacerlo para ver qué pasa.
Referencias:
Pohl Schnake, V., Mantegna, S., & del Llano, T. (2019). Bienes comunes y conflictos socio-ambientales en torno a la segmentación normativa del territorio a partir del Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde 2015. VII Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas y XXI Jornadas de Geografía de la UNLP, La Plata, Argentina.
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