Por: Carlos A. Scotto

¿Puede algún referente libertario de Misiones explicar cuáles fueron los criterios técnicos que motivaron el desplazamiento de funcionarios y agentes en distintos organismos nacionales con asiento en la provincia? ¿Qué evaluación de desempeño o qué plan de mejora justificó esas decisiones?

En las últimas semanas, y coincidiendo llamativamente con el período de receso, se registraron cambios en estructuras clave del Estado Nacional en Misiones: PAMI (INSSJP), Migraciones, Aduana, entre otros. El patrón parece repetirse: trabajadores con trayectoria y experiencia son desplazados de funciones jerárquicas, mientras se designa en su lugar a referentes o militantes libertarios.

El debate no es ideológico; es institucional. El Estado puede -y debe- mejorar su eficiencia. Pero la profesionalización no se logra sustituyendo experiencia por pertenencia política. En el ámbito laboral existe el ius variandi, la facultad del empleador de introducir modificaciones en las condiciones de trabajo. Sin embargo, esta potestad tiene límites claros: no puede implicar degradación, pérdida de funciones, afectación salarial ni perjuicio moral. Los cambios deben responder a necesidades funcionales objetivas, ser razonables y no arbitrarios.

Cuando se alteran carreras administrativas consolidadas sin fundamentos transparentes, no solo se afecta a trabajadores protegidos por convenios colectivos, sino que se debilita la institucionalidad. La promesa de eliminar privilegios y “terminar con la casta” pierde consistencia si las designaciones se basan en afinidad partidaria antes que en idoneidad técnica.

El caso del PAMI en Misiones, donde fueron removidos jefes y jefas de agencias en varias localidades, funciona como ejemplo visible de una práctica más amplia. La pregunta de fondo es otra: ¿cuál es el modelo de gestión que se está construyendo? ¿Uno basado en estabilidad, profesionalismo y continuidad técnica, o uno marcado por la rotación política permanente?

La eficiencia estatal no se declama: se construye con equipos capacitados, reglas previsibles y respeto por la carrera administrativa. De lo contrario, el discurso de transformación corre el riesgo de convertirse en una reedición de aquello que se prometió superar. Cambiar personas no siempre significa cambiar prácticas. Y el desafío de gobernar es, precisamente, demostrar lo contrario. En fin… más de lo mismo, cambiar para no cambiar nada…

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Por Cristian Castro

La reunión en Aristóbulo del Valle no es solo un encuentro de productores, cooperativas y asociaciones de productores, es el síntoma de un ecosistema productivo en riesgo de colapso por la desregulación asimétrica impuesta por el DNU 70/2023 y el Decreto 812/2025.

1. El diagnóstico económico: el oligopsonio fallido

Afirmar que el mercado de la yerba mate es de “libre competencia” es una falacia técnica. La estructura productiva del sector se caracteriza por una atomización de la oferta (miles de pequeños productores) frente a una concentración de la demanda (un puñado de molinos industrializadores).

* Poder de negociación: en un oligopsonio, el comprador tiene la capacidad de fijar precios por debajo del equilibrio competitivo. Sin la potestad fijadora de precios del INYM, el productor primario pierde el único mecanismo de defensa ante el diferimiento de pagos y la baja de precios nominales.

* Perecederidad y asimetría: A diferencia de otros commodities, la hoja verde debe procesarse en horas. Esta urgencia biológica anula la capacidad del productor de “esperar a un mejor precio”, forzándolo a aceptar las condiciones del eslabón más fuerte de la cadena.

2. La contradicción ideológica del “libre mercado”

El gobierno nacional aplica una visión ortodoxa que ignora las externalidades negativas de la desregulación en economías regionales.

* Excepcionalismo global: incluso en las economías más abiertas del mundo (como la Unión Europea o EE. UU. con el Farm Bill), el sector agrícola está protegido por subsidios y regulaciones de precios. Se entiende que la seguridad alimentaria y el arraigo rural son activos estratégicos, no simples variables de ajuste.

* Morfología del mercado imperfecto: al retirar al INYM su capacidad regulatoria, el Estado no está creando “libertad”, sino que está delegando la regulación del mercado en los actores dominantes. Es pasar de una regulación pública transparente a una regulación privada arbitraria.

3. Impacto político y social: el desarraigo

La política no puede disociarse de la economía. El desmantelamiento de las facultades del INYM atenta contra el tejido social de Misiones.

* Descapitalización del pequeño productor: La caída del precio real de la hoja verde empuja al colono hacia la línea de pobreza, fomentando la venta de tierras y la concentración latifundista.

* Crisis de las cooperativas: las cooperativas, motores del desarrollo local, se ven asfixiadas al no poder competir con la espalda financiera de los grandes grupos económicos en un escenario de desregulación total.

* Éxodo de trabajadores calificados, los mejores tareferos hoy están emigrando hacia Brasil en búsqueda de mejores condiciones laborales y salariales.

El año pasado la paso muy mal el pequeño y mediano productor, ya a fines del último trimestre la cuestión financiera comenzó a golpear a pequeños y medianos secaderos. Lo dijimos hoy en el análisis del sector en la reunión con el INYM y también en esta reunión con productores.

“La necedad ideológica de ignorar que la yerba mate opera en un mercado imperfecto no solo es un error técnico, es una decisión política que condena a la marginalidad a 12,000 familias productoras. La defensa del INYM no es un capricho estatista; es la defensa de la competencia real frente al monopolio de hecho”.

P/D: dijo don Hugo Sand “vienen por nuestras chacras” no es un error, es un plan estratégico para empobrecernos y quedarse con nuestras tierras fértiles y nuestra agua.

Yerbateros en asamblea en Aristóbulo: “De Nación ya no esperamos nada”

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Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

Me pregunto cuánto tendremos que esperar para que la Cámara de Representantes expulse al diputado Ramón Amarilla por “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones” —artículo 99 de la Constitución provincial—. El agente del caos, esta semana, volvió a utilizar sus redes sociales con el único objetivo de inflar el malestar social en un contexto de crisis económica. Ya lo había hecho antes de finalizar el primer mes del año, cuando convocó a los empleados públicos, en especial a la policía y al servicio penitenciario, a reunirse en la plaza 9 de Julio para llevar una caterva de reclamos al Gobierno.

Este martes repitió la maniobra y, al día siguiente, volvió con el mismo espectáculo del miércoles anterior. Y el viernes también publicó en sus redes otro mensaje del tipo diplomáticamente incendiario. No tuvo reparos en aprovechar el conflicto salarial de la policía de Santa Fe para impulsar un reclamo masivo en Misiones, como tampoco parece darle ni una pizca de vergüenza la utilización, para su campaña de desestabilización, de los recientes casos de suicidio entre las filas de quienes fueron sus camaradas.

Hay un claro modus operandi: mediante hechos consecutivos, estudiados y planificados, el agente del caos realza un estado de malestar real de un sector social con el fin de magnificarlo y provocar violencia social. Ejecuta la acción de manera abierta a través de medios de comunicación y redes sociales. Su audiencia es el empleado público, especialmente de las fuerzas de seguridad. Lo repito: lo hace en el marco de un contexto de crisis económica a nivel nacional, dentro de un marco de ajustes y desempleo.

Amarilla no es un ciudadano común, de esos que tienen todo el derecho a plantarse y ponerle mala cara a un mal gobierno. Estamos hablando de un diputado; su función legislativa es clara: elaborar, discutir, modificar y sancionar leyes de interés público provincial; también puede fiscalizar actos del Poder Ejecutivo, como por ejemplo solicitar informes a funcionarios, además de prestar acuerdo para el nombramiento de magistrados o funcionarios judiciales y cuestiones institucionales.

A diferencia del ciudadano común, Amarilla cuenta con una serie de derechos e inmunidades: no puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones o discursos que emita en el desempeño de su mandato; también tiene inmunidad de arresto.

Cuenta con facultades valiosísimas, como la de presentar proyectos de ley, de resolución o de declaración sobre cualquier tema de competencia provincial. Puede participar en las comisiones que desee para patalear por cualquier iniciativa legislativa antes de su tratamiento y, si tiene ganas, puede seguir pataleando en el recinto. Puede pedir informes y hasta realizar investigaciones propias. Hay un vademécum de acciones que puede hacer, muchos puede, pero su interés es claro: generar y aprovechar el caos.

Que algún diputado provincial, fiscal o juez de turno diga si la instigación al desorden social corresponde al ejercicio de las atribuciones de un legislador. Que el presidente de la Cámara, Sebastián Macías, explique si Amarilla incurrió en “desorden de conducta” conforme a sus funciones.

Amarilla debe entender que no es un sindicalista y menos de una fuerza policial. Es un diputado, y la Cámara puede aplicar sanciones disciplinarias que van desde la amonestación hasta la expulsión definitiva, y que puede ser expulsado por incurrir en desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, con una mayoría especial de dos tercios de los votos de los miembros presentes.

El caso del expolicía no es el de un opositor más. Tiene antecedentes. Intentó amotinar una fuerza de seguridad. Fue imputado por los delitos de sedición y conspiración, acusaciones que surgieron tras la revuelta policial de mayo de 2024, que incluyó un acampe, corte de avenidas y la toma de vehículos oficiales.

Cabeceras ajenas, promesas y silencios

En política, las mesas importan tanto como las sillas, pero mucho más los sitios donde se sientan los protagonistas. No es casualidad que la reciente reunión sobre el destino del sector yerbatero haya tenido al presidente de la Cámara de Representantes relegado al rol de invitado, mientras el diputado Adrián Nuñez, vicepresidente primero, ocupaba la cabecera y, con gesto de anfitrión, organizaba el encuentro junto a Rodrigo Correa, mandamás del INYM. Uno podría esperar que, en el Cantón, la cabecera sea la prerrogativa del que lleva la insignia institucional más pesada. Pero no. Aquí, la cabecera fue el trono del que maneja la agenda, aunque sea por coyuntura y no por jerarquía.

Nuñez no solo eligió dónde sentarse; también el ritmo y el tono de la conversación, como esos generales que, sin serlo, se adueñan del mapa de batalla. Es curioso observar cómo el diputado, envalentonado por el aire fresco de la desregulación y el desempleo, se convirtió en un hábil organizador de agendas. Pero la política es el arte de la oportunidad, y el Doctor la aprovechó una vez más.

El sector yerbatero está inmerso en una crisis que parece no tener fin, como el mate de la tarde que se enfría y nadie quiere terminar. Los pequeños productores, siempre al margen, siguen esperando que los libertarios traigan un milagro. Pero la fe en los discursos no paga cuentas. El encuentro concluyó, como suele suceder, con promesas de diálogo y avances difusos. Los pequeños productores ven pasar la procesión de charlatanería sin que el santo yerbatero les preste atención. No hubo medidas concretas, apenas palabras que, como el humo, se disipan enseguida.

Rodrigo Correa se mueve entre el pragmatismo y la diplomacia, intentando sostener un equilibrio imposible entre la defensa del sector y la presión de quienes quieren abrir la compuerta del mercado sin restricciones. Nuñez, el abogado tributarista que hasta ayer gestionaba las cobranzas impositivas de varios municipios, sostiene la bandera de la libertad económica, como si el mercado fuera un dios benevolente; mientras Macías observa cómo los equilibrios institucionales se desdibujan ante la embestida política. Nadie se atreve a decirlo, pero la mesa sirvió más para mostrar quién comanda la oposición en el Cantón que para resolver lo urgente.

En definitiva, el encuentro fue una postal de tiempos nuevos: los políticos que organizan no siempre son los que tienen el cargo, y quienes deberían defender a los pequeños productores terminan sentados en el borde, escuchando. En política, por lo general, suele suceder que lo importante no está en lo que se dice, sino en lo que se calla y en lo que se muestra. Las mesas no siempre resuelven, pero sirven para apoyar las cartas al finalizar la partida. El sector yerbatero, golpeado y fragmentado, espera que alguna vez, quien se siente en la cabecera lo haga no por coyuntura, sino por compromiso real. Hasta entonces, los pequeños seguirán esperando, y la política seguirá jugando a cambiar de sillas, sin cambiar el fondo.

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