Opinión
Las economías regionales y su dinámica: un análisis enfocado en la yerba mate en Misiones
Por: José Luis Pastori
Las economías regionales en Argentina constituyen un pilar esencial del entramado económico y social del país, destacándose por su diversidad y su profundo vínculo con las particularidades de cada territorio. Desde la vitivinicultura en Cuyo hasta los cítricos en el noroeste, pasando por la yerba mate en Misiones y el noreste de Corrientes, el algodón en el Chaco o la ganadería ovina en la Patagonia, estas actividades reflejan la riqueza productiva nacional. Sin embargo, enfrentan retos estructurales como la concentración económica, la dependencia de políticas públicas y la exposición a las fluctuaciones del mercado global y las decisiones macroeconómicas nacionales.
En este contexto, la yerba mate en Misiones sobresale como un caso paradigmático. Argentina es uno de los mayores productores mundiales de este cultivo y lidera en exportaciones con Brasil, lo que posiciona a esta economía regional como un motor de desarrollo y un símbolo cultural. Con más de 13 mil productores primarios —el 85% con menos de 15 hectáreas—, el sector genera empleo y sostiene modos de vida tradicionales. No obstante, la concentración en la comercialización está dominada por cinco empresas que controlan la mayoría del mercado, esto evidencia las asimetrías entre pequeños productores y grandes industriales, un problema agravado por ciclos de desregulación.
Las economías regionales han atravesado vaivenes históricos entre proteccionismo y liberalismo. La desregulación de los años 90 marcó un quiebre, y hoy, con el DNU 70/2023 del Gobierno nacional, se observan ecos de aquel período. En Misiones, estas políticas han reavivado debates sobre la necesidad de equilibrar mercado y protección estatal, mientras el Gobierno provincial, liderado por el Frente Renovador de la Concordia, ha buscado históricamente acompañar al sector con medidas específicas.
La yerba mate en Misiones: dinámica actual y comparación con la década del 90
La producción de yerba mate en Misiones y el norte de Corrientes abarca unas 220 mil hectáreas y sostiene una cadena productiva que incluye pequeños productores, tareferos, secaderos y cooperativas. Sin embargo, la desigualdad estructural entre los eslabones de la cadena y las políticas nacionales han generado tensiones recurrentes.
La Década del 90: Desregulación y Colapso
En 1991, el Decreto 2284/91 disolvió la Comisión Reguladora de la Producción y el Comercio de la Yerba Mate (CRYM), dejando el sector a merced del mercado. Esto desencadenó una sobreproducción y una caída abrupta de precios: en la década del 90 (Gobierno de Puerta), el precio de la tonelada de yerba verde bajó de $202,94 a $42, y el de la yerba canchada de $930,62 a $349,38, según el Centro de Economía Política Argentina. La desregulación provocó la desaparición de cerca de 4 mil pequeños productores —la mitad de los existentes en ese entonces— y un aumento del éxodo rural. La falta de precios mínimos y la competencia desigual favorecieron a los grandes molinos, consolidando su poder.
La movilización social de productores y tareferos llevó en 2002 a la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) mediante la Ley 25.564, que restableció la regulación de precios y promovió la recuperación del sector, incrementando exportaciones y mejorando ingresos.
La Situación Actual: Ecos del Pasado
El DNU 70/2023, implementado en diciembre de 2023, eliminó las facultades del INYM para fijar precios y controlar importaciones, desregulando nuevamente el mercado. Como resultado, el precio del kilo de hoja verde cayó de $370 a $200 y menos en 2024, con pagos diferidos a 30, 60, 90 y 120 días, mientras la inflación encareció los insumos. Según el INYM, el costo bruto promedio de producción asciende a $355,41 por kilo y no incluye márgenes de utilidad, un valor inalcanzable hoy. La importación de yerba desde Brasil y Paraguay ha inundado el mercado interno, afectando a los productores locales, un escenario que remite a los 90. En 2024 alcanzó a poco más de 11 millones y se produjo principalmente en el primer semestre.
Las protestas de este sector, principalmente del primer eslabón de la cadena, los pequeños productores; reflejan el descontento. Sin embargo, a diferencia de los 90, varias iniciativas del Gobierno Provincial fueron determinantes para la obtención de fallos judiciales como el del juez Fernando Escalante que ha limitado la importación de yerba molida, mostrando un acompañamiento firme al sector más débil de la cadena yerbatera.
Política tributaria y apoyo del Gobierno de la Renovación
Un diferencial clave en Misiones es su política tributaria y el acompañamiento del Frente Renovador de la Concordia al sector yerbatero. La producción primaria está exenta del Impuesto a los Ingresos Brutos, una medida que alivia la carga fiscal de los pequeños productores y les permite reinvertir en sus cultivos. Esta exención, vigente desde hace décadas y sostenida por el Gobierno provincial, contrasta con otras provincias donde los productores enfrentan mayores presiones impositivas.
Además, el gobierno de la Renovación ha implementado históricamente políticas de apoyo directo. A través de programas como el Fondo Especial del Tabaco —adaptado también para la yerba mate en algunos casos— y líneas de crédito blandas del Banco Macro o el Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), los pequeños productores han accedido a financiamiento a tasas subsidiadas para mejorar la productividad y enfrentar crisis
Otro pilar del apoyo ha sido la contribución al seguro de salud. El gobierno provincial, en articulación con el INYM y cooperativas, ha subsidiado el acceso a obras sociales para tareferos y productores, garantizando cobertura médica en un sector donde la precariedad laboral es histórica. Este respaldo, que se intensificó tras la crisis de los 90, marcó una diferencia con aquella década, cuando el abandono estatal fue total.
Reflexión Final
Las economías regionales argentinas, como la yerba mate en Misiones, son un reflejo de las tensiones entre desregulación y protección estatal. La crisis de los 90 y la actual, desatada por el DNU 70/2023, comparten la caída de precios y el impacto en pequeños productores, pero Misiones se distingue por el rol activo del gobierno de la Renovación. La exención de Ingresos Brutos, los créditos accesibles y el aporte al seguro de salud han sido herramientas clave para mitigar las consecuencias de las políticas nacionales, ofreciendo un amortiguador que no existió tres décadas atrás. Mientras las protestas persisten y el sector busca recuperar la regulación perdida, el acompañamiento provincial sigue siendo un factor diferenciador en la lucha por la sostenibilidad de esta economía regional emblemática.
*Diputado provincial (FRC), Contador Público Nacional.
Opinión
Gobernar sin plata y sin excusas

Por Diego René Martín
Cuando no hay plata, la política se ve obligada a dejar de actuar. Se cae el decorado, se apagan las cámaras y queda lo único que importa: la decisión. Gobernar ya no es prometer sino elegir. Elegir qué se sostiene, qué se posterga y, sobre todo, qué no se negocia. En Misiones, el arranque de 2026 viene mostrando eso con claridad.
No hay épica. Hay gestión. No hay relato. Hay prioridades.
Ese pulso atraviesa la gestión de Hugo Passalacqua. Es una política sin fuegos artificiales, más parecida a un andamio o un encofrado que a un escenario: incómoda, visible, necesaria. Y en este contexto, que el Estado funcione ya es una definición ideológica en sí misma.
Las señales están ahí, sin demasiada propaganda: obras barriales hechas con participación vecinal; viviendas que se terminan con fondos provinciales porque el Estado nacional se retiró; inversión sostenida en salud pública; alivio fiscal para que el contribuyente no se asfixie; tarifas sociales prorrogadas para que el impacto no vaya directo a la pera de la gente.
No arregla la macro. Ni cerca. Pero evita algo peor: que la crisis se vuelva costumbre, o peor aún, epidemia.
Ahora bien: gobernar no es solo hacer. También es decir que no.
El rechazo legislativo al intento de juicio político contra Rosanna Pía Venchiarutti Sartori fue una de esas decisiones que no hacen ruido, pero ordenan el tablero. No por el expediente en sí, sino por lo que representaba.
El pedido no nació de una demanda social ni de una cruzada por la Justicia. Nació del enojo. Nació de un exfuncionario que no logró lo que buscaba ni por la vía administrativa ni por la judicial, y decidió desempolvar el manual viejo: presión política y ruido mediático.
El problema no es reclamar. El problema es desde dónde se reclama y con qué antecedentes.
La Legislatura hizo lo que tenía que hacer: cerró la puerta al escándalo. Sin show, sin sobreactuación. Analizó el expediente y dijo que no. Punto. Ese “no” pesa más que mil discursos. Porque mientras la provincia hace malabares para sostener viviendas, salud, tarifas sociales y alivio fiscal con recursos propios, no hay margen (ni moral ni político) para habilitar atajos a exfuncionarios expulsados del misionerismo.
Ahí aparece la coherencia del modelo. No se puede pedir esfuerzo colectivo y, al mismo tiempo, tolerar privilegios. No se puede hablar de cuidar la plata de la gente y hacerse el distraído cuando reaparecen reflejos de la política que tiene impresa una fecha de vencimiento que ya pasó.
Misiones arranca 2026 sin euforia, pero con la tranquilidad de tener algo más sólido: orden, prioridades claras y un Estado que, aun con recursos escasos, sigue presente. Cuando falta plata, la política se rinde o se prueba. Acá se la está probando en dos frentes: en la calle, resolviendo lo urgente con gestión diaria; y en las instituciones, poniendo límites donde corresponde.
En ambos casos, la Renovación demuestra, una vez más, que sabe gobernar sin plata y sin excusas.
Opinión
Una nueva etapa política

Por Nicolás Marchiori
Los cambios y las transformaciones son procesos dinámicos que están presentes en los sistemas políticos permanentemente. Conviven con una tendencia opuesta hacia la inmutabilidad, que podemos identificar en los mismos sistemas.
Podemos afirmar que los sistemas políticos tienen un carácter interactivo, esto quiere decir que su identidad dependerá de la interacción continua de múltiples elementos. Estos pueden ser internos o externos al sistema, en el último caso hablamos del entorno.
Esta característica de los sistemas crea un escenario en donde la capacidad de comunicarse e interactuar, con lo que ocurre en su entorno, se convierte en fundamental para que pueda alcanzar un buen desempeño. Dicho esto, la mayor o menor destreza que posean para comunicarse con el entorno, determinará su eficacia y su capacidad para
durar en el tiempo.
Las democracias han sido eficaces identificando los problemas y necesidades que existen en el entorno, pudiendo proponer mejoras y soluciones a las mismas. Las sociedades líquidas del presente demandan mayor capacidad de adaptabilidad a los cambios.
La apertura mental se transforma en un factor fundamental para transitar de manera exitosa estos tiempos, puesto que esa apertura permite contar con el poder de recibir nuevas ideas o experiencias con las que antes no contábamos. Nos libera del pasado, de viejos hábitos cerrados y sobre todo de pensamientos anacrónicos. Sin ello, no lograríamos alcanzar el desarrollo y el crecimiento como sociedad. El propio proceso evolutivo genera el desafío de abrir nuestras mentes, es inconcebible la posibilidad de evolucionar sin nuevas ideas que vayan dejando atrás viejos paradigmas.
Cuando se alcanza un cierto nivel de apertura mental crece la predisposición a escuchar otras opiniones y observar distintas versiones de los hechos. Ahora bien, esto de ninguna manera implica que las personas tengan que adaptarse a todo. Nos permite, sin perder nuestra esencia, estar dispuestos a dejar que otros nos aporten nuevas ideas o experiencias.
La historia de la humanidad se basa en la materialidad de la sociedad, en sus diversos elementos que han producido, los diferentes grupos sociales con determinados objetivos, en los hechos históricos regidos por sus leyes sociales.
Para estudiar el devenir histórico de las sociedades se utilizan diversas fuentes, con ello se elaboran la estructura de aquellas sociedades, pero regidas por leyes sociales, que explican la causalidad de los hechos históricos, los procesos de su desarrollo, sus relaciones sociales, su ideología, y lo más importante, su proceso de transformación.
Las sociedades que evolucionan son aquellas que demuestran apertura mental para dar paso a nuevos actores y nuevas ideas. Es allí donde es posible llevar adelante las transformaciones.
El pueblo, con sus acciones cotidianas, es el hacedor de la historia. Desde los primeros grupos humanos, los hombres que dirigen garantizan el éxito o fracaso del grupo. Dicho esto, surgen preguntas como: ¿por qué hay sociedades atrasadas con respecto a otras? o ¿por qué en unas hay mejores condiciones de desarrollarse que en otras? La respuesta es la misma para todas estas preguntas: dependen de los tipos de dirigentes que tienen.
En efecto, si esa clase dirigente sólo se preocupa por obedecer las órdenes impartidas desde afuera, manteniendo la dependencia, sometiendo a su pueblo a las decisiones externas, sin atreverse a sentar las bases de su desarrollo, su pueblo se mantendrá durante un largo tiempo en la dependencia y en la miseria; por el contrario, si los líderes defienden los intereses de esa sociedad por encima de cualquier otras cuestión o factor, el camino de la transformación será imparable. Bievenidos a la era del Misionerismo Neo.
* * *
Movimientos en el gabinete provincial
En la política, los gestos importan tanto como las decisiones. En las últimas horas, comenzaron a trascender lo que serían los primeros cambios en el gabinete del gobernador Passalacqua. Si bien aún resta la formalización de los primeros nombres, los trascendidos fueron leídos como señales claras, positivas y necesarias para este nuevo
tiempo político.
Uno de los nombres que se barajan es el de Carlos “Kako” Sartori para el Ministerio de Coordinación de Gabinete. Se trata de un intendente de mucha experiencia con un perfil político poco frecuente construído sobre los pilares de una trayectoria limpia y una fuerte legitimidad desde el territorio gracias a su cercanía con la gente. La llegada de Sartori
aportaría diálogo permanente y capacidad de real de resolución en un escenario en donde se anticipa un esquema de trabajo que tendrá a los intendentes como actores centrales de la toma de decisiones.
Por otra parte, en el Ministerio de Desarrollo Social también se anticipan cambios. El ministerio a cargo de Fernando Meza tendría dos caras nuevas: la ex diputada provincial Astrid Baetke sería la elegida por Passalacqua para estar al frente de la Subsecretaría de la Juventud, mientras que Manuel Sánchez que se viene desempeñando como Coordinador Operativo y tiene a su cargo la planificación y ejecución de programas sociales y asistenciales asumiría la Subsecretaría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El dato relevante de estos movimientos en el gabinete provincial es que se tratarían de una primera tanda, puesto que también ha trascendido de que habría una segunda etapa de reordenamiento para el mes de marzo, un detalle no menor que deja en claro que se trata de una estrategia pensada, gradual y con un horizonte bien claro.
Gobernabilidad por encima de las diferencias
El rol de la política en las sociedades es claro, apunta a la búsqueda y generación de espacios de encuentro, de compromiso. No hay lugar para los planteamientos binarios, los discursos polarizantes y las visiones maniqueas que han degradado a la política a tan bajos niveles de calidad y con pésimos resultados a la vista.
Sin estridencias ni grandes promesas, pero si asumiendo con mucha humildad y responsabilidad el compromiso de estar siempre al lado de los que lo necesitan, se abre la etapa de Misionerismo Neo que conceptualmente se podríamos resumirlo en la reivindicación del diálogo, la construcción de consensos y una gobernabilidad firme, sin
perder la identidad.
Con el recambio legislativo del pasado 10 de diciembre se abrió una nueva etapa en la política institucional de Misiones. Las elecciones legislativas provinciales del 8 de junio, en donde el Frente Renovador se impuso bajo el liderazgo de Sebastián Macías, configuraron un nuevo mapa político. La Cámara de Representantes comenzó a funcionar bajo un esquema inédito desde el regreso de la democracia que tiene como elemento saliente la convivencia de dos fuerzas políticas con peso propio, el Frente Renovador de la Concordia y La Libertad Avanza que se posicionó como segunda fuerza provincial.
Macías asumió la presidencia de la Cámara con la responsabilidad de escuchar y articular con todos los espacios opositores que estén dispuestos a trabajar por el bienestar de la provincia desde el Parlamento Misionero. Con un perfil político moderno, técnico y dialoguista, el nuevo Presidente simboliza una Legislatura abierta, estable y enfocada en soluciones concretas, lejos de la confrontación estéril que no genera ningún resultado positivo para la gente.
En la sesión especial del pasado 10 de diciembre, hubo un gesto que no pasó desapercibido y que fue muy valorado por todo el arco político. Carlos Rovira se levantó de su banca para saludar a cada uno de los legisladores opositores. En un país atravesado por la polarización extrema, el agravio permanente y la descalificación, el accionar del conductor de la Renovación fue interpretado como una señal muy potente que resume este nuevo tiempo político en donde el consenso, la concordia y la construcción del diálogo serán los protagonistas. Este nuevo escenario tiene en Carlos Rovira a un articulador central que, con visión estratégica, viene impulsando un diálogo coherente con la Nación en donde en donde Misiones reclama con firmeza que se salden las deudas pendientes y que se respete su autonomía.
(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).
Opinión
El derecho a llegar al río: qué es y por qué importa el camino de sirga

Por Lino Armando López Torres
La relación entra la sociedad y el ambiente parte de una idea sencilla; la conducta humana puede modificar las condiciones de existencia de los seres vivos. Por lo tanto, el derecho —definámoslo aquí simplemente como conjunto de normas — puede (y debe) regular esa conducta a los fines de que ella no afecte la vida de las personas. En este sentido, el derecho ambiental es un derecho humano — si nos importa el árbol no es por el árbol en sí mismo, sino porque su existencia beneficia la vida humana —. La Constitución Nacional (1994) en su art. 41 recepta el derecho a un ambiente sano, contemplando el principio del desarrollo sostenible. Esta es una ética que reposa sobre un postulado de equidad interjurisdiccional e intergeneracional.

La normativa ambiental cristaliza el modelo de cómo una sociedad define el acceso y uso de sus recursos naturales. El nuevo código civil (2015) reconoce esa cláusula constitucional en términos prácticos (política ambiental). En su afán por emprender un camino tendiente a la des mercantilización de la naturaleza, da una especial atención a lo público por sobre lo privado y a lo colectivo por sobre lo individual. El código menciona los derechos de incidencia colectiva (art. 14), aclarando que la ley de ninguna manera ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando estos puedan afectar el ambiente, además de mencionar el funcionamiento de los ecosistemas, la flora y fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales y el paisaje (art. 240). Sin embargo, en medio de estos avances, el Código introdujo un cambio que generó polémica: la reducción del llamado camino de sirga.
¿De qué se trata? El camino de sirga se encuentra en el capítulo correspondiente a los límites al dominio, cuyo objetivo es permitir sirgar, esto es, remolcar o arrastrar una embarcación desde la orilla. Se aplica a cursos de agua navegables y consiste en una franja de terreno que paso de 35 metros a solo 15 desde la línea de ribera. Aunque es propiedad privada, el propietario no puede realizar en él ningún acto (ejemplo construcciones) que menoscabe la actividad del transporte fluvial. Parte de la doctrina, desde un enfoque que observa el ordenamiento jurídico integral, ha dicho que esa actividad no solo se debe reducir al transporte, sino también a la pesca y al esparcimiento. Lo que hay que entender es que el río es un bien de dominio público (art. 235) y por ende se debe permitir el acceso a él. Para el derecho no es aceptable el acceso a determinado espacio del río, debe ser sobre su totalidad.
La reducción del camino de sirga llegó en un país donde las denuncias por su incumplimiento ya era moneda corriente. Con la legislación actual, en parte se legitima esas prácticas de obstrucción por parte de los propietarios. Para mencionar un caso extremo: en 2006, Cristian González y dos amigos fueron a pescar a la orilla del río Quilquihue; desde las cabañas Andina les dispararon tiros intimidatorios, y cuando Cristian pidió explicaciones, el guardia privado Horacio Calderón le efectuó un disparo mortal en el cuello. En la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, también abundan los ejemplos. En varias zonas, no solo no se ha respetado el camino de sirga, sino que directamente se han privatizado bienes públicos. Un caso emblemático es lo que sucede con el “montecito” de villa cabello; una reserva urbana ambiental en beneficio de un club privado.
El impedimento ciudadano del acceso a un bien público como el río tiene una vinculación fuerte entre democracia y derecho. La posibilidad de garantizar un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo humano, así como la preservación al patrimonio natural y cultural, aumenta cuando la sociedad puede ejercer control sobre esos espacios; y para ello, necesariamente debe poder habitarlos. A pesar de todo, el código, deja una puerta abierta. El último párrafo del artículo atinente al camino de sirga dice lo siguiente: (…) “Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo” Lo que significa que cualquier afectado puede demandar judicialmente al propietario por acción y al Estado por omisión. Bastaría hacerlo para ver qué pasa.
Referencias:
Pohl Schnake, V., Mantegna, S., & del Llano, T. (2019). Bienes comunes y conflictos socio-ambientales en torno a la segmentación normativa del territorio a partir del Código Civil y Comercial de la Nación vigente desde 2015. VII Congreso Nacional de Geografía de Universidades Públicas y XXI Jornadas de Geografía de la UNLP, La Plata, Argentina.
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