Opinión
Las economías regionales y su dinámica: un análisis enfocado en la yerba mate en Misiones

Por: José Luis Pastori
Las economías regionales en Argentina constituyen un pilar esencial del entramado económico y social del país, destacándose por su diversidad y su profundo vínculo con las particularidades de cada territorio. Desde la vitivinicultura en Cuyo hasta los cítricos en el noroeste, pasando por la yerba mate en Misiones y el noreste de Corrientes, el algodón en el Chaco o la ganadería ovina en la Patagonia, estas actividades reflejan la riqueza productiva nacional. Sin embargo, enfrentan retos estructurales como la concentración económica, la dependencia de políticas públicas y la exposición a las fluctuaciones del mercado global y las decisiones macroeconómicas nacionales.
En este contexto, la yerba mate en Misiones sobresale como un caso paradigmático. Argentina es uno de los mayores productores mundiales de este cultivo y lidera en exportaciones con Brasil, lo que posiciona a esta economía regional como un motor de desarrollo y un símbolo cultural. Con más de 13 mil productores primarios —el 85% con menos de 15 hectáreas—, el sector genera empleo y sostiene modos de vida tradicionales. No obstante, la concentración en la comercialización está dominada por cinco empresas que controlan la mayoría del mercado, esto evidencia las asimetrías entre pequeños productores y grandes industriales, un problema agravado por ciclos de desregulación.
Las economías regionales han atravesado vaivenes históricos entre proteccionismo y liberalismo. La desregulación de los años 90 marcó un quiebre, y hoy, con el DNU 70/2023 del Gobierno nacional, se observan ecos de aquel período. En Misiones, estas políticas han reavivado debates sobre la necesidad de equilibrar mercado y protección estatal, mientras el Gobierno provincial, liderado por el Frente Renovador de la Concordia, ha buscado históricamente acompañar al sector con medidas específicas.
La yerba mate en Misiones: dinámica actual y comparación con la década del 90
La producción de yerba mate en Misiones y el norte de Corrientes abarca unas 220 mil hectáreas y sostiene una cadena productiva que incluye pequeños productores, tareferos, secaderos y cooperativas. Sin embargo, la desigualdad estructural entre los eslabones de la cadena y las políticas nacionales han generado tensiones recurrentes.
La Década del 90: Desregulación y Colapso
En 1991, el Decreto 2284/91 disolvió la Comisión Reguladora de la Producción y el Comercio de la Yerba Mate (CRYM), dejando el sector a merced del mercado. Esto desencadenó una sobreproducción y una caída abrupta de precios: en la década del 90 (Gobierno de Puerta), el precio de la tonelada de yerba verde bajó de $202,94 a $42, y el de la yerba canchada de $930,62 a $349,38, según el Centro de Economía Política Argentina. La desregulación provocó la desaparición de cerca de 4 mil pequeños productores —la mitad de los existentes en ese entonces— y un aumento del éxodo rural. La falta de precios mínimos y la competencia desigual favorecieron a los grandes molinos, consolidando su poder.
La movilización social de productores y tareferos llevó en 2002 a la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) mediante la Ley 25.564, que restableció la regulación de precios y promovió la recuperación del sector, incrementando exportaciones y mejorando ingresos.
La Situación Actual: Ecos del Pasado
El DNU 70/2023, implementado en diciembre de 2023, eliminó las facultades del INYM para fijar precios y controlar importaciones, desregulando nuevamente el mercado. Como resultado, el precio del kilo de hoja verde cayó de $370 a $200 y menos en 2024, con pagos diferidos a 30, 60, 90 y 120 días, mientras la inflación encareció los insumos. Según el INYM, el costo bruto promedio de producción asciende a $355,41 por kilo y no incluye márgenes de utilidad, un valor inalcanzable hoy. La importación de yerba desde Brasil y Paraguay ha inundado el mercado interno, afectando a los productores locales, un escenario que remite a los 90. En 2024 alcanzó a poco más de 11 millones y se produjo principalmente en el primer semestre.
Las protestas de este sector, principalmente del primer eslabón de la cadena, los pequeños productores; reflejan el descontento. Sin embargo, a diferencia de los 90, varias iniciativas del Gobierno Provincial fueron determinantes para la obtención de fallos judiciales como el del juez Fernando Escalante que ha limitado la importación de yerba molida, mostrando un acompañamiento firme al sector más débil de la cadena yerbatera.
Política tributaria y apoyo del Gobierno de la Renovación
Un diferencial clave en Misiones es su política tributaria y el acompañamiento del Frente Renovador de la Concordia al sector yerbatero. La producción primaria está exenta del Impuesto a los Ingresos Brutos, una medida que alivia la carga fiscal de los pequeños productores y les permite reinvertir en sus cultivos. Esta exención, vigente desde hace décadas y sostenida por el Gobierno provincial, contrasta con otras provincias donde los productores enfrentan mayores presiones impositivas.
Además, el gobierno de la Renovación ha implementado históricamente políticas de apoyo directo. A través de programas como el Fondo Especial del Tabaco —adaptado también para la yerba mate en algunos casos— y líneas de crédito blandas del Banco Macro o el Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), los pequeños productores han accedido a financiamiento a tasas subsidiadas para mejorar la productividad y enfrentar crisis
Otro pilar del apoyo ha sido la contribución al seguro de salud. El gobierno provincial, en articulación con el INYM y cooperativas, ha subsidiado el acceso a obras sociales para tareferos y productores, garantizando cobertura médica en un sector donde la precariedad laboral es histórica. Este respaldo, que se intensificó tras la crisis de los 90, marcó una diferencia con aquella década, cuando el abandono estatal fue total.
Reflexión Final
Las economías regionales argentinas, como la yerba mate en Misiones, son un reflejo de las tensiones entre desregulación y protección estatal. La crisis de los 90 y la actual, desatada por el DNU 70/2023, comparten la caída de precios y el impacto en pequeños productores, pero Misiones se distingue por el rol activo del gobierno de la Renovación. La exención de Ingresos Brutos, los créditos accesibles y el aporte al seguro de salud han sido herramientas clave para mitigar las consecuencias de las políticas nacionales, ofreciendo un amortiguador que no existió tres décadas atrás. Mientras las protestas persisten y el sector busca recuperar la regulación perdida, el acompañamiento provincial sigue siendo un factor diferenciador en la lucha por la sostenibilidad de esta economía regional emblemática.
*Diputado provincial (FRC), Contador Público Nacional.
Opinión
El gran negocio detrás de las listas de candidatos

Por: Fernando Oz
@F_ortegazabala
El gran negocio de este año, caracterizado por su tinte democrático, fue la dispersión electoral, la confusión y la falta de escrúpulos. Esta combinación se convirtió en una ecuación con la que muchas personas sacaron provecho durante la temporada electoral: las más astutas obtuvieron bancas colándose sigilosamente y sin invertir un peso; otras se beneficiaron vendiendo sellos partidarios; y no faltaron quienes se apropiaron de una parte del botín que deja cada campaña, traicionando los principios que decían defender o a sus propios compañeros de ruta.
Incluso, antes de finalizar el verano, ya circulaban conversaciones sobre la creación de mesas de dinero para el juego electoral, y con el paso de los días crecían los rumores sobre la compra y venta de candidaturas para las elecciones provinciales de junio. En esta ocasión, el ruido más fuerte provenía justamente de los ámbitos donde se negociaban los puestos en las listas opositoras.
El principal escándalo estalló a mediados de febrero, durante una reunión de afiliados a La Libertad Avanza (LLA), en la que se expresaron quejas sobre los métodos de recaudación para la campaña venidera. El segundo episodio tuvo lugar en Oberá, donde la tensión escaló a insultos y amenazas. Funcionarias y funcionarios de dependencias nacionales en Misiones —designados durante el gobierno de Javier Milei— acusaron a un allegado del doctor Carlos Adrián Nuñez, jefe de los libertarios en la provincia, de retener un 10% de los sueldos de empleados públicos afiliados. El reclamo quedó plasmado en una carta con veintidós firmas.
Samuel Doichele, productor agrícola, referente libertario de Wanda y uno de los firmantes de la denuncia por aportes compulsivos —a la que se sumaron funcionarias y funcionarios de Anses y PAMI del interior—, llevó la situación ante la Justicia Federal de Posadas, señalando a Nuñez y a su plana mayor. A este reclamo se sumó un pedido de impugnación de la lista del partido para diputados provinciales en el Tribunal Electoral de Misiones. Los pormenores de esta saga fueron publicados por LVM y diversos medios nacionales replicaron el caso.
No hubo consecuencias. El doctor Nuñez resultó electo diputado provincial, al igual que Samantha Stekler, también denunciada y titular del PAMI Misiones durante el escándalo. Mario Pérez Miranda, señalado como recaudador de Nuñez, continúa militando bajo bandera libertaria. Y el empresario Walter Rosner, uno de los denunciantes, decidió abandonar La Libertad Avanza y sumarse al Frente Renovador de la Concordia.
El caso que involucró al doctor Nuñez, empleado de la Fiscalía de Estado hasta diciembre de 2024, no fue el único en el variopinto universo libertario. Previamente, Ninfa Alvarenga —entonces delegada del PAMI— fue denunciada por los presuntos delitos de “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de funcionaria pública” y “extorsión calificada precedida de amenazas”. La acción judicial se inició tras la publicación, por parte de La Voz de Misiones, de una serie de audios filtrados donde Alvarenga daba cuenta de transferencias de dinero de integrantes de su espacio que asumieron cargos ejecutivos en el PAMI de Posadas y en las oficinas del interior provincial.
La conformación de la fórmula encabezada por el expolicía Ramón Amarilla para las elecciones de junio también estuvo envuelta en sospechas e internas. Su ex compañero de lista y presidente del partido Por La Vida y los Valores, el ex militar Walter Ríos, denunció que hubo “malversación” durante la campaña y acusó al diputado del PRO, Miguel Núñez —artífice de la candidatura de Amarilla—, de liderar un esquema de “recaudación de fondos en nombre del partido”. Así lo ventiló durante una entrevista con el periodista Alejandro Barrionuevo, ante las cámaras de Canal 4.
“Eso es un delito penal, ¿realizaste la denuncia judicial?”, inquirió el periodista. “Tenemos todas las pruebas para presentar una denuncia penal en la Justicia”, respondió el ahora diputado provincial electo, quien se autodefine como nacionalista, conservador y de derecha. Ríos sugirió que el expolicía Amarilla estaba al tanto y avalaba el esquema financiero orquestado por Núñez.
Sea como fuere, Amarilla se encuentra en libertad y actualmente es diputado electo, al igual que Ríos, quien resultó doblemente favorecido ya que también fue electa su esposa, Deborah Mangone. Rita Flores, terapeuta del Ministerio de Defensa y pareja del principal operador del espacio —el intrépido abogado Alejandro Jabornicky—, también consiguió una banca.
De cara a las elecciones legislativas de octubre, Ríos y sus socios reformularon una estrategia sin Amarilla y armaron un frente compuesto por tres partidos: Por La Vida y los Valores, de Ríos; Ahora Vos, bajo el patrocinio de Jabornicky; y Nuevo Octubre, un partido misionero con personería nacional que, en su momento, habría sido acuñado por Alex Ziegler.
Ríos confirmó a distintos medios que la lista de Nuevo Octubre estará encabezada por Carmelo Nicolás Bárbaro, seguido en segundo lugar por Aida Vaztique, una taxista que ya fue candidata en dos oportunidades en las estructuras electorales del partido de derecha; la última vez, en las elecciones de junio, ocupando el octavo puesto.
Sin embargo, la candidata de Ríos estuvo buscando contribuyentes para poder “comprar” su lugar en la lista. Necesitaba 20 millones de pesos en efectivo, crocantes. Durante toda la semana tocó puertas e hizo llamados. Con esa suma se garantizaba estar segunda, para estar primero había que poner 35 millones, cash.
“Es para un partido provida cien por ciento”, así abría la jugada Vaztique a uno de sus interlocutores mientras pedía el dinero, y luego aclaraba: “es un partido que se llama Por la Vida y los Valores”. En una de las conversaciones que mantuvo explicó que el frente con el que buscará llegar al Congreso forma parte de “un arreglo nacional con otro partido, una alianza nacional” y nombró a Nuevo Octubre.
También contó que en las elecciones de junio fue octava en la lista y “por una cuestión de capital no fui más arriba”. Para el viernes por la noche ya estaba todo cocinado: “El primero lo pone otro partido, porque pedían 35 millones”, dijo Vaztique. Esto es apenas una parte de la trastienda de la conformación de este nuevo frente; Ahora vos, tiene una historia más atrapante.
Ese mismo viernes, en diálogo con Radio Up, Ríos pidió el acompañamiento del electorado a su lista para las legislativas de octubre, “para que Por la Vida y los Valores tenga diputados nacionales para representar a Misiones” porque, según dijo, “los que siempre fueron a Buenos Aires dejaron mucho que desear y nosotros estamos en campaña para revertir eso”.
Esta medianoche vence el plazo para la presentación oficial de las listas que competirán en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre; Misiones renueva tres de las siete bancas que tiene en la Cámara baja del Congreso. Así comienza una nueva campaña electoral en el Cantón Verde. Bienvenidos.
Opinión
Necesitamos voces confiables en el Congreso

Por: Fernando Oz
En el horizonte inmediato las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde se ponen en juego 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Además, ese día, los argentinos ratificarán o no, con el voto, la gestión de Javier Milei frente al Poder Ejecutivo. Una evaluación sobre la mitad de su mandato.
Si los libertarios embanderados en La Libertad Avanza ganan, el corte deshumanizante de la motosierra se profundizará en todo el país y tocará sectores que aún no han sido alcanzados. La inflación volvió, la devaluación se come el salario, aumenta el desempleo y la inseguridad se siente a diario; ese es el cuadro actual, las proyecciones son desalentadoras.
Si las oposiciones ganan, la ecuación de fondo no cambiará demasiado. Habrá más voces en el Congreso en contra de un avasallante presidente con poco apego a las normas democráticas, pero el Gobierno mantendrá el rumbo.
Los cálculos están hechos. Aunque realice una inmejorable elección legislativa, Milei tiene claro que seguirá sin mayoría en el Congreso. Lo que significa que para avanzar con sus planes necesitará de los legisladores de las fuerzas aliadas, partidos provinciales, o cualquier solitario dispuesto ofrecer el voto a cambio de algo.
A nivel nacional el PJ aparece como la opción opositora más fuerte. A los argentinos nos gusta tropezar con la piedra de las polarizaciones, de las antinomias estúpidas; ayer se llamaron unitarios y federales, después llegaron los conservadores y los que no lo eran, y así la vamos llevando, estancándonos y pisando el palito de nuestra propia ignorancia. Hoy asistimos a una nueva temporada de peronismo y antiperonismo. En medio de sus propias internas el PJ toma cuerpo frente a un Milei que logró disciplinar al alicaído Pro de Mauricio Macri y a un sector del radicalismo.
Entre las alternativas de menos peso, la más importante es la que ofrecen cinco gobernadores que se presentan como una variante de centro con una mirada más federal, sin kirchnerismo ni libertarios. Una suerte de “ancha avenida del medio” pero sin Sergio Massa. En esa arquitectura andan el cordobés Martín Llaryora, el santafecino Maximiliano Pullaro, el chubutense Ignacio Torres y el santacruceño Claudio Vidal.
Este nuevo frente, bautizado como Provincias Unidas, busca sumar a otros mandatarios, pero al parecer no hay una estrategia que favorezca a todos por igual. Por otro lado, dos gobernadores radicales arreglaron para ir junto a La Libertad Avanza: Alfredo Cornejo, de Córdoba, y Leandro Zdero, de Chaco. El entrerriano Rogelio Frigerio también se sumó al sello violeta. En Corrientes, Gustavo Valdés prefirió no sumarse a la liga.
En distinta medida, los gobernadores dependen del dinero que el Ejecutivo “federal” recauda en su nombre y luego reparte. Pero en su afán por conseguir superávit fiscal, Milei se ha quedado con esos fondos provinciales, una estrategia de estrangulamiento financiero que completó con la paralización total de la obra pública nacional y de la prestación de servicios de seguridad social.
Según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el 51% de los ingresos totales de Misiones provienen de recursos de origen nacional, lo que coloca a la provincia entre las más independientes en términos económicos. Eso se alcanzó, hay que decirlo, gracias a la gestión del Frente Renovador de la Concordia; la década de los 90 había dejado a la provincia endeudada y con una dependencia que rondaba el 80%. Fueron años de orden fiscal y crecimiento sostenido.
En todo este concierto, qué nos toca a los ciudadanos de Misiones, cuál es la mejor opción. Podemos inclinarnos hacia el aceleracionismo libertario en medio de la tempestad, volver a confiar en los partidos tradicionales con base en el puerto de Buenos Aires o apostar a los acuerdos de coyunturales montados sobre la hora.
También podemos darle el voto a los oportunistas del enfado colectivo, mal direccionado al gobierno local, que vieron la oportunidad y gritaron más fuerte. Por lo general suelen ser los más peligrosos. Algunos aparecen de la nada con sellos partidarios, financistas fantasmas, un poco de marketing para la ocasión, prestándose al baile y pintándose la cara. Otros van boyando de alianza en alianza para sobrevivir en el mercado político.
El Frente Renovador de la Concordia sabe que cuenta con la confiabilidad, tras una satisfactoria y ordenada gestión administrativa. El balance final es ese 49% de independencia. Dato inapelable. Esa es la principal opción del que vive en Misiones y anhela alcanzar esos dos puntos que le garantizan el camino de autonomía marcado por Carlos Rovira.
Pero la renovación también sabe que su performance durante las últimas elecciones fue la peor desde su creación. El desgaste propio de los años y el exitismo de una minúscula elite aburguesada erosionó su credibilidad. Ojo, porque esa misma vara le cabe a toda la clase política del país, por eso la recuperación de la credibilidad es una tarea prioritaria de la Argentina democrática.
Para ganar credibilidad, hay que sincerarse. Para sincerarse, hay que reconocer públicamente aquellas verdades que incomodan. Ese primer paso ya lo dió Oscar Herrera Ahuad. Lo hizo el lunes último, en Alem, con micrófono en mano y ante ciento treinta referentes de salud de la zona sur del Cantón, cuando pidió a los diputados nacionales que acompañen con el voto la ley de financiamiento de emergencia sanitaria pediátrica, conocida como la Ley Garrahan.
En las elecciones del 26 de octubre Misiones renueva tres de las siete bancas que ocupa en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación. Nadie duda sobre los resultados de la renovación, lo podemos palpar con ese 49% de prolijidad financiera que le permite hoy, en este contexto, cumplir con las obligaciones salariales sin debilitar la prestación de seguridad social. Sus vaivenes políticos dejan, en cambio, una larga estela de interrogantes.
Si a la confiabilidad, Herrera Ahuad sigue marcando la diferencia, se recuperará la credibilidad y la provincia se asegurará una voz independiente y con experiencia a favor de los misioneros.
Opinión
Tratamiento impositivo especial para Misiones

Luis Pastrori
En fecha 1/8/2016 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 27.264, denominada “Programa de Recuperación Productiva” más conocida como “Ley Pymes”, la que en su Título II propone la aplicación de tratamientos impositivos especiales para el fortalecimiento de estas empresas.
A instancias del suscripto, se incorporó como Artículo 10 un texto que textualmente expresa: “Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para implementar programas tendientes a compensar a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en las zonas de frontera que éste establezca por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas”.
Lamentablemente este artículo nunca fue reglamentado, ni por el gobierno de Macri ni por el de Alberto Fernández ni tampoco por el actual de Milei. Su propósito claro y transparente es el de otorgar beneficios impositivos y fiscales a las Pymes fronterizas como las de Misiones en particular, que sufren las asimetrías -especialmente tributarias- con Paraguay y Brasil, países con los que comparte un 90% de sus límites, ahogando sus posibilidades de crecimiento y
desarrollo en un contexto de nula competitividad.
En la gestión Fernández-Massa-Cristina el gobierno renovador misionero se entusiasmó con la promesa de la creación de una “Zona Aduanera Especial” (similar a la de Tierra del Fuego). Sin embargo, y habiéndose aprobado un artículo en la Ley de Presupuesto para el año 2022, el mismo fue vetado por el propio Alberto Fernández. Repetido luego en la Ley de Presupuesto 2023, y a pesar de las promesas que repetidamente hiciera el Ministro de Economía Massa –por entonces candidato a presidente-, finalmente nunca se concretó.
Por ello, y ante las dificultades que implica aprobar una nueva norma en dicho sentido, lo más accesible es insistir por enésima vez en la reglamentación del Art. 10 de la Ley 27.264, que solamente requiere de la voluntad del Poder Ejecutivo de dictar un decreto que lleve beneficios concretos y que alivien la situación fiscal y económica de nuestras empresas y, en consecuencia, de los consumidores que somos todos.
¿Cuáles podrían ser algunas de esas medidas? En forma temporal y por un plazo de cinco (5) años, se podrían considerar por ejemplo las siguientes:
a. Impuesto a las Ganancias: Reducir del 25 al 15% la alícuota del impuesto para aquellas empresas que declaren ganancias netas de hasta $ 101.679.000 anual (monto vigente para 2025)
b. IVA: Programa de reintegro del impuesto para consumidores de la provincia de Misiones
c. Impuesto a los débitos y créditos bancarios: alícuota cero (0%)
d. Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono: Reducción de un 50%
e. Reducción de contribuciones patronales y mayor crédito fiscal en IVA por las
contribuciones patronales.
Advertimos en su momento que la “Zona Aduanera Especial” era algo muy difícil de lograr y luego de concretar. El camino de reglamentar el Art 10 de la Ley Pymes nos debe unir a todos para convencer al país central que Misiones necesita imperiosamente una mirada diferencial que tienda a compensar en alguna medida las carencias de infraestructura básica como gas natural, transporte ferroviario, autopistas, así como el injusto reparto de recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos donde Misiones percibe menos que las demás provincias del NEA (Corrientes, Chaco y Formosa) a pesar de registrar la mayor cantidad de habitantes en la región.
Pero todo ello también requiere el esfuerzo que debe hacer el gobierno de la Provincia en el sentido de bajar la presión tributaria que es una de las más altas del país, en especial con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sus altas alícuotas, los cuantiosos saldos a favor de los contribuyentes que nunca se recuperan y la inconstitucional implantación de la llamada “aduana paralela”, todo lo cual agrega un costo que finalmente lo terminamos soportando los habitantes vía precios en las góndolas.
Nación y Provincia tienen pues la enorme responsabilidad de comenzar a brindar respuestas. Los misioneros, el derecho y el deber de reclamar por todas las vías lo que legítimamente nos corresponde.
*Diputado Provincial y Nacional –M.C.
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