Por Lucas Ruiz Moreno

*Licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales- Unam.

Las transformaciones recientes del mundo del trabajo, en un contexto de crisis que se profundiza día a día, han configurado una clase trabajadora más heterogénea y atravesada por un creciente deterioro de sus condiciones laborales y salariales. Para una parte importante de los trabajadores, el salario de un único empleo ya no resulta suficiente para sostener la economía familiar. La necesidad de buscar otras fuentes de ingresos se convierte así en una respuesta cada vez más frecuente frente al deterioro de las condiciones de vida.

La docencia misionera no es ajena a este proceso. Su análisis adquiere particular relevancia en la provincia, tanto por tratarse del sector más numeroso de la administración pública como por las características específicas de su mercado laboral. Desde hace tiempo, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes ha impulsado la acumulación de cargos y horas en distintos establecimientos, dando lugar a una figura cada vez más extendida: el denominado “docente taxi”, aquel que recorre varias escuelas para completar su jornada laboral y alcanzar un ingreso suficiente.

Los datos salariales elaborados por la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE), actualmente dependiente del Ministerio de Capital Humano, permiten dimensionar esta pérdida de poder adquisitivo. En la actualidad, el salario docente de un cargo testigo presenta un fuerte deterioro que, por su magnitud, remite a los niveles registrados durante la crisis de 2001 y los años posteriores de 2002 y 2003. La comparación resulta significativa: hoy, al igual que durante aquella etapa, el salario docente vuelve a ubicarse por debajo de las necesidades básicas de los hogares. Un maestro de grado con diez años de antigüedad y jornada completa no alcanza, con su salario de bolsillo, a cubrir una Canasta Básica Total.

La insuficiencia salarial tiene consecuencias sobre la organización del trabajo. La acumulación de cargos y horas en distintos establecimientos extiende y fragmenta la jornada, a la que se suman los tiempos de traslado y las tareas que continúan fuera del aula: planificación, corrección, elaboración de materiales y otras actividades indispensables para la enseñanza. La situación se vuelve aún más compleja en las zonas rurales y periféricas, donde las distancias, el estado de los caminos y las dificultades de transporte incrementan los tiempos de traslado. A esto se suma que cerca del 80% del colectivo docente está integrado por mujeres, muchas de las cuales deben articular la actividad pedagógica con las tareas domésticas y de cuidado.

Frente a este escenario, resulta necesario mirar más allá del recibo de sueldo y conocer cómo la crisis impacta en la vida cotidiana de quienes sostienen las escuelas misioneras. Para ello, desde el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (Ceics) realizamos una encuesta a 172 docentes de la provincia. Los resultados permiten dimensionar cómo la pérdida salarial se traduce en endeudamiento, búsqueda de ingresos adicionales y una creciente extensión de la jornada laboral.

Radiografía de un trabajo en crisis: entre la deuda y el pluriempleo

La pérdida de poder adquisitivo no se expresa únicamente en el valor del salario, sino también en las estrategias que los docentes deben desarrollar para sostener sus hogares. La encuesta realizada por el Ceics permite observar cómo esa situación se traduce en decisiones concretas sobre el consumo, el endeudamiento y el tiempo destinado al trabajo.

El 70% de los encuestados señaló que es jefe o principal sostén económico de su hogar. En este contexto, el endeudamiento aparece como una herramienta frecuente para llegar a fin de mes: el 88% manifestó haber tenido que endeudarse durante los últimos 12 meses para afrontar gastos habituales del hogar, mientras que más del 60% señaló que debe postergar compras, recurrir a préstamos o reducir gastos en rubros como salud y vestimenta, además de postergar pagos importantes. A su vez, el 92% afirmó que no logra ahorrar con sus ingresos. En conjunto, los datos muestran un escenario de fuerte fragilidad económica: el salario no alcanza para sostener con holgura los gastos corrientes y mucho menos permite generar capacidad de ahorro.

El trabajo adicional constituye otra de las respuestas frente a esta situación. Cuatro de cada diez docentes encuestados señalaron que buscan o realizan otro empleo no vinculado a la docencia para complementar sus ingresos. Entre quienes tienen una segunda actividad, el 98% afirmó que lo hace debido a la insuficiencia de su salario docente y más del 60% destina entre 10 y 20 horas semanales a ese trabajo. El 90% de quienes tienen un segundo empleo, además, señaló que el pluriempleo afecta su bienestar cotidiano. De esta manera, la insuficiencia salarial no solo obliga a buscar nuevas fuentes de ingresos, sino que también amplía una jornada laboral que ya se encuentra atravesada por múltiples tareas dentro y fuera de la escuela.

Las actividades desarrolladas son diversas. Algunas mantienen relación con la experiencia docente, como las clases particulares y el apoyo escolar, mientras que otras se encuentran completamente alejadas de la enseñanza: cuidado de niños o adultos mayores, limpieza, comercio, peluquería, fotografía, pastelería, venta de comidas, ropa y distintos productos. También aparecen docentes que aprendieron oficios como electricidad, plomería, carpintería, mecánica o refrigeración para generar una fuente adicional de ingresos. A esto se suman trabajos como conductores para aplicaciones como Didi o Uber y otras actividades por cuenta propia. En buena parte de los casos, se trata de ocupaciones informales, inestables y sin acceso a derechos laborales ni protección social.

Quizás una de las respuestas sintetiza mejor que ninguna otra esta realidad. Ante la pregunta sobre qué hacen para complementar sus ingresos, varios docentes respondieron: “Tratar de vender lo que sea”. La frase condensa una situación en la que el trabajo adicional deja de ser una elección y se convierte en una necesidad.

Las consecuencias de esta dinámica también aparecen en las respuestas vinculadas al bienestar. El 68% de los encuestados señaló tener problemas de estrés laboral y el 58% manifestó sufrir insomnio o cansancio crónico. A su vez, el 70% evaluó como poco o nada satisfactorio el equilibrio entre su vida laboral y su vida personal o familiar. La crisis salarial, entonces, no queda circunscripta al ingreso: se proyecta sobre el tiempo de trabajo, la vida familiar y las condiciones en las que los docentes desarrollan su vida cotidiana.

En este contexto, la necesidad de sumar actividades y extender las jornadas también puede aumentar la exposición a situaciones de extrema inseguridad. Un caso ocurrido en marzo de este año en la provincia de Buenos Aires permite dimensionar, en su expresión más extrema, algunos de estos riesgos: un docente de La Matanza que trabajaba en tres escuelas fue asesinado mientras conducía para la aplicación Didi. Sin establecer una relación causal entre ambos hechos, el episodio permite observar hasta dónde puede extenderse la jornada de un trabajador que necesita multiplicar sus fuentes de ingreso.

La situación plantea un problema que excede la capacidad individual de cada docente para “llegar a fin de mes”. El desafío no debería ser cuánto más puede trabajar un docente para compensar un salario insuficiente, sino cómo garantizar una remuneración y condiciones laborales que permitan vivir de la docencia. Recuperar el poder adquisitivo resulta indispensable para que sostener un hogar no dependa de multiplicar empleos, sumar horas y extender una jornada que ya se encuentra sobrecargada. De lo contrario, aquello que aparece como una estrategia para afrontar la crisis termina profundizando el mismo problema: más trabajo, menos tiempo y un mayor desgaste para quienes tienen a su cargo una tarea esencial para la sociedad.

Fuentes:

Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS). (2026). Encuesta sobre condiciones de trabajo docente – Misiones. Google Forms. https://forms.gle/QQePwWGMAwkmkeuMA

Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE). Informes indicativos del salario docente (2000-2026). Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-e-informacion-educativa/documentacion/informes-salarios-docentes

---

---

---

---

---

---

---

Federico Villagra

Lic. en Economía 

En la llegada de Javier Milei vimos cómo una joven de La Libertad Avanza lanzó expresiones despectivas hacia un grupo de productores que fueron para pedir un precio justo para la hoja verde.

Cabe remarcar que los productores son la parte más débil del eslabón de la cadena productiva que sostiene a misiones, que es la yerba mate.

Hablar de yerba mate en nuestra provincia no es hablar simplemente de un producto. Es hablar de historia, cultura, trabajo e identidad.

Hace más de 200 años los pueblos guaraníes ya conocían y consumían la yerba mate. Durante el período colonial adquirió una enorme importancia económica en toda la región y, siglos después, continúa siendo una de las actividades productivas fundamentales de Misiones.

La yerba está, literalmente, tatuada en nuestro ADN.

Misiones concentra alrededor del 90% de la producción argentina y detrás de esa actividad existen alrededor de 15mil productores y 17mil tareferos, secaderos, cooperativas, molinos, transportistas, comercios y familias que directa o indirectamente dependen de ella.

Por eso, cuando se desprecia al productor yerbatero no se está atacando solamente a un sector: se está desconociendo una parte central de la estructura económica y social de nuestra provincia.

Si en la escuela de formación política de La Libertad Avanza se enseña a mirar al productor despectivamente, deberíamos preguntarnos si estamos frente a ignorancia económica, desconocimiento histórico o frente a una concepción deliberada de desregulación y odio que propicia el propio Sturzenegger hacia el sector yerbatero.

La realidad es que apuntar al productor es pegarse un tiro en el pie -como argentino mismo- porque el consumo es plenamente nacional.

En el caso de la yerba existen miles de pequeños oferentes frente a un puñado de grandes industrias, y ahí aparece una enorme asimetría en el poder de negociación. La teoría económica conoce perfectamente estos fenómenos: oligopsonios y, en sus situaciones extremas, monopsonios. En estos casos el poder de negociación es plenamente del comprador

Y ahí está el problema que Federico Sturzenegger y la política de desregulación parecen no comprender, o deciden ignorar.

La historia de la yerba mate debería servirnos de advertencia.

Desde las durísimas condiciones laborales existentes durante diferentes etapas de la explotación yerbatera hasta la historia de los mensúes y posteriormente de los tareferos, la actividad estuvo atravesada durante generaciones por profundas desigualdades entre quienes aportaban su trabajo y producción y quienes concentraban el poder comercial.

El precio de referencia de la yerba no nació de un capricho del gobierno. Surgió en los 90 en el famoso tractorazo, en la necesidad de equilibrar una relación económica naturalmente asimétrica que da surgimiento al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).

La intervención estatal sobre mercados agropecuarios es necesaria en casos de oligopsonios. No todos los mercados ni todos los productos utilizan exactamente el mismo instrumento, pero prácticamente ninguna economía agropecuaria relevante funciona bajo la fantasía de una ausencia absoluta del Estado.

Entonces aparece una contradicción evidente.

Se le dice al productor que produzca más, que compita y que exporte. Pero abrir nuevos mercados internacionales para un producto culturalmente concentrado en determinados países no ocurre de un día para otro, y mucho más en un mundo donde las principales economías mantienen políticas agrícolas, sanitarias y comerciales fuertemente defensivas de sus propios intereses.

El problema no es mercado contra Estado

Plantear esta discusión como una batalla entre “libertad” e “intervencionismo” es intelectualmente pobre.

Finalmente puede ocurrir algo paradójico: en nombre de la competencia terminamos con menos competidores y un precio de $ 200 que desincentiva la producción. En 2023 la hoja verde estaba en $210 y el precio en góndola del kilo de yerba en $2200, hoy en día el precio es el mismo y el precio del kilo de yerba en góndola es de $5200 en promedio.

Por eso defender al productor también es defender el mercado, que con este modelo económico se encamina a su extinción.

La economía misionera tiene características propias. No puede analizarse exclusivamente desde un escritorio en Buenos Aires.

Porque cuando desaparecen miles de pequeños productores y la producción queda concentrada en pocas manos, aquello que comenzó llamándose “libertad” puede terminar convirtiéndose exactamente en lo contrario: concentración del poder económico.

La yerba mate sobrevivió siglos de transformaciones políticas, económicas y sociales. Sobrevivió a la colonia, a diferentes modelos productivos, a crisis nacionales y a innumerables cambios regulatorios.

Lo que Misiones no puede permitir ahora es que una generación de dirigentes desconozca esa historia y convierta al productor en enemigo.

El productor yerbatero no es el problema. El tarefero no es el problema. Son quienes mantienen vivo uno de los principales motores económicos, sociales y culturales de Misiones.

Y antes de pretender “liberar” nuestra economía, primero hay que conocerla.

Porque los intereses de la concentración económica que propone Sturzenegger se antepone a la realidad que vive el misionero, es allí donde la provincia y los ciudadanos tenemos la responsabilidad de garantizar equidad en cada sector que movilice nuestra economía.

“La regulación del precio de la hoja verde es tan necesario como lo es la democracia en el sistema político.

---

---

---

---

---

---

---

Por Fernando Oz
@F_ortegazabala

“Si aquí hay un monumento a la corrupción, es Yacyretá”. Quien lo dijo sabía perfectamente de qué se trataba. Fue Carlos Menem, a principios de 1990 y con el polvo de un viaje relámpago a Asunción todavía en los zapatos, quien lanzó esa frase como el puntapié inicial para paralizar las obras principales; una maniobra política diseñada para justificar un ambicioso proceso de privatización de la central hidroeléctrica que, finalmente, terminó en el fracaso. Treintaiseis años después, la situación financiera de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) es tan difusa como misteriosa.

Lo que sigue es la reconstrucción lineal de un desquicio administrativo estructural, narrado desde la certeza material del dato técnico de tres documentos firmados por la Auditoría General de la Nación (AGN) —la retaguardia donde se suele registrar la desidia y la huella de la corrupción— y con el oído puesto en el segmentado relato de una silenciosa interna por la millonaria caja de la EBY.

Primer acto: Un informe conjunto de “auditores independientes”, integrado por un equipo mixto de profesionales de la AGN y de la asociación insignia que nuclea a los auditores de Paraguay, declara de manera tajante la Abstención de Opinión porque no logró obtener evidencia suficiente ni adecuada para validar las cuentas de la mayor central hidroeléctrica del país. Se trata del ejercicio financiero de 2023, lo que vino después demuestra que los balances de Yacyretá son una ficción contable, una suerte de adivinanza macroeconómica estructurada sobre proyecciones y estimaciones de utilería; la confesión explícita de un naufragio institucional a la intemperie de la legalidad.

Antes de que el descalabro fiscal tomara forma de balance, la caja de la margen izquierda de la binacional estuvo bajo la administración de Ignacio Barrios Arrechea, un joven que fabricaba piezas de madera y que trabajaba en un puesto menor de la EBY. Había alcanzado la dirección Ejecutiva en junio de 2020 al amparo del linaje político de su padre —el exgobernador radical de Misiones— y el aval directo de Cristina Fernández de Kirchner.

Durante su gestión, que concluyó de forma abrupta en febrero de 2022 en medio de una feroz interna por los millonarios contratos para la maquinización del brazo Aña Cuá, se terminaron de consolidar las bases de la inacción institucional. Bajo su firma se gestaron las inconsistencias operativas y la falta absoluta de previsiones contables ante el viejo reclamo de ERIDAY-UTE, dejando el terreno allanado para que los baches financieros del “monumento a la corrupción” se diluyeran en el letargo de la desidia binacional.

La raíz del engaño es profunda y se manifiesta en las pérdidas operativas. El reemplazó de Barrios Arrechea fue el ingeniero formoseño Fernando Antonio De Vido, un alfil de estrecha confianza de Gildo Insfrán. Tuvo una gestión corta, hasta diciembre de 2023 al finalizar el gobierno de Alberto Fernández, y firmó los balances que apelaron a la “contabilidad creativa” de los “Cargos Diferidos”.

Bajo su administración, la EBY retiró los resultados negativos del ejercicio corriente y los desvió artificialmente hacia la cuenta de “Cargos Diferidos – Cuenta de Explotación”, prefiriendo esconder la basura bajo la alfombra del diferimiento y sobrevaluar el rubro de Propiedades, Planta y Equipos mediante la activación indebida de gastos de la elevación a Cota 83. De Vido se marchó dejando un capital licuado y un vacío legal tarifario provocado por la no ratificación interna de las Notas Reversales de 2017 —un tema tan interesante como extenso y técnico, con una historia de romance diplomático de fondo—.

Pero volvamos al lapidario informe conjunto de “auditores independientes”: es corto, cinco carillas, pero puesto bajo la lupa de los analistas de control reviste una gravedad institucional y contable extrema. “Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría… y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos”, se lee en el documento fechado el 27 de marzo de 2025, que lleva estampadas las firmas de Leonardo Etcheverry, por la AGN, y Manuel Stark Robledo, de Auditores y Consultores Asociados de Paraguay.

Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el ingeniero civil Alfonso Peña asumió la dirección ejecutiva en febrero de 2024. Excompañero de estudios de Mauricio Macri y hombre proveniente del riñón de las constructoras privadas, Peña llegó con un discurso de reordenamiento técnico, pero le tocó gestionar la crudeza de la parálisis civil. Bajo su mando, la obra de ampliación en el brazo de Aña Cuá se frenó por completo, sitiada por los sobrecostos y las disputas con los contratistas.

Peña fue el responsable de estampar la firma en la polémica Adenda Nº 9 al contrato Y-C-AMPLYA. Es un cuento corto: se trata de un acuerdo modificatorio que inyectó un sobrecosto directo de US$ 30 millones al presupuesto de Aña Cuá —elevando el costo global de la obra a unos US$ 450 millones— con el único fin de financiar la paralización de la obra civil y costear el mantenimiento de estructuras ociosas entre septiembre de 2024 y marzo de 2025. Una maniobra no para avanzar en la infraestructura física, sino para financiar la parálisis: mantener campamentos y mitigar los reclamos del consorcio constructor.

La consecuencia directa de esta transición precaria es un lucro cesante masivo. Al patearse la puesta en marcha de las turbinas hacia 2028-2029, la EBY deja de facturar un estimado de US$ 70 a US$ 80 millones anuales en concepto de energía incremental; un bache de facturación millonario que restringe severamente la autonomía financiera del ente.

Esta adenda encendió las alarmas de los auditores porque los fondos no se tradujeron en un avance real del hormigón, sino en el financiamiento de un “Programa de Transición” pactado con el consorcio contratista para mitigar reclamos e indemnizaciones, consolidando además un millonario retraso energético hasta fines de la década.

Segundo acto: A este escenario arribó en enero de 2026 el actual director Ejecutivo de la EBY, Diego Luis Adúriz, primo hermano del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. Ingeniero civil, con un perfil nítidamente financiero y de control de daños corporativos, Adúriz asumió el manejo de la margen izquierda de la binacional con un mandato extendido hasta 2031.

Su llegada coincidió de manera milimétrica con la aprobación de la Resolución N° 56/2026 de la AGN, de marzo de este año, en la que se aprueba formalmente el Dictamen con Abstención de Opinión producido sobre las cuentas de 2023. Esto significa que el máximo órgano de control de la República Argentina respalda de manera unánime y oficial que los estados financieros de Yacyretá no son auditablemente confiables en su conjunto debido al impacto crítico de sus variables pendientes de definición.

La resolución 56 demuestra que el problema excede lo contable; es un conflicto de arrastre político-diplomático institucional que mantiene congelado el balance de uno de los principales activos energéticos del país, impidiendo conocer su verdadera situación patrimonial desde hace años.

Tercer acto: La AGN vuelve a subir al escenario a través de la Resolución N° 166/2026, aprobada el 6 de agosto de este año, que representa la conclusión técnica y procedimental definitiva de un largo proceso de fiscalización sobre la EBY. Es la consecuencia lógica: si un balance obliga a una abstención de opinión, significa que los mecanismos de control, registro y procesamiento interno de la empresa fallaron o son deficientes.

Pero la AGN introduce aquí la novedad del “carácter de reservado”. La gran diferencia radica en el tratamiento legal de la información: mientras que los motivos de la Abstención Financiera son públicos por su impacto directo en la Cuenta de Inversión del Estado Nacional, el Artículo 2º de esta nueva resolución dispone explícitamente “la reserva del presente informe” bajo los términos del artículo 30 de la Resolución N° 77 de 2002.

¿Por qué este cambio? Desde la óptica de la auditoría gubernamental, un informe sobre fallas en el Control Interno Contable describe las vulnerabilidades sistémicas, debilidades en los sistemas informáticos, fallas de conciliación de cuentas y grietas operativas de la entidad. Hacer públicas estas debilidades en una infraestructura estratégica binacional podría comprometer la seguridad financiera o corporativa del ente frente a terceros o contratistas en litigio (como ERIDAY-UTE).

Es, en este punto de quiebre donde cobra dimensión el rol de la AGN al disponer la reserva de dicho informe. Lejos de convalidar el ocultamiento, la declaración de “carácter reservado” opera como una trinchera de legítima defensa institucional frente a la rapiña corporativa. Desglosar públicamente las grietas del sistema contable, las fallas de los registros informáticos de facturación y las debilidades de las conciliaciones de deuda de la represa hubiera significado entregarle en bandeja de plata a los abogados de ERIDAY-UTE las pruebas necesarias para hundir al Estado en el tribunal arbitral de París, donde se dirime un litigio histórico que oscila entre los US$ 800 y US$ 1.500 millones.

Aquí el hilo conductor de la historia se vuelve filoso y muerde el centro del poder real. El consorcio ERIDAY, encabezado globalmente por las multinacionales Webuild y Vinci, tejió desde su origen en 1983 una alianza indisoluble con el entramado del soporte local. En el corazón de esa UTE civil estuvo Sideco Americana, la nave insignia de la Familia Macri.

Los vínculos no son una conjetura del pasado ni una nota al pie: la herencia del negocio de la patria contratista une de forma lineal los reembolsos impositivos de los años ’80 y ’90 con el actual reclamo multimillonario en la Cámara de Comercio Internacional. Cualquier laudo o acuerdo extrajudicial que intente destrabar el litigio no solo beneficiará a los gigantes, sino que derramará de forma proporcional millones de dólares directos en las cuentas de las firmas locales socias, entre ellas, las empresas ligadas históricamente al apellido del expresidente.

Lo cierto es que Yacyretá funciona hoy como un colador incontrolable de deudas cruzadas donde los sucesivos administradores se han mostrado incapaces de consolidar el Tratado original. La complacencia de las autoridades que estuvieron al frente de la EBY durante todo este proceso es el verdadero monumento a la ineficiencia; han preferido gerenciar lo cercano y estirar los plazos antes que poner el cuerpo para sanear la aorta comercial y energética del país.

El director ejecutivo de la EBY no es un cuadro técnico y mucho menos independiente, previamente se había desempeñado como consejero del ente y en las filas de Cammesa, siempre bajo la órbita del Palacio de Hacienda. Ahora, a Adúriz le corresponde la responsabilidad administrativa de ejecutar este plan de remediación “confidencial”, mientras intenta reordenar las finanzas frente a los retrasos de pagos del mercado eléctrico mayorista. Además de los problemas que tiene con la solapada intervención de Santiago Caputo.

Los hombres que responden al asesor de Milei en la EBY podrían tener su propio capítulo, sería más vertiginoso, con ribetes policiales, y pizza con champagne. Allí entraría Ignacio “Nacho” Palacios, asesor y comisario político de la entidad, mecánico y actual coleccionista de autos; Juan Pablo Arrechea, de carrera en la binacional y conocedor de la botonera, ahora dirige la poderosa Secretaría General y el siempre lubricado Departamento de Obras Complementarias, y Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad e Informaciones de la EBY, sus amigos en Miami lo llaman el “Tucu” y estuvo como cuatro años como policía del municipio de Bal Harbour Village —ubicado en el condado de Miami-Dade, Florida—, donde también cumplió funciones como marine patrol, manejando una lancha, y jamás tuvo nada que ver con la DEA, el FBI ni ninguna otra fuerza de Estados Unidos; antes de vestir el uniforme de policía municipal, Waisman estaba a cargo del cuidado de un parque público de la misma ciudad.

El trío comienza a ser visto con interés desde un estudio jurídico de Miami en el marco de una causa judicial. Prestamos en dólares, servicios de logística, courier internacional y transporte de encomiendas. Un peliculón filmado en escenarios naturales en Estados Unidos, Argentina y Paraguay.

Mientras tanto, me pregunto si el Congreso se dignará a estudiar el dictamen de la AGN, que es inapelable: Yacyretá presenta un cuadro de desquicio estructural. Los balances están desnudos porque el control interno fue desmantelado o ignorado deliberadamente. La reserva dictada sobre el sistema contable es la última retaguardia que le queda al Estado para no terminar pagando los platos rotos de una fiesta privada.

¿Cuánto tiempo más tolerarán las instituciones democráticas que el principal activo hidroeléctrico de la nación siga gestionándose a ciegas, a la intemperie de la legalidad y de espaldas a los intereses de los argentinos? La primavera de las auditorías ya pasó; ahora es el tiempo de que la Justicia y el Congreso exijan rendición de cuentas en el barro de la realidad.

---

---

---

---

---

---

---