Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

La desconfianza y la mala leche se han colado en la discusión por la tasa que la intendenta de Wanda, Romina Faccio, aplica a los turistas que visitan la ciudad. Lo primero nace del contribuyente, ese sujeto fatigado de promesas que rara vez se cumplen; lo segundo, de los que siempre tienen el brazo listo para arrojar barro.

Faccio defiende la Tasa Ecoturística, o como prefieran llamarla, como una herramienta clave de gestión, esencial para equilibrar el flujo de visitantes a las minas de piedras preciosas con la preservación del entorno local. Su argumento se apoya en la autonomía municipal (Art. 123 de la CN) para financiar servicios ambientales e infraestructura, diferenciándose de los impuestos nacionales por su destino específico: la remediación ecológica. Sin embargo, los sectores opositores y la propia Compañía Minera Wanda cuestionan el rumbo de esos fondos y denuncian la falta de un beneficio directo para el visitante.

A principios de semana, desde la tribuna del diario La Nación, el diputado libertario Carlos Adrián Nuñez cargó contra la medida tildándola de “peaje” arbitrario e impuesto encubierto que genera doble imposición y vulnera la libre circulación. Para el legislador provincial, el tributo —aplicado sobre una empresa privada que ya cumple con sus cánones— carece de contraprestación de servicios, ahuyenta al turismo y pone en jaque fuentes de trabajo al inflar la presión fiscal. El senador del PRO, Martín Goerling Lara, preocupado por la carga tributaria sobre los viajeros, se sumó al coro que apunta al mismo blanco: “impuestos encubiertos” que asfixian al sector privado y le restan competitividad.

No imagino a Nuñez, abogado viajado, especialista en derecho tributario y que forjó su carrera enseñando a los municipios el arte de la cobranza, negándose a pagar su estancia en Roma o Venecia, donde cada turista desembolsa entre tres y diez euros para mitigar el impacto de millones de suelas sobre infraestructuras históricas frágiles. No olvidemos que su primer gran cliente fue, precisamente, el municipio de Puerto Iguazú, y que conoce los pasillos de la Fiscalía de Estado como el patio de su casa en el exclusivo country AguaVista, en Paraguay. Que hoy el diputado llame “impuesto disfrazado” a lo que antes ayudaba a recaudar con celo de inquisidor es, como mínimo, un ejercicio de hipocresía que clama al cielo.

Tampoco imagino a Goerling Lara evitando entrar a Lisboa por una tasa turística de cuatro euros. El senador, respetado en los salones porteños, pero con el traje algo desgastado en su propia tierra, ve cómo se le fugan los dirigentes del PRO como agua entre los dedos hacia otras orillas. Para no perder pie en el fango político, se suma al clamor de los que ven “voracidad fiscal” en cada rincón misionero. Hablan de la Constitución y de federalismo cuando les conviene, pero callan cuando es el bolsillo del interior el que financia el aire acondicionado del Congreso de la Nación.

Mientras Núñez y compañía critican estas medidas como “impuestos encubiertos”, la tendencia mundial en las capitales del turismo demuestra que son herramientas legítimas de autonomía fiscal para proteger el patrimonio y la calidad de vida de los residentes. Romina Faccio no está inventando la pólvora; está defendiendo su municipio con lo que le queda tras el recorte nacional. Si Roma o Florencia cobran por pisar sus piedras históricas, ¿por qué deberíamos ser los únicos generosos del planeta? Las piedras de Wanda no son gratis, ni deberían serlo para quien viene de fuera a disfrutar de lo que el misionero cuida con el lomo doblado.

Tal vez, aún obnubilado por el azar del presente y la idea de un futuro que no fue, Nuñez olvidó que el federalismo no es una calle de sentido único diseñada para que el poder central asfixie a las provincias. Mientras alega en Wanda se grava actividades ya alcanzadas por Ganancias, ignora deliberadamente la asimetría estructural de Misiones: somos la provincia que menos coparticipación recibe por habitante en el NEA, lo que nos obliga, por puro derecho de supervivencia, a ejercer una autonomía fiscal que el artículo 123 de la Constitución respalda. No es “doble imposición”, es la respuesta legítima de un municipio que debe costear con recursos propios como consecuencia del recorte de las transferencias federales.

El objetivo de Núñez y los suyos agitar el fantasma del fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en 2024, le cortó las piernas a la Ecotasa de Bariloche. La Corte fue clara: si no hay un servicio concreto, efectivo e individualizado para el que paga, la tasa es inconstitucional. Independientemente al laberinto judicial al que vaya a meterse el caso, Faccio también se enfrenta con la falta de confianza de todo contribuyente argentino.

Pero en nuestro país, el síntoma de la desconfianza en la clase política ya es crónico; trasciende partidos, alianzas e ideologías. El contribuyente se pregunta con razón —y con una sospecha instalada en el hígado— adónde va su plata. No es maldad, es puro instinto: nadie quiere ser el tonto de la historia, el único que paga el pato mientras los de arriba eluden o se lo llevan crocante.

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Por Nicolás Marchiori

En la antigua Roma, la educación no era solo un medio para cultivar la mente, sino una piedra angular para forjar ciudadanos.

Marco Tulio Cicerón, fue un brillante ejemplo de cómo la educación en Roma moldeaba a
sus hijos más distinguidos. Desde su infancia, Cicerón estuvo inmerso en un riguroso régimen de aprendizaje, reflejo de una sociedad que valoraba profundamente la elocuencia, la filosofía y el arte de la política.

La educación romana, planificada desde el nacimiento, se centraba en inculcar virtudes y conocimientos fundamentales para la participación activa en la vida pública, con una férrea defensa de los valores y rectitud moral. Desde muy temprana edad, Cicerón fue guiado por tutores de gran sabiduría y dedicación, quienes le enseñaron no solo a hablar y escribir con elegancia sino también a pensar con profundidad sobre cuestiones ética, derecho y gobierno. Este enfoque holístico preparaba a los jóvenes romanos para liderar con justicia y sabiduría.

Cicerón emergió como un destacado orador, un pensador profundo, y un estadista comprometido. Su educación le permitió navegar por las complicadas entrañas de la política romana y contribuir de manera significativa en la vida pública. Sus discursos, ricos en sabiduría y elocuencia, y su correspondencia relevan un agudo intelecto y un corazón
apasionado por la justicia y el bienestar de su ciudad.

El legado de Cicerón nos invita a reflexionar sobre el valor de una formación integral que equilibra el conocimiento con la virtud. Siguiendo esta línea, podemos decir que la educación es fundamental no solo para el desarrollo personal sino también para el fortalecimiento de la sociedad.

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La vuelta a clases en Misiones

La próxima semana tendrá lugar un hecho muy importante para la vida de las familias misioneras. La vuelta a clases despierta grandes emociones y sensaciones tanto en los niños como en sus padres. Más de 400.000 estudiantes retomarán el camino de la formación y el aprendizaje reactivándose así el gigantesco andamiaje educativo del
Estado.

No importan las vicisitudes de la historia ni la coyuntura actual, Misiones continúa profundizando el camino de la educación de vanguardia y el conocimiento, las herramientas más importantes para el desarrollo de la provincia y la sociedad.

El retorno de los chicos a las escuelas significa una gran inversión por parte de las familias misioneras y en ese sentido el Gobierno siempre a demostrado empatía y cercanía. Con miras al inicio del ciclo lectivo y con el principal objetivo de cuidar la economía familiar, desde el Estado Provincial se articuló una importante batería de
medidas.

En este sentido, el Boleto Educativo Misionero (BEM) vuelve a ubicarse en el centro de la escena. Instituido por ley en octubre de 2015 se constituye como una de las muestras más grandes de justicia social. El Estado Provincial asume el costo del pasaje de los estudiantes del nivel primario, secundario, terciario, superior y universitario de cada rincón de la provincia.

Para dimensionar su importancia, basta con remitirse a los registros: más de 300 mil estudiantes misioneros usan el servicio.

Además de garantizar la vigencia del Boleto Educativo Misionero, una serie de versiones del Programa Ahora fueron lanzados desde el Gobierno con el fin de generar un impacto positivo en la planificación de la economía familiar de cara al inicio de clases. Estos programas ofrecen a las familias misioneras la posibilidad de abonar con tarjeta de crédito, en cuotas y con reintegro, cuotas de los colegios o deudas acumuladas, artículos de librería, uniformes y guardapolvos, zapatos, zapatillas y textos escolares.

Estos programas especiales impulsados por el Gobierno Provincial, junto a los comercios adheridos y el Banco Macro moviliza la economía en toda la provincia en todos los rubros alcanzados y, al mismo tiempo, acerca una solución concreta a las familias misioneras para afrontar los gastos que implica el comienzo de clases.

En lo que respecta a la “ayuda escolar” que abona el Gobierno a los empleados de la administración pública provincial, el gobernador Passalacqua anunció el pago para el pasado 25 de febrero con un incremento de 30% en comparación con el monto abonado el año pasado. De esta forma, los agentes del sector público provincial recibieron una Ayuda Escolar de $91.000 por hijo y de $227.500 por hijo con discapacidad.

Estas medidas se suman a la confirmación por parte del Gobierno provincial de una inversión de $1.150 millones para el acondicionamiento integral de escuelas públicas antes del inicio de clases. Los fondos se destinaron a tareas de mantenimiento, mejoras edilicias, incorporación de equipamiento y adecuaciones necesarias en establecimientos
de distintos municipios de la provincia.

En un contexto de gran incertidumbre en la Argentina atravesado por una crisis económica que se profundiza día a día y está lejos de mostrar signos de recuperación en el corto plazo, el Gobierno misionero demuestra su compromiso real con la educación a través de acciones que reflejan un abordaje integral en donde se combina apoyo
económico directo a las familias, inversión en infraestructura y planificación pedagógica.

Datos, no opinión: los números de la Educación misionera

Al tercer trimestre de 2025, las erogaciones totales en la finalidad “Cultura y Educación” ascendieron a $622.159.436.330, mientras que lo percibido por la provincia en ese mismo periodo por la Ley de Financiamiento Educativo fue de $239.328.788.361, es decir un 38% aproximadamente del gasto total.

De esos números surge que la Provincia de Misiones financia con recursos propios cerca del 62% de la inversión educativa. En virtud de estos datos concretos, es falso que los fondos nacionales alcancen para cubrir los gastos de funcionamiento del sistema; por el contrario, la mayor parte de la estructura se sostiene gracias a un esfuerzo de la
provincia.

Cuando hablamos de la finalidad “Cultura y Educación” es importante aclarar que no se agota en el concepto “salario”, sino que es multidimensional. Los fondos de Educación garantizan el funcionamiento de un sistema que contempla comedores escolares, material didáctico y mobiliario. Asimismo, todo lo que tiene que ver con la infraestructura: construcción, mantenimiento y refacción de establecimientos en toda la provincia (ascienden a más de 2.200). En lo que respecta a los fondos que se destinan al pago de salario docente, si sumamos la masa salarial mensual y el proporcional mensual del aguinaldo estamos hablando de un monto cercano a los $60.000 millones. Una cifra que da una dimensión del peso estructural que tiene la educación en el presupuesto provincial. Si tomamos en cuenta que el giro de fondos nacionales por la Ley de Financiamiento Educativo es de casi $40.000 millones, la Provincia debe inyectar unos $20.000 millones adicionales cada mes, sólo para pagar sueldos, sin contar el
mantenimiento de escuelas, comedores y demás servicios.

En base a lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que la educación en Misiones se sostiene con una inversión que duplica ampliamente a los fondos que llegan desde Nación por leyes especiales, garantizando no solo salarios por encima de la pauta nacional, sino también la operatividad de las escuelas y la asistencia alimentaria de los alumnos. Y esto implica un enorme esfuerzo en los tiempos que corren: la Provincia administra con prudencia y hace lo posible con herramientas limitadas.

(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en
Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de
Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).

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Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

Impulsado por el último resultado electoral y el retorno de las relaciones carnales con Washington, el presidente Javier Milei está a un trámite de obtener la reforma laboral, uno de los puntos más controvertidos de la campaña electoral que lo llevó a la Casa Rosada. El próximo objetivo de los libertarios será llevar adelante una profunda reforma electoral con la idea de modernizar el sistema, lo que, entre otras cuestiones, dejará fuera de competencia a los partidos más pequeños por falta de recursos, debido a un giro hacia un nuevo esquema de financiamiento privado. Ese clima de movimiento de placas tectónicas tendrá su propia dimensión en el Cantón.

Este viernes, un heterogéneo grupo de diputados provinciales presentó un proyecto de ley para la creación de una comisión que estudie y reforme el sistema electoral de Misiones. La iniciativa, que tiene a la polémica ley de lemas como principal blanco, lleva la firma de los diputados radicales Francisco Fonseca, Rosa Kurtz y Santiago Koch; de Analía Labandoczka, del PRO; Héctor “Cacho” Bárbaro, del PAyS; y el expolicía Ramón Amarilla, del bloque “Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores”.

Entre los impulsores de la iniciativa que se cocinó en el despacho de Kurtz, hay quienes esperan conseguir el apoyo de los diputados Martín Arjol —quien no fue invitado a firmar el proyecto— y Juan Ahumada, ambos con su respectivo monobloque. Pero dudan tener el acompañamiento de los cinco diputados de La Libertad Avanza (LLA) y de los tres legisladores de Por la Vida y los Valores, bloque que preside Walter Ríos y que conduce su esposa, Débora Mangone.

Al diputado Carlos Adrián Nuñez, jefe de los libertarios en el Cantón, le llamó la atención la presentación del proyecto; al parecer, se enteró por La Voz de Misiones. De todos modos, no se sumarán, y no porque estén a favor de la ley de lemas, sino porque aseguran, con ese tono de superioridad que da el sentirse el viento de época, tener algo superior y más abarcativo.

Minimizaron la iniciativa; consideran que es “para armar una comisión para estudiar, analizar una reforma”, y que desde La Libertad Avanza ya tienen el tema “trabajado y resuelto”. Creen que el sistema de lemas en la provincia no formará parte del próximo escenario y que el actual régimen electoral de Misiones se deberá “acoplar a un modelo nuevo que es para todo el país”.

El Gobierno nacional busca una reforma amplia, que va desde la unificación del calendario electoral y la eliminación de las PASO, hasta la consolidación de la Boleta Única, pasando por modificaciones a la Ley Orgánica de Partidos Políticos, para quitar financiamiento, y en el Código Penal, para cambiar el monto de las penas por delitos electorales. Las provincias no están obligadas a “acoplarse” a una reforma; tienen autonomía para dictar sus propios regímenes electorales para elecciones internas. Milei quiere que se unifique todo el sistema electoral del país con el argumento de ahorro de costos y transparencia.

El péndulo de la política

En el Gobierno provincial no está en agenda ninguna reforma electoral; Hugo Passalacqua está enfocado en rearmar un gabinete pensado en atravesar un escenario “hostil” como consecuencia de una economía planchada y un “clima de demolición”, incitado por sectores de la oposición que comienzan a ver la configuración de un nuevo mapa de poder de cara a 2027. Motivos suficientes para seguir desprendiéndose de funcionarios más adeptos a las confabulaciones internas que a respaldar la gestión en tiempos complejos.

En el plano nacional, pese a sus reclamos y diferencias, Passalacqua fue uno de los gobernadores que apoyó la reforma laboral de Milei con quórum y votos. Con esto, la provincia se garantizó otra temporada en el club de los aliados al Gobierno libertario; lo que significa un poco de fondos frescos del Tesoro Nacional, algún adelanto de coparticipación y la carta del menú de promesas. Los cuatro diputados de la Renovación Neo, dirigidos por el peronista Alberto Arrúa, fueron clave desde el principio.

Apenas salió el proyecto del Senado, diez diputados apuraron la convocatoria para la sesión especial donde se dio el tratamiento de la reforma laboral. Entre los firmantes, entre libertarios y del PRO, se encontraban Arrúa como presidente del bloque Innovación Federal, que cuenta con siete legisladores: Arrúa, Yamila Ruiz, Daniel “Colo” Vancsik y Oscar Herrera Ahuad, que responden a Passalacqua; y los salteños Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, que responden al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

La sesión del jueves en la Cámara baja se inició con la presencia de 130 diputados, dos más de los necesarios. Algunos mandatarios aportaron quórum y no votos, como es el caso del catamarqueño Raúl Jalil: tres de sus legisladores votaron todo el paquete en contra. El santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora dieron votos o ausencias, como el extraño faltazo de Juan Schiaretti.

Todos los integrantes de Innovación Federal votaron la ley en lo general. Los salteños Biella y Outes votaron en contra del título XXVI, que incluye la derogación de media decena de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista; y Vega, también salteña, se abstuvo. Los diputados de la Renovación Neo jugaron a pleno. Posiblemente el mayor costo político lo haya pagado Herrera Ahuad, quien se expuso a cuenta propia en todas las vidrieras posibles, tal vez, intentando justificar su propia votación.

Passalacqua, equilibrista consumado, juega su partida entre la diplomacia y la supervivencia. Apoya a Milei cuando el termómetro de la billetera lo indica, garantiza votos para la reforma laboral y, a la vez, congela sueldos de funcionarios con altos cargos, sube salarios de los empleados estatales y apaga incendios gremiales, todo intentando que el barco provincial no zozobre en medio del temporal económico. Uno lo imagina, por momentos, como un capitán de barco con un ojo puesto en la tormenta y otro en la bodega, donde alguna rata siempre amenaza con morder la cuerda equivocada.

Y en este clima, cuando la política parece estar escrita en clave de alta estrategia, llega el episodio que nos recuerda la inercia de la argentinidad al palo: la funcionaria que, desde las playas aztecas, graba un video para los “pobres” y termina cayendo en desgracia viral. Karina “Reina” Acosta, directora de Turismo Social, fue apartada por Passalacqua sin titubeos ni romanticismos. Trabajaba bajo la órbita de la cartera que conduce el siempre indemne ministro José María Arrúa; sería la presidenta de una asociación civil y pertenecería al círculo de amistades de Viviana Rovira, pero nadie intentó evitar su salida. Decreto 252 y a otra cosa.

La destitución de Acosta no es un mero acto administrativo. Es, en el fondo, una señal. Un gesto —tarde, acaso, pero necesario— de que la función pública no puede ser escenario de frivolidades ni de provocaciones a quienes, desde hace años, soportan el rigor del ajuste y la promesa del cambio eterno. Y es aquí donde la reforma electoral, la modernización de las instituciones y el debate sobre el financiamiento de la política se cruzan con la ética y las formas. Porque de nada sirve cambiar leyes y sistemas si quienes las encarnan no comprenden que la virtud —ese viejo valor de la república— se demuestra en los gestos más cotidianos.

En la Misiones de hoy, como en la Argentina entera, el péndulo sigue oscilando. La modernidad choca con la tradición, la voluntad de poder con los límites de la decencia. No hay manual ni reforma que resuelva la contradicción de fondo: la necesidad de instituciones fuertes y de funcionariado a la altura, que no confunda el Estado con un escalón hacia la notoriedad efímera. Mientras tanto, la ciudadanía espera, una vez más, que la política deje de ser rutina de desencantos y se parezca, aunque sea por un rato, a la virtud de la que tanto se habla y tan poco se ejerce.

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