Por Gustavo González

@GonzalezUCR

En estos días, se cumplieron 20 años (11-11-05) del pase de Eduardo Lorenzo ‘Borocotó’, del macrismo al kirchnerismo, marcando un camino que con el tiempo se tornó habitual.

Si bien no era el primer caso, lo de Borocotó fue tan escandaloso que se convirtió en un verbo que se utiliza en política: Borocotizar.

¿Por qué hace 20 años la sociedad se escandalizaba y hoy parece algo no reprochable?

Lo que fue un escándalo, hoy se naturalizó, de la mano de la degradación institucional y de la crisis de los partidos políticos.

El caso Misiones

Durante el año, observamos cómo concejales, diputados y hasta un intendente, que fueron electos por un partido distinto, decidieron pasarse al oficialismo nacional o provincial.

Con la excusa de acompañar “el cambio que quiere la mayoría” o de “no sentirse representados por el partido que les permitió ser electos”, deciden acercarse al calor del poder, defraudando a muchos y colaborando con la degradación de lo que debiera ser una noble actividad política.

Luego de las elecciones de junio y octubre hay algo muy claro: la mayoría de los misioneros le dio la espalda al Frente Renovador. Pero también quiere un proyecto serio en frente.

De los 40 diputados que van a integrar la Cámara de Representantes a partir del 10 de diciembre, hay 19 que no son renovadores, o que por lo menos fueron electos por otro partido. Hace años que no pasaba eso.

Los representantes de la oposición misionera tienen una responsabilidad mayor mirando a 2027: construir una estrategia común que respete la identidad de cada uno (no hace falta ponerse la camiseta); y coincidir en un núcleo de propuestas para desarrollar Misiones y dejar atrás finalmente el rovirismo.

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Por: Fernando Oz

@F_ortegazabala

La reciente controversia en torno a la feria judicial me resulta una película conocida. ¿Saben qué? Si en el país existen castas, el Poder Judicial del Cantón bien podría encabezar la nómina. Los jueces gozan de beneficios que harían sonrojar a cualquier monarca: inamovilidad en el cargo, horarios flexibles, licencias generosas; la mayoría de ellos disfruta de excepciones impositivas, además de un poder de fuego institucional que les permite, entre otras cosas, blindarse ante críticas externas. Los conozco.

La feria judicial, que este año suma unos 52 días, es la muestra más acabada de una tradición corporativa que se resiste a los vientos de cambio. Y, como si fuera poco, el Superior Tribunal, con la Acordada 172/25, redujo el horario de atención durante la feria a tres horas diarias. Un récord de productividad, si usted lo mira con los ojos de la ironía.

El primero que me contó los ritos y privilegios de esa casta pulcra e inamovible fue el doctor Luis Vicente Thomas, el Negro Thomas para quienes tuvimos la suerte de estar entre sus amigos. Sucedió a principios de 2003: él presidía el Colegio de Abogados y quien suscribe corría para la escudería de Misiones On Line. Había ido a golpearle la puerta a pedido de un mentor que tuve de joven. Cuando me hizo pasar, fui al grano y le expliqué que Marcelo Almada me había asignado la sección de Judiciales y que necesitaba aprender el paño. El Negro encendió un cigarrillo y, con la paciencia de los grandes maestros, me enseñó cómo traducir un expediente judicial al vulgo, sin necesidad de pasar vergüenza frente a los doctos del derecho.

El resto lo aprendí gastando suela de zapatos por los pasillos de los tribunales de Comodoro Py, de la avenida de Los Inmigrantes o los de la calle Talcahuano, entre otros tantos. Compré diccionarios jurídicos, códigos, hasta tratados, todo para entender el expediente de cualquier fuero. Pero lo que más me interesaba era intentar comprender el pensamiento de las partes del proceso, especialmente las de su señoría. Lo que intento decir es que llevo más de dos décadas hablando con magistrados de todas las instancias, fiscales, defensores y con cada miembro del engranaje, incluyendo sus operadores. Sé lo que les digo.

Y aunque mi primo el juez se enoje y mis compañeros de promoción que usan toga no me saluden para estas fiestas, les voy a decir que no hay épica en la burocracia. Y menos todavía en la que, desde un aire acondicionado y un sillón bien tapizado, mira por encima del hombro al mundo real. No exagero.

Volviendo a la controversia, es lógico que el Colegio de Abogados —la única voz que parece recordar que el Poder Judicial, aunque a veces lo olvida, es un servicio público— haya puesto el grito en el cielo. Pide acortar la feria, ampliar los horarios, que la justicia funcione como debe funcionar: para las personas. No para los expedientes muertos ni para la comodidad de quienes confunden la función con el privilegio. Y hace bien el Colegio en reclamar. Porque, como marca la Constitución provincial, integra el Jurado de Enjuiciamiento, tiene el deber y el derecho de ser contrapeso y actor crítico. Sin ese rol, la casta judicial sería aún más blindada, más hermética, más tentada de perpetuarse. ¿Será por eso que quieren eliminar los colegios a nivel nacional?

Y es que los jueces en Misiones, a menos que una tormenta política decida lo contrario, permanecen en sus cargos hasta la jubilación. Nadie los mueve. Nadie los incomoda. La estabilidad es virtud, dicen, pero cuando deviene en inercia, se transforma en obstáculo. Porque el Poder Judicial, no lo olvidemos, es el único que puede privar a las personas de sus derechos más esenciales: la libertad, la propiedad, la dignidad. No es poca cosa; es por eso que sobre sus espaldas pesa una exigencia superior: legalidad, diligencia, transparencia, publicidad de los actos.

El gremio judicial, por su parte, defiende lo suyo con argumentos que no carecen de lógica: descansar para no enfermar, evitar el estrés, preservar la salud y la continuidad del servicio. Nadie pide jueces exhaustos ni empleados derrumbados. Pero hay un límite: la justicia no puede ser un castillo amurallado donde solo importa el bienestar de quienes lo habitan y el ciudadano espera afuera, empapado y sin respuestas. La experiencia enseña que ampliar horarios no resolvió nada, que el sistema está atrasado, que se requieren reformas profundas: digitalización, agilidad, procesos modernos, y no más días de fiesta.

Las demandas salariales no son un capricho. El deterioro económico es real, los empleados judiciales la pasan mal, los contratos son una trampa de inestabilidad. El reciente reclamo de aumento no es solo una cifra, es un reflejo de la crisis que cruza todo el Estado. Pero el remedio no puede ser clausurar el servicio o aislarse en la burbuja de los propios problemas. Porque la justicia, repito, es para las personas, no para sí misma.

El Poder Judicial, a veces tan rápido para blindarse, se muestra lento para autolimitarse y abrirse a la crítica. Cuando la prensa molesta, la reacción es el cerrojo, la cautelar, el bozal —como en Tucumán—. Pero la libertad de expresión es el oxígeno de la democracia y todo intento de cercenarla huele a prebenda mal digerida, a miedo a la luz. Si la justicia quiere respeto, debe dar ejemplo. Si quiere independencia, que la ejerza con transparencia.

Misiones, como tantas otras provincias, pide a gritos una reforma judicial seria, que involucre desde la digitalización total de los expedientes hasta una revisión profunda del sistema de enjuiciamiento. El modelo actual es un engranaje oxidado que solo gira cuando la casta lo permite. Ya es hora de cambiar.

El ciudadano, al final, es el gran ausente y el verdadero destinatario. Merece una justicia bien paga, sí, pero sobre todo merece una justicia que funcione como la de cualquier país serio. El Superior Tribunal debe entender que la ley no es excusa para el privilegio, sino mandato de ejemplo.

En suma, la cuestión de la feria judicial en Misiones es el síntoma de una enfermedad mayor: la casta judicial y su resistencia. Los reclamos sectoriales revelan la necesidad de discutir en serio el servicio de justicia, de abrir el juego al control ciudadano y de exigir transparencia. Un Poder Judicial bien remunerado pero sometido a reglas claras y exigentes debe ser el norte. La modernización no es una opción: es una obligación. El Colegio de Abogados, en su rol crítico, debe seguir incomodando, denunciando y exigiendo. Los periodistas debemos resistir la tentación del silencio. Y los ciudadanos, jamás resignarse.

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Por: Fernando Oz

@F_ortegazabala

Hay días en los que uno se pregunta, entre el fastidio y la resignación, si la Argentina no será, después de todo, un laboratorio cruel donde se experimenta cuánto puede resistir un pueblo sin perder la esperanza. O al menos, la costumbre de esperar. Porque a esta altura, hablar de crisis económica es casi una tradición nacional: la repetimos cada tanto, como quien saca la vajilla de porcelana para recibir al FMI. Cambian los nombres, los tipos de cambio y los tecnócratas de turno, pero el libreto es el mismo: hay que pedir plata prestada, porque, en el fondo, no hay plan.

El salario mínimo argentino, ese mendigo que alguna vez se pavoneó entre los más altos de la región, hoy no resiste ni la comparación con sus vecinos pobres, ni hablemos de los ricos. Basta mirar a los costados para descubrir que incluso países, que solíamos mirar con indulgente superioridad, nos han adelantado en la maratón del poder adquisitivo.

Doscientos veinticinco dólares al mes: ésa es la paga con la que el país pretende alimentar sueños y soportar realidades. En el ranking latinoamericano, Argentina agoniza en el último sitio, superado incluso por Paraguay y Bolivia, naciones que hasta hace poco eran motivo de chistes fáciles en alguna sobremesa porteña.

La evolución del salario real ha sido, por decirlo con elegancia, una pendiente resbaladiza hacia el abismo. Números concretos: el sueldo alcanza cada vez menos. Comprar lo básico se ha vuelto un ejercicio de creatividad y resignación. Los tickets de supermercado se parecen a la lista de compras de un europeo, pero con los precios de Suiza y el bolsillo de Zimbabue. El obrero, el empleado, el docente, el comerciante: todos ven cómo su esfuerzo se esfuma en una danza macabra de inflación y tarifas. Mientras tanto, los funcionarios de turno siguen ajustando el relato, nunca su cinturón.

No hay margen para la ironía cuando se cae un 34% del poder adquisitivo del salario mínimo entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, y un humillante 63% desde el pico de 2011. El salario mínimo de septiembre de este año es, para colmo, más bajo que el del año 2001, aquel umbral que nadie juró volver a cruzar.

En la Argentina de Javier Milei, los salarios del sector privado avanzaron apenas 1,4% en septiembre, y los del sector público un escuálido 1,1%, mientras la inflación del mes fue 2,1%. En lo que va del año, los ajustes parecen un mal chiste: 20,4% de aumento en el sector privado registrado, 23,9% en el público y 77% en el privado no registrado, frente a una inflación que devora cualquier intento de recomposición. Las paritarias, otrora símbolo de lucha obrera, hoy no son más que la crónica de una carrera perdida de antemano contra el costo de vida.

La inflación, ese monstruo que los economistas de salón prometen enterrar cada año, lleva cinco meses sin dar respiro. Octubre trajo un 2,3%, empujado por una suba similar en alimentos y bebidas, mientras la canasta básica para no ser pobre saltó un 3,1% y se ubicó por encima de 1,2 millones de pesos para una familia tipo. Es decir: ni siquiera viviendo del salario mínimo se llega a la línea de pobreza. La indigencia, por su parte, requiere 544.304 pesos mensuales. Pero aquí no termina la miseria: entre enero y octubre, los precios minoristas acumulan una suba del 24,8%, y la comparación interanual es aún más brutal, con un 31,3% de aumento. Detrás de cada decimal hay un plato menos, un medicamento que no se compra, una cuenta por pagar.

Pero el drama no termina ahí, claro. Porque el desempleo crece, la informalidad es el plan B —y a veces la única opción—, y la destrucción de puestos de trabajo es un goteo constante. No se trata sólo de números fríos: cada comercio que cierra, cada fábrica que apaga las máquinas es una historia que se parte en dos. Aquí no hay estadísticas abstractas, sino familias que dejan de pagar el alquiler, empleados que pasan de la incertidumbre al vacío, jóvenes que se preguntan si no será mejor probar suerte lejos, en alguna parte donde la palabra “futuro” signifique algo más que un acto de fe.

Hablar de desempleo es hurgar en la herida con datos fríos y oficiales. Al cierre del primer semestre, el 7,6% de quienes buscaban trabajo no lo conseguía, cifra similar a la del año anterior, aunque la economía, dicen las planillas, creció un 6,1% acumulado. ¿Dónde está ese crecimiento? No en el salario, no en el empleo formal, no en los changarines de Misiones ni en los albañiles sin obra pública. Más de 200.000 puestos formales desaparecieron entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, mientras la informalidad, ese viejo refugio, atrapa ya a casi la mitad de las personas trabajadoras. El “sálvese quien pueda” ha dejado de ser un eslogan para convertirse en política de Estado.

El drama social encuentra su repaso más crudo en la pobreza: 31,6% de la población, es decir, casi uno de cada tres argentinos, vive por debajo de esa línea, según el Indec. Y aunque lejos del 52,9% de 2024, la estadística es un consuelo mezquino para quienes deben elegir entre comer y pagar la luz. El endeudamiento familiar es moneda corriente: el 22,5% de los hogares de bajos ingresos pidió dinero a familiares o amigos para mantener el hogar, el 16,1% recurrió a bancos y el 14,2% a otras personas de su entorno. El 40,8% vendió pertenencias o usó ahorros para sobrevivir. La tarjeta de crédito dejó de ser un plástico para consumo y ahora es, literalmente, un salvavidas, aunque cada compra a cuotas es una piedra más en el cuello.

En el Cantón, la crisis no es un titular, comienza a ser una postal cotidiana. El cierre de comercios es visible en las avenidas de Posadas y las calles de cada localidad del interior al igual que los carteles de “se vende” que invaden la city, una clara prueba de liquidación de activos para la diaria. El turismo de frontera ya no salva, y el encarecimiento relativo frente a Paraguay y Brasil barre con las ventas. El comercio, uno de los motores del empleo privado, se achica, despide, reduce jornadas. La construcción, paralizada por la caída de la obra pública nacional, deja a miles de trabajadores y pequeñas empresas al borde del abismo. El productor yerbatero ve cómo la desregulación y la ausencia de política sectorial lo arrojan a la intemperie y las cooperativas apenas respiran, ahogadas por la deuda y la volatilidad de precios.

Las familias responden con ingenio y resistencia, pero la resiliencia tiene fecha de vencimiento. Los jubilados, otro colectivo golpeado, han perdido casi la mitad de su ya exiguo poder adquisitivo: la mínima, hoy, vale menos que hace un año y mucho menos que en noviembre de 2023. En un país envejecido, el envejecimiento es condena y la vejez, una carrera de obstáculos sin premio.

El Gobierno nacional responde con pronósticos de fantasía: la inflación, dicen, “va a desaparecer” en agosto de 2026; las reformas que no llegan serán el bálsamo que todo lo cure; la solución está en las bandas cambiarias y el aprendizaje social de que la inflación depende de la cantidad de dinero –no del dólar–, mientras el dólar sube y el miedo al próximo sacudón es el único índice que no afloja.

En este contexto, las provincias quedan atadas de pies y manos. No fijan política monetaria, no definen salarios, no manejan el tipo de cambio. Pero algunas, como Misiones, intentan amortiguar el golpe con lo que pueden: ferias, exposiciones productivas, rondas de negocios, créditos de supervivencia, pozos de agua en parajes rurales y pavimento en ciudades turísticas. Son gestos de dignidad, no soluciones estructurales. Sirven para que la crisis “no se sienta tanto”, pero no bastan para revertir el desastre.

Mientras el poder central juega a reducir el Estado a su mínima expresión, hay provincias que apuestan por un Estado presente, aunque sea con recursos limitados. La receta nacional, basada casi exclusivamente en ajuste y endeudamiento, deja a las mayorías a la intemperie. Aquí no hay épica, sólo sobrevivientes. Lo peor es acostumbrarse.

La salida no es más ajuste ni más mercado desregulado. Es, quizá, volver a mirar al interior, a quienes sostienen la producción y el empleo, a quienes defienden la dignidad aún sin plan. Porque la historia de la Argentina, ese país de talento y de tropiezos, merece algo mejor que la resignación y el endeudamiento eterno. Quizás algún día, cuando la paciencia se agote y la memoria pese más que la costumbre, dejemos de pedir milagros afuera y empecemos a exigir políticas que nos devuelvan el futuro.

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