Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

La desconfianza y la mala leche se han colado en la discusión por la tasa que la intendenta de Wanda, Romina Faccio, aplica a los turistas que visitan la ciudad. Lo primero nace del contribuyente, ese sujeto fatigado de promesas que rara vez se cumplen; lo segundo, de los que siempre tienen el brazo listo para arrojar barro.

Faccio defiende la Tasa Ecoturística, o como prefieran llamarla, como una herramienta clave de gestión, esencial para equilibrar el flujo de visitantes a las minas de piedras preciosas con la preservación del entorno local. Su argumento se apoya en la autonomía municipal (Art. 123 de la CN) para financiar servicios ambientales e infraestructura, diferenciándose de los impuestos nacionales por su destino específico: la remediación ecológica. Sin embargo, los sectores opositores y la propia Compañía Minera Wanda cuestionan el rumbo de esos fondos y denuncian la falta de un beneficio directo para el visitante.

A principios de semana, desde la tribuna del diario La Nación, el diputado libertario Carlos Adrián Nuñez cargó contra la medida tildándola de “peaje” arbitrario e impuesto encubierto que genera doble imposición y vulnera la libre circulación. Para el legislador provincial, el tributo —aplicado sobre una empresa privada que ya cumple con sus cánones— carece de contraprestación de servicios, ahuyenta al turismo y pone en jaque fuentes de trabajo al inflar la presión fiscal. El senador del PRO, Martín Goerling Lara, preocupado por la carga tributaria sobre los viajeros, se sumó al coro que apunta al mismo blanco: “impuestos encubiertos” que asfixian al sector privado y le restan competitividad.

No imagino a Nuñez, abogado viajado, especialista en derecho tributario y que forjó su carrera enseñando a los municipios el arte de la cobranza, negándose a pagar su estancia en Roma o Venecia, donde cada turista desembolsa entre tres y diez euros para mitigar el impacto de millones de suelas sobre infraestructuras históricas frágiles. No olvidemos que su primer gran cliente fue, precisamente, el municipio de Puerto Iguazú, y que conoce los pasillos de la Fiscalía de Estado como el patio de su casa en el exclusivo country AguaVista, en Paraguay. Que hoy el diputado llame “impuesto disfrazado” a lo que antes ayudaba a recaudar con celo de inquisidor es, como mínimo, un ejercicio de hipocresía que clama al cielo.

Tampoco imagino a Goerling Lara evitando entrar a Lisboa por una tasa turística de cuatro euros. El senador, respetado en los salones porteños, pero con el traje algo desgastado en su propia tierra, ve cómo se le fugan los dirigentes del PRO como agua entre los dedos hacia otras orillas. Para no perder pie en el fango político, se suma al clamor de los que ven “voracidad fiscal” en cada rincón misionero. Hablan de la Constitución y de federalismo cuando les conviene, pero callan cuando es el bolsillo del interior el que financia el aire acondicionado del Congreso de la Nación.

Mientras Núñez y compañía critican estas medidas como “impuestos encubiertos”, la tendencia mundial en las capitales del turismo demuestra que son herramientas legítimas de autonomía fiscal para proteger el patrimonio y la calidad de vida de los residentes. Romina Faccio no está inventando la pólvora; está defendiendo su municipio con lo que le queda tras el recorte nacional. Si Roma o Florencia cobran por pisar sus piedras históricas, ¿por qué deberíamos ser los únicos generosos del planeta? Las piedras de Wanda no son gratis, ni deberían serlo para quien viene de fuera a disfrutar de lo que el misionero cuida con el lomo doblado.

Tal vez, aún obnubilado por el azar del presente y la idea de un futuro que no fue, Nuñez olvidó que el federalismo no es una calle de sentido único diseñada para que el poder central asfixie a las provincias. Mientras alega en Wanda se grava actividades ya alcanzadas por Ganancias, ignora deliberadamente la asimetría estructural de Misiones: somos la provincia que menos coparticipación recibe por habitante en el NEA, lo que nos obliga, por puro derecho de supervivencia, a ejercer una autonomía fiscal que el artículo 123 de la Constitución respalda. No es “doble imposición”, es la respuesta legítima de un municipio que debe costear con recursos propios como consecuencia del recorte de las transferencias federales.

El objetivo de Núñez y los suyos agitar el fantasma del fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en 2024, le cortó las piernas a la Ecotasa de Bariloche. La Corte fue clara: si no hay un servicio concreto, efectivo e individualizado para el que paga, la tasa es inconstitucional. Independientemente al laberinto judicial al que vaya a meterse el caso, Faccio también se enfrenta con la falta de confianza de todo contribuyente argentino.

Pero en nuestro país, el síntoma de la desconfianza en la clase política ya es crónico; trasciende partidos, alianzas e ideologías. El contribuyente se pregunta con razón —y con una sospecha instalada en el hígado— adónde va su plata. No es maldad, es puro instinto: nadie quiere ser el tonto de la historia, el único que paga el pato mientras los de arriba eluden o se lo llevan crocante.

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Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

Impulsado por el último resultado electoral y el retorno de las relaciones carnales con Washington, el presidente Javier Milei está a un trámite de obtener la reforma laboral, uno de los puntos más controvertidos de la campaña electoral que lo llevó a la Casa Rosada. El próximo objetivo de los libertarios será llevar adelante una profunda reforma electoral con la idea de modernizar el sistema, lo que, entre otras cuestiones, dejará fuera de competencia a los partidos más pequeños por falta de recursos, debido a un giro hacia un nuevo esquema de financiamiento privado. Ese clima de movimiento de placas tectónicas tendrá su propia dimensión en el Cantón.

Este viernes, un heterogéneo grupo de diputados provinciales presentó un proyecto de ley para la creación de una comisión que estudie y reforme el sistema electoral de Misiones. La iniciativa, que tiene a la polémica ley de lemas como principal blanco, lleva la firma de los diputados radicales Francisco Fonseca, Rosa Kurtz y Santiago Koch; de Analía Labandoczka, del PRO; Héctor “Cacho” Bárbaro, del PAyS; y el expolicía Ramón Amarilla, del bloque “Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores”.

Entre los impulsores de la iniciativa que se cocinó en el despacho de Kurtz, hay quienes esperan conseguir el apoyo de los diputados Martín Arjol —quien no fue invitado a firmar el proyecto— y Juan Ahumada, ambos con su respectivo monobloque. Pero dudan tener el acompañamiento de los cinco diputados de La Libertad Avanza (LLA) y de los tres legisladores de Por la Vida y los Valores, bloque que preside Walter Ríos y que conduce su esposa, Débora Mangone.

Al diputado Carlos Adrián Nuñez, jefe de los libertarios en el Cantón, le llamó la atención la presentación del proyecto; al parecer, se enteró por La Voz de Misiones. De todos modos, no se sumarán, y no porque estén a favor de la ley de lemas, sino porque aseguran, con ese tono de superioridad que da el sentirse el viento de época, tener algo superior y más abarcativo.

Minimizaron la iniciativa; consideran que es “para armar una comisión para estudiar, analizar una reforma”, y que desde La Libertad Avanza ya tienen el tema “trabajado y resuelto”. Creen que el sistema de lemas en la provincia no formará parte del próximo escenario y que el actual régimen electoral de Misiones se deberá “acoplar a un modelo nuevo que es para todo el país”.

El Gobierno nacional busca una reforma amplia, que va desde la unificación del calendario electoral y la eliminación de las PASO, hasta la consolidación de la Boleta Única, pasando por modificaciones a la Ley Orgánica de Partidos Políticos, para quitar financiamiento, y en el Código Penal, para cambiar el monto de las penas por delitos electorales. Las provincias no están obligadas a “acoplarse” a una reforma; tienen autonomía para dictar sus propios regímenes electorales para elecciones internas. Milei quiere que se unifique todo el sistema electoral del país con el argumento de ahorro de costos y transparencia.

El péndulo de la política

En el Gobierno provincial no está en agenda ninguna reforma electoral; Hugo Passalacqua está enfocado en rearmar un gabinete pensado en atravesar un escenario “hostil” como consecuencia de una economía planchada y un “clima de demolición”, incitado por sectores de la oposición que comienzan a ver la configuración de un nuevo mapa de poder de cara a 2027. Motivos suficientes para seguir desprendiéndose de funcionarios más adeptos a las confabulaciones internas que a respaldar la gestión en tiempos complejos.

En el plano nacional, pese a sus reclamos y diferencias, Passalacqua fue uno de los gobernadores que apoyó la reforma laboral de Milei con quórum y votos. Con esto, la provincia se garantizó otra temporada en el club de los aliados al Gobierno libertario; lo que significa un poco de fondos frescos del Tesoro Nacional, algún adelanto de coparticipación y la carta del menú de promesas. Los cuatro diputados de la Renovación Neo, dirigidos por el peronista Alberto Arrúa, fueron clave desde el principio.

Apenas salió el proyecto del Senado, diez diputados apuraron la convocatoria para la sesión especial donde se dio el tratamiento de la reforma laboral. Entre los firmantes, entre libertarios y del PRO, se encontraban Arrúa como presidente del bloque Innovación Federal, que cuenta con siete legisladores: Arrúa, Yamila Ruiz, Daniel “Colo” Vancsik y Oscar Herrera Ahuad, que responden a Passalacqua; y los salteños Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, que responden al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

La sesión del jueves en la Cámara baja se inició con la presencia de 130 diputados, dos más de los necesarios. Algunos mandatarios aportaron quórum y no votos, como es el caso del catamarqueño Raúl Jalil: tres de sus legisladores votaron todo el paquete en contra. El santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora dieron votos o ausencias, como el extraño faltazo de Juan Schiaretti.

Todos los integrantes de Innovación Federal votaron la ley en lo general. Los salteños Biella y Outes votaron en contra del título XXVI, que incluye la derogación de media decena de estatutos profesionales, entre ellos el del periodista; y Vega, también salteña, se abstuvo. Los diputados de la Renovación Neo jugaron a pleno. Posiblemente el mayor costo político lo haya pagado Herrera Ahuad, quien se expuso a cuenta propia en todas las vidrieras posibles, tal vez, intentando justificar su propia votación.

Passalacqua, equilibrista consumado, juega su partida entre la diplomacia y la supervivencia. Apoya a Milei cuando el termómetro de la billetera lo indica, garantiza votos para la reforma laboral y, a la vez, congela sueldos de funcionarios con altos cargos, sube salarios de los empleados estatales y apaga incendios gremiales, todo intentando que el barco provincial no zozobre en medio del temporal económico. Uno lo imagina, por momentos, como un capitán de barco con un ojo puesto en la tormenta y otro en la bodega, donde alguna rata siempre amenaza con morder la cuerda equivocada.

Y en este clima, cuando la política parece estar escrita en clave de alta estrategia, llega el episodio que nos recuerda la inercia de la argentinidad al palo: la funcionaria que, desde las playas aztecas, graba un video para los “pobres” y termina cayendo en desgracia viral. Karina “Reina” Acosta, directora de Turismo Social, fue apartada por Passalacqua sin titubeos ni romanticismos. Trabajaba bajo la órbita de la cartera que conduce el siempre indemne ministro José María Arrúa; sería la presidenta de una asociación civil y pertenecería al círculo de amistades de Viviana Rovira, pero nadie intentó evitar su salida. Decreto 252 y a otra cosa.

La destitución de Acosta no es un mero acto administrativo. Es, en el fondo, una señal. Un gesto —tarde, acaso, pero necesario— de que la función pública no puede ser escenario de frivolidades ni de provocaciones a quienes, desde hace años, soportan el rigor del ajuste y la promesa del cambio eterno. Y es aquí donde la reforma electoral, la modernización de las instituciones y el debate sobre el financiamiento de la política se cruzan con la ética y las formas. Porque de nada sirve cambiar leyes y sistemas si quienes las encarnan no comprenden que la virtud —ese viejo valor de la república— se demuestra en los gestos más cotidianos.

En la Misiones de hoy, como en la Argentina entera, el péndulo sigue oscilando. La modernidad choca con la tradición, la voluntad de poder con los límites de la decencia. No hay manual ni reforma que resuelva la contradicción de fondo: la necesidad de instituciones fuertes y de funcionariado a la altura, que no confunda el Estado con un escalón hacia la notoriedad efímera. Mientras tanto, la ciudadanía espera, una vez más, que la política deje de ser rutina de desencantos y se parezca, aunque sea por un rato, a la virtud de la que tanto se habla y tan poco se ejerce.

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Por: Carlos A. Scotto

¿Puede algún referente libertario de Misiones explicar cuáles fueron los criterios técnicos que motivaron el desplazamiento de funcionarios y agentes en distintos organismos nacionales con asiento en la provincia? ¿Qué evaluación de desempeño o qué plan de mejora justificó esas decisiones?

En las últimas semanas, y coincidiendo llamativamente con el período de receso, se registraron cambios en estructuras clave del Estado Nacional en Misiones: PAMI (INSSJP), Migraciones, Aduana, entre otros. El patrón parece repetirse: trabajadores con trayectoria y experiencia son desplazados de funciones jerárquicas, mientras se designa en su lugar a referentes o militantes libertarios.

El debate no es ideológico; es institucional. El Estado puede -y debe- mejorar su eficiencia. Pero la profesionalización no se logra sustituyendo experiencia por pertenencia política. En el ámbito laboral existe el ius variandi, la facultad del empleador de introducir modificaciones en las condiciones de trabajo. Sin embargo, esta potestad tiene límites claros: no puede implicar degradación, pérdida de funciones, afectación salarial ni perjuicio moral. Los cambios deben responder a necesidades funcionales objetivas, ser razonables y no arbitrarios.

Cuando se alteran carreras administrativas consolidadas sin fundamentos transparentes, no solo se afecta a trabajadores protegidos por convenios colectivos, sino que se debilita la institucionalidad. La promesa de eliminar privilegios y “terminar con la casta” pierde consistencia si las designaciones se basan en afinidad partidaria antes que en idoneidad técnica.

El caso del PAMI en Misiones, donde fueron removidos jefes y jefas de agencias en varias localidades, funciona como ejemplo visible de una práctica más amplia. La pregunta de fondo es otra: ¿cuál es el modelo de gestión que se está construyendo? ¿Uno basado en estabilidad, profesionalismo y continuidad técnica, o uno marcado por la rotación política permanente?

La eficiencia estatal no se declama: se construye con equipos capacitados, reglas previsibles y respeto por la carrera administrativa. De lo contrario, el discurso de transformación corre el riesgo de convertirse en una reedición de aquello que se prometió superar. Cambiar personas no siempre significa cambiar prácticas. Y el desafío de gobernar es, precisamente, demostrar lo contrario. En fin… más de lo mismo, cambiar para no cambiar nada…

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