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El fin no justifica los medios

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(*) Por Nicolás Marchiori

En la política, en los negocios y en otros ámbitos se suele usar la frase “el fin justifica los medios”. Atribuida erróneamente a Nicolás Maquiavelo en la famosa obra El Príncipe, esta frase enfatiza que el objetivo de la acción es más importante o justifica las maneras para alcanzar ese objetivo. Se asume que si el fin es lícito también lo son los medios. A pesar de la aceptación de este aforismo, estas palabras chocan con la realidad. El fin no
justifica los medios.

El economista liberal salvadoreño Manuel Hinds considera que los medios pueden destruir el fin. Esta afirmación parte de un problema ético: al usar medios antiéticos para lograr fines éticos, quienes impulsan la acción terminan perdiendo legitimidad. El exámen de legitimidad de los medios valida el objetivo y le confiere un sentido superior. No es verdad que “todo vale” a la hora de lograr un objetivo, muchas veces se transforma en una excusa para alcanzar metas a través de cualquier medio que se necesite, sin importa cuán inmoral o ilegal puedan llegar a ser. Tanto los medios medios como el fin conllevan una carga ética y moral.

Cuando una persona se convence de que “el fin justifica los medios”, puede terminar cruzando líneas muy peligrosas, como violar la ley o perjudicar a terceros. De esta forma, buenas intenciones puede transformarse en actos injustificables. En ese camino, se pierde la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo conveniente.

Cuando aplicamos este principio corremos el riesgo de justificar el uso de la violencia, todo en nombre de una “buena causa” que muchas veces sólo termina siendo buena para quien la impone.

Validar cualquier acción solo porque uno cree tener la razón lleva a actuar sin empatía y con un desprecio hacia los demás. Así se rompe el tejido social y se alimentan conflictos. Dicho esto, si no se miden las consecuencias y no se pone un límite ético, lo que comienza como un causa justa se termina desvirtuando y causando un daño irreversible.

Es muy común ver esta mentalidad en los populistas cuando afirman que todo vale si se hace “por el pueblo”. De esta forma, buscan justificar decisiones autoritarias o irresponsables bajo la excusa de representar la “voluntad popular”.

* * *
Derecho a protestar: ¿vale todo?

El prestigioso jurista argentino especializado en derechos humanos Roberto Gargarella desarrolló un interesante trabajo titulado “Un diálogo sobre la ley y la protesta social”, en el que plasma una investigación sobre protestas sociales y la ley, tomando ejemplos principalmente de la Argentina. En la presentación explica que el mismo se realizó con información recolectada, particularmente con informaciones jurídicas sobre el tema y que el objetivo es reflexionar sobre cómo la ley debería reaccionar frente a la violación de derechos fundamentales y las graves tensiones sociales.

Citando como leading case “Cameron vs. Johnson”, Gargarella expone que las decisiones de las cortes en Estados Unidos han sido muy rigurosas cuando los manifestantes no tenían permiso para realizar sus manifestaciones y cuando ellos habían interferido innecesariamente con el tránsito en las calles.

Para los constitucionalistas existen muchas normas constitucionales que de relevancia en esta discusión. Entre los ejemplos, podríamos referirnos al derecho que poseen las personas a la libertad de expresión, al derecho de reunión, al derecho de peticionar ante las autoridades (artículo 14 de la Constitución Nacional) o a los amplios derechos sociales consagrados en el artículo 14 bis entre los que se incluye el derecho a huelga.

En Argentina, en una de las primeras decisiones judiciales sobre este tema, el juez federal Ricardo Napolitani, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Comodoro Rivadavia, sostuvo en julio de 1999 que “no hay derechos absolutos, porque todos los derechos deben ser ejercidos de acuerdo a las leyes que los regulan, tomando en cuenta su finalidad así como los intereses que estos protegen”.

En los casos analizados por Gargarella en su trabajo de investigación, este tipo de alegatos supuso que los manifestantes no podían ser autorizados a ejercer, por ejemplo, su derecho a protesta en formas que afecten severamente los derechos de los demás, por ejemplo, el derecho a libre tránsito y el derecho a ejercer el comercio. En una decisión más reciente e importante, en el caso Schiffrin, la Cámara Nacional de Casación citó a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación al afirmar que “los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes que razonablemente regulaban su ejercicio”.

La linea argumentativa que encontramos en las opiniones de muchos juristas reconocidos es clara, Gregorio Badeni sostuvo que “la libertad de expresión es una libertad legítima, pero no absoluta”. De manera similar, Juan Carlos Cassagne, afirmó que el derecho a peticionar ante las autoridades “no era absoluto”, porque este, como todo otro derecho, “debería ser ejercido de acuerdo con las leyes que regulan su ejercicio y respetando los límites establecidos por la Constitución en el artículo 22 (que se refiere al delito de sedición)”. Citando a uno de nuestros padres fundadores, Juan Bautista Alberdi, Cassagne concluyó su argumento diciendo que “la libertad de cada hombre termina donde comienza la libertad de sus prójimos”.

La huelga puede representar el ejercicio pleno de un derecho constitucional conforme el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, o bien, puede convertirse en un acto de abuso del derecho y hasta en un acto extorsivo y manifiestamente ilegal. Cuando el poder de daño es muy alto, aumenta la posibilidad de que la huelga deje de ser una medida de presión para transformarse en una virtual extorsión en virtud de que los daños que habría que soportar son muy graves comparados con el costo de las reivindicaciones que se llevan adelante.

El abuso del derecho es aquel en el cual el titular ejerce el mismo en exceso de las facultades y atribuciones concedidas por la legislación, de modo que afectan la buena fe, la proporcionalidad y la razonabilidad, la moral y las buenas costumbres, y en particular, el objetivo ético y central de ese derecho, para lograr un rédito irrazonable y
desproporcionado que trae aparejado daños impredecibles y distorsivos.

El Código Civil argentino es claro, en su artículo 10 establece que hay abuso del derecho cuando se vulnera el ejercicio regular de un derecho propio. Por ende, la ley no ampara el ejercicio abusivo de de los derechos y se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por
la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

Asimismo, el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar una indemnización.

Una protesta política disfrazada

Mayo de 2024 no fue un mes más en el calendario para los misioneros, ya que bajo la excusa de una protesta impulsada por reclamos salariales, personas vinculadas a la docencia y a los policías pergeñaron una manifestación que reunió todos los elementos de una movida de desestabilización contra el Gobierno Provincial. Es menester dejar en claro que los reclamos por mejoras salariales son justos, pero cuando se lo utiliza como pantalla para disfrazar un movida que en realidad tiene una intencionalidad política, ese justo reclamo pierde todo tipo de legitimidad.

Rememorando lo sucedido, todo se inició en la madrugada del viernes 17 de mayo cuando un grupo de policías bajo las órdenes de los oficiales retirados Ramón Amarilla y Germán Palavecino, cabecillas del insólito alzamiento policial, tomaron el Comando Radioeléctrico ubicado en la avenida Uruguay y Félix Bogado de la Ciudad de Posadas.

Un grupo de policías robaron 18 patrulleros, un autobomba y una camioneta de la policía científica, los cuales permanecieron secuestrados durante las casi dos semanas del alzamiento pese a la existencia de una orden judicial que ordenaba su inmediata restitución a las respectivas dependencias policiales.

Durante el conflicto, el fiscal de Instrucción N°6, René Casals, advirtió que la protesta había cometido graves y numerosos delitos, entre los cuales mencionó: “incitación a la violencia”, “desobediencia de la orden judicial”, “robo de vehículos y otros elementos”.

Consultada sobre el conflicto en Misiones, la entonces Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich fue contundente: “la policía no puede ser piquetera”. Una expresión que guarda relación con un paradigmático fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en 2017 que estableció la prohibición del derecho a huelga de las fuerzas policiales, porque sus funciones, según el Máximo Tribunal, no pueden quedar suspendidas por ningún período de tiempo.

Otro de los momentos más álgidos de la intentona desestabilizadora se dio el jueves 23 de mayo en la Cámara de Representantes de Misiones cuando un grupo de manifestantes provocaron diferentes daños en el edificio donde se llevaba a cabo la sesión. La columna de violentos rompió el vallado preparado por la seguridad y con gran esfuerzo, integrantes de la Policía de Misiones lograron evitar que los manifestantes ingresen al recinto, en lo que podría haber sido un hecho de consecuencias trágicas. Al frente de esas acciones se encontraban la dirigente de la CTA Mónica Gurina y los dirigentes docentes Leandro Sanchez, Estela Genesini y Carlos Lezcano, entre otros.

Luego del hecho, la Justicia impuso una restricción de acercamiento a los sujetos identificados durante el ataque al
edificio de la Legislatura Misionera. Llamó la atención la presencia en esa lista de Nicolás Rolón y Carlos Matías Bernhardt, militantes de Franja Morada y de la Juventud Radical.

Existe gran cantidad de material fotográfico y fílmico que permite probar la estrecha cercanía de dirigentes radicales y de otros espacios opositores durante los días de acampe, quienes se acercaron al lugar del acampe para llevar insumos a los manifestantes, incluso hasta baños químicos.

Lo cierto es que un genuino reclamo de algunos sectores de trabajadores misioneros que han sufrido el cimbronazo de la crisis económica nacional fue desvirtuado groseramente y terminó convirtiéndose en una protesta hiperpolitizada desde algunos sectores opositores que, envueltos en un mar de contradicciones y en su propia torpeza, quedaron expuestos.

Los meses posterior terminaron de confirmar lo que se especulaba desde el principio: la verdadera motivación de la protesta era política. Ramón Amarilla, Germán Palavecino y Mónica Gurina finalmente terminaron siendo candidatos a legisladores dentro de espacios opositores.

Un freno al uso abusivo de los derechos

A raíz de un expediente que tuvo origen tras denuncias de comerciantes de la avenida Uruguay, quienes aseguraron que el acampe docente les generaba pérdidas económicas, reducción de ventas, daños en la mercadería expuesta y dificultades en el acceso vehicular y peatonal, el 31 de mayo de 2024 el juez de turno Ricardo Balor impartió una
orden judicial tendiente a despejar la avenida Uruguay de Posadas. El día 1 de junio la Policía notificó a los manifestantes, en presencia de testigos y en ese momento la calzada fue desocupada. Horas más tardes del mismo día, volvieron a cortar totalmente la avenida, haciendo caso omiso a lo dispuesto por la Justicia. El 3 de junio, la Policía de Misiones constató nuevamente el bloqueo y registró la presencia de los dirigente
sindicales imputados en la causa.

Aunque el 7 de junio de 2024 se firmó un acta acuerdo entre el Gobierno provincial y los gremialistas, en el cual se establecía el compromiso de no promover acciones legales contra los manifestantes que participaron del acampe, la Justicia aclaró que ese tipo de acuerdos no frena la acción penal pública.

Esta causa llegó a debate oral la semana pasada, previo rechazo de una probation por parte de los sindicalistas Gurina y Sánchez. Al respecto, la Fiscal que intervino en el juicio María Laura Álvarez subrayó que la causa llegó a juicio oral porque los imputados rechazaron la suspensión del juicio a prueba ofrecida días antes. “Era una alternativa de resolución de conflicto. Yo sugerí que ellos enseñen, que den clases en un comedor durante un tiempo, y con eso se extinguía la acción penal”, manifestó la funcionaria judicial.

Por otra parte, aclaró que aceptar la probation no implica admitir culpabilidad, ya que el artículo 76 bis del Código Penal expresa que no implica reconocimiento del hecho. Se suspende el juicio por un plazo determinado y, cumpliendo tareas comunitarias, se extingue la acción penal.

En una entrevista en Misiones Online, la fiscal Álvarez se refirió a la supuesta “criminalización de la protesta” que se intento instalar por parte de los abogados de los sindicalistas que basaron toda su defensa en fundamentos del garantismo penal, corriente de pensamiento criminológico con sesgo utilitarista impulsada por el ex ministro de la
Corte Eugenio Zaffaroni. Al respecto sostuvo que “no se criminaliza la protesta. Yo soy hija de la democracia y es un derecho constitucional. Pero ningún derecho es absoluto cuando vulnera a otros.”

En ese sentido, enumeró los derechos afectados: “el libre tránsito público y privado, el derecho al comercio, el consecuente derecho alimentario, el daño al medio ambiente por la quema de neumáticos”. Y remarcó que “cuando un derecho colisiona con otros, hay que ponderar. La Corte Suprema lo ha dicho: ningún derecho es absoluto”.

La condena de la jueza Marcela Leiva se transforma en un antecedente histórico que pone un freno al abuso del derecho. El fallo dispuso reglas de conductas estrictas: fijar domicilio, no cometer nuevos delitos y cumplir ocho horas mensuales de trabajo comunitario fuera del horario laboral, acreditando cada mes el cumplimiento ante la
Justicia.

El derecho a reclamar por un salario digno es legítimo, pero cuando ese ejercicio del derecho se vuelve abusivo, perjudicando derechos de terceros la Justicia tiene la obligación de hacer cesar esa conducta. Los derechos de una persona terminan donde empiezan los derechos de otra, es un principio que rige la convivencia social y debe ser
respetado.

(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en
Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de
Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).

Opinión

Los líderes de cartón gracias al silencio de los mansos

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Congreso vida

Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

El asunto del “Escudo de las Américas”, la inclusión de nuestro bendito país en la guerra contra el narcoterrorismo, y el último informe que trasmitió la DEA en el International Narcotics Control Strategy Report, me dan mala espina. Paraguay se consolidó como el principal centro de acopio y reexportación de cocaína andina hacia mercados internacionales, más del 50% de las incautaciones están relacionadas a la Hidrovía y sus ramificaciones. El Cantón también forma parte de esa ruta: logística, puertos de transbordo y filtración, entre amenities de lavado y dormitorio.

El panorama completo no se resume en un párrafo, pero créanme que no es para nada alentador. Mientras tanto nuestro aporte es organizar campeonatos de Counter Strike. Pum, pum, pum, y sonreí para la selfie. Miren, la realidad es que nuestros jóvenes no fueron contratados como “programadores” de nada, tampoco están diseñando startup en compañías multinacionales, están recogiendo uva y manzanas en el sur de Brasil. Otros tantos de miles, los que no cruzaron la frontera, están desocupados, ya sea por la desregulación yerbatera, por la viveza de Arauco, por la miseria de Massalin Particulares, o por la fuerza del mercado frente a la inoperancia del Estado. Otros miles ya cayeron en el narcomenudeo. Esa es parte de nuestra realidad y si no espabilamos pronto vamos a caer al precipicio.

Faltan líderes, dicen. Y yo les digo que lo que faltan son hombres y mujeres con el temple suficiente como para decir verdades, aunque duelan; ciudadanos que sientan vergüenza de tener que dejar su futuro en manos de la primera cara que sale en TikTok. El problema del Cantón no es que falte gente con ambición —de esa hay de sobra, y suele ser inversamente proporcional al talento—, sino que hemos matado la figura del líder para sustituirla por el “influencer” de cabotaje.

Sí, es un fenómeno mundial. Me viene a la mente el viejo Umberto Eco diciendo que el drama de nuestra era es que el tonto del pueblo ya no se queda en la esquina, sino que tiene el mismo altavoz que un premio Nobel. Miren si no tenía razón. Y en la política del Cantón, eso se nos ha vuelto el pan nuestro de cada día: tipos que confunden tener seguidores en redes con tener una visión de Estado.

En algún momento habrá que madurar, porque quejarse de que no hay líderes, además de ser deporte nacional, es una infantilidad de patio de colegio. Decimos que “no hay nadie nuevo”, que “son todos iguales”, mientras nos encogemos de hombros y nos vamos a pescar al Paraná el día de las elecciones. Y ahí está el dato, crudo como herida trapera: en las elecciones del 8 de junio de 2025, la participación electoral cayó al abismo del 57,45%. Casi la mitad del electorado se quedó en casa, rascándose la barriga o mirando Netflix, dejando que el destino de todos lo decidan los de siempre y los cuatro de más allá.

Es que lo del vacío de liderazgo es, en realidad, un vacío de ciudadanía. Nos quejamos de que los políticos son mediocres, pero ¿quién los elige? Los elegimos nosotros, por acción o por omisión. El problema, como bien apuntaba Fernando Savater, es la orfandad de ciudadanos lúcidos y comprometidos.

No hay liderazgos porque no hay exigencia. El poder se ha vuelto una cuestión de gestión de la resignación. Ya no se busca al estadista, al tipo con visión, al que sabe hacia dónde llevar la nave, ese en el que sepamos que podemos confiar por lo que ha demostrado en la diaria. Ahora se busca al que mejor maneje el algoritmo, al que sea más “parecido” a nosotros en su vulgaridad.

Cuando lleguen los lobos

El electorado misionero ha pasado de la pasión militante a una apatía ovina. Saben qué pasa, se cansaron de que les mientan, sí, pero en lugar de exigir excelencia, en vez de pelear el metro cuadrado que les toca, optaron por el silencio de los mansos. Y ya saben lo que pasa cuando el ciudadano se duerme: los lobos se visten de pastores.

Después de haber visto el surgimiento del Frente Renovador de la Concordia y, una veintena de años después, verlo caer por debajo de su piso histórico del 30% no es una señal de renovación, es una señal de agotamiento. Pero lo que viene detrás no es la luz al final del túnel, sino el estruendo de la fragmentación.

Lo que hay enfrente, señoras y señores, es todavía peor. Lo de la oposición es una dispersión que roza lo patológico. Fragmentos de partidos que parecen esquirlas de una granada que estalló hace décadas. Nadie aglutina, nadie convence, nadie tiene el cuajo de mirar al que tiene al lado y decirle: “peleemos juntos, aunque duela”. En lugar de eso, tenemos una diáspora electoral donde cada cual atiende su quiosco.

En las últimas elecciones vimos una marea de outsiders —policías retirados, libertarios de ocasión y oportunistas del descontento— repartiéndose las migajas de lo que había quedado de un banquete al que el pueblo no estuvo invitado. Es la política del canibalismo.

Los “nuevos políticos” carecen de la capacidad intelectual para entender que Misiones no termina en la Costanera de Posadas. No hay formación, no hay lectura, ni siquiera tienen sentido de lo histórico. Son gestores de la coyuntura, buscavidas del presupuesto que no sabrían distinguir un plan estratégico de una lista de la compra del supermercado. Están más pendientes del meme del día que de la crisis que se viene. Es el liderazgo líquido del que hablaba Eco, lo recuerdan: figuras sin aristas, sin principios sólidos, que cambian de color según sople el viento de las encuestas.

Misiones está hoy en un limbo peligroso. El viejo orden se apaga, agotado por su propio peso, y lo nuevo que asoma la cabeza no es más que una amalgama de gritos y frustraciones sin proyecto. No hay líderes porque no hay quien se atreva a serlo de verdad, con todas las consecuencias. Preferimos el refugio de la “identidad misionerista” como si fuera un amuleto, mientras la capacidad de gestión se nos escurre entre los dedos. El “misionerismo”, el de verdad, no el Neo, sirvió para levantar un muro contra el centralismo porteño, y estoy de acuerdo, pero detrás de ese muro nos hemos quedado dormidos. Y mientras tanto, los lobos avanzan.

Cuando la política deja de ser un ejercicio de inteligencia y pasa a ser un espectáculo de variedades, el resultado es el que vemos: una provincia rica con una política pobre. Muy pobre. Tomen nota, o sigan mirando para otro lado. Pero luego no vengan con lamentos cuando el próximo “salvador” de turno les venda espejitos de colores a cambio de lo poco que nos queda de dignidad ciudadana.

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Opinión

De recaudadores y mercaderes: las piedras de Wanda no son gratis

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Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

 

La desconfianza y la mala leche se han colado en la discusión por la tasa que la intendenta de Wanda, Romina Faccio, aplica a los turistas que visitan la ciudad. Lo primero nace del contribuyente, ese sujeto fatigado de promesas que rara vez se cumplen; lo segundo, de los que siempre tienen el brazo listo para arrojar barro.

Faccio defiende la Tasa Ecoturística, o como prefieran llamarla, como una herramienta clave de gestión, esencial para equilibrar el flujo de visitantes a las minas de piedras preciosas con la preservación del entorno local. Su argumento se apoya en la autonomía municipal (Art. 123 de la CN) para financiar servicios ambientales e infraestructura, diferenciándose de los impuestos nacionales por su destino específico: la remediación ecológica. Sin embargo, los sectores opositores y la propia Compañía Minera Wanda cuestionan el rumbo de esos fondos y denuncian la falta de un beneficio directo para el visitante.

A principios de semana, desde la tribuna del diario La Nación, el diputado libertario Carlos Adrián Nuñez cargó contra la medida tildándola de “peaje” arbitrario e impuesto encubierto que genera doble imposición y vulnera la libre circulación. Para el legislador provincial, el tributo —aplicado sobre una empresa privada que ya cumple con sus cánones— carece de contraprestación de servicios, ahuyenta al turismo y pone en jaque fuentes de trabajo al inflar la presión fiscal. El senador del PRO, Martín Goerling Lara, preocupado por la carga tributaria sobre los viajeros, se sumó al coro que apunta al mismo blanco: “impuestos encubiertos” que asfixian al sector privado y le restan competitividad.

No imagino a Nuñez, abogado viajado, especialista en derecho tributario y que forjó su carrera enseñando a los municipios el arte de la cobranza, negándose a pagar su estancia en Roma o Venecia, donde cada turista desembolsa entre tres y diez euros para mitigar el impacto de millones de suelas sobre infraestructuras históricas frágiles. No olvidemos que su primer gran cliente fue, precisamente, el municipio de Puerto Iguazú, y que conoce los pasillos de la Fiscalía de Estado como el patio de su casa en el exclusivo country AguaVista, en Paraguay. Que hoy el diputado llame “impuesto disfrazado” a lo que antes ayudaba a recaudar con celo de inquisidor es, como mínimo, un ejercicio de hipocresía que clama al cielo.

Tampoco imagino a Goerling Lara evitando entrar a Lisboa por una tasa turística de cuatro euros. El senador, respetado en los salones porteños, pero con el traje algo desgastado en su propia tierra, ve cómo se le fugan los dirigentes del PRO como agua entre los dedos hacia otras orillas. Para no perder pie en el fango político, se suma al clamor de los que ven “voracidad fiscal” en cada rincón misionero. Hablan de la Constitución y de federalismo cuando les conviene, pero callan cuando es el bolsillo del interior el que financia el aire acondicionado del Congreso de la Nación.

Mientras Núñez y compañía critican estas medidas como “impuestos encubiertos”, la tendencia mundial en las capitales del turismo demuestra que son herramientas legítimas de autonomía fiscal para proteger el patrimonio y la calidad de vida de los residentes. Romina Faccio no está inventando la pólvora; está defendiendo su municipio con lo que le queda tras el recorte nacional. Si Roma o Florencia cobran por pisar sus piedras históricas, ¿por qué deberíamos ser los únicos generosos del planeta? Las piedras de Wanda no son gratis, ni deberían serlo para quien viene de fuera a disfrutar de lo que el misionero cuida con el lomo doblado.

Tal vez, aún obnubilado por el azar del presente y la idea de un futuro que no fue, Nuñez olvidó que el federalismo no es una calle de sentido único diseñada para que el poder central asfixie a las provincias. Mientras alega en Wanda se grava actividades ya alcanzadas por Ganancias, ignora deliberadamente la asimetría estructural de Misiones: somos la provincia que menos coparticipación recibe por habitante en el NEA, lo que nos obliga, por puro derecho de supervivencia, a ejercer una autonomía fiscal que el artículo 123 de la Constitución respalda. No es “doble imposición”, es la respuesta legítima de un municipio que debe costear con recursos propios como consecuencia del recorte de las transferencias federales.

El objetivo de Núñez y los suyos agitar el fantasma del fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en 2024, le cortó las piernas a la Ecotasa de Bariloche. La Corte fue clara: si no hay un servicio concreto, efectivo e individualizado para el que paga, la tasa es inconstitucional. Independientemente al laberinto judicial al que vaya a meterse el caso, Faccio también se enfrenta con la falta de confianza de todo contribuyente argentino.

Pero en nuestro país, el síntoma de la desconfianza en la clase política ya es crónico; trasciende partidos, alianzas e ideologías. El contribuyente se pregunta con razón —y con una sospecha instalada en el hígado— adónde va su plata. No es maldad, es puro instinto: nadie quiere ser el tonto de la historia, el único que paga el pato mientras los de arriba eluden o se lo llevan crocante.

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Opinión

El futuro se construye en las aulas

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Por Nicolás Marchiori

 

En la antigua Roma, la educación no era solo un medio para cultivar la mente, sino una piedra angular para forjar ciudadanos.

Marco Tulio Cicerón, fue un brillante ejemplo de cómo la educación en Roma moldeaba a
sus hijos más distinguidos. Desde su infancia, Cicerón estuvo inmerso en un riguroso régimen de aprendizaje, reflejo de una sociedad que valoraba profundamente la elocuencia, la filosofía y el arte de la política.

La educación romana, planificada desde el nacimiento, se centraba en inculcar virtudes y conocimientos fundamentales para la participación activa en la vida pública, con una férrea defensa de los valores y rectitud moral. Desde muy temprana edad, Cicerón fue guiado por tutores de gran sabiduría y dedicación, quienes le enseñaron no solo a hablar y escribir con elegancia sino también a pensar con profundidad sobre cuestiones ética, derecho y gobierno. Este enfoque holístico preparaba a los jóvenes romanos para liderar con justicia y sabiduría.

Cicerón emergió como un destacado orador, un pensador profundo, y un estadista comprometido. Su educación le permitió navegar por las complicadas entrañas de la política romana y contribuir de manera significativa en la vida pública. Sus discursos, ricos en sabiduría y elocuencia, y su correspondencia relevan un agudo intelecto y un corazón
apasionado por la justicia y el bienestar de su ciudad.

El legado de Cicerón nos invita a reflexionar sobre el valor de una formación integral que equilibra el conocimiento con la virtud. Siguiendo esta línea, podemos decir que la educación es fundamental no solo para el desarrollo personal sino también para el fortalecimiento de la sociedad.

* * *

La vuelta a clases en Misiones

La próxima semana tendrá lugar un hecho muy importante para la vida de las familias misioneras. La vuelta a clases despierta grandes emociones y sensaciones tanto en los niños como en sus padres. Más de 400.000 estudiantes retomarán el camino de la formación y el aprendizaje reactivándose así el gigantesco andamiaje educativo del
Estado.

No importan las vicisitudes de la historia ni la coyuntura actual, Misiones continúa profundizando el camino de la educación de vanguardia y el conocimiento, las herramientas más importantes para el desarrollo de la provincia y la sociedad.

El retorno de los chicos a las escuelas significa una gran inversión por parte de las familias misioneras y en ese sentido el Gobierno siempre a demostrado empatía y cercanía. Con miras al inicio del ciclo lectivo y con el principal objetivo de cuidar la economía familiar, desde el Estado Provincial se articuló una importante batería de
medidas.

En este sentido, el Boleto Educativo Misionero (BEM) vuelve a ubicarse en el centro de la escena. Instituido por ley en octubre de 2015 se constituye como una de las muestras más grandes de justicia social. El Estado Provincial asume el costo del pasaje de los estudiantes del nivel primario, secundario, terciario, superior y universitario de cada rincón de la provincia.

Para dimensionar su importancia, basta con remitirse a los registros: más de 300 mil estudiantes misioneros usan el servicio.

Además de garantizar la vigencia del Boleto Educativo Misionero, una serie de versiones del Programa Ahora fueron lanzados desde el Gobierno con el fin de generar un impacto positivo en la planificación de la economía familiar de cara al inicio de clases. Estos programas ofrecen a las familias misioneras la posibilidad de abonar con tarjeta de crédito, en cuotas y con reintegro, cuotas de los colegios o deudas acumuladas, artículos de librería, uniformes y guardapolvos, zapatos, zapatillas y textos escolares.

Estos programas especiales impulsados por el Gobierno Provincial, junto a los comercios adheridos y el Banco Macro moviliza la economía en toda la provincia en todos los rubros alcanzados y, al mismo tiempo, acerca una solución concreta a las familias misioneras para afrontar los gastos que implica el comienzo de clases.

En lo que respecta a la “ayuda escolar” que abona el Gobierno a los empleados de la administración pública provincial, el gobernador Passalacqua anunció el pago para el pasado 25 de febrero con un incremento de 30% en comparación con el monto abonado el año pasado. De esta forma, los agentes del sector público provincial recibieron una Ayuda Escolar de $91.000 por hijo y de $227.500 por hijo con discapacidad.

Estas medidas se suman a la confirmación por parte del Gobierno provincial de una inversión de $1.150 millones para el acondicionamiento integral de escuelas públicas antes del inicio de clases. Los fondos se destinaron a tareas de mantenimiento, mejoras edilicias, incorporación de equipamiento y adecuaciones necesarias en establecimientos
de distintos municipios de la provincia.

En un contexto de gran incertidumbre en la Argentina atravesado por una crisis económica que se profundiza día a día y está lejos de mostrar signos de recuperación en el corto plazo, el Gobierno misionero demuestra su compromiso real con la educación a través de acciones que reflejan un abordaje integral en donde se combina apoyo
económico directo a las familias, inversión en infraestructura y planificación pedagógica.

Datos, no opinión: los números de la Educación misionera

Al tercer trimestre de 2025, las erogaciones totales en la finalidad “Cultura y Educación” ascendieron a $622.159.436.330, mientras que lo percibido por la provincia en ese mismo periodo por la Ley de Financiamiento Educativo fue de $239.328.788.361, es decir un 38% aproximadamente del gasto total.

De esos números surge que la Provincia de Misiones financia con recursos propios cerca del 62% de la inversión educativa. En virtud de estos datos concretos, es falso que los fondos nacionales alcancen para cubrir los gastos de funcionamiento del sistema; por el contrario, la mayor parte de la estructura se sostiene gracias a un esfuerzo de la
provincia.

Cuando hablamos de la finalidad “Cultura y Educación” es importante aclarar que no se agota en el concepto “salario”, sino que es multidimensional. Los fondos de Educación garantizan el funcionamiento de un sistema que contempla comedores escolares, material didáctico y mobiliario. Asimismo, todo lo que tiene que ver con la infraestructura: construcción, mantenimiento y refacción de establecimientos en toda la provincia (ascienden a más de 2.200). En lo que respecta a los fondos que se destinan al pago de salario docente, si sumamos la masa salarial mensual y el proporcional mensual del aguinaldo estamos hablando de un monto cercano a los $60.000 millones. Una cifra que da una dimensión del peso estructural que tiene la educación en el presupuesto provincial. Si tomamos en cuenta que el giro de fondos nacionales por la Ley de Financiamiento Educativo es de casi $40.000 millones, la Provincia debe inyectar unos $20.000 millones adicionales cada mes, sólo para pagar sueldos, sin contar el
mantenimiento de escuelas, comedores y demás servicios.

En base a lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que la educación en Misiones se sostiene con una inversión que duplica ampliamente a los fondos que llegan desde Nación por leyes especiales, garantizando no solo salarios por encima de la pauta nacional, sino también la operatividad de las escuelas y la asistencia alimentaria de los alumnos. Y esto implica un enorme esfuerzo en los tiempos que corren: la Provincia administra con prudencia y hace lo posible con herramientas limitadas.

(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en
Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de
Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).

 

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