Nacionales
Wellbach, Morales y Sartori sumaron al quórum para bajar jubilaciones a jueces
Con los misioneros, el Frente de Izquierda y los cordobeses el oficialismo logró 131 votantes. La presencia de Daniel Scioli desató una polémica. Los diputados de Cambiemos abandonaron el recinto y la ley se aprobó con lo justo.
BUENOS AIRES (Diarios y agencias). El Gobierno logró aprobar la ley que baja las jubilaciones a los jueces y diplomáticos en una polémica sesión que empezó con el quórum justo, ya que el macrismo se retiró y amenazó con denunciar la invalidez de la sesión.
En una instancia en la que cada presencia tenía peso propio, fue fundamental que ocuparan sus bancas los renovadores misioneros Ricardo Wellbach, Diego Sartori y Flavia Morales, además de Cristina Brítez y Héctor Bárbaro del Frente de Todos.
También fue importante la presencia del Frente de Izquierda, de los cordobeses del gobernador Schiaretti y de los tres restantes de Unión Federal que encabeza José Luís Ramón y sirve de paraguas a los renovadores de Misiones.
Pero el eje de la polémica fue la ayuda clave de Daniel Scioli, que pese a haber sido designado embajador en Brasil asistió a su banca y permitió llegar a 129, con lo cual ahora la iniciativa pasó al Senado para la sanción definitiva.
Cambiemos se retiró y a través de su jefe Mario Negri anticipó que denunciará en la justicia la idoneidad de la sesión. Recordó que el bloque rechaza los haberes previsionales de hasta 400 mil pesos que cobran los jueces pero que negoció sin éxito una cláusula para evitar que renuncien para jubilarse rápido y dejen los Tribunales vacíos.
Fue necesaria una prórroga para que llegaran los 8 de Unidad Federal para el Desarrollo, el bloque de José Luis Ramón, y los 4 cordobeses y el arribo con demora de Edurado Valdés y con la fueguina Mabel Caparros.
La ley aumenta 7% los aportes de los jueces y diplomáticos y les reduce la jubilación inicial, al no computarse más como el 82% del último año, sino de los salarios percibidos los últimos 10, actualizados al momento del cese.
Con los votos justos, el oficialismo tuvo que ceder al reclamo del gremio de Julio Piumato (UEJN) y de la diputada kirchnerista Vanesa Siley (Sitraju) y sumó a las categorías de prosecretario y jefe de despacho entre los sostenidos en el régimen especial de magistrados.
Fue también una propuesta de Ramón y el ministro de Trabajo Claudio Moroni, en el plenario de comisiones de este miércoles, les había sugerido hacer una caja compensatoria propia, pero sin los números claros, Máximo y Massa tuvieron que ceder.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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