Nacionales
Trabajadores de Vicentín apoyan la intervención del gobierno
Gremios aceiteros aseguraron que la expropiación anunciada por Alberto Fernández llevó tranquilidad a los trabajadores. Se espera que sea enviado el proyecto de ley al Congreso.
BUENOS AIRES. El presidente Alberto Fernández remarcó hoy que la decisión del gobierno de intervenir Vicentín tiene el objetivo de “rescatar una empresa muy importante” porque él “no se podría perdonar ver de brazos cruzados cómo la empresa se cae” y, en ese sentido, sumó el apoyo de los trabajadores de la compañía cerealera y del gremio de aceiteros.
Además de las definiciones de Fernández sobre la intervención de Vicentín y el apoyo de los trabajadores, también se confirmó que el Senado comenzará a discutir este viernes en comisión un proyecto de ley propuesto desde el Frente de Todos para investigar presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa cerealera.
“La expropiación en este caso es un remedio excepcional y no permanente porque a mí me gustaría que esto no suceda más”, dijo el jefe de Estado en una entrevista con Radio 10 esta mañana, antes de dar una clase a distancia por videoconferencia a sus alumnos de la UBA de la cátedra de Teoría del Delito y Sistemas de Pena.
Agregó que no se “podría perdonar ver de brazos cruzados cómo Vicentín se cae y los trabajadores se quedan sin trabajo” e insistió en que con esta medida el gobierno busca rescatar la empresa cerealera.
“Estamos rescatando una empresa muy importante que está en un colapso financiero enorme”, enfatizó.
En esa línea, advirtió que la “vocación” del gobierno es que la empresa “siga siendo argentina y que sea manejada y rescatada de la situación en la que está” y dejó claro: “No estamos allí para avasallar los derechos de nadie”.
También contó que ayer mantuvo “una muy buena charla con Sergio Nardelli, uno de los dueños de Vicentín”, a quien le dijo que lo que buscaba el gobierno era “preservar la empresa en manos argentinas” y agregó: “No debería ser motivo de pelea porque lo que estamos haciendo es rescatar a una empresa de la quiebra”.
En relación con la actitud de algunos sectores de la oposición en torno al tema, consideró que “hay un grupo de políticos que hace años se olvidó de discutir política y se acostumbró a que la política ocurra en los tribunales”.
A diferencia de las manifestaciones en contra de la expropiación, el integrante de la Comisión Interna de Vicentín y de la conducción del Sindicato de Aceiteros de Reconquista, Leandro ‘Peky’ Monzón, aseguró sentir “alegría” tras haber escuchado del presidente “que van a continuar las fuentes laborales” y que “se pare un poco la incertidumbre” en torno a la empresa.
El dirigente contó que la empresa adeuda el bono de fin de año y no cumplió con los acuerdos salariales de 2020 y precisó que el conflicto por salarios incluye “el aumento que salió a partir del 1 de mayo, la gratificación de fin de año y el retroactivo de abril a enero”.
Por su parte, el titular del gremio de aceiteros de Reconquista, Dionisio Alfonso, manifestó que la decisión del gobierno generó “tranquilidad” en los trabajadores, que en los dos últimos años vivieron “mucha incertidumbre” en el proceso que llevó al concurso de acreedores de la empresa.
“La decisión nos brinda tranquilidad y esperamos que todo lo que está pasando llegue a buen puerto; como sindicato vemos estas medidas como una ayuda que viene bien”, dijo Alfonso.
Con respecto al tratamiento del proyecto de ley de expropiación de la empresa en el Congreso, la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun adelantó que la iniciativa será tratada por la cámara alta “ni bien ingrese”, al indicar que es “necesario iniciar un proceso de democratización en materia alimentaria”.
En el ámbito judicial, la fiscalía a cargo de la investigación por supuesta defraudación a raíz de la deuda de 18.500 millones de pesos de Vicentin con el Banco Nación recibió al menos 70 archivos con información y documentos enviados desde esa entidad.
En la pesquisa está imputado el último titular del Banco, Javier González Fraga, y los empresarios de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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