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Retomaron los estudios para la finalización del gasoducto del NEA

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La empresa Ieasa realiza trabajos que quedaron pendientes desde agosto pasado, cuando la gestión de Cambiemos modificó el proyecto.

 

FORMOSA (TÉLAM). La empresa Integración Energética Argentina (Ieasa) retomó el análisis de los trabajos y el presupuesto que requerirán las obras para la finalización del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), que permitirá proveer gas natural proveniente de Bolivia a las provincias de la región.

La decisión de reanudar la obra fue informada tras la visita que el presidente Alberto Fernández realizó a la provincia de Formosa y Misiones. La iniciativa se encuentra dentro de los trabajos que quedaron pendientes desde agosto pasado, cuando la gestión de Cambiemos decidió modificar el proyecto y la obra quedó parada.

Según informó Télam, el tramo faltante representa un 12% del total, además de las obras complementarias necesarias, lo que demandará el diseño de una nueva licitación pública como la lanzada en 2017 y que fue finalmente dada de baja.

La obra -según estimaciones preliminares- requeriría de una inversión total estimada en 150 millones de dólares, dependiendo del estado funcional de los caños abandonados a lo largo de la traza.

Cuando esté terminado, el gasoducto podrá transportar 3 millones de metros cúbicos adicionales a los que ya transporta el gasoducto del Norte, aunque este volumen adicional puede incrementarse hasta 10 millones de metros cúbicos con la instalación de plantas compresoras según lo previsto en el proyecto.

Lo construido hasta el momento fue habilitado parcialmente por la anterior gestión y se lo utiliza para mejorar la oferta a la ciudad de Rosario y a otras localidades santafesinas y chaqueñas, con gas inyectado desde el sur del país, lo que supone a su vez nuevas limitaciones por la falta de infraestructura.

Fuentes oficiales confirmaron que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, encargó a la empresa Ieasa que “rápidamente tome todas las acciones para reiniciar las obras”.

La instrucción que recibió la empresa estatal -que desde marzo conduce Andrés Cirnigliaro-, es la de “relevar el estado de situación del gasoducto”, agregaron las fuentes.

La obra cuyo proyecto original contemplaba la concreción de 1.500 kilómetros de ductos troncales y otros 1.500 kilómetros de ramales, se puso en marcha en 2007 con la idea de promover el abastecimiento de gas natural en las provincias del Noreste Argentino.

El inicio de la obra debió esperar hasta 2014, cuando se concretó la firma de los contratos que dieron comienzo oficial a la construcción del GNEA, que abarca a las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Salta y Santa Fe.

Con el cambio de gestión a fines de 2015, la obra fue demorada primero y paralizada después por la administración de Mauricio Macri y el entonces presidente de Enarsa, Hugo Balboa, argumentando cuestiones presupuestarias.

A esto se sumó la decisión oficializada en septiembre de 2018 de cambiar la traza original del GNEA, dejando de lado a las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa.

Las fuentes oficiales consultadas resaltaron “la frustración de las provincias de la región por la interrupción del proyecto que las dejó sin gas natural, lo que significa que hay un montón de actividades industriales que no se pueden desarrollar y que representan una autolimitación al crecimiento”.

En esas provincias, que no cuentan con gas natural, los hogares tienen que pagar el gas licuado en garrafas, más caro que lo que demandaría el servicio por redes, y además hay inversiones que no se pueden proyectar por la falta de un insumo básico para muchas industrias como el gas y que es factor de competitividad y eficiencia.

 

Foto: ilustrativa.

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El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud

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Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones. 

La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones

Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones

La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias. 

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. 

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”. 

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.

Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”. 

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.

Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones

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Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos

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A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.

El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.

Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.

De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.

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Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú

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A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.

El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).

A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.

Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.

Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.

Las medidas

Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.

En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.

Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.

En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.

Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.

También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.

Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.

“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron. 

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