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Denuncian a la AFI macrista por espiar a 400 periodistas

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Según la presentación judicial, habría investigado a políticos, referentes sociales, académicos y empresarios. Según el expediente, entre los presuntos espiados durante el gobierno de Macri también aparecen 400 periodistas.

 

BUENOS AIRES. La Justicia investigará al expresidente Mauricio Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el presunto espionaje ilegal de unas 500 personas, en su mayoría periodistas.

Los datos surgen de la denuncia presentada este viernes por la interventora de la AFI Cristina Caamaño, en la que acusó a la gestión macrista de “producción de inteligencia ilegal”.

Según el expediente, entre los presuntos espiados durante el gobierno de Macri hubo políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios, miembros de organismos de la sociedad civil y unos 400 periodistas.

A estos últimos se les habrían armado fichas de perfil ideológico para las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20 en Buenos Aires. De acuerdo con Caamaño, en cada caso figuraban “preferencias políticas, publicaciones en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y/o cultural, entre otras”.

Además, explicó que cada ficha tenía comentarios como “siempre con posturas contra el Gobierno”, “se muestra muy crítico respecto del actual gobierno”, “muestra su afinidad hacia el peronismo”, o “apoya a gobierno”. En tanto, según el perfil llevaban señales verdes, amarillas o rojas, supuestamente para habilitar la acreditación que los periodistas y medios habían presentado ante la cancillería argentina.

Según consignó Télam, entre los presuntos periodistas investigados hay 61 corresponsales de medios extranjeros, a saber: empleados de las agencias noticias DPA (Alemania); Reuters (Gran Bretaña); Associeted Press y Bloomberg (Estados Unidos); EFE (España); AFP (Francia), ANSA (Italia); Xinhua (China); y Al Jazzera (Qatar).

En lo que respecta a medios gráficos, portales y agencias nacionales, fueron incluidos trabajadores de Clarín; La Nación; Infobae; Perfil; Página 12; BAE; Crónica; El Cronista; Diario Popular; Ámbito Financiero; Tiempo Argentino; La Prensa; La Voz del Interior; Télam; Noticias Argentinas; El Destape; Forbes Argentina; La Política On Line; The BA Times; y Revista Noticias.

También espiaron a periodistas, camarógrafos y productores de los canales de televisión Telefé; Canal 13; Canal 9; Televisión Pública; Todo Noticias (TN); C5N; Crónica TV; Canal 26 TV; América 24; CNN en español; Canal 3 (Rosario); Grupo UNO; Canal de la Ciudad (CABA); y Canal 12 (Córdoba). Además, investigaron a profesionales de Radio 10; Mitre; Cadena 3; Radio Nacional; La Red; Del Plata; Continental; Rivadavia; Radio de la Ciudad; y Latina.

De acuerdo con lo informado, en la lista figuraba el nombre completo de cada periodista, el detalle de los respectivos medios a los que pertenecían y observaciones a partir de sus intercambios o posteos en las redes sociales, en la que se incluía información sobre participación sindical, su ideología o asistencia a marchas, por ejemplo. Algunos fueron definidos como “kirchneristas” o por tener “ideas afines a Cambiemos”; o por subir tuits “en reclamo de la actividad de prensa”; o si era “miembro de ARGRA”; o de “Satsaid”; “Sipreba”; o si estaba “a favor del aborto”.

Según el escrito, en el caso de empresarios y sindicalistas que pidieron participar de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio de 2017, se incluían además puntillosos datos personales, patrimoniales y salariales.

“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado”, detalla el documento, al tiempo que afirma que el accionar de la AFI se ejecutó “con manifiesta connivencia de la (entonces) autoridad máxima del ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”.

“Desde el Gobierno vamos a aportar todo lo que sea necesario. No tenemos reparos en avanzar y darle a la Justicia todos los elementos que requiera. Y los responsables deberán hacerse cargo”, aseguró el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en declaraciones a Radio Mitre.

En tanto, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó “preocupación por los casos de presunto espionaje ilegal contra ciudadanos, entre ellos, numerosos periodistas” y comunicó que “presentará un pedido de informes a las autoridades y organismos involucrados”.

Según fuentes judiciales, la denuncia presentada por la AFI se sustenta a partir de la información hallada dentro de tres sobres que había en el interior de una caja fuerte del organismo con las inscripciones “2017”, “Periodistas G-20” y “Varios”.

Por sorteo, la causa recayó en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que delegó la investigación en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal que dirige Paloma Ochoa, en el que constituye el segundo expediente abierto por este tema.

Por su parte, Caamaño pidió en el escrito que se cite a declaración indagatoria al exdirector general de la AFI Gustavo Arribas; a la exsubdirectora general de la Agencia, Silvia Majdalani; y al expresidente Mauricio Macri “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”.

Diario Federal


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Tras la marcha federal, Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario

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Tras la marcha federal, Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario

A pesar de la multitudinaria marcha que se realizó en todo el país ayer para frenar la medida, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. El Decreto 879/24 fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación este jueves.

Con la publicación del decreto, el gobierno nacional estableció que el proyecto de ley 27.757, sancionada el 12 de septiembre, se observe en su “totalidad” y vuelva al Honorable Congreso de la Nación (HCN).

En los considerando del documento se detallan los distintos artículos de la legislación, entre los cuales se destaca las “modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las Universidades Nacionales, en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente y no docente del Sistema Universitario Nacional”.

De esta manera, para justificar el veto total al financiamiento universitario, el gobierno libertario sostuvo que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento“, al tiempo que señaló que “el artículo 38 de Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es claro al exigir de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Además, puntualiza que el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo”.

Ahora, la legislación que preveía principalmente una recomposición salarial para el personal docente y no docente, deberá regresar a la Cámara de origen, el Senado de la Nación, donde los legisladores nacionales deberán votar por sostener el financiamiento universitario o acompañar el veto presidencial.

Con la oficialización de la medida, es la segunda vez que el presidente utiliza el mecanismo, primeramente vetó la reforma de movilidad jubilaría, para sostener el “equilibrio fiscal”.

Ayer, miles estudiantes, egresados, personal docente, no docentes de las universidades nacionales de la Argentina, así como también gremios y organizaciones sociales, salieron a las calles en todo el país para rechazar la medida del gobierno nacional y defender la educación pública, gratuita y de calidad. Sin embargo, el Ejecutivo no dio marcha atrás y concretó el veto.

Unas 5.000 personas coparon las calles de Posadas en defensa de la universidad


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La pobreza aumentó al 52,9% en el primer semestre del gobierno de Milei

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La pobreza aumentó al 52,9% en el primer semestre del gobierno de Milei

La pobreza alcanzó al 52,9% de personas en todo en el país y la indigencia saltó del 9,3% al 18,1% durante el primer semestre del 2024, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El instituto nacional dio a conocer esta tarde el informe de Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos en Argentina durante el primer periodo de gobierno del presidente Javier Milei, que representa un salto en la pobreza de más de 11 puntos porcentuales con respecto al segundo semestre del 2023, que estaba en 41,7%.

Los índices de 52, 9% de pobreza y de 18,1% de indigencia implican para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que por debajo de la línea de pobreza (LP) se encuentren 4.319.760 hogares, donde viven 15.685.603 personas y, dentro de ese conjunto, 1.378.142 hogares estén por debajo de la línea de indigencia (LI), lo que representa 5.379.588 personas indigentes, de acuerdo al informe del Indec.

Otro punto que remarcó el instituto fue sobre los ingresos de los hogares, el cual arrojó que entre el segundo semestre del 2023 y el primer semestre del 2024 el ingreso total medio aumentó 87,8% frente a subas de 115,3% de la canasta básica alimentaria (CBA) y de 119,3% en la canasta básica total (CBT).

Respecto a los grupos etarios que afectan la pobreza y la indigencia, el Indec detalló que dos tercios (66,1%) de las personas de entre 0 a 14 años forman parte de hogares por debajo de la línea de la pobreza, mientras que el total de argentinos bajo LP para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 60,7% y de 48,6% respectivamente.

En cuanto a la población mayor de 65 años, un 29,7% de las personas en esta franja etaria se ubicó en hogares bajo la línea de pobreza.

En relación a las regiones, el instituto indicó que la mayor incidencia de la pobreza en el primer semestre de este año se observó en el Noreste (62,9%) y el Noroeste (57,0%), mientras que los menores índices se registraron en la Patagonia (49,1%) y Pampeana (49,9%).


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Jubilados y pensionados de Anses tendrán 4,17% de aumento en octubre

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Hoy lunes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó mediante la Resolución 798/2024, publicada en el Boletín Oficial, un incremento del 4,17% en los haberes mínimos y máximos a partir de octubre para jubilados y pensionados, en línea con la inflación de agosto.

Con este incremento, el reajuste hará que el haber mínimo suba de $234.540 a $244.320 y el máximo pase de $1.578.234 a $1.644.046, ya que, el organismo previsional estableció “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de octubre de 2024, será de $244.320,56″. Mientras que el máximo, a partir del décimo mes del año, será de $1.644.046,07.

En caso de que, como viene sucediendo los últimos meses, se confirme el otorgamiento de un bono de $70.000 a los que perciben la mínima, las jubilaciones más bajas pasarán de $304.540 a $314.320. En tanto, quienes tengan haberes inferiores a esa cifra tendrán un bono proporcional hasta alcanzarla.

En el documento oficial que lleva la firma del titular de ANSES, Mariano de los Heros, también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima en $82.287,12 y $2.674.292,72, respectivamente, a partir del período devengado octubre de 2024.

Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $111.765,50. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $195.456,45. Con el bono de $70.000, la PUAM ascenderá a $265.456.

La fórmula vigente

Tras vetar la nueva fórmula jubilatoria sancionada en el Congreso, el Gobierno de Javier Milei continúa con la aplicación del esquema previsional propio, puesto en marcha en julio pasado, que estipula el ajuste mensual en base a la inflación del segundo mes previo al del haber respectivo. Además, mantendría sin actualización el bono, siendo el octavo mes que otorga $70.000 por dicho concepto.

Al aplicar el monto del bono sin variaciones, “el aumento es inferior al índice inflacionario, ya que la suba apenas superaría el 3%, dependiendo la prestación”, sostienen desde el oficialismo, en tanto, “La suba del ingreso total que se acumuló en los últimos meses es bastante más baja que el incremento de los montos sin considerar el refuerzo”.

En este sentido, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reveló que “el poder de compra promedio de ocho meses de 2024 registra una caída real de 26,6% respecto de igual período de 2023; en tanto, los haberes mínimos (con bonos) perdieron 16,7% interanual”.

 


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