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Previsible: Thomas dijo que no recibió ni entregó coimas. Pidió que citen a Schiavoni
BUENOS AIRES y POSADAS. El ex director ejecutivo de Yacyretá, Oscar Thomas, negó hoy ante el juez federal Claudio Bonadío que hubiera participado en la recepción o entrega de dinero mientras se encontraba al frente del ente argentino-paraguayo.
El arquitecto misionero fue llevado a Comodoro Py tras ser detenido ayer, un departamento ubicado a unas 40 cuadras de los tribunales, adonde la Policía Federal llegó por datos proporcionados por una vecina al teléfono habilitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Alrededor de las 8 el arquitecto fue llevado al despacho del juez para responder acerca de la causa conocida como “Los cuadernos de las coimas” con la obra pública que habrían desembolsado empresarios a funcionarios kirchneristas para asegurarse la adjudicación de millonarias construcciones.
En los tribunales, Thomas permaneció más de dos horas en la alcaidía del edificio hasta que lo subieron al despacho del magistrado, donde se le comunicó la acusación en su contra y se negó a declarar, tal como lo había anticipado su defensor José Manuel Ubeira.
En cambio, se supo que el acusado admitió que le hicieran preguntas. Fue entonces que rechazó cualquier tipo de entrega de dinero a los ex funcionarios detenidos en el marco de la investigación. Además, reivindicó su gestión al frente de la Entidad.
Afirmó conocer a la ex mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, procesada como jefa de asociación ilícita en el expediente, y a varios de los ex funcionarios involucrados en el caso, pero insistió en rechazar cualquier tipo de vinculación con el caso
También admitió que conocía a Javier Sánchez Caballero, exCEO de IECSA, cuyo dueño era Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y pidió que sea citado a declarar el actual senador nacional por Misiones, Humberto Schiavoni, quien estuvo al frente de la EBY durante la gestión de Eduardo Duhalde y de Macri.
Thomas apareció mencionado en los cuadernos de Oscar Centeno, como el responsable de dos pagos a Roberto Baratta, mano derecha de De Vido y segundo en el Ministerio y uno de los detenidos en el caso quien, junto al ex ministro tiene, después de CFK, la calificación más grave en el caso como presunto organizador de la asociación ilícita.
Una vez cumplido el trámite, Thomas retornó a las depedencias de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, pero en los próximos días sería trasladado al penal de Marcos Paz.
Los medios de Buenos Aires definen a Thomas como ex titular del Ente Binacional durante más de una década y “su crecimiento patrimonial es exponencial, con varios terrenos, vehículos y propiedades.
Durante el kichnerismo supo llevarse bien con el ex gobernador de Misiones Carlos Rovira y tejió buenos lazos con Julio De Vido, uno de los ex funcionarios a quien admitió conocer hoy en su declaración ante Bonadio”.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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