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Precios inflados: echaron al funcionario que pagó millones en azúcar y aceite

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Es Gonzalo Calvo, quien estaba a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica. Fue el que avaló la compra de cargamentos de azúcar y aceites con precios excesivos. Ya había sido investigado por corrupción. El ministro Daniel Arroyo le pidió la renuncia.

BUENOS AIRES (Agencias y diarios). El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, echó a Gonzalo Calvo (foto), el responsable de la Secretaría de Asistencia Crítica, que autorizó la polémica compra de alimentos con sobreprecios  para los sectores vulnerables en medio de la pandemia del coronavirus.

Calvo es el mismo que había sido investigado por corrupción hace un año y fue expulsado mientras era funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown a cargo del intendente Mariano Cascallares.

Según se supo el Ministerio de Desarrollo Social inició una investigación interna a pedido del presidente Alberto Fernández y el ministro Arroyo le pidió la renuncia a Calvo este martes.

“Estamos ante una situación de investigación interna y no descartamos que en lo sucesivo haya más pedidos de renuncias”, agregaron las fuentes consultadas.

Calvo fue quien realizó toda la operatoria de la compra del aceite, el azúcar y los fideos por los que se pagaron sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social.

Calvo con antecedentes

Este funcionario de había sido investigado por corrupción hace un año y fue expulsado mientras era funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown a cargo del intendente Mariano Cascallares.

En aquel momento Calvo renunció a la secretaría de Seguridad del municipio luego de que se difundiera por Facebook un video filmado por una cámara oculta donde presuntamente le cobraba coimas a una empresa de seguridad privada.

Amparado en el amplio respaldo que le dio ayer el Presidente, quien dijo que “no apañaré a corruptos en mi gobierno”, Arroyo avanzó con el desplazamiento de Calvo, que había estado a cargo de las millonarias compras de fideos, aceite y azúcar con sobreprecios.

Antes de tomar esta decisión el ministro de Desarrollo Social le comunicó al Presidente los pasos que iba a seguir. Es decir, que además de la expulsión de Calvo se optó por abrir un sumario interno para revisar todo el circuito administrativo por el que se hizo la compra de alimentos con sobreprecios.

Con la salida de Calvo se concreta la segunda baja en el gobierno de Alberto Fernández, ya que la riemra fue de un funcionario de tercera línea en Energía. Aseguran los funcionarios que estuvieron con el Presidente que estaba muy molesto con este escándalo de la compra de alimentos con sobreprecios.

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Cinco muertos por inhalación de monóxido de carbono en Villa Devoto

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Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.

El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.

En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.

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Gobierno autorizó a la Policía Federal a vigilar redes y requisar sin orden judicial

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En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.

Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.

El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.

El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.

Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.

“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.

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Fiscales rechazaron prisión domiciliaria para CFK y ahora decide el Tribunal

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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.

En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.

Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.

Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.

A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.

La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.

Convocan en Posadas a participar de marcha federal por CFK

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