Nacionales
Piden revocar sobreseimiento de Macri en espionaje a familiares del ARA San Juan
El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Pleé pidió revocar el sobreseimiento de Mauricio Macri y de quienes dirigieron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes fallecidos en la tragedia del submarino ARA San Juan, que se hundió en el Atlántico Sur en 2017.
El expresidente y sus exfuncionarios de Inteligencia habían sido sobreseídos en julio pasado por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, de la Sala I de la Cámara Federal, justificando la labor de la AFI sobre los familiares de los marinos muertos con el argumento de que guardaban relación con la seguridad del presidente Macri.
Los magistrados descartaron la hipótesis del juez subrogante de Dolores Martín Bava, de que verdaderamente se hizo espionaje a las familias de las víctimas del hundimiento del buque de guerra de la Armada Argentina, que reclamaban justicia en el caso y que se contratara una empresa para buscar la nave perdida varios meses antes.
Los jueces sobreseyeron a Macri, Arribas, Majdalani y un grupo de ocho funcionarios y agentes de la base AFI de Mar del Plata.
El fiscal que ahora pide revocar el fallo rechazó el sobreseimiento resuelto por Llorens, Bertuzzi y Bruglia, y respaldó la apelación de agosto pasado del fiscal ante la Cámara Federal José Agüero Iturbe.
“Una denuncia como esta debe ser investigada, respetándose todas las garantías constitucionales que amparan tanto a las víctimas como a los presuntos imputados y por eso, dictaminé como lo hice en anterior oportunidad; no obstante, las denuncias de esta gravedad institucional deben ser investigadas no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio”, había argumentado Agüero Iturbe.
En su dictamen, el fiscal Pleé señaló que la investigación “ha demostrado que se desarrollaron tareas de investigación sobre el grupo de allegados y familiares de las víctimas de los tripulantes de los buques pesqueros naufragados “Rigel” y “El Repunte” y, en particular, del submarino ARA San Juan”.
Y que tales tareas “implicaron el registro de manifestaciones, acciones de visibilización, reclamos, misas y otros eventos, así como la compilación de datos personales de las víctimas”, que no pueden ser consideradas como “actividades tendientes a preservar las instituciones constitucionales -entre las que se encuentra la figura presidencial y/o la seguridad interior”.
“No ha logrado acreditarse que estuviéramos frente a tareas tendientes a neutralizar cualquier riesgo de seguridad, como podrían ser las movilizaciones frente a las visitas presidenciales, ni menos aun que fueran observaciones de campo superficiales frente a manifestaciones en las inmediaciones de la Base Naval y de la Prefectura Naval, pues no se han señalado motivos que permitan tener por cierto que existía un serio riesgo a la seguridad del edificio de jurisdicción de una fuerza de seguridad”, planteó.
“Se ha provocado la vulneración a los derechos de intimidad y privacidad de un grupo de personas que tan solo se encontraban reunidas para pedir el descubrimiento de la verdad en los hechos que tuvieron como víctimas a familiares directos o allegados, sin que la Cámara haya logrado demostrar la existencia de evidencias de que la intromisión por parte del organismo de inteligencia obedecía pura y únicamente a cuestiones de seguridad, sea del Presidente de la República o de alguna sede de una fuerza de seguridad”, argumentó el fiscal.
“De este modo, la desvinculación de la causa resulta improcedente, por cuanto los elementos de prueba hasta el momento producidas sustentan -en grado de probabilidad- la eventual responsabilidad penal de los encartados en los hechos que se les atribuyen, de manera tal que el sobreseimiento dictado resulta claramente prematuro y confronta con la necesidad de evaluar más ampliamente la actuación de los imputados”, señaló Pleé.
El gobierno nacional, a través del ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, autorizó al Ejército Argentino a detener civiles que cometan delitos en flagrancia en el marco del Operativo Roca, dispositivo de seguridad que se lleva adelante junto a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) para reforzar la seguridad en zonas de frontera en el norte del país, principalmente en Salta.
“Podrán proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal, para que tomen la intervención que les compete”, dice uno de los artículos de la parte reservada de la resolución 347 firmada por ministro Luis Petri, según consignaron fuentes militares a Clarín, diario que sacó a la luz la medida que rige desde la semana pasada, cuando los uniformados comenzaron a movilizarse hacia zonas de vigilancia.
La resolución agrega que las órdenes emanadas a las tropas están regidas por “reglas de empeñamiento”, donde se determinan desde el comportamiento en público de los efectivos ante un ataque de narcos, la detención de civiles, el uso de las armas y cómo responder en un enfrentamiento.
Según añade el mismo diario, el objetivo de estas normas es “restringir el uso de la fuerza a acciones que el personal militar deba desarrollar circunscribiéndolo a su defensa y a la de terceros en caso de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o del cumplimiento del deber”.
Publicada la nota, el ministro Petri ratificó la medida en X y expuso: “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes”.
“Elijan de qué lado van a estar”, planteó después.
Si, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de lado van a estar.
El Gobierno autorizó a los militares a detener civiles en la frontera norte
https://t.co/V6lfhNZNvQ— Luis Petri (@luispetri) April 28, 2025
Y en otro tuit ahondó sobre el tema: “La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la Nación”.
“Sólo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas. Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras, EEUU lo acaba de anunciar en enero, por que acá algunos se escandalizan?”, cerró.
Operativos en frontera
El operativo Julio Argentino Roca comenzó el 15 de abril y estará activo hasta el 15 de diciembre. El objetivo es militarizar las fronteras Norte y Noreste del país y para ello se movilizaron 10.000 soldados con drones, radares, vehículos y aeronaves como el avión Diamond para relevamientos.
El dispositivo se suma al Plan Güemes, lanzado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que establece a la región de Orán y Aguas Blancas como “zonas especiales de investigación”, en el marco de la Ley Antimafia, aunque otra fase implica la incorporación de las localidades de Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza.
Un operativo similar, llamado Plan Guacurarí fue anunciado para la frontera seca de Misiones con Brasil, en las zonas de Bernardo de Irigoyen y San Antonio, entre otras localidades, e iba a ser presentado oficialmente el 9 de marzo, con la presencia de Bullrich en territorio, pero el acto fue suspendido por la trágica inundación de Bahía Blanca y desde allí no hubo más novedades.
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El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno decretó siete días de duelo nacional por la muerte del papa Francisco y Misiones adoptó la misma medida.
“Falleció el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Líder espiritual y guía de millones de hombres y mujeres”, publicó Adorni en su cuenta en X e informó que el presidente de la Nación, Javier Milei, decretó los días de duelo por el fallecimiento del Santo Padre.
El primer pontífice argentino y latinoamericano de la historia falleció este lunes a las 7.35, hora italiana. Había salido recientemente de una prolongada hospitalización tras padecer una neumonía grave que lo mantuvo 38 días internado, hasta recibir el alta el 23 de marzo.
La noticia de su partida conmociona al mundo en general. En Misiones, el primero en expresarse públicamente fue el gobernador, Hugo Passalacqua.
“El corazón del pueblo misionero llora la partida de Su Santidad el Papa Francisco”, publicó el mandatario provincial y continuó: “Pastor cercano, voz de los humildes y faro de esperanza. Su palabra seguirá siendo refugio en los tiempos difíciles y su legado de amor y fe vivirá por siempre entre nosotros. Que en paz descanse y que brille para él la luz eterna”.
El corazón del pueblo misionero llora la partida de Su Santidad el Papa Francisco. Pastor cercano, voz de los humildes y faro de esperanza. Su palabra seguirá siendo refugio en los tiempos difíciles y su legado de amor y fe vivirá por siempre entre nosotros. Que en paz descanse y… pic.twitter.com/vO7oUNpmps
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) April 21, 2025
En otro posteo, el gobernador anunció que Misiones se sumó a la medida nacional y decretó siete días de duelo, por lo cual se suspenden los actos oficiales y se enarbolarán a media asta las banderas nacional y provincial en todos los edificios públicos.
“Como ciudadano y feligrés, con gran pena y dolor, firmé el decreto que establece siete días de duelo en la Provincia por la partida de Su Santidad el Papa Francisco”, sostuvo Passalacqua en sus redes, donde compartió el documento.
El exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Herrera Ahuad, también despidió al sumo pontífice en sus redes sociales: “Fue puente, abrazo y voz de quienes no la tenían, su mensaje de paz y esperanza seguirá iluminando el camino de millones en todo el mundo. Hasta siempre Papa Francisco”.
Otra figura pública misionera que despidió al líder de la iglesia católica fue el intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto: “Siento profunda tristeza al despedir a Francisco. Una vida dedicada al servicio del Señor, nos enseñó con el ejemplo los valores del Evangelio, a través del diálogo, la inclusión y hermandad”.
Y añadió: “Con inmensa gratitud, encomendamos su alma al infinito amor misericordioso de Dios”.
Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936 y fue electo sumo pontífice en la noche del 13 de marzo de 2013, cuando se anunció que el nuevo papa venía “de los confines de la tierra”.
El gobierno nacional derogó la resolución 170/2021 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), ratificada por el entonces ministerio de Agricultura de la Nación, que limitaba la plantación de yerba mate a un máximo de cinco hectáreas nuevas por productor al año.
La normativa eliminada buscaba fortalecer la sustentabilidad del sector yerbatero “poniendo en un plano de igualdad a grandes, medianos y pequeños productores para que puedan desarrollar nuevas plantaciones”, había informado el instituto.
Aunque el objetivo principal de esta resolución del Inym era el “arraigo” de los pequeños productores yerbateros en sus chacras, como así también un equilibrio entre la oferta y la demanda del producto para evitar una sobreproducción que haga caer el precio.
Con la resolución 452/2025 del ministerio Economía de la Nación, publicada hoy en el Boletín Oficial, ahora la plantación de nuevos cultivos quedó liberada, favoreciendo a los industriales del sector yerbatero y poniendo en peligro a los pequeños productores de Misiones y Corrientes.
En los considerandos, Nación respalda su decisión en el mega DNU 70 del 20 de diciembre del 2023, por medio del cual “se dispuso la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y se estableció que quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios”, se desprende de la resolución de hoy.
Y se agrega: “Así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.
Además de la eliminación del límite de plantación de nuevo cultivos, el ministerio de Economía informó que en enero el directorio del Inym ordenó el archivo de todos los sumarios de fiscalización “iniciados como consecuencia de las tareas de control realizadas por aplicación de la resolución 170/2021 del citado Instituto Nacional”.
En tanto, a través de la resolución de hoy, se dispuso la “suspensión de todas las actividades de registración y control establecidas como consecuencia dicha norma”, por lo cual se eliminó la Comisión de Seguimiento del organismo.
De esta manera, a raíz de la medida que lleva la firma del ministro Luis “Toto” Caputo, el sector yerbatero quedó desregulado por completo y ya no hay un límite de cinco hectáreas anuales por productor para nuevas plantaciones.
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