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Permiten el cultivo de marihuana para uso medicinal y la venta de aceite

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El ministro de Salud informó además que se impulsará el cultivo estatal y la producción en laboratorios públicos.

 

BUENOS AIRES. Tres años y algunos meses después de la sanción de la ley que permite el uso medicinal de la marihuana en Argentina, los usuarios que hasta ahora debían moverse en la sombra de la clandestinidad a riesgo de ir presos recibirán la noticia que tanto esperaban: el Gobierno permitirá finalmente que los usuarios terapéuticos puedan cultivar en sus hogares la planta de cannabis, además de habilitar su expendio en farmacias y proyectar cultivos y producción pública.

La medida fue comunicada en una reunión virtual por el ministro de Salud, Ginés González García, a organizaciones cannábicas, médicos, docentes y científicos que integran del Consejo Consultivo Honorario.

El funcionario les presentó el borrador de la nueva reglamentación de la ley, que contemplará la mayoría de los pedidos de los usuarios. Y anulará la redactada por la administración del gobierno anterior, que había sido muy criticada por no resolver la demanda de los pacientes.

“Es un día importantísimo para demostrar que se puede gestionar de cara a la sociedad”, les dijo el ministro desde su despacho vía teleconferencia, antes de dejar la cuestión técnica al mando de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

La novedad más importante que contiene este borrador (que aprobará el consejo consultivo antes de seguir su curso hacia la firma del presidente Alberto Fernández y la publicación en el Boletín Oficial) es, sin dudas, el reglamento del artículo 8 de la ley 27.350, que incluye la autorización del cultivo personal y en red para los usuarios, investigadores y pacientes que se registren el Programa de Cannabis (Reprocann).

Los límites en la cantidad de plantas permitidas en cada hogar o en las sedes de las organizaciones para los cultivos “en red” se conocerán recién cuando la cartera sanitaria redacte las resoluciones particulares, pero también será materia de discusión durante las reuniones que se desarrollen en los próximos días.

No obstante, la preocupación de las autoridades del Reprocann está puesta no tanto en la cantidad sino en la calidad de lo que produzcan estos cultivos. “La idea es controlar el producto final”, advirtió a Infobae uno de los funcionarios responsables, que reconoció que la gratuidad total es un problema a la hora de generar accesos.

En este punto el borrador también se aclara que estará contemplada “la protección de confidencialidad de datos personales”.

Esto no significa que cualquiera va a poder tener plantas de cannabis en sus casas pero sí que podrán entrar en el circuito de legalidad todos los cultivadores solidarios, familias y agrupaciones que, sin respuestas del Estado desde 2017, sostenían con mucha dificultad (por el riesgo de ir presos y los problemas para conseguir, por caso, semillas) la demanda de los usuarios, cuyo crecimiento fue exponencial en los últimos tres años.

Hasta ahora, tener semillas y plantas en el ámbito privado, aun para consumo personal y terapéutico, está penado por la ley de drogas con hasta quince años de prisión. Al menos en el ámbito medicinal, esta decisión reglamentaria significará el fin de la criminalización de pacientes y cultivadores solidarios.

El Estado garantizará la provisión gratuita para quienes no tengan obra social o cobertura de salud privada, y a los inscriptos en programas específicos de organizaciones públicas, algo que sí ocurría actualmente pero con poco éxito.

Según anunciaron, se propiciará el cultivo estatal y se le dará prioridad a la producción en laboratorios públicos, algo que varias provincias venían pidiendo.


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Hoy se debate el veto universitario y se espera una ajustada votación

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veto universitario

La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para tratar este miércoles el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario y se aguarda una ajustada votación, tal como ocurrió el 11 de septiembre, cuando se abordó el blindaje al decreto de Javier Milei que dejó sin efecto el proyecto de reforma jubilatoria.

La sesión comenzará a las 11 y en la votación final los legisladores deben elegir si insisten con la ley o votan en contra de la normativa que asegura partidas financieras para las universidades, lo que sostendría el veto. 

Para sostener el proyecto, los votos afirmativos deben ser más del doble que los negativos. Los cálculos estiman que la oposición tendría entre 160 y 164 votos asegurados, mientras que el oficialismo oscilaría entre 80 y 84, en tanto que habría 4 ausentes y alrededor de una decena de legisladores está en duda.

Con estos números, la resolución es prácticamente voto a voto, aunque desde el gobierno confían en volver a alcanzar los números necesarios para blindar el veto, como ya sucedió cuando se trató la cuestión de la reforma jubilatoria, donde cinco diputados radicales, entre ellos el misionero Martín Arjol, cambiaron de postura horas antes de la sesión clave y hoy volverían a acompañar al oficialismo, al igual que la puertista Florencia Klipauka.

Poroteo

El “poroteo” de votos calculado por periodistas especializados en cuestiones parlamentarias de Infobae contempla que el bloque de 160 votos que buscará anular el veto de Milei está conformado por los 99 diputados de Unión por la Patria y 27 de los 33 parlamentarios que tiene la UCR, dado que los denominados “radicales peluca” Luis PicatJosé Tournier, Mariano Campero y el ya mencionado Arjol volverían a acompañar al oficialismo. 

Los dos restantes de la UCR son Fernando Carbajal, quien se ausentará con licencia, y Pablo Cervi, que se abstendrá, lo que favorece el bloqueo del veto.

A esa cifra hay que sumarle el respaldo del bloque Encuentro Federal, que aportará 14 de las 16 bancas que tiene, dado que Ricardo López Murphy estará ausente y Francisco Morcchio está en duda.

Infobae apunta, además, que los bloques de la Coalición Cívica (6), el Frente de Izquierda (5) y Por Santa Cruz (2) acompañarán la insistencia en su totalidad, sumando 13 votos, mientras que desde el PRO habrá dos a favor de la ley: Álvaro González y Héctor Baldassi.

Innovación Federal, en tanto que contiene a los cuatro diputados misioneros de la Renovación, confirmó a 5 de sus 8 diputados -3 de Salta, 1 de Río Negro y 1 de Misiones-, mientras que el resto definirá su postura hoy. Lourdes Arrieta, de La Libertad Avanza (LLA), también acompañaría la insistencia de la ley. Sumados todos, el total da 160 diputados.

Cuando se trató el veto a la reforma jubilatoria, la oposición cosechó 153 votos a favor de la normativa, cifra que no alcanzó para doblegar los 87 votos efectuados por legisladores que decidieron acompañar al gobierno. Ese día hubo 8 abstenciones, entre los que estuvieron los renovadores Yamila Ruiz, Carlos Fernández, Daniel Vancsik y Alberto Rúa, todos ellos de Innovación Federal.

Mientras tanto, diversas fuerzas seguridad comenzaron a instalar vallados alrededor del Congreso ante posibles manifestaciones y diversas facultades del país se encuentran tomadas por estudiantes que realizaron una vigilia de la sesión.


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Tras la marcha federal, Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario

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Tras la marcha federal, Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario

A pesar de la multitudinaria marcha que se realizó en todo el país ayer para frenar la medida, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. El Decreto 879/24 fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación este jueves.

Con la publicación del decreto, el gobierno nacional estableció que el proyecto de ley 27.757, sancionada el 12 de septiembre, se observe en su “totalidad” y vuelva al Honorable Congreso de la Nación (HCN).

En los considerando del documento se detallan los distintos artículos de la legislación, entre los cuales se destaca las “modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las Universidades Nacionales, en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente y no docente del Sistema Universitario Nacional”.

De esta manera, para justificar el veto total al financiamiento universitario, el gobierno libertario sostuvo que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento“, al tiempo que señaló que “el artículo 38 de Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es claro al exigir de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Además, puntualiza que el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo”.

Ahora, la legislación que preveía principalmente una recomposición salarial para el personal docente y no docente, deberá regresar a la Cámara de origen, el Senado de la Nación, donde los legisladores nacionales deberán votar por sostener el financiamiento universitario o acompañar el veto presidencial.

Con la oficialización de la medida, es la segunda vez que el presidente utiliza el mecanismo, primeramente vetó la reforma de movilidad jubilaría, para sostener el “equilibrio fiscal”.

Ayer, miles estudiantes, egresados, personal docente, no docentes de las universidades nacionales de la Argentina, así como también gremios y organizaciones sociales, salieron a las calles en todo el país para rechazar la medida del gobierno nacional y defender la educación pública, gratuita y de calidad. Sin embargo, el Ejecutivo no dio marcha atrás y concretó el veto.

Unas 5.000 personas coparon las calles de Posadas en defensa de la universidad


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La pobreza aumentó al 52,9% en el primer semestre del gobierno de Milei

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La pobreza aumentó al 52,9% en el primer semestre del gobierno de Milei

La pobreza alcanzó al 52,9% de personas en todo en el país y la indigencia saltó del 9,3% al 18,1% durante el primer semestre del 2024, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El instituto nacional dio a conocer esta tarde el informe de Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos en Argentina durante el primer periodo de gobierno del presidente Javier Milei, que representa un salto en la pobreza de más de 11 puntos porcentuales con respecto al segundo semestre del 2023, que estaba en 41,7%.

Los índices de 52, 9% de pobreza y de 18,1% de indigencia implican para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que por debajo de la línea de pobreza (LP) se encuentren 4.319.760 hogares, donde viven 15.685.603 personas y, dentro de ese conjunto, 1.378.142 hogares estén por debajo de la línea de indigencia (LI), lo que representa 5.379.588 personas indigentes, de acuerdo al informe del Indec.

Otro punto que remarcó el instituto fue sobre los ingresos de los hogares, el cual arrojó que entre el segundo semestre del 2023 y el primer semestre del 2024 el ingreso total medio aumentó 87,8% frente a subas de 115,3% de la canasta básica alimentaria (CBA) y de 119,3% en la canasta básica total (CBT).

Respecto a los grupos etarios que afectan la pobreza y la indigencia, el Indec detalló que dos tercios (66,1%) de las personas de entre 0 a 14 años forman parte de hogares por debajo de la línea de la pobreza, mientras que el total de argentinos bajo LP para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 60,7% y de 48,6% respectivamente.

En cuanto a la población mayor de 65 años, un 29,7% de las personas en esta franja etaria se ubicó en hogares bajo la línea de pobreza.

En relación a las regiones, el instituto indicó que la mayor incidencia de la pobreza en el primer semestre de este año se observó en el Noreste (62,9%) y el Noroeste (57,0%), mientras que los menores índices se registraron en la Patagonia (49,1%) y Pampeana (49,9%).


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