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Murió Carlos Saúl Menem, el presidente que marcó la década del 90 en Argentina

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Murió Carlos Saúl Menem, el presidente que marcó la década del 90 en Argentina

Este domingo, y tras pasar dos meses internado en el sanatorio Los Arcos, donde había sido ingresado por una infección urinaria, murió a los 90 años Carlos Saúl Menem, el ex presidente argentino que marcó la década del 90.

A mediados del año pasado, el hombre que más tiempo gobernó la Argentina de manera ininterrumpida había pasado quince días en el Instituto del Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral.

Activo en política casi hasta el final, el ex mandatario había llegado a participar en las primeras reuniones virtuales del Senado a raíz de la pandemia de coronavirus, en su papel de representante de La Rioja, cargo que mantenía desde el 10 de diciembre de 2005.

Una neumonía severa diagnosticada el 13 de junio, que se agravó por sus problemas diabetes, deterioró mucho su salud en las últimas semanas. Estuvo primero en el Instituto Argentino del Diagnóstico (IADT) y luego en el Sanatorio Los Arcos, de Palermo.

El presidente Alberto Fernández decretó tres días de duelo por su fallecimiento y el funeral de Estado se llevará a cabo en el Salón Azul del Congreso de la Nación. Luego será enterrado en el cementerio Islámico de San Justo, junto a su hijo Carlos Menem Jr.

Menem, una vida ligada a la política

Nacido en Anillaco, La Rioja, el 2 de julio de 1930, hijo de inmigrantes sirios, Menem estudió abogacía en Córdoba (1949-1955) y desplegó desde muy joven una carrera política en el peronismo de su provincia, el cual llegó a presidir en 1963. La proscripción del justicialismo le impidió competir por cargos electivos en esa década. En 1973 ganó las elecciones locales y se convirtió en gobernador, cargo del que fue removido por la dictadura en 1976. Estuvo detenido buena parte de ese período.

Con el regreso de la democracia, en 1983, recuperó con una amplia mayoría de votos la gobernación de La Rioja y empezó a construir una carrera de dirigente nacional, apegado a una imagen de caudillo tradicional -sus largas patillas como símbolo- tamizada por su vinculación apasionada con el mundo de la farándula.

Contra todo pronóstico, derrotó a Antonio Cafiero en 1988 en la única elección interna del peronismo para definir un candidato presidencial. Al año siguiente, fue elegido presidente frente al radical Eduardo Angeloz, con el 48% de los votos. Sus promesas eran “salariazo” y “revolución productiva”.

Asumió de forma anticipada el 8 de julio, en medio de una gravísima situación económica y social. Después de casi dos años caóticos de hiperinflación y desequilibrios, lanzó de la mano de Domingo Cavallo el plan de convertibilidad que signaría su gestión.

Su último intento de llegar al gobierno fue en 2003. Con el peronismo dividido, quedó en primer lugar en las elecciones del 27 de abril (24,4%), pero decidió no competir en el balotaje contra Néstor Kirchner, consciente de que le resultaría imposible alcanzar la mitad más uno de los votos.

Promotor del modelo neoliberal

El gobierno de Menem promovió la desregulación de la economía y la privatización de las principales empresas públicas, en un proceso oscurecido por infinidad de sospechas de corrupción. Bajo su mandato, se produjeron los peores atentados en suelo argentino (Embajada de Israel y la Amia). Y, por su impulso, se reformó la Constitución, fruto del Pacto de Olivos, sellado con Raúl Alfonsín. Gracias a ese cambio, pudo ser reelecto en 1995, con casi el 50%.

Cumplió 10 años y medio de gobierno continuado, sin lograr su sueño de otra reelección, un proyecto que intentó a pesar de la prohibición legal. A su salida, en diciembre de 1999, la economía sufría una recesión, con efectos dramáticos en el empleo y la pobreza, que anticipaba el drama de 2001, pero pudo entregarle la banda presidencial a Fernando de la Rúa con la paridad peso-dólar intacta.

En 1989 y 1990, Menem decretó los indultos a los ex militares responsables del genocidio de Estado en la última dictadura militar.

Condenas

En 2001 estuvo casi seis meses preso en una quinta de su amigo Armando Gostanian, acusado en la investigación por la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador. Por esa causa fue juzgado y absuelto en 2011. La Cámara de Casación revocó el fallo y se le aplicó una condena a siete años de prisión, pero otra Sala de Casación terminó por absolverlo en 2018, después de una apelación a la Corte Suprema, por considerar que se había vencido el “plazo razonable” para el dictado de una sentencia firme.

En 2015 fue condenado a cuatro años y medio de prisión en una causa por supuesto pago de sobresueldos. El año pasado fue absuelto en el juicio por el encubrimiento del atentado contra la Amia y, poco después, le dieron tres años y nueve meses en una causa por presunto fraude en la venta del predio de la Sociedad Rural, en Palermo. Ninguna de las condenas quedó firme y, gracias a los fueros parlamentarios, siguió siempre en libertad.


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Tras la marcha federal, Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario

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Tras la marcha federal, Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario

A pesar de la multitudinaria marcha que se realizó en todo el país ayer para frenar la medida, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. El Decreto 879/24 fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación este jueves.

Con la publicación del decreto, el gobierno nacional estableció que el proyecto de ley 27.757, sancionada el 12 de septiembre, se observe en su “totalidad” y vuelva al Honorable Congreso de la Nación (HCN).

En los considerando del documento se detallan los distintos artículos de la legislación, entre los cuales se destaca las “modificaciones que impactan en el régimen jurídico de financiamiento de las Universidades Nacionales, en materia de gastos de funcionamiento y de salarios para el personal docente y no docente del Sistema Universitario Nacional”.

De esta manera, para justificar el veto total al financiamiento universitario, el gobierno libertario sostuvo que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento“, al tiempo que señaló que “el artículo 38 de Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional es claro al exigir de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.

Además, puntualiza que el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo”.

Ahora, la legislación que preveía principalmente una recomposición salarial para el personal docente y no docente, deberá regresar a la Cámara de origen, el Senado de la Nación, donde los legisladores nacionales deberán votar por sostener el financiamiento universitario o acompañar el veto presidencial.

Con la oficialización de la medida, es la segunda vez que el presidente utiliza el mecanismo, primeramente vetó la reforma de movilidad jubilaría, para sostener el “equilibrio fiscal”.

Ayer, miles estudiantes, egresados, personal docente, no docentes de las universidades nacionales de la Argentina, así como también gremios y organizaciones sociales, salieron a las calles en todo el país para rechazar la medida del gobierno nacional y defender la educación pública, gratuita y de calidad. Sin embargo, el Ejecutivo no dio marcha atrás y concretó el veto.

Unas 5.000 personas coparon las calles de Posadas en defensa de la universidad


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La pobreza aumentó al 52,9% en el primer semestre del gobierno de Milei

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La pobreza aumentó al 52,9% en el primer semestre del gobierno de Milei

La pobreza alcanzó al 52,9% de personas en todo en el país y la indigencia saltó del 9,3% al 18,1% durante el primer semestre del 2024, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El instituto nacional dio a conocer esta tarde el informe de Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos en Argentina durante el primer periodo de gobierno del presidente Javier Milei, que representa un salto en la pobreza de más de 11 puntos porcentuales con respecto al segundo semestre del 2023, que estaba en 41,7%.

Los índices de 52, 9% de pobreza y de 18,1% de indigencia implican para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que por debajo de la línea de pobreza (LP) se encuentren 4.319.760 hogares, donde viven 15.685.603 personas y, dentro de ese conjunto, 1.378.142 hogares estén por debajo de la línea de indigencia (LI), lo que representa 5.379.588 personas indigentes, de acuerdo al informe del Indec.

Otro punto que remarcó el instituto fue sobre los ingresos de los hogares, el cual arrojó que entre el segundo semestre del 2023 y el primer semestre del 2024 el ingreso total medio aumentó 87,8% frente a subas de 115,3% de la canasta básica alimentaria (CBA) y de 119,3% en la canasta básica total (CBT).

Respecto a los grupos etarios que afectan la pobreza y la indigencia, el Indec detalló que dos tercios (66,1%) de las personas de entre 0 a 14 años forman parte de hogares por debajo de la línea de la pobreza, mientras que el total de argentinos bajo LP para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 60,7% y de 48,6% respectivamente.

En cuanto a la población mayor de 65 años, un 29,7% de las personas en esta franja etaria se ubicó en hogares bajo la línea de pobreza.

En relación a las regiones, el instituto indicó que la mayor incidencia de la pobreza en el primer semestre de este año se observó en el Noreste (62,9%) y el Noroeste (57,0%), mientras que los menores índices se registraron en la Patagonia (49,1%) y Pampeana (49,9%).


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Jubilados y pensionados de Anses tendrán 4,17% de aumento en octubre

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Hoy lunes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó mediante la Resolución 798/2024, publicada en el Boletín Oficial, un incremento del 4,17% en los haberes mínimos y máximos a partir de octubre para jubilados y pensionados, en línea con la inflación de agosto.

Con este incremento, el reajuste hará que el haber mínimo suba de $234.540 a $244.320 y el máximo pase de $1.578.234 a $1.644.046, ya que, el organismo previsional estableció “que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de octubre de 2024, será de $244.320,56″. Mientras que el máximo, a partir del décimo mes del año, será de $1.644.046,07.

En caso de que, como viene sucediendo los últimos meses, se confirme el otorgamiento de un bono de $70.000 a los que perciben la mínima, las jubilaciones más bajas pasarán de $304.540 a $314.320. En tanto, quienes tengan haberes inferiores a esa cifra tendrán un bono proporcional hasta alcanzarla.

En el documento oficial que lleva la firma del titular de ANSES, Mariano de los Heros, también se establecieron las bases imponibles mínima y máxima en $82.287,12 y $2.674.292,72, respectivamente, a partir del período devengado octubre de 2024.

Al mismo tiempo, el organismo determinó que el importe de la Prestación Básica Universal (PBU), aplicable a partir del próximo mes, será de $111.765,50. Mientras que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en la suma de $195.456,45. Con el bono de $70.000, la PUAM ascenderá a $265.456.

La fórmula vigente

Tras vetar la nueva fórmula jubilatoria sancionada en el Congreso, el Gobierno de Javier Milei continúa con la aplicación del esquema previsional propio, puesto en marcha en julio pasado, que estipula el ajuste mensual en base a la inflación del segundo mes previo al del haber respectivo. Además, mantendría sin actualización el bono, siendo el octavo mes que otorga $70.000 por dicho concepto.

Al aplicar el monto del bono sin variaciones, “el aumento es inferior al índice inflacionario, ya que la suba apenas superaría el 3%, dependiendo la prestación”, sostienen desde el oficialismo, en tanto, “La suba del ingreso total que se acumuló en los últimos meses es bastante más baja que el incremento de los montos sin considerar el refuerzo”.

En este sentido, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) reveló que “el poder de compra promedio de ocho meses de 2024 registra una caída real de 26,6% respecto de igual período de 2023; en tanto, los haberes mínimos (con bonos) perdieron 16,7% interanual”.

 


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