Nacionales
Macri propone que las provincias creen su impuesto a las ventas
Con un margen estrecho para bajar la presión impositiva, en un momento en que debe abocarse a resolver el déficit fiscal, el Gobierno planea ir en las próximas semanas por un nuevo objetivo: pedir a las provincias que incorporen, desde este mismo año, una serie de reglas sobre sus propios gastos para evitar desequilibrios en las cuentas públicas; e impulsarlas a que, a partir de 2018, se esfuercen por reemplazar los impuestos más distorsivos que usan hoy para sostener buena parte de su recaudación (como el de los “Ingresos Brutos”), por un nuevo gravamen que se cobraría sólo sobre los precios al consumidor, y que consideran que será menos nocivo para la actividades productivas.
Las dos iniciativas serán sólo una parte de un extenso plan que presentarán en 10 días el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el de Interior, Rogelio Frigerio, en una reunión en Mendoza con los ministros de Hacienda de las provincias. El propósito primordial será debatir allí, a contra reloj, la ley de responsabilidad fiscal que no se cumple desde 2009, que volverá a poner bajo la lupa el equilibrio de las cuentas de cada distrito. Los funcionarios quieren que se vote en cada provincia antes de que sancionen sus respectivos presupuestos. A la par de esto, empezarán a dar los primeros pasos firmes hacia una reforma tributaria que prevén más “profunda”, que incluirá nuevos impuestos para sustituir otros considerados “distorsivos”, y que podría aplicarse a partir de 2018.
¿LLEGA NUEVO “IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES”?
El Gobierno se inclina ahora por plantear la incorporación de un “impuesto a las ventas finales”, que cobrarían las provincias a comercios, industrias o hasta productores primarios, sólo cuando vendieran sus productos a consumidores finales. El gravamen replicaría un esquema que ya se aplica en otros países, sobre la última etapa de la cadena de distribución. Podría cobrarse con una alícuota general para todos los rubros o diferenciarse por sector. Y sería vital para sustituir la cobranza de Ingresos Brutos, que hoy representan el 90% de la recaudación provincial. Cada provincia tendría sobre ellos completa autonomía.
COBRAR MÁS POR IMPUESTO DE SELLOS E INMOBILIARIO
Los funcionarios nacionales ya sugirieron a las provincias actualizar las valuaciones fiscales de los terrenos, que están atrasadas desde hace tiempo, para aumentar la base impositiva sobre la que deberán cobrar el impuesto inmobiliario. El Consejo Federal de Catastro será el encargado de armonizar los valores. La intención: que puedan empezar a ampliar la “base impositiva”, para obtener nuevos recursos (no coparticipables), que servirán para compensar lo que pierdan a medida que se reduzca el impuesto a los bienes personales (coparticipable).
GASTOS CORRIENTES, AHORA BAJO CONTROL
Tal como ya adelantó el Gobierno, se pretende que las provincias se comprometan mantener un crecimiento controlado de los gastos corrientes, que no supere a la inflación (es decir, que no aumente en términos reales). Además, se prevé limitar el “gasto en personal” a un porcentaje de los ingresos o de los gastos totales. La idea es aplicar una restricción similar a la que hoy rige en Brasil, que impide que la proporción de erogaciones en sueldos sea mayor al 65% de los recursos tributarios. El incumplimiento supondría una penalidad, que podría estar dada por el recorte de las transferencias del Tesoro nacional. El propósito es que las cuentas de los Tesoros provinciales puedan “converger”, en dos años, hacia un equilibrio primario o financiero.
ESTABLECER UNA “REGLA DE FINAL DE MANDATO”
Que en los últimos dos trimestres de cada gestión, los gobiernos nacional y provinciales no puedan incorporar nuevos empleados a la planta estatal ni establecer por ley o por decreto nuevos “gastos permanentes”. El propósito es impedir lo que sucede en muchos gobiernos y organismos públicos antes de cada elección: que se incorporen trabajadores a la planta permanente o que la administración asuma compromisos que deberán afrontar sus sucesores.
CONFORMAR UN “FONDO ANTICÍCLICO”
Con el mismo fin de mantener el equilibrio de las cuentas públicas, el Gobierno quiere que se empiece a conformar un “fondo anticíclico” en la Argentina, a partir de un porcentaje de los excedentes tributarios que perciban las provincias sobre lo presupuestado para cada año. El fondo constituido pertenecería al conjunto de los distritos y se activaría para aquél que registrara tres meses seguidos de caída en su recaudación.
Hace unos días, el diputado nacional del partido Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, presentó en el Congreso un proyecto de ley para la creación de una nueva moneda que reemplace al Peso, el Argentum, con el símbolo AG.
El nombre en cuestión no tendría nada de peculiar, si no fuera porque coincide con el título de la película que los realizadores Mariano Cohn y Gastón Duprat estrenarán en agosto, Homo Argentum, con un estelar elenco encabezado por Guillermo Francella.
El término elegido por el ex ministro de Economía del gobierno de La Alianza, que inventó el corralito, guarda referencia con la etimología de la palabra en Latín, donde alude a la “plata”, como metal precioso.
Cohn y Duprat, en cambio, se valieron para su película de la acepción del término que dio origen al nombre de Argentina y al gentilicio que se aplica a la población del país.
Así, Homo Argentum, se propone el retrato del “argentino promedio” a través de los diversos personajes encarnados por Francella, en 16 estereotipos distintos.
Mil a uno
En términos técnicos, el proyecto de López Murphy propone quitarle tres ceros al Peso y cambiarle de nombre.
Así, el Argentum comenzaría a circular en enero de 2026 con una conversión de $1.000 por cada 1 AG, con la posibilidad de que ambos signos monetarios convivan durante los siguientes seis meses.
En su proyecto, el diputado de Republicanos Unidos, esgrime fundamentos puramente técnicos y hace hincapié en que la nueva moneda que propone va a facilitar las operaciones contables, reducir errores en los sistemas digitales y simplificar contratos, balances y liquidaciones.
La idea no es nueva, como tampoco los argumentos. Desde 1970, Argentina eliminó 13 ceros de su moneda a través de sucesivos cambios de denominaciones: del Peso Ley, se pasó al Peso Argentino; luego, vino el Austral y, finalmente, el Peso actual, que entró en vigencia en 1991.
En la tarde de hoy el vocero presidencial Manuel Adorni anunció los últimos decretos con “superpoderes” del gobierno nacional, entre los que finalmente confirmaron la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, cuyos detalles serán publicados en el Boletín Oficial mañana martes.
“La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada”, lanzó el vocero mientras anticipaba la medida que también alcanzará a la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Al mismo tiempo, hizo referencia a la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por una causa vinculada a la licitación irregular de obras para rutas.
La medida, en concreto, afectará a alrededor de 5500 empleados, de los cuales al menos 140 se desempeñan en Misiones.
Respecto a la infraestructura, unas 118 rutas nacionales quedarían “a la deriva” con más de 40 mil kilómetros “sin mantenimiento ni cobertura”, según denunciaron los gremios del sector que desde hace varios días se mantienen en estado de alerta y movilización en varios puntos del país, luego de que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipara el lanzamiento del decreto en cuestión.
“De esta manera se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación de Transporte que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en normas y actos administrativos relacionados con la fiscalización de concesiones viales”, planteó Adorni durante el anuncio realizado en Casa Rosada.
A su vez, informó que el Gobierno “dará apertura a la licitación de 9120 kilómetros de ruta que tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradas como nunca antes en la historia del país”.
Cabe recordar que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) fue creada como una entidad autárquica del Estado Nacional en 1932, transformando la antigua dependencia del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Corte de calle y protesta en Posadas
Esta mañana, empleados y referentes gremiales se apostaron en la intersección de las calles Jujuy y Bolivar para rechazar el inminente decreto que pondrá en riesgo los puestos de al menos 140 trabajadores en Misiones, mientras que otros serían cesanteados.
El Decreto Ley N° 505/58, ratificado por la Ley N° 14.467, que ahora serán derogados, fue la encargada de la creación y regulación de la Dirección Nacional de Vialidad, definiendo su estructura, funcionamiento y fondos. En concreto, se ocupó de la conservación, mantenimiento y proyección de las rutas nacionales, de las cuales en Misiones se ven comprometidas las arterias 12, 14, 105 y 101.
Posible disolución de Vialidad Nacional afectaría a 140 empleados misioneros
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
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