Nacionales
Macri mantiene el nivel de pobreza desde que asumió: 32%. El NEA llegó a 40,4%
Entre las provincias de la región: Formosa (32,5%), Posadas (35,7%), Gran Resistencia (41,4%), el dato más alarmante fue el la ciudad de Corrientes (49,3%). Los más castigados sigue siendo los niños, donde la pobreza en el país afecta al 46,8% de los menores de 14 años.
BUENOS AIRES y POSADAS (Agencias y diarios). El presidente Mauricio Macri consiguió el triste registro de mantener los niveles de pobreza desde que asumió, y hasta elevarlo un poco más, alcanzando el 32 por ciento durante 2018, según informó hoy el INDEC.
El dato, que choca con dureza contra el slogan de campaña del macrismo en 2015 de “Pobreza cero”, reveló que la cantidad de pobres en el país se ubica en 14.300.000 personas, en tanto que la indigencia afecta a casi 3 millones de personas.
En el relevamiento por regiones, el Nordeste Argentino conformado por las provincias de Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa superó a todas las demás al llegar al 40,4 por ciento, donde la ciudad de Corrientes tuvo el dato más alarmante con 49,3 por ciento de pobreza.
En líneas generales, el INDEC informó que en el segundo semestre de 2018 el número de personas pobres creció al 32%, frente al 25,7% del mismo período del 2017. En el primer semestre del año pasado había sido 27,3%.
Son 14,3 millones de personas a nivel país, casi 3 millones más que el año anterior, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los servicios básicos.
Al analizar el impacto por grupos etarios, una vez más la infancia es la más perjudicada. Del total de los menores de 14 años, el 46,8% son pobres. Este dato contrasta fuertemente con la situación de los mayores de 65 años, entre quienes el 9% está debajo de la línea de pobreza. A su vez, el 38,6% de las personas de entre 15 y 29 años no llegaron al umbral que impone la CBT , situación que alcanza al 27,6% de los que tienen entre 30 y 64 años de edad.
A su vez, la indigencia –es decir, las personas que no tienen ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades alimenticias– trepó al 6,7%, frente al 4,8% del mismo período de 2017. De esta manera, había a diciembre pasado casi 3 millones de personas por debajo de la línea de indigencia, 870.000 más que los que pasaban hambre en el segundo semestre del año anterior.
El organismo estadístico informa la cantidad de pobres e indigentes en los 31 conglomerados urbanos en los que mide. Por eso, los 8,9 millones de personas pobres informadas se convierten en 14,3 millones al extrapolarlo a todo el país. Lo mismo ocurre con la indigencia, ya que la cifra informada por el INDEC indica que en los 31 conglomerados hay 1,86 millones de personas que no cubren sus necesidades alimenticias.
La región más pobre es la del noreste, con 40,4%, donde la mayor el valor más alarmante se dio en la ciudad de Corrientes (49,3%); seguida por la del noroeste (34,5%). En tercer lugar, se ubica la región pampeana, con un porcentaje de pobres del 31,1%, y más abajo están la región cuyana y el Gran Buenos Aires, con 31,5% y 31,3%, respectivamente. La Patagonia, con 24,9% de pobreza, es la zona del país con menos personas en esta situación.
El dato que publica el INDEC es del segundo semestre pero no lo abre por trimestre, lo que según algunos analistas esconde un escenario mucho más grave, registrado en el último trimestre del año.
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
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