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La Corte dijó que jubilados no pagan ganancias y le dio otro golpe al gobierno
Los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton conformaron la mayoría para declarar inconstitucional el pago del impuesto. Carlos Rosenkrantz no acompañó la decisión, que incide potencialmente en la situación de unos 300 mil jubilados que cobran más de 62 mil pesos.
BUENOS AIRES. Por cuatro votos contra uno, la Corte Suprema de Justicia resolvió la inconstitucionalidad del pago de Ganancias para los jubilados. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco ratificaron los fallos de primera y segunda instancia, que le habían dado la razón a la denunciante, María Isabel García.
En contra se pronunció el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien nuevamente quedó en soledad y alineado con la postura del Gobierno Nacional. Además, los magistrados le pidieron al Congreso que elabore una ley para darle un tratamiento diferenciado a “los jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugue este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial”.
Si bien la Corte resolvió en este caso puntual (y el voto de la mayoría hace un señalamiento especial sobre eso), lo más probable es que la decisión tenga efectos directos sobre el resto de los jubilados que ya iniciaron reclamos ante la Justicia y que indirectamente también alcance a los demás jubilados que son afectados por el tributo pero no presentaron aún sus demandas. Deberán, en ese caso, hacer su propio planteo ante los tribunales.
El universo de potenciales jubilados alcanzados por este fallo es de unos 300.000 en todo el país. Son quienes ganan más de 62.462 pesos por mes. Según informó la ANSES, por año recauda unos 5.265 millones de pesos por este concepto.
Si finalmente se confirman los fallos de primera y segunda instancia, el Estado dejará de percibir ese ingreso anual y, además, debería pagar a quienes judicializaron el reclamo (unos 400 jubilados), el retroactivo al momento del inicio de la presentación judicial, con los intereses correspondientes.
El fallo completo
Los cuatro jueces hicieron especial hincapié en la diferencia entre los trabajadores activos, que sí pagan Ganancias en sus salarios, y aquellos trabajadores pasivos que perciben el haber jubilatorio. “Desde el punto de vista constitucional, hacer prevalecer el principio de igualdad supone reconocer que es tan injusto gravar en distinta forma a quienes tienen iguales medios como imponer la misma contribución a quienes están en desigual situación”, sostienen.
En el caso de los jubilados, subrayan los avances establecidos en la reforma constitucional de 1994 para proteger efectivamente a los “colectivos de personas en situación de vulnerabilidad” y enmarcan a los adultos mayores en ese grupo. “El envejecimiento y la discapacidad -los motivos más comunes por las que se accede al status de jubilado- son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales”, señalan Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti.
De manera implícita, los magistrados hacen referencia al tema que más sensibiliza al Gobierno: la afectación de la recaudación tributaria. “No es dable postular que el Estado actúe con una mirada humanista en ámbitos carentes de contenido económico inmediato (libertades de expresión, ambulatoria o tránsito, etc.) y sea insensible al momento de definir su política fiscal. Es que, en definitiva, el sistema tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimento estanco, destinado a ser autosuficiente ‘a cualquier precio’, pues ello lo dejaría al margen de las mandas constitucionales”, retrucan.
Dado que los jubilados a quienes se le cobra el impuesto a las Ganancias son un porcentaje muy minoritario del total, los jueces insisten en que “la sola capacidad contributiva como parámetro para el establecimiento de tributos a los jubilados, pensionados, retirados o subsidiados, resulta insuficiente si no se pondera la vulnerabilidad vital del colectivo concernido”.
En el caso puntual de García, los jueces aluden especialmente a las particularidades de su situación. Contaba en 2015, al presentar la demanda, con 79 años, padecía problemas de salud y los descuentos realizados en su beneficio jubilatorio oscilaron en el período marzo a mayo de 2015 entre el 29,33 por ciento y el 31,94 por ciento.
En conclusión, los cuatro jueces supremos repasan algunos casos de su propia jurisprudencia en materia de Seguridad Social, “en las que el Tribunal se ha manifestado particularmente sensible a las cuestiones que atañen al resguardo de los créditos pertenecientes a la clase pasiva”.
El presidente Javier Milei confirmó que vetará la ley que recompone el presupuesto de las universidades nacionales que sancionó esta madrugada el Senado de la Nación.
Casi cinco meses después de la marcha universitaria que movilizó a miles de personas en diferentes puntos del país en defensa de la educación, finalmente, el Senado aprobó una ley que actualiza las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión de las universidades.
La legislación había sido cuestionada previamente por el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, quien en una entrevista radial anticipó: “Ya lo dijo el Presidente que cualquier ley que ponga en riesgo el equilibrio fiscal y el enorme esfuerzo lo iba a vetar”.
Horas después, el funcionario libertario escribió en su cuenta X (ex Twitter): “La última palabra sobre el veto la tiene el presidente Javier Milei, como corresponde”, a lo que el jefe de Estado respondió: “Veto total”, confirmando que ejecutará la medida en su totalidad.
Si el presidente concreta el veto, tiene un plazo de diez días hábiles para hacerlo, el proyecto vuelve al Congreso, donde puede ser reconsiderado. Sin embargo, para anular el veto, ambas cámaras deben reunir una mayoría calificada de dos tercios de los votos de los miembros presentes. Si se alcanza, el proyecto se promulga y el veto presidencial queda sin efecto, obligando al Ejecutivo a promulgar la ley.
El veto al financiamiento universitario será el segundo del gobierno libertario, luego de que Javier Milei consiguiera blindar la herramienta parlamentaria sobre la ley de movilidad jubilatoria, que otorgaba una recomposición del 8,1% a los haberes.
Milei confirmó el veto total sobre la ley de financiamiento universitario.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de agosto fue 4,2%, cifra levemente superior al 4% registrado en julio y que elevó el índice anual a 94,8%, en tanto que el balance interanual llegó a 236,7%.
De acuerdo a los datos difundidos hoy, con 7% de incremento la división conformada por gastos relacionados a la vivienda y a los servicios básicos como agua y luz fue el rubro con mayor alza de precios en relación al mes pasado, escoltado por Educación con 6,6% y seguido por Transporte con 5,1%.
Asimismo, el instituto detalló que las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto fueron Bienes y Servicios Varios con 2,3% y Prendas de Vestir y Calzados con 2,1%.
En tanto, la variación porcentual mensual por región posicionó al Noroeste en primer lugar, con un incremento en los precios al consumidor de 5%, seguida por la Patagonia con un 4,6% y la Pampeana con 4,5%.
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 4,2% en agosto de 2024 respecto de julio y 236,7% interanual https://t.co/8bkZx9UiNE pic.twitter.com/SDvkSGQVd9— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 11, 2024
La oposición no obtuvo los votos necesarios para insistir con la ley de reforma jubilatoria aprobada el mes pasado por el Senado y, de esta manera, el oficialismo logró sostener el veto del presidente Javier Milei.
La votación se dio minutos antes de las 15.40 de hoy, en una sesión especial convocada para rechazar o ratificar la medida del presidente, entre otros temas como el financiamiento a las universidades.
La oposición necesitaba dos tercios de los presentes para sostener la ley y es por eso que los 153 votos afirmativos no fueron suficientes ante los 87 votos en contra, dos más de lo que necesitaba el oficialismo para que se ratificara el decreto que dejó sin efecto la ley.
El resultado incluyó 8 abstenciones, decisión que ya había sido adelantada por el bloque Innovación Federal, que contiene a los legisladores misioneros del Frente Renovador de la Concordia Yamila Ruiz, Carlos Fernández, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa, además de parlamentarios de Salta y Río Negro.
La sesión se desarrolló en medio de fuertes cruces entre legisladores que defendían cada postura y los principales dardos fueron lanzados contra los cinco diputados radicales, entre ellos el misionero Martín Arjol, que inicialmente acompañaron la norma pero que ayer se reunieron con Javier Milei para apoyar el veto.
Una vez publicadas las actas, se confirmó el voto negativo de Arjol, como así también de Emanuel Bianchetti (PRO) y Florencia Klipauka (La Libertad Avanza), quienes también decidieron acompañar el veto.
Tras la votación, en las afueras del Congreso las fuerzas federales iniciaron el protocolo antipiquetes contra jubilados, militantes e integrantes de organizaciones sociales que se concentraron frente al edificio parlamentario para manifestarse en contra de la medida del presidente.
La ley de movilidad jubilatoria, que obtuvo media sanción en Diputados en junio y que en agosto fue aprobada por el Senado, otorgaba un 8% de incremento para compensar la inflación de enero y que establecía los parámetros para actualizar los haberes de jubilados y pensionados.
En la víspera, en diálogo con La Voz de Misiones, Arjol argumentó que su decisión de acompañar el veto presidencial está relacionada a las metas de equilibro fiscal alcanzadas por Milei. “El gobierno ha demostrado que ese es el camino”, sostuvo, al tiempo que consideró que la iniciativa es “loable”, pero que “si no hay fondos, es solo es una buena intención”.
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