Nacionales
Macri intenta blindar a Colombi, salpicado por escándalo narco en Corrientes
Cuando Mauricio Macri llegue esta tarde a Corrientes con la finalidad de firmar un convenio de cooperación entre las fuerzas federales y la Policía provincial para la lucha contra el delito organizado, le habrá dado al gobernador Ricardo Colombi el respaldo que el mandatario necesita para reposicionarse, luego de que le estallara en las narices el narcoescándalo de Itatí, con insospechadas derivaciones políticas que involucraron al intendente (de extracción justicialista) y a su vice (perteneciente a Cambiemos). Más allá de las formalidades protocolares, el presidente de la Nación -acompañado por los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Seguridad, Patricia Bullrich- llega para oxigenar a un aliado político, en un año en el que los correntinos deben elegir nuevo gobernador, habida cuenta del desfase electoral por sucesivas intervenciones y en un contexto de imposibilidad constitucional para que Colombi vuelva a postularse.
Los episodios ocurridos en los últimos meses, donde el propio gobernador y otros funcionarios aparecen involucrados en hechos ligados al narcotráfico, impactaron en la opinión pública, provocando un mayor descrédito entre los ciudadanos. Así lo refleja un estudio realizado por la consultora Analogías, que determinó un dato preocupante para el mandatario mesopotámico: cuatro de cada diez consultados considera que está involucrado en las denuncias escandalosas que salpicaron a toda la clase política. El relevamiento fue realizado entre el 15 y el 19 de marzo, entre 1.800 residentes en condiciones de votar en Corrientes, respecto a las denuncias y causas judiciales por narcotráfico que involucran a funcionarios y diferentes actores políticos y judiciales de la provincia. Según el sondeo de opinión, prácticamente tres de cada cuatro entrevistados se muestran al tanto de la existencia de denuncias y causas judiciales que vinculan con el accionar delictivo a funcionarios de los ejecutivos provincial y comunales, cifra que crece en adultos de edad intermedia (30 a 44 y 45 a 60 años) y en forma lineal con el nivel de estudios. Al momento de consultar por la eventual vinculación del gobernador con estas denuncias, un 40,3% considera que Colombi está involucrado, contra un 24,2% que cree que no lo está. El restante 35,5% responde que “no sabe”. Consultados sobre a qué actor político-social consideran como más involucrado en las denuncias de narcotráfico, los entrevistados mostraron respuestas divididas, aunque el arco político provincial resultó el más señalado: casi el 60% señalan a determinadas intendencias, la Gobernación o, directamente, a “todo el arco político”.
Gracias al perro
En línea con el objetivo de blindar la imagen del gobernador aliado y mostrar eficacia oficial en la lucha contra el narcotráfico, el ministerio que encabeza Patricia Bullrich distribuyó ayer una gacetilla para informar los resultados de un procedimiento al que denominaron Operación “Pucará”, que representa “la incautación más grande en la provincia por parte de la cartera de Seguridad”, según consta en el comunicado. El texto destaca el “trabajo conjunto con la Gobernación que fue clave para el éxito del operativo”. Se trata del decomiso de unos 4.000 kilos de marihuana distribuidos en 4.631 paquetes que viajaban camuflados junto al motor del equipo de frío de un camión térmico, cuyo conductor fue “el único detenido”. La droga fue detectada gracias al accionar del “incorruptible” perro antinarcóticos Pucará, integrante de la Gendarmería Nacional. “Es importante destacar el hecho de que este sustancial cargamento haya sido detectado justamente en la provincia de Corrientes, luego de las detenciones del intendente y viceintendente de Itatí por narcotráfico la semana pasada”, remarca el informe que no ahorra adjetivos elogiosos para los intervinientes en el operativo. “Una vez más podemos felicitar a nuestras fuerzas federales por el gran esfuerzo que están realizando para sacar la droga de las calles y evitar que llegue a las manos de los jóvenes y destacar el trabajo conjunto con la Gobernación que nos permitió detectar a tiempo la maniobra y desbaratar toda la operación de raíz”, finaliza el parte informativo.
El presidente Javier Milei confirmó que vetará la ley que recompone el presupuesto de las universidades nacionales que sancionó esta madrugada el Senado de la Nación.
Casi cinco meses después de la marcha universitaria que movilizó a miles de personas en diferentes puntos del país en defensa de la educación, finalmente, el Senado aprobó una ley que actualiza las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión de las universidades.
La legislación había sido cuestionada previamente por el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, quien en una entrevista radial anticipó: “Ya lo dijo el Presidente que cualquier ley que ponga en riesgo el equilibrio fiscal y el enorme esfuerzo lo iba a vetar”.
Horas después, el funcionario libertario escribió en su cuenta X (ex Twitter): “La última palabra sobre el veto la tiene el presidente Javier Milei, como corresponde”, a lo que el jefe de Estado respondió: “Veto total”, confirmando que ejecutará la medida en su totalidad.
Si el presidente concreta el veto, tiene un plazo de diez días hábiles para hacerlo, el proyecto vuelve al Congreso, donde puede ser reconsiderado. Sin embargo, para anular el veto, ambas cámaras deben reunir una mayoría calificada de dos tercios de los votos de los miembros presentes. Si se alcanza, el proyecto se promulga y el veto presidencial queda sin efecto, obligando al Ejecutivo a promulgar la ley.
El veto al financiamiento universitario será el segundo del gobierno libertario, luego de que Javier Milei consiguiera blindar la herramienta parlamentaria sobre la ley de movilidad jubilatoria, que otorgaba una recomposición del 8,1% a los haberes.
Milei confirmó el veto total sobre la ley de financiamiento universitario.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de agosto fue 4,2%, cifra levemente superior al 4% registrado en julio y que elevó el índice anual a 94,8%, en tanto que el balance interanual llegó a 236,7%.
De acuerdo a los datos difundidos hoy, con 7% de incremento la división conformada por gastos relacionados a la vivienda y a los servicios básicos como agua y luz fue el rubro con mayor alza de precios en relación al mes pasado, escoltado por Educación con 6,6% y seguido por Transporte con 5,1%.
Asimismo, el instituto detalló que las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto fueron Bienes y Servicios Varios con 2,3% y Prendas de Vestir y Calzados con 2,1%.
En tanto, la variación porcentual mensual por región posicionó al Noroeste en primer lugar, con un incremento en los precios al consumidor de 5%, seguida por la Patagonia con un 4,6% y la Pampeana con 4,5%.
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 4,2% en agosto de 2024 respecto de julio y 236,7% interanual https://t.co/8bkZx9UiNE pic.twitter.com/SDvkSGQVd9— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 11, 2024
La oposición no obtuvo los votos necesarios para insistir con la ley de reforma jubilatoria aprobada el mes pasado por el Senado y, de esta manera, el oficialismo logró sostener el veto del presidente Javier Milei.
La votación se dio minutos antes de las 15.40 de hoy, en una sesión especial convocada para rechazar o ratificar la medida del presidente, entre otros temas como el financiamiento a las universidades.
La oposición necesitaba dos tercios de los presentes para sostener la ley y es por eso que los 153 votos afirmativos no fueron suficientes ante los 87 votos en contra, dos más de lo que necesitaba el oficialismo para que se ratificara el decreto que dejó sin efecto la ley.
El resultado incluyó 8 abstenciones, decisión que ya había sido adelantada por el bloque Innovación Federal, que contiene a los legisladores misioneros del Frente Renovador de la Concordia Yamila Ruiz, Carlos Fernández, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa, además de parlamentarios de Salta y Río Negro.
La sesión se desarrolló en medio de fuertes cruces entre legisladores que defendían cada postura y los principales dardos fueron lanzados contra los cinco diputados radicales, entre ellos el misionero Martín Arjol, que inicialmente acompañaron la norma pero que ayer se reunieron con Javier Milei para apoyar el veto.
Una vez publicadas las actas, se confirmó el voto negativo de Arjol, como así también de Emanuel Bianchetti (PRO) y Florencia Klipauka (La Libertad Avanza), quienes también decidieron acompañar el veto.
Tras la votación, en las afueras del Congreso las fuerzas federales iniciaron el protocolo antipiquetes contra jubilados, militantes e integrantes de organizaciones sociales que se concentraron frente al edificio parlamentario para manifestarse en contra de la medida del presidente.
La ley de movilidad jubilatoria, que obtuvo media sanción en Diputados en junio y que en agosto fue aprobada por el Senado, otorgaba un 8% de incremento para compensar la inflación de enero y que establecía los parámetros para actualizar los haberes de jubilados y pensionados.
En la víspera, en diálogo con La Voz de Misiones, Arjol argumentó que su decisión de acompañar el veto presidencial está relacionada a las metas de equilibro fiscal alcanzadas por Milei. “El gobierno ha demostrado que ese es el camino”, sostuvo, al tiempo que consideró que la iniciativa es “loable”, pero que “si no hay fondos, es solo es una buena intención”.
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