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La Iglesia Católica renunciará a los $130 millones que le aporta el Estado, dice Clarín

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BUENOS AIRES (Agencias). La Iglesia Católica inició formalmente con el Gobierno tratativas para renunciar al aporte económico del Estado, confirmó la Conferencia Episcopal Argentina, según una publicación que el grupo Clarín reprodujo hoy en todos sus medios.

En base al artículo 2 de la Constitución y a un decreto de 1979, los obispos reciben una asignación mensual que hoy promedia los 40 mil pesos, mientras que los párrocos de frontera y los seminaristas menores reciben una pequeña ayuda, dice la nota.

“Ello implica para este año una erogación del Estado de poco más de 130 millones de pesos, alrededor del 7 por ciento del presupuesto de la Iglesia Católica, o sea, de los 65 obispados en que se divide eclesialmente el país”, expresa.

De acuerdo con el artículo, el anuncio fue hecho a través de un comunicado difundido durante la reunión de mitad de año de la cúpula del Episcopado –una veintena de obispos nucleados en la comisión permanente- que preside el obispo de san Isidro, Oscar Ojea, y que se realizó esta semana en esta capital.

Añadió que el aporte quedó en el ojo de la tormenta durante el debate por la legalización del aborto, a lo que la Iglesia se opuso férreamente. Sobre todo, cuando en uno de sus habituales informes ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló la cifra de esa contribución ante un pedido de la diputada Carla Carrizo, del Frente Renovador.

“Para los obispos aquello fue una maniobra distractiva del Gobierno, al igual que la habilitación del proyecto sobre el aborto”, remarcó la nota que lleva la firma del periodista Sergio Rubín, y agregó que con el paso de los meses –y muy especialmente tras el rechazo del Senado a la legalización del aborto- sobre todo organizaciones feministas comenzaron a promover la “separación” de la Iglesia del Estado, que a nivel nacional se ciñe al aporte económico.

Un concordato suscripto en 1966 entre el Estado y el Vaticano había suprimido otros vínculos como la injerencia gubermamental en la designación de obispos. Por lo demás, los tedéum son un pedido del Gobierno de turno.

“Los obispos –dice el texto del comunicado- recibieron un informe de la comisión integrada por la Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional, la Secretaría de Culto de la Nación y la Conferencia Episcopal Argentina, que está analizando nuevas alternativas al actual sistema de sostenimiento del Culto”.

El comunicado agrega que “se acordó seguir profundizando dichas alternativas y estudiar propuestas, con el fin de ir resignando de manera gradual, las asignaciones que reciben los obispos de parte del Estado Nacional”.

Si bien no especifica cuál son las “alternativas”, se descuenta que incluye el análisis de mecanismos como los que existen en Italia, Alemania y España, donde el Estado brinda su estructura para que los fieles canalicen su aporte.

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Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril

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El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.  

Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.

El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal. 

Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.

 

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La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.

Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.

De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial

Impacto en Misiones

Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.

Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.  

Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes

 

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Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral

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reforma laboral cautelar

La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.

La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.

Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.

La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.

Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.

Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26

El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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