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La Iglesia Católica renunciará a los $130 millones que le aporta el Estado, dice Clarín

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BUENOS AIRES (Agencias). La Iglesia Católica inició formalmente con el Gobierno tratativas para renunciar al aporte económico del Estado, confirmó la Conferencia Episcopal Argentina, según una publicación que el grupo Clarín reprodujo hoy en todos sus medios.

En base al artículo 2 de la Constitución y a un decreto de 1979, los obispos reciben una asignación mensual que hoy promedia los 40 mil pesos, mientras que los párrocos de frontera y los seminaristas menores reciben una pequeña ayuda, dice la nota.

“Ello implica para este año una erogación del Estado de poco más de 130 millones de pesos, alrededor del 7 por ciento del presupuesto de la Iglesia Católica, o sea, de los 65 obispados en que se divide eclesialmente el país”, expresa.

De acuerdo con el artículo, el anuncio fue hecho a través de un comunicado difundido durante la reunión de mitad de año de la cúpula del Episcopado –una veintena de obispos nucleados en la comisión permanente- que preside el obispo de san Isidro, Oscar Ojea, y que se realizó esta semana en esta capital.

Añadió que el aporte quedó en el ojo de la tormenta durante el debate por la legalización del aborto, a lo que la Iglesia se opuso férreamente. Sobre todo, cuando en uno de sus habituales informes ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló la cifra de esa contribución ante un pedido de la diputada Carla Carrizo, del Frente Renovador.

“Para los obispos aquello fue una maniobra distractiva del Gobierno, al igual que la habilitación del proyecto sobre el aborto”, remarcó la nota que lleva la firma del periodista Sergio Rubín, y agregó que con el paso de los meses –y muy especialmente tras el rechazo del Senado a la legalización del aborto- sobre todo organizaciones feministas comenzaron a promover la “separación” de la Iglesia del Estado, que a nivel nacional se ciñe al aporte económico.

Un concordato suscripto en 1966 entre el Estado y el Vaticano había suprimido otros vínculos como la injerencia gubermamental en la designación de obispos. Por lo demás, los tedéum son un pedido del Gobierno de turno.

“Los obispos –dice el texto del comunicado- recibieron un informe de la comisión integrada por la Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional, la Secretaría de Culto de la Nación y la Conferencia Episcopal Argentina, que está analizando nuevas alternativas al actual sistema de sostenimiento del Culto”.

El comunicado agrega que “se acordó seguir profundizando dichas alternativas y estudiar propuestas, con el fin de ir resignando de manera gradual, las asignaciones que reciben los obispos de parte del Estado Nacional”.

Si bien no especifica cuál son las “alternativas”, se descuenta que incluye el análisis de mecanismos como los que existen en Italia, Alemania y España, donde el Estado brinda su estructura para que los fieles canalicen su aporte.

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Inflación de febrero fue de 2,9%: los mayores aumentos fueron en agua y luz

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inflación febrero

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.

Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.

En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.

En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).

Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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