Nacionales
Jaqueado por la Justicia, Brito dejó el grupo Macro pero puso a su cuñado y a dos hijos
BUENOS AIRES. El histórico presidente del Banco Macro, Jorge Horacio Brito, decidió alejarse de su cargo hace pocos días, jaqueado por la investigación judicial del llamado “caso Ciccone”, aunque antes nombró a su cuñado en su lugar y a dos de sus hijos como directores.
La salida de Brito se concretó horas después que la Oficina Anticorrupción pidiera su procesamiento, como también los del exAFIP, Ricardo Echegaray; la extitular de la Casa de la Moneda, la posadeña Katya Daura, además de otras cuatro personas que fueron involucradas por el arrepentido Alejandro Vandenbroele.
Los mencionados, con el expresidente de la Nación Amado Boudou, son investigados por el juez Ariel Lijo acerca de la ruta que siguió el dinero para la adquisición de “Calcográfica Ciccone”, una firma inactiva por una millonaria deuda con la AFIP pero que poseía los bienes necesarios para la impresión de billetes oficiales.
A raíz del avance del trámite judicial y del grado de involucramiento de Brito, se verificó un derrumbe del 14 por ciento en el valor de sus acciones del Banco Macro, lo que habría sido un hecho determinante para que éste diera un paso al costado, según fuentes cercanas a las operaciones bancarias del país.
La presidencia del grupo quedó en manos de Ezequiel Carballo, cuñado del saliente, que venía desempeñándose como vicepresidente, en tanto que Jorge Pablo Brito, hijo, pasará al lugar que dejó su tío. En el reacomodamiento, Guillermo Stanley retorna como director y se suma Constanza Brito.
El banquero estuvo 30 años al frente de la entidad, pero su salida se manejó dentro de las formalidades societarias, sin estridencias, ya que su mandato había llegado al final y decidió no postularse para un nuevo periodo como lo venía haciendo desde 1988.
No obstante, Brito instruyó a la asamblea de accionistas que para Carballo fuera su reemplazante y que su hijo Pablo pasara a la vicepresidencia, como también que Stanley, padre de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina, regresara al directorio. A ellos se sumó Constanza.
Varios medios nacionales, citando fuentes del grupo, señalaron que “hasta que se aclare la situación, no seguirá en el banco, pero cuando esto se termine (Brito) puede pedir una asamblea para volver a postularse” al frente del Macro, a dos años de haber dejado también ADEBA.
De acuerdo con los antecedentes del “caso Ciccone”, se supo que tras la muerte de Kirchner en 2010, Boudou acudió a Brito para lograr una de las últimas voluntades del expresidente: la compra de Ciccone Calcográfica, que adeudaba 200 millones de pesos a la AFIP.
El funcionario puso a cargo de las negociaciones a dos amigos de la infancia, Miguel Ángel Núñez Carmona y Alejandro Vandenbroele, quien figuraba como presidente de The Old Fund, la compañía creada para concretar la compra. Por aquel entonces Brito prestó 567.000 pesos a Vandenbroele y 30.000 a The Old Fund para facilitar esa operatoria.
La investigación judicial de Ciccone que lleva adelante actualmente el juez Lijo conllevó a un pedido de indagatoria contra Brito, implicado por el arrepentido Vandenbroele, en un tramo de su vida empresaria en que se siente abandonado por los favores de la política que gozó desde que compró el Banco Macro, en 1985.
Nacionales
El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud
Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones.
La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones.
Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias.
Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.
“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.
Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.
“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.
Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones
Nacionales
Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos
A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.
El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.
Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.
En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.
De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.
Nacionales
Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú
A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.
El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).
A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.
Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.
Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.
Las medidas
Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.
En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.
Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.
En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.
Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.
También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.
Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.
“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron.
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