Nacionales
Indemnizarán a quienes hayan sufrido efectos adversos de vacunas contra el covid
El Gobierno resolvió indemnizar a todas aquellas personas que hayan sufrido efectos adversos a cualquiera de las vacunas contra el covid aplicadas en la pandemia.
El Ministerio de Salud Pública de la Nación publicó este lunes la Resolución N° 7/2022, que lleva la firma de la ministra Carla Vizzotti, y Enrique Alberto Cossio, superintendente de Riesgos del Trabajo.
La medida establece un “procedimiento para la tramitación de reclamos indemnizatorios” para aquellos casos donde se hayan sufrido efectos adversos tras la aplicación de alguna vacuna “destinada a generar inmunidad adquirida contra el Covid-19”, y se aplica en el marco del Plan Estratégico para la Vacunación contra el coronavirus, aprobado por Salud el 29 de diciembre de 2020.
“La tramitación del reclamo indemnizatorio ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, prevista en el artículo 8 de la Ley N°27.573, requerirá que el evento adverso haya sido previamente notificado a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino por el personal de salud que asista al presunto damnificado/a o que tome conocimiento del evento”, explica la resolución.
Detalla asimismo que “todos los estudios que demande el trámite deberán ser aportados en forma digital en el expediente administrativo a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), dentro del plazo que establezca la notificación que lo requiera, según las circunstancias del caso”.
“La realización de los mismos (los estudios) –precisa-, estará a cargo de la persona que pretenda el reconocimiento resarcitorio”.
“Al efecto de la evaluación encomendada a las Comisiones Médicas Jurisdiccionales serán de aplicación las ‘Normas para la Evaluación, Calificación y Cuantificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones’ contenidas en el Decreto N°478 de fecha 30 de abril de 1998, con exclusión de la aplicación de los ‘factores complementarios’”, agrega.
La decisión, que además crea un Fondo de Reparación Covid-19, emula un instrumento implementado en diversos países del mundo, destinado a indemnizar a quienes padecen un daño en la salud que sea consecuencia directa de la aplicación de alguna de las vacuna contra el virus.
El trámite
El procedimiento para el reclamo se completa en varios pasos disponibles en la web de Salud. La medida permite la tramitación por parte de terceros, debidamente identificados; y alcanza también a familiares de casos fatales, o que hayan derivado en incapacidad física total y permanente, del vacunado.
En estos casos extremos, el Fondo de Reparación abonará una indemnización equivalente a 240 haberes mínimos jubilatorios del SIPA, unos $5.5 millones de pesos, ya que la jubilación mínima es de unos $23.000.
Cabe recalcar que el reclamo de la indemnización prescribe a los 3 años desde que se conoció el daño provocado por la vacuna.
Los pasos a seguir pueden resumirse así:
1- Informar del supuesto evento adverso, a través del personal de salud, en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).
2- Presentar la solicitud correspondiente ante las Comisiones Médicas mediante la plataforma de Trámites a Distancia junto al certificado del diagnóstico, DNI y el carnet de vacunación.
3- Si se aprueba la solicitud, la misma pasará a la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) del Ministerio de Salud y se procederá a verificar la notificación de este en el SISA.
4- La Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CONASEVA) determinará la relación entre la vacuna y el evento adverso denunciado.
5- En caso de que se pruebe la relación, la Comisión Médica correspondiente fijará el porcentaje de incapacidad que presenta el damnificado.
6- En base al porcentaje anteriormente mencionado, se determina el monto a indemnizar y se procede a realizar el pago.
Nacionales
Desde el viernes aumentan valores para tramitar el DNI y el pasaporte
El Registro Nacional de las Personas (Renaper), dependiente del Ministerio del Interior, oficializó un aumento en los aranceles para la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino.
La medida, establecida mediante la Resolución 19/2026 del Ministerio y la Disposición 106/2026 del Renaper, entrará en vigencia a partir de este viernes 6 de marzo de 2026 en todo el país.
El objetivo de esta actualización tarifaria es “sostener la prestación eficiente de los servicios, garantizar altos estándares tecnológicos, de diseño y seguridad en los documentos”, y “alinearse con valores de referencia regionales para documentos análogos”.
Para el DNI destinado a argentinos, el primer ejemplar para recién nacidos hasta los seis meses de edad seguirá siendo gratuito. En cambio, los trámites como el primer ejemplar desde los seis meses hasta los cinco años, las actualizaciones obligatorias a los cinco, ocho y catorce años, los cambios de domicilio, rectificaciones de datos, adopciones u otros ejemplares nuevos pasarán a costar $10.000, lo que representa un incremento del 33,3% respecto al valor anterior de 7.500 pesos.
Las modalidades urgentes agregan recargos sobre esa base: el exprés totalizará $26.000, el de 24 horas llegará a $41.000 y el al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, alcanzará los $57.000. Para personas extranjeras, la primera identificación y las actualizaciones principales costarán $20.000.
En cuanto al pasaporte para argentinos, el trámite ordinario con entrega regular subirá a $100.000, un incremento aproximado del 42,8% desde los $70.000 previos. Las opciones más rápidas también se ajustan: el exprés costará $200.000 y el de resolución inmediata o al instante llegará a $330.000.
Quienes hayan abonado cualquier trámite de DNI o pasaporte antes del 5 de marzo de 2026 no deberán abonar la diferencia con las nuevas tarifas.
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Camarógrafo detenido por la PFA fuera del Congreso: “Me pegaban patadas”
Nacionales
Después de 80 años Fate cierra definitivamente: 920 empleados despedidos
La empresa argentina de fabricación y exportación de neumáticos fundada en 1940, Fate S.A.I.C.I, anunció el fin de sus operaciones en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, obligando el despido de 920 empleados.
El anuncio fue dado por la empresa este miércoles 18 de febrero, cuya medida se habría ejecutado de manera inmediata con el cese de la actividad en el predio que ocupa 40 hectáreas y hasta hace poco tuvo una capacidad productiva que superó los cinco millones de neumáticos por año.
Se trata de la mayor planta del país y su cierre responde a un contexto de crisis industrial afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.
Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó a través de un comunicado que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.
La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores, ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.
Según el portal Noticias Argentinas, fuentes cercanas a la firma afirmaron que “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.
Por estas horas, el gobierno pidió una reunión con sus directivos con el objetivo de alcanzar la conciliación obligatoria.

Comunicado de cierre/Fate
La industria en crisis
El cierre no fue un evento repentino, sino el resultado de una erosión sistemática de la competitividad que la empresa venía denunciando desde mayo de 2024. Los factores que terminaron por dinamitar la estructura productiva de Fate se pueden resumir en tres ejes críticos:
Importaciones chinas: a mediados de 2025, el mercado local se vio saturado por un récord de 860.000 cubiertas importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios de origen chino obligó a Fate a rebajar sus productos un 15%, destruyendo sus márgenes de ganancia.
El laberinto macroeconómico: la combinación de una sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias y la falta de incentivos para la exportación dejó a la firma fuera de juego frente a competidores regionales y globales.
Conflictividad y productividad: la dirección de la empresa señaló reiteradamente que el costo laboral y la baja productividad, sumados a una relación gremial desgastada, hicieron que fabricar un neumático en Argentina fuera significativamente más caro que importarlo.
En este marco, la compañía repasó su recorrido histórico señalando que “a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.
En esa línea, remarcó que “fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.
A su vez, el comunicado recordó que “Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, y agregó que “esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.
Asimismo, desde la compañía se despidieron agradeciendo al manifestar que “expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.
Tras el cierre consumado, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, se enfocará directamente en los negocios que lleva adelante con Aluar, en la producción de aluminio.
Informe revela que en la era Milei se cerraron más de 20.000 empresas
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