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Imputaron al ex presidente Macri por espionaje ilegal

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El fiscal Di Lello abrió la investigación ante el pedido de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, donde se halló una lista de 80 mails “pinchados” de funcionarios y dirigentes políticos.

 

BUENOS AIRES. El fiscal Jorge Di Lello abrió la investigación por presuntas maniobras de espionaje ilegal perpetradas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

La denuncia había sido presentada de manera digital el pasado martes por parte de la intervención de la AFI, a cargo de Cristina Caamaño, quien asegura que fueron pinchados los mails de casi 100 personas sin que mediara ninguna orden judicial.

El titular de la Fiscalía Federal 1 decidió requerir al juez Marcelo Martínez de Giorgi la pesquisa e imputó a Mauricio Macri, Gustavo Arribas, y otros ex y actuales integrantes de la central de inteligencia.

Los seguimientos detectados comenzaron en el mes de junio de 2016, a los pocos meses de la asunción de Macri.

Políticos de la oposición y de la propia alianza gobernante, dirigentes sindicales, un gobernador, intelectuales y periodistas fueron espiados por la gestión de Arribas. Desde Laura Alonso, hasta Mario Negri, Luís Majul, Ricardo Forster, Héctor Daer y Ernesto Sanz.

La decisión de Di Lello terminó de tomar forma luego de haber analizado las pruebas aportadas por la actual AFI -que llegaron el miércoles a su despacho del quinto piso de Comodoro Py en forma física- en medio del funcionamiento alternativo de los tribunales por la pandemia.

Se trata de documentación y, sobre todo, el disco rígido marca Western Digital, donde la intervención -según dijo, en una revisión de rutina- halló las pinchaduras. Si bien parte del material había sido borrado, la maniobra se hizo en forma muy rudimentaria, por lo que el contenido pudo ser recuperado.

En su denuncia, la gestión de Caamaño pidió la indagatoria del ex presidente por entender que la dependencia de Inteligencia es responsabilidad directa del Jefe de Estado, por lo que entendió que no pudo haber maniobras de espionaje sin su conocimiento, orden o aval.

Al mismo tiempo, el agente que estaba a cargo de la computadora donde se halló la nómina de más de 80 correos electrónicos personales de políticos, dirigentes y políticos, está identificado.

Por eso, la AFI pidió también que él y otros cinco empleados sean indagados por la Justicia. Los requerimientos de indagatoria serán resueltos por la fiscalía con el avance de la investigación.

Entre las víctimas figuran Laura Alonso; Nicolás Massot; Luis Majul; Mario Negri, Ernesto Sanz; Ángel Rozas; Mario Barletta; Alberto Weretilneck, Héctor Daer; Rodolfo Tahilade, la ex abogada de Milagro Sala y actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta; la diputada Gabriela Cerruti; el ex titular de la Afsca Martín Sabatella; el actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el diputado del Frente de Todos Marcos Cleri; la actual ministra de Educación de Tucumán, Silvia Rojkés; y el actual embajador designado por la Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi; entre otros.

Medidas de prueba

Para el expediente caratulado como “NNs/violación de correspondencia y violación del sistema informático”, el fiscal pidió varias medidas de prueba. Por un lado, requirió la “declaración testimonial al personal contratado (de la AFI) para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados”.

También que se llame a declarar bajo juramento a los empleados que encontraron el disco rígido en cuestión.

Al mismo tiempo, Di Lello pidió la realización de pericias para determinar el contenido, origen y titulares de los mails intrusados y establecer en general “qué tipo de información contiene el disco rígido acompañado, fecha de producción, obtención y/o almacenamiento; su origen tecnológico, y cualquier otro dato de interés” para la investigación.

Por otra parte, solicitó que “se requiera a la Agencia Federal de Inteligencia el legajo completo de los agentes “A” y “B”; además de una nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019; el diagrama completo de la estructura de la secretaría desde el año 2015 al año 2019 y todas las órdenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia”.

En su denuncia, la gestión de Caamaño pidió la indagatoria de Macri y los demás involucrados en la presunta maniobra de espionaje ilegal. Los requerimientos de indagatoria serán resueltos por la fiscalía con el avance de la investigación.

 

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Después de 80 años Fate cierra definitivamente: 920 empleados despedidos

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La empresa argentina de fabricación y exportación de neumáticos fundada en 1940, Fate S.A.I.C.I, anunció el fin de sus operaciones en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, obligando el despido de 920 empleados.

El anuncio fue dado por la empresa este miércoles 18 de febrero, cuya medida se habría ejecutado de manera inmediata con el cese de la actividad en el predio que ocupa 40 hectáreas y hasta hace poco tuvo una capacidad productiva que superó los cinco millones de neumáticos por año. 

Se trata de la mayor planta del país y su cierre responde a un contexto de crisis industrial afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.

Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó a través de un comunicado que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores, ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.

Según el portal Noticias Argentinas, fuentes cercanas a la firma afirmaron que “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.

Por estas horas, el gobierno pidió una reunión con sus directivos con el objetivo de alcanzar la conciliación obligatoria.

Comunicado de cierre/Fate

La industria en crisis 

El cierre no fue un evento repentino, sino el resultado de una erosión sistemática de la competitividad que la empresa venía denunciando desde mayo de 2024. Los factores que terminaron por dinamitar la estructura productiva de Fate se pueden resumir en tres ejes críticos:

Importaciones chinas: a mediados de 2025, el mercado local se vio saturado por un récord de 860.000 cubiertas importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios de origen chino obligó a Fate a rebajar sus productos un 15%, destruyendo sus márgenes de ganancia.

El laberinto macroeconómico: la combinación de una sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias y la falta de incentivos para la exportación dejó a la firma fuera de juego frente a competidores regionales y globales.

Conflictividad y productividad: la dirección de la empresa señaló reiteradamente que el costo laboral y la baja productividad, sumados a una relación gremial desgastada, hicieron que fabricar un neumático en Argentina fuera significativamente más caro que importarlo.

En este marco, la compañía repasó su recorrido histórico señalando que “a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.

En esa línea, remarcó que “fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

A su vez, el comunicado recordó que “Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, y agregó que “esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.

Asimismo, desde la compañía se despidieron agradeciendo al manifestar que “expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.

Tras el cierre consumado, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, se enfocará directamente en los negocios que lleva adelante con Aluar, en la producción de aluminio.

Informe revela que en la era Milei se cerraron más de 20.000 empresas

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Estaciones de servicio se adhieren al paro de la CGT contra la reforma laboral

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Estaciones de servicio se adhieren al paro de la CGT contra la reforma laboral

El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garages (SOESGyPE) confirmó su adhesión al paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para la jornada en que la Cámara de Diputados de la Nación trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei, que ya obtuvo media sanción en el Senado.

En diálogo con el medio Surtidores Latam, Argentina, el secretario general adjunto del gremio, Carlos Acuña, anunció el acompañamiento a la huelga, que no incluirá movilización en las calles, y argumentó que la decisión responde a “la preocupación que genera el contenido del proyecto oficial”.

“La reforma laboral introduce una lógica de flexibilización que impacta de lleno en el empleo formal. En nuestro rubro eso se traduce en menos previsibilidad, más presión sobre el trabajador y un debilitamiento de reglas que hoy ordenan la actividad”, precisó el dirigente.

En esa línea, Acuña afirmó que el esquema laboral de las Estaciones de Servicio en el país “está regido” por convenios colectivos de trabajo que “regulan turnos rotativos, jornadas nocturnas y trabajo en fines de semana”.

“Cuando se habla livianamente de flexibilizar, en la práctica se pone en discusión el salario, los descansos y la estabilidad del personal”, apuntó.

Asimismo, el secretario general expuso algunos de los ítems que “preocupa” al sector en relación con la reforma, como el nuevo esquema de licencias por enfermedad o accidente no laboral, al que calificó como “un retroceso muy grande” y como un castigo “al trabajador que le toque padecer una enfermedad o que tenga un accidente que no le permita asistir al trabajo”.

Acuña también cuestionó, entre otros puntos, el “banco de horas”, el cual habilitaría a “que un trabajador tenga la obligación de estar hasta 12 horas en su puesto de trabajo. En estaciones de servicio, donde ya existen turnos exigentes y tareas de riesgo, eso afectaría a todos”.

El representante de los obreros y empleados de estaciones de servicios reprochó al gobierno libertario al señalar que “decían que no venían a tocar derechos adquiridos y claramente los están tocando. Avanzan sobre indemnizaciones, sobre licencias y sobre los convenios colectivos de trabajo”.

Ante este panorama, Acuña enfatizó que el gremio tiene la “obligación” de acompañar y explicar a los trabajadores “qué está en juego” y subrayó que “no es una discusión abstractra: son derechos concretos que quieren arrebatarnos”.

La medida de fuerza se llevará a cabo el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral, con fechas tentativas para el jueves 19 o el miércoles 25 de febrero, dependiendo del avance legislativo.

 

Foto principal: Canal 12.

La CGT convocó a un paro nacional en contra de la reforma laboral

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La CGT convocó a un paro nacional en contra de la reforma laboral

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La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical de Argentina, confirmó este lunes la convocatoria a un paro general de 24 horas en todo el país, en oposición al proyecto de reforma laboral promovido por el presidente Javier Milei.

La medida de fuerza, que no incluirá movilizaciones callejeras, se llevará a cabo el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto, con fechas tentativas para el jueves 19 o el miércoles 25 de febrero, dependiendo del avance legislativo.

La CGT argumenta que la iniciativa es “la más regresiva y nociva de las últimas décadas”, en un contexto económico marcado por el endeudamiento familiar, el aumento del costo de vida, la pérdida de empleos y el cierre de empresas.

La decisión fue tomada hoy, durante una reunión virtual del consejo directivo de la CGT, respondiendo a presiones internas de diversos sectores sindicales y a la falta de espacios para negociar modificaciones al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado.

Entre los puntos más controvertidos se destaca un artículo que reduce el pago de salarios en casos de licencia médica, lo que generó un fuerte rechazo.

Se espera una adhesión total de los gremios del transporte, clave para garantizar un alto impacto nacional, incluyendo a la Unión Tranviarios Automotor (UTA, colectiveros), La Fraternidad (maquinistas de trenes), la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT, que agrupa camioneros, pilotos, personal aeronáutico, marítimo y fluvial, y del subte), así como otros sectores como la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (aceiteros), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTAs).

Reforma laboral: media sanción con los votos de Rojas Decut, Arce y Goerling

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