Nacionales
Imputaron al ex presidente Macri por espionaje ilegal
El fiscal Di Lello abrió la investigación ante el pedido de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, donde se halló una lista de 80 mails “pinchados” de funcionarios y dirigentes políticos.
BUENOS AIRES. El fiscal Jorge Di Lello abrió la investigación por presuntas maniobras de espionaje ilegal perpetradas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.
La denuncia había sido presentada de manera digital el pasado martes por parte de la intervención de la AFI, a cargo de Cristina Caamaño, quien asegura que fueron pinchados los mails de casi 100 personas sin que mediara ninguna orden judicial.
El titular de la Fiscalía Federal 1 decidió requerir al juez Marcelo Martínez de Giorgi la pesquisa e imputó a Mauricio Macri, Gustavo Arribas, y otros ex y actuales integrantes de la central de inteligencia.
Los seguimientos detectados comenzaron en el mes de junio de 2016, a los pocos meses de la asunción de Macri.
Políticos de la oposición y de la propia alianza gobernante, dirigentes sindicales, un gobernador, intelectuales y periodistas fueron espiados por la gestión de Arribas. Desde Laura Alonso, hasta Mario Negri, Luís Majul, Ricardo Forster, Héctor Daer y Ernesto Sanz.
La decisión de Di Lello terminó de tomar forma luego de haber analizado las pruebas aportadas por la actual AFI -que llegaron el miércoles a su despacho del quinto piso de Comodoro Py en forma física- en medio del funcionamiento alternativo de los tribunales por la pandemia.
Se trata de documentación y, sobre todo, el disco rígido marca Western Digital, donde la intervención -según dijo, en una revisión de rutina- halló las pinchaduras. Si bien parte del material había sido borrado, la maniobra se hizo en forma muy rudimentaria, por lo que el contenido pudo ser recuperado.
En su denuncia, la gestión de Caamaño pidió la indagatoria del ex presidente por entender que la dependencia de Inteligencia es responsabilidad directa del Jefe de Estado, por lo que entendió que no pudo haber maniobras de espionaje sin su conocimiento, orden o aval.
Al mismo tiempo, el agente que estaba a cargo de la computadora donde se halló la nómina de más de 80 correos electrónicos personales de políticos, dirigentes y políticos, está identificado.
Por eso, la AFI pidió también que él y otros cinco empleados sean indagados por la Justicia. Los requerimientos de indagatoria serán resueltos por la fiscalía con el avance de la investigación.
Entre las víctimas figuran Laura Alonso; Nicolás Massot; Luis Majul; Mario Negri, Ernesto Sanz; Ángel Rozas; Mario Barletta; Alberto Weretilneck, Héctor Daer; Rodolfo Tahilade, la ex abogada de Milagro Sala y actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta; la diputada Gabriela Cerruti; el ex titular de la Afsca Martín Sabatella; el actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el diputado del Frente de Todos Marcos Cleri; la actual ministra de Educación de Tucumán, Silvia Rojkés; y el actual embajador designado por la Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi; entre otros.
Medidas de prueba
Para el expediente caratulado como “NNs/violación de correspondencia y violación del sistema informático”, el fiscal pidió varias medidas de prueba. Por un lado, requirió la “declaración testimonial al personal contratado (de la AFI) para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados”.
También que se llame a declarar bajo juramento a los empleados que encontraron el disco rígido en cuestión.
Al mismo tiempo, Di Lello pidió la realización de pericias para determinar el contenido, origen y titulares de los mails intrusados y establecer en general “qué tipo de información contiene el disco rígido acompañado, fecha de producción, obtención y/o almacenamiento; su origen tecnológico, y cualquier otro dato de interés” para la investigación.
Por otra parte, solicitó que “se requiera a la Agencia Federal de Inteligencia el legajo completo de los agentes “A” y “B”; además de una nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019; el diagrama completo de la estructura de la secretaría desde el año 2015 al año 2019 y todas las órdenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia”.
En su denuncia, la gestión de Caamaño pidió la indagatoria de Macri y los demás involucrados en la presunta maniobra de espionaje ilegal. Los requerimientos de indagatoria serán resueltos por la fiscalía con el avance de la investigación.
Nacionales
Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
Nacionales
La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
Nacionales
Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy
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