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Imputaron al ex presidente Macri por espionaje ilegal

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El fiscal Di Lello abrió la investigación ante el pedido de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, donde se halló una lista de 80 mails “pinchados” de funcionarios y dirigentes políticos.

 

BUENOS AIRES. El fiscal Jorge Di Lello abrió la investigación por presuntas maniobras de espionaje ilegal perpetradas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

La denuncia había sido presentada de manera digital el pasado martes por parte de la intervención de la AFI, a cargo de Cristina Caamaño, quien asegura que fueron pinchados los mails de casi 100 personas sin que mediara ninguna orden judicial.

El titular de la Fiscalía Federal 1 decidió requerir al juez Marcelo Martínez de Giorgi la pesquisa e imputó a Mauricio Macri, Gustavo Arribas, y otros ex y actuales integrantes de la central de inteligencia.

Los seguimientos detectados comenzaron en el mes de junio de 2016, a los pocos meses de la asunción de Macri.

Políticos de la oposición y de la propia alianza gobernante, dirigentes sindicales, un gobernador, intelectuales y periodistas fueron espiados por la gestión de Arribas. Desde Laura Alonso, hasta Mario Negri, Luís Majul, Ricardo Forster, Héctor Daer y Ernesto Sanz.

La decisión de Di Lello terminó de tomar forma luego de haber analizado las pruebas aportadas por la actual AFI -que llegaron el miércoles a su despacho del quinto piso de Comodoro Py en forma física- en medio del funcionamiento alternativo de los tribunales por la pandemia.

Se trata de documentación y, sobre todo, el disco rígido marca Western Digital, donde la intervención -según dijo, en una revisión de rutina- halló las pinchaduras. Si bien parte del material había sido borrado, la maniobra se hizo en forma muy rudimentaria, por lo que el contenido pudo ser recuperado.

En su denuncia, la gestión de Caamaño pidió la indagatoria del ex presidente por entender que la dependencia de Inteligencia es responsabilidad directa del Jefe de Estado, por lo que entendió que no pudo haber maniobras de espionaje sin su conocimiento, orden o aval.

Al mismo tiempo, el agente que estaba a cargo de la computadora donde se halló la nómina de más de 80 correos electrónicos personales de políticos, dirigentes y políticos, está identificado.

Por eso, la AFI pidió también que él y otros cinco empleados sean indagados por la Justicia. Los requerimientos de indagatoria serán resueltos por la fiscalía con el avance de la investigación.

Entre las víctimas figuran Laura Alonso; Nicolás Massot; Luis Majul; Mario Negri, Ernesto Sanz; Ángel Rozas; Mario Barletta; Alberto Weretilneck, Héctor Daer; Rodolfo Tahilade, la ex abogada de Milagro Sala y actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta; la diputada Gabriela Cerruti; el ex titular de la Afsca Martín Sabatella; el actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el diputado del Frente de Todos Marcos Cleri; la actual ministra de Educación de Tucumán, Silvia Rojkés; y el actual embajador designado por la Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi; entre otros.

Medidas de prueba

Para el expediente caratulado como “NNs/violación de correspondencia y violación del sistema informático”, el fiscal pidió varias medidas de prueba. Por un lado, requirió la “declaración testimonial al personal contratado (de la AFI) para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados”.

También que se llame a declarar bajo juramento a los empleados que encontraron el disco rígido en cuestión.

Al mismo tiempo, Di Lello pidió la realización de pericias para determinar el contenido, origen y titulares de los mails intrusados y establecer en general “qué tipo de información contiene el disco rígido acompañado, fecha de producción, obtención y/o almacenamiento; su origen tecnológico, y cualquier otro dato de interés” para la investigación.

Por otra parte, solicitó que “se requiera a la Agencia Federal de Inteligencia el legajo completo de los agentes “A” y “B”; además de una nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019; el diagrama completo de la estructura de la secretaría desde el año 2015 al año 2019 y todas las órdenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia”.

En su denuncia, la gestión de Caamaño pidió la indagatoria de Macri y los demás involucrados en la presunta maniobra de espionaje ilegal. Los requerimientos de indagatoria serán resueltos por la fiscalía con el avance de la investigación.

 

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Inflación de febrero fue de 2,9%: los mayores aumentos fueron en agua y luz

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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.

Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.

En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.

En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).

Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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