La denominada “Ley Hojarasca”, que el gobierno de Javier Milei tramita en el Congreso para la derogación de “leyes viejas, obsoletas, redundantes o sin aplicación práctica”, incluye a la Ley 20.843, de Padrinazgo Presidencial, conocida como la “Ley del Lobizón”, que establece que todo séptimo hijo, varón o mujer, tiene derecho al padrinazgo honorífico del presidente de la Nación y una beca completa de estudios.

La “Ley del Lobizón” se promulgó el 28 de septiembre de 1974, por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, y terminó de institucionalizar una costumbre nacida de un mito popular de origen guaraní, que hasta ese momento se tramitaba mediante decretos presidenciales y solo reconocía a los séptimos hijos varones.

Se trata de una tradición legal que se originó para contrarrestar la creencia, muy arraigada en el litoral argentino, de que el séptimo hijo varón se convierte en Lobizón en las noches de Luna llena, y que la ley en trámite de derogación extendió también a las séptimas hijas mujeres, producto del mito eslavo traído por inmigrantes rusos y ucranianos de que ellas se transforman en brujas.

Ahijados misioneros

El primer caso de ahijado presidencial se registró en el país en 1907, cuando un matrimonio de inmigrantes alemanes radicados en la localidad bonaerense de Coronel Pringles, Enrique Brost y Apolonia Holmann, dio a luz al séptimo de sus hijos, José Brost, y deciden escribir al entonces presidente José Figueroa Alcorta para que lo apadrinara.

Desde entonces, la historia registra unos 11.381 ahijados y ahijadas presidenciales, de los que el 60% corresponde a casos contemplados en la ley de 1974, mientras que el 40% restante refiere al período donde el tema se manejaba a través de decretos de “gracia presidencial”.

En Misiones, tan íntimamente ligada al mito regional del Lobizón, las familias locales han recurrido históricamente a esta norma y, según bibliografía oficial, tras la promulgación de la ley por Isabelita, se dispararon las solicitudes desde la tierra colorada.

Aymara Soledad Martínez, ahijada del presidente Javier Milei en 2025, recibió los diplomas y la beca de estudios de la Ley 20.843.

El último caso registrado fue el de Aymara Soledad Martínez, una niña de siete años de San Vicente, que en septiembre de 2025 se convirtió en la primera ahijada misionera del presidente Milei, por lo que su familia recibió los atributos y beneficios establecidos en la ley: la medalla oficial, el diploma y la correspondiente beca nacional de estudios.

Anteriormente, en agosto de 2019, el presidente Mauricio Macri se convertía en el padrino de Cristian Yohel Held, que fue bautizado en el Hospital de Día, de Posadas, y cuyo caso cobró relevancia porque el personal de salud asistió activamente a la madre para gestionar el subsidio educativo anual.

Históricamente, en las zonas rurales de Misiones y en las cercanías de las comunidades guaraníes, las familias y los efectores de salud han impulsado fuertemente estos trámites ante el nacimiento de un séptimo hijo varón debido al temor real y comunitario que generaba la leyenda del “Luisón” o lobizón en la región.

El bautismo de Cristian Yohel Held, ahijado del presidente Mauricio Macri, en agosto de 2019

Durante la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hubo una suerte de “ola de padrinazgos presidenciales”, con la decisión del Poder Ejecutivo, en mayo de 2015, de regularizar una tanda histórica de nombramientos en la provincia.

Debido a que los trámites se demoraban años en completarse, CFK dispuso el madrinazgo simultáneo de seis misioneros, algunos de los cuales ya eran adultos: Alberto Cardozo, de Eldorado, que entonces tenía 31 años; Damaris Micaela Paredes, de Puerto Iguazú; Joaquín Emanuel Orué, también de Eldorado; Lucas Valentín Espinoza, de Posadas; y Marianela Ortiz, de Puerto Esperanza.

Durante las presidencias de Raúl Alfonsín (1983-1989) y Carlos Menem (1989-1999), decenas de familias del interior misionero, especialmente de localidades como Oberá, Aristóbulo del Valle y El Soberbio, tramitaron el padrinazgo para sus séptimos hijos varones o mujeres.

En esa época, los ahijados presidenciales recibían, además de la medalla de oro y el diploma, un ajuar completo enviado por el Ministerio de Salud y Acción Social, que incluía cuna, ropa, cochecito y asistencia directa para la construcción o mejora de las viviendas rurales.

Tierra del Mal 

En los registros más antiguos de la provincia, de mediados del siglo 20, previos a la ley formal pero cuando ya existía el decreto tradicionalizado por presidentes como Juan Domingo Perón o Arturo Frondizi, eran los directores de escuelas rurales quienes detectaban si en las colonias o cerca de las aldeas guaraníes nacía un séptimo hijo varón consecutivamente.

El trámite se iniciaba de urgencia, no solo por el dinero, sino para evitar el aislamiento social del niño, dado que la creencia popular de que el chico se transformaría los viernes de luna llena causaba temor real las comunidades.

Estos expedientes históricos, que contienen las cartas manuscritas de las madres misioneras, las partidas de nacimiento y las respuestas oficiales con la firma del presidente, se encuentran resguardados en el Archivo de la Administración Pública, del Archivo General de la Nación.

Antes de la masificación de los registros civiles, el bautismo religioso era el centro del trámite. La tradición obligaba a que el bautismo del séptimo hijo contara con un representante del presidente, que usualmente era un edecán militar, el gobernador o el intendente local.

En los libros de bautismo de las parroquias de Misiones, como la Catedral de Posadas o las iglesias de Apóstoles, Oberá y Eldorado, el párroco dejaba asentado en el margen del acta una nota que indicaba: “Padrino: Excelentísimo Señor Presidente de la Nación…”.

Incluso en los diarios locales de la época, como El Territorio, solían publicar notas sociales con fotos cuando un “ahijado de Perón” o un “ahijado de Frondizi” era bautizado en las colonias.

Durante el peronismo, la Fundación Eva Perón o la propia Presidencia enviaban medallas de oro macizo, diplomas enmarcados, libretas de ahorro con un depósito inicial para el niño y, en las colonias tabacaleras, asistencia directa para mejorar la vivienda.

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La Secretaría de Transporte dejó sin efecto el régimen mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La decisión quedó formalizada a través de la resolución 28/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Nación, en cuya normativa establece que “se deja sin efecto el régimen de compensaciones económicas” que regía para las compañías alcanzadas por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.

De este modo, el Ejecutivo encabezado por el presidente Javier Milei dio de baja un sistema vigente desde 2018, mediante el cual el Estado cubría parcialmente el costo de los boletos gratuitos que debían otorgar las empresas de transporte interjurisdiccional a los beneficiarios contemplados en esas normativas.

Sin embargo, la resolución aclara que la medida no modifica el derecho de los usuarios a acceder a pasajes gratuitos, por lo que las compañías continuarán obligadas a emitir los boletos sin cargo para los grupos alcanzados por la ley.

Más detalles

En los fundamentos, el gobierno sostuvo que el esquema perdió sentido tras la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, que avanzó con la desregulación del transporte de larga distancia y habilitó a las empresas a definir libremente recorridos, horarios, tarifas y modalidades de servicio, bajo supervisión de la autoridad de aplicación.

En tanto, la Secretaría de Transporte argumentó que el nuevo marco regulatorio modificó las condiciones económicas y jurídicas que habían dado origen a las compensaciones estatales, al señalar que: “El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”.

La resolución también ratificó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la entrega de pasajes gratuitos por parte de las empresas.  

Para acceder al beneficio se necesitará DNI y la documentación correspondiente. La reserva puede hacerse de manera online o presencial en la boletería de la empresa de transporte ingresando al Sistema de Solicitud de Pasajes de la CNRT y completando los datos solicitados.

La empresa debe enviar el pasaje hasta 48 horas antes de la salida del servicio y tiene la obligación de otorgar el boleto reservado.

En caso de que el pasajero cuente con certificado de discapacidad (no CUD) debe tener el alta como persona usuaria del sistema.

Marcha contra reforma en discapacidad: “Condena al sector más vulnerable”

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El gobierno nacional, a través de la Administración de Parques Nacionales (APN) anunció un nuevo esquema tarifario que comenzará a regir a partir de junio en doce parques nacionales. El ingreso a Cataratas tendrá un valor de $7.000 para misioneros, $20.000 para argentinos y $60.000 para extranjeros, siendo este último el ticket más caro del país.

El incremento fue oficializado este viernes mediante la Resolución 132/2026 publicada en el Boletín Oficial de la Nación. En los detalles, se puede observar que la suba, en promedio, es del 86% para los argentinos, del 60% para los residentes provinciales, del 42% para los extranjeros y del 117% para estudiantes, que gozan de las tarifas más bajas.

Tras el último aumento registrado en el año 2024, a partir del 1 de junio próximo la entrada al Parque Nacional Iguazú pasará de costar $45.000 a $60.000 para extranjeros, mientras que los residentes nacionales abonarán $25.000 (cuando antes era $15.000). En tanto, los misioneros pasarán de pagar $5000 a $8000.

En cuanto al resto del país, el acceso general al Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, pasó a costar $50.000 para los visitantes extranjeros. Esta suba representa un aumento del 66% respecto del anterior precio, que era de $45.000. En tanto, los residentes provinciales pagarán desde hoy $8000 en lugar de los $5000 que abonaban con anterioridad (60% más) y los argentinos del resto del país tienen una nueva tarifa de $25.000 (sufrieron un incremento del 66%).

En Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo, la entrada general escaló de $20.000 a $35.000 para los extranjeros, lo que representa una suba del 75%. Para visitantes nacionales, en esos mismos parques, el acceso pasó de $7000 a $15.000 (+114,3%), mientras que la categoría estudiantes aumentó de $5000 a $12.000 (+140%).

En el Parque Nacional Tierra del Fuego, en cambio, el ticket para no residentes de la Argentina se mantuvo sin cambios en $40.000, aunque las demás categorías sí registraron subas: la entrada para argentinos pasó de $12.000 a $18.000 (+50%) y la estudiantil de $7000 a $12.000 (+71,4%).

Por su parte, en parques como El Palmar, Talampaya y Sierra de las Quijadas, la entrada para argentinos aumentó de $7000 a $12.000 (+71%), para extranjeros de de $20.000 a $25.000 (+25%) mientras que la tarifa para estudiantes se duplicó: pasó de $5000 a $10.000 (+100%).

Como siempre, en todos los casos, en la Argentina están exentos del pago de las tarifas los jubilados y pensionados; los niños de hasta 5 años; las visitas educativas; las personas con discapacidad; los residentes locales; las visitas protocolares; los guías y coordinadores.

Cabe recordar que a lo largo y ancho del país se encuentran distribuídos un total de 39 Parques Nacionales y 55 Áreas Protegidas Nacionales.

El Gobierno argumentó en la resolución que los incrementos generarán una “distribución más equitativa de los recursos”, de manera que el aporte de los visitantes contribuya directamente al sostenimiento y al desarrollo de esas áreas protegidas.

La norma también justifica la actualización tarifaria en la necesidad de integrar nuevas áreas al Sistema de Emisión de Tickets Electrónicos y Control de Accesos, además de actualizar categorías y requisitos para acceder a descuentos, particularmente en el caso de estudiantes.

Recorte a Parques Nacionales

El incremento se conoció luego de que el gobierno nacional, presidido por Javier Milei, modificara el presupuesto 2026 y recortara distintas partidas. Una de ellas es para los parques nacionales, cuyo recorte es de más de $2500 millones.

Para Nahuel Huapi la quita alcanza los $191 millones. El Parque Nacional Lanín perdió $157 millones; el Parque Nacional los Alerces, $70 millones; y el Parque Nacional Tierra del Fuego, $77 millones.

Por su parte, el parque Nacional Iguazú sufrió un recorte de $41 millones, mientras que la reserva federal Campo San Juan perdería $12 millones.

En todos los casos afectará al financiamiento de obras de infraestructura ecoturística y obras de prevención y combate del fuego.

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