Nacionales
Gobierno cerró acuerdo con el FMI y lo envió al Congreso
El gobierno cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de U$S44.500 millones que tomó la administración de Juntos por el Cambio.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Economía informó que este mismo jueves el Poder Ejecutivo está enviando al Congreso de la Nación el texto del acuerdo alcanzado con el organismo internacional.
Se espera que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados lo revise a partir del lunes y que el acuerdo se trate en sesión ordinaria entre el jueves y viernes de la semana que viene.
El comunicado, difundido esta siesta, reafirma lo señalado por el presidente Alberto Fernández el martes en la apertura de sesiones del Congreso, en lo relativo a los plazos de pago de la deuda, las tarifas de los servicios públicos, la protección del sistema jubilatorio, el desarrollo de inversiones y la promoción de la industria.
Lo informado
“Luego de intensas negociaciones, el Gobierno nacional logró cerrar con el FMI un acuerdo que permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa Stand By de 2018 que presentaba vencimientos concentrados principalmente en los años 2022 y 2023”, señala el comunicado oficial.
“El nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”, agrega.
Señala que el acuerdo logrado se inscribe en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas: EFF, por sus siglas en inglés), que incluye revisiones técnicas trimestrales del organismo durante los próximos dos años y medio.
“El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034”, explica el comunicado.
El acuerdo apunta a una reducción del déficit fiscal, de 2,5% del PIB (Producto Interno Bruto) en 2022, a 0,9% en 2024, metas que –según el comunicado oficial-, persiguen un apalancamiento de la recuperación económica, el fortalecimiento del crédito y la moneda.
Jubilaciones y tarifas
El comunicado oficial señala que la negociación “no prevé ninguna reforma previsional”, y que por el contrario “prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609”.
Asimismo, anuncia “niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad”, calculadas en base al coeficiente de variación salarial establecido en la Ley N° 27.443, vetada por el entonces presidente Mauricio Macri en 2018.
Señala que el acuerdo contempla un plan energético tendiente a “incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable; reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza; mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad”.
Indica que “también hay entendimiento en la importancia de impulsar políticas de crecimiento y resiliencia para abordar los cuellos de botella de largo plazo y sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo”.
“Estas políticas –apunta- tratarán de potenciar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones; la inversión y la productividad; el desarrollo económico local y regional; el empleo formal y la inclusión laboral que incluya perspectiva de género; mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético; las políticas de mitigación y adaptación ambientales y; el desarrollo más amplio de los mercados de capitales”.
Palabra del Fondo
A la par que el gobierno argentino comunicaba al país sobre la negociación cerrada, el FMI hizo pública también una declaración firmada por Julie Kozack, Directora Adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, Jefe de Misión para Argentina.
“El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre un programa económico pragmático y realista, con políticas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica y mejorar las condiciones necesarias para comenzar a atender los profundos desafíos para un crecimiento sostenible en Argentina”, señala la declaración del organismo financiero internacional.
“El programa busca abordar de manera duradera la alta inflación persistente a través de una estrategia múltiple que involucra una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal y un nuevo marco para la implementación de la política monetaria para generar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno, que junto con otras medidas, ayudará a promover una reducción continua de la inflación a lo largo del tiempo”, agrega.
Indica que el acuerdo incluye “elementos para mejorar el crecimiento y la resiliencia a través de políticas para movilizar el ahorro interno, fortalecer aún más la gobernabilidad y la transparencia, y fomentar la inclusión laboral, de género y financiera”.
Habla de la aplicación de “medidas para alentar la inversión y promover la sostenibilidad y la eficiencia de los sectores económicos estratégicos, incluido el energético”.
Nacionales
Inflación de febrero fue de 2,9%: los mayores aumentos fueron en agua y luz
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.
Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.
En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.
En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en febrero de 2026 con respecto a enero y 33,1% interanual https://t.co/bFx8TZTULF pic.twitter.com/ChEvJSQ4mY— INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 12, 2026
Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes
Nacionales
El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy
A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.
El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.
Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.
Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.
Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.
En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.
El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.
Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.
La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.
La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor
Nacionales
Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento
La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.
Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.
De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.
En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.
En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.
LOS DOCENTES DE LAS UUNN VAN AL PARO DURANTE 2 SEMANAS
Anticipo de las resoluciones del Congreso de CONADU Histórica.El Congreso Extraordinario de Conadu Histórica resolvió:
(entre otras definiciones)Por mayoría de los votos de sus Congresales, PARAR LAS UNIVERSIDADES Y SUS… pic.twitter.com/c06Nk3ctFq
— ADUNS (@ADUNS_docentes) March 5, 2026
Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario
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