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Gobierno cerró acuerdo con el FMI y lo envió al Congreso

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El gobierno cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de U$S44.500 millones que tomó la administración de Juntos por el Cambio.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Economía informó que este mismo jueves el Poder Ejecutivo está enviando al Congreso de la Nación el texto del acuerdo alcanzado con el organismo internacional.

Se espera que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados lo revise a partir del lunes y que el acuerdo se trate en sesión ordinaria entre el jueves y viernes de la semana que viene.

El comunicado, difundido esta siesta, reafirma lo señalado por el presidente Alberto Fernández el martes en la apertura de sesiones del Congreso, en lo relativo a los plazos de pago de la deuda, las tarifas de los servicios públicos, la protección del sistema jubilatorio, el desarrollo de inversiones y la promoción de la industria.

Lo informado

“Luego de intensas negociaciones, el Gobierno nacional logró cerrar con el FMI un acuerdo que permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa Stand By de 2018 que presentaba vencimientos concentrados principalmente en los años 2022 y 2023”, señala el comunicado oficial.

“El nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”, agrega.

Señala que el acuerdo logrado se inscribe en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas: EFF, por sus siglas en inglés), que incluye revisiones técnicas trimestrales del organismo durante los próximos dos años y medio.

“El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034”, explica el comunicado.

El acuerdo apunta a una reducción del déficit fiscal, de 2,5% del PIB (Producto Interno Bruto) en 2022, a 0,9% en 2024, metas que –según el comunicado oficial-, persiguen un apalancamiento de la recuperación económica, el fortalecimiento del crédito y la moneda.

Jubilaciones y tarifas

El comunicado oficial señala que la negociación “no prevé ninguna reforma previsional”, y que por el contrario “prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609”.

Asimismo, anuncia “niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad”, calculadas en base al coeficiente de variación salarial establecido en la Ley N° 27.443, vetada por el entonces presidente Mauricio Macri en 2018.

Señala que el acuerdo contempla un plan energético tendiente a “incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable; reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza; mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad”.

Indica que “también hay entendimiento en la importancia de impulsar políticas de crecimiento y resiliencia para abordar los cuellos de botella de largo plazo y sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo”.

“Estas políticas –apunta- tratarán de potenciar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones; la inversión y la productividad; el desarrollo económico local y regional; el empleo formal y la inclusión laboral que incluya perspectiva de género; mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético; las políticas de mitigación y adaptación ambientales y; el desarrollo más amplio de los mercados de capitales”.

Palabra del Fondo

A la par que el gobierno argentino comunicaba al país sobre la negociación cerrada, el FMI hizo pública también una declaración firmada por Julie Kozack, Directora Adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, Jefe de Misión para Argentina.

“El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre un programa económico pragmático y realista, con políticas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica y mejorar las condiciones necesarias para comenzar a atender los profundos desafíos para un crecimiento sostenible en Argentina”, señala la declaración del organismo financiero internacional.

“El programa busca abordar de manera duradera la alta inflación persistente a través de una estrategia múltiple que involucra una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal y un nuevo marco para la implementación de la política monetaria para generar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno, que junto con otras medidas, ayudará a promover una reducción continua de la inflación a lo largo del tiempo”, agrega.

Indica que el acuerdo incluye “elementos para mejorar el crecimiento y la resiliencia a través de políticas para movilizar el ahorro interno, fortalecer aún más la gobernabilidad y la transparencia, y fomentar la inclusión laboral, de género y financiera”.

Habla de la aplicación de “medidas para alentar la inversión y promover la sostenibilidad y la eficiencia de los sectores económicos estratégicos, incluido el energético”.

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El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud

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Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones. 

La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones

Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones

La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias. 

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. 

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”. 

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.

Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”. 

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.

Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones

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Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos

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A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.

El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.

Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.

De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.

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Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú

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A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.

El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).

A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.

Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.

Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.

Las medidas

Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.

En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.

Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.

En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.

Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.

También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.

Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.

“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron. 

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