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Gobierno cerró acuerdo con el FMI y lo envió al Congreso

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FMI

El gobierno cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de U$S44.500 millones que tomó la administración de Juntos por el Cambio.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Economía informó que este mismo jueves el Poder Ejecutivo está enviando al Congreso de la Nación el texto del acuerdo alcanzado con el organismo internacional.

Se espera que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados lo revise a partir del lunes y que el acuerdo se trate en sesión ordinaria entre el jueves y viernes de la semana que viene.

El comunicado, difundido esta siesta, reafirma lo señalado por el presidente Alberto Fernández el martes en la apertura de sesiones del Congreso, en lo relativo a los plazos de pago de la deuda, las tarifas de los servicios públicos, la protección del sistema jubilatorio, el desarrollo de inversiones y la promoción de la industria.

Lo informado

“Luego de intensas negociaciones, el Gobierno nacional logró cerrar con el FMI un acuerdo que permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa Stand By de 2018 que presentaba vencimientos concentrados principalmente en los años 2022 y 2023”, señala el comunicado oficial.

“El nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”, agrega.

Señala que el acuerdo logrado se inscribe en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas: EFF, por sus siglas en inglés), que incluye revisiones técnicas trimestrales del organismo durante los próximos dos años y medio.

“El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034”, explica el comunicado.

El acuerdo apunta a una reducción del déficit fiscal, de 2,5% del PIB (Producto Interno Bruto) en 2022, a 0,9% en 2024, metas que –según el comunicado oficial-, persiguen un apalancamiento de la recuperación económica, el fortalecimiento del crédito y la moneda.

Jubilaciones y tarifas

El comunicado oficial señala que la negociación “no prevé ninguna reforma previsional”, y que por el contrario “prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609”.

Asimismo, anuncia “niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad”, calculadas en base al coeficiente de variación salarial establecido en la Ley N° 27.443, vetada por el entonces presidente Mauricio Macri en 2018.

Señala que el acuerdo contempla un plan energético tendiente a “incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable; reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza; mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad”.

Indica que “también hay entendimiento en la importancia de impulsar políticas de crecimiento y resiliencia para abordar los cuellos de botella de largo plazo y sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo”.

“Estas políticas –apunta- tratarán de potenciar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones; la inversión y la productividad; el desarrollo económico local y regional; el empleo formal y la inclusión laboral que incluya perspectiva de género; mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético; las políticas de mitigación y adaptación ambientales y; el desarrollo más amplio de los mercados de capitales”.

Palabra del Fondo

A la par que el gobierno argentino comunicaba al país sobre la negociación cerrada, el FMI hizo pública también una declaración firmada por Julie Kozack, Directora Adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, Jefe de Misión para Argentina.

“El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre un programa económico pragmático y realista, con políticas creíbles para fortalecer la estabilidad macroeconómica y mejorar las condiciones necesarias para comenzar a atender los profundos desafíos para un crecimiento sostenible en Argentina”, señala la declaración del organismo financiero internacional.

“El programa busca abordar de manera duradera la alta inflación persistente a través de una estrategia múltiple que involucra una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal y un nuevo marco para la implementación de la política monetaria para generar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno, que junto con otras medidas, ayudará a promover una reducción continua de la inflación a lo largo del tiempo”, agrega.

Indica que el acuerdo incluye “elementos para mejorar el crecimiento y la resiliencia a través de políticas para movilizar el ahorro interno, fortalecer aún más la gobernabilidad y la transparencia, y fomentar la inclusión laboral, de género y financiera”.

Habla de la aplicación de “medidas para alentar la inversión y promover la sostenibilidad y la eficiencia de los sectores económicos estratégicos, incluido el energético”.

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La CGT pidió la nulidad del fallo que devolvió vigencia a la reforma laboral

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CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) pidió la nulidad del fallo que devolvió la vigencia de la reforma laboral del gobierno de Javier Milei y recusó a los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, quienes suspendieron la medida cautelar que en marzo había frenado 83 artículos de la Ley 27.802.

La central obrera elevó una presentación de 25 páginas a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, argumentando que la resolución “violenta la verdad jurídica” y que la sala actuante no tenía competencia en el caso.

“Hubo una manifiesta parcialidad hacia el Estado nacional”, denunció Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT. “Acabamos de recusar a los jueces por la aberrante suspensión de la cautelar y después la obscenidad que acaban de cometer al otro día, cuando en el Boletín Oficial se publicó la extensión de cinco años más para uno de los jueces”, puntualizó, en referencia a Pesino.

“El beneficio que recibió Pesino generó un manto de duda y de sospechas” que la central obrera “no va a dejar pasar”, advirtió.

El escrito pide la “nulidad absoluta” de la resolución dictada el 23 de abril último, que tuvo un carácter suspensivo de la cautelar y objeta la intervención de la Sala VIII, afirmando que, para respetar las reglas procesales, debió intervenir la Sala I.

“Si la Sala VIII hubiera respetado los pasos procesales para consentir su actuación, esta parte hubiera tenido oportunidad de advertirle que carecía de competencia por la prevención inicial de la Sala I; pero no se nos dio tiempo”, dijo Jerónimo.

El texto, presentado por el abogado Pablo Topet, sostiene que “debe ser la Sala I la que deba resolver la nulidad porque la Sala VIII, que violó las disposiciones procesales, es la que dictó el acto inválido, emitió opinión y prejuzgó y, tal vez lo más relevante, evidenció una manifiesta parcialidad hacia el Estado nacional”.

Sobre Pesino, el escrito señala que su participación en la causa “está viciada por haber recibido un beneficio de importancia por parte del Estado nacional”, tal como es la postergación para jubilarse, y afirma que su “inaceptable intervención (…) constituye no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley adjetiva”.

“Los magistrados que suscribieron con rapidez la sentencia interlocutoria que se impugna, deben apartarse de una causa que tomaron ‘para sí’ sin competencia”, argumenta la presentación.

La reforma laboral mileísta se sancionó hace dos meses en el Senado, con los votos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo, y Martín Goerling, del PRO Misiones.

 

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Inflación en aumento: marzo dio 3,4%, la cifra más alta en doce meses

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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de marzo fue de 3,4%, convirtiéndose en la cifra mas alta en los últimos doce meses. 

Esta cifra elevó a 9,4% el índice de inflación acumulado en los primeros tres meses del año, llegando pisar el 10%, que era el porcentaje proyectado para todo el 2026 según el presupuesto aprobado por el gobierno nacional. 

Los mayores aumentos fueron en educación con un 12,1% y en transporte con 4,1% a nivel nacional. En el análisis de los aumentos por región, el índice de la zona noreste se ubicó por encima de lo registrado a nivel nacional con 4,1%. 

Los rubros dentro de esas provincias que sufrieron un mayor crecimiento en porcentaje fueron Educación con 22,7% y en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 9,7%. 

En relación al mes anterior el porcentaje de suba en Equipamiento y mantenimiento del hogar mantuvieron una variación de 1,3% a nivel nacional convirtiéndose en el rubro con menor inflación.

En contraposición a las variaciones de los últimos tres meses, donde la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, es el rubro con la menor aumento llegando a un nivel nacional 2,6 % mientras que en la región de Cuyo el índice de precios registra un 1,9% de aumento. 

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Diputados proponen neutralidad argentina ante guerra en Medio Oriente

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Congreso guerra medio oriente

Mientras el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con aniquilar por completo a toda “la civilización” de Irán esta noche, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó este mismo martes un proyecto de resolución para declarar la neutralidad de Argentina frente la guerra en Medio Oriente.

La medida se da en medio de una escalada de tensión internacional, a pocas horas del vencimiento del ultimátum lanzado por Trump a Irán y tras las recientes declaraciones públicas del gobierno de Javier Milei en respaldo a Estados Unidos e Israel.

La iniciativa fue encabezada por el diputado Juan Marino y acompañada por una treintena de legisladores del bloque opositor, quienes sostienen que el país “no es parte beligerante” en la confrontación y que no reconoce enemigos en ninguno de los bandos involucrados.

En el texto también se reafirma la tradición diplomática argentina de resolución pacífica de controversias y se invoca el principio de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, en línea con resoluciones adoptadas por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Organización de las Naciones Unidas.

El proyecto surge luego de declaraciones de funcionarios nacionales que, según el bloque opositor, implican un alineamiento político del gobierno argentino con la ofensiva militar encabezada por Washington y Tel Aviv contra Irán.

Entre ellas, mencionan expresiones del presidente Milei durante una actividad en Nueva York, donde calificó a Irán como “enemigo”, además de comunicados oficiales de Cancillería y declaraciones de funcionarios sobre una eventual asistencia logística o militar.

Los legisladores pidieron además que se desautoricen públicamente esos posicionamientos al considerar que cualquier decisión que comprometa al país en un conflicto internacional requiere intervención del Congreso, en virtud del artículo 75 inciso 25 de la Constitución Nacional, que reserva al Poder Legislativo la facultad de autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.

En el mismo sentido, el proyecto exhorta al gobierno nacional a abstenerse de realizar cualquier tipo de colaboración directa o indirecta en el conflicto, incluyendo cooperación militar, logística o de inteligencia, y propone comunicar formalmente la postura argentina a organismos internacionales y a los gobiernos involucrados.

Línea roja

Apenas asumió la presidencia, el gobierno de Milei rompió la histórica neutralidad argentina y alineó automáticamente al país con Estados Unidos e Israel.

Un mes antes de la escalada bélica de la denominada “Coalición Epstein” contra Irán, en enero de 2026, el gobierno libertario declaró como organización terrorista a la Fuerza Quds, brazo de la Guardia Revolucionaria iraní.

En febrero, luego de comenzada la guerra y tras la operación que resultó en la muerte del Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial calificando el hecho como la eliminación de una de las personas “más malvadas y crueles de la historia”.

El 10 de marzo, durante un discurso en la Universidad Yeshiva de Nueva York, Milei declaró explícitamente que Irán es “enemigo de Argentina”, por su responsabilidad en los atentados a la Amia y la Embajada de Israel, y proclamó: “Vamos a ganar la guerra”.

Y este mes, la Cancillería argentina declaró persona no grata y expulsó a Mohsen Soltani Tehrani, el máximo representante diplomático de Irán en el país, a la vez que ratificó su “apoyo total y absoluto” a las acciones militares de Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

El posicionamiento del gobierno libertario provocó la reacción de Irán, que a través de sus medios oficiales advirtió que Milei cruzó una “línea roja imperdonable” y prometió una respuesta “proporcionada”.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN - NEUTRALIDAD ANTE LA GUERRA DE EEUU E ISRAEL

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