Nacionales
Fue contundente el fallo de la Corte contra el tarifazo en gas
Tras desoír todas las señales políticas adversas que le fue dando la Corte Suprema, el Gobierno nacional terminó obteniendo el peor fallo posible en relación con el tarifazo del gas. Con una sentencia unánime, el máximo tribunal anula las resoluciones del Ministerio de Energía que establecieron el nuevo cuadro tarifario y obliga a retrotraer los valores a marzo pasado, previo a los incrementos. Derribó el principal argumento oficial al establecer que, para la fijación de tarifas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio. Aunque restringió el alcance de la medida a usuarios residenciales (a quienes les reconoció un amparo “de clase”), no cerró la vía judicial para que industrias, pymes y comercios y todos quienes no fueron alcanzados por el fallo inicien sus propios planteos. Tampoco concedió que el gas a “boca de pozo”, con precios fijados por el Estado para la producción, quede excluido de la instancia de participación ciudadana. Perfila un fallo adverso en tarifazo de luz.
En una resolución abarcativa y con varias aristas, el aumento fue anulado para todos los usuarios residenciales de todo el país, a quienes la Corte les otorgó la razón en el amparo colectivo iniciado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). Por su propia jurisprudencia, la Corte sólo identificó a este segmento (según cifras oficiales, un 26% de los consumidores totales de gas) como una cantidad de personas con un interés homogéneo que les permitiría acceder a un proceso colectivo. El voto conjunto de Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti fijó el trazo grueso al que adhirió con sus propios fundamentos Juan Carlos Maqueda. El debut de Horacio Rosatti fue a través de un extenso voto en el que desplegó otras variables de la sentencia. El desarrollo fue un compendio de la sucesión de errores e imprevisiones que el Poder Ejecutivo tuvo en materia tarifaria desde que fijó los aumentos, y también le dejó advertencias a futuro: las audiencias públicas “esenciales” no podrán tener un carácter testimonial, sino que de su resultado se desprenderá la gradualidad, uno de los requisitos previstos para los aumentos.
De alguna forma, ratificó -en esta segmentación- lo dispuesto el 7 de julio por la Cámara Federal de La Plata. Para los usuarios finales se volverá al cuadro tarifario previo al 1 de abril y no se les cobrarán retroactivos. En el caso del resto, quienes deberían pagar la nueva tarifa con retroactividad, no los comprende el fallo pero abre la posibilidad de que se multiplique la litigiosidad.
Los jueces no ingresaron a analizar todos los segmentos porque allí tenían visiones contrapuestas. Como resultado, es probable que el aumento de los costos en servicios públicos provoque un traslado a precios, en momentos en que el Gobierno se esperanzaba con un descenso de la inflación.
La Corte le dejó al Gobierno la obviedad de poder fijar la política tarifaria, pero le arrebató poder establecer de forma unilateral -sin consulta previa- el precio de ingreso al sistema de transporte de gas (PIST), es decir, lo que se les paga a los productores. Sostuvo que de acuerdo con la evolución normativa en la materia, sólo podría excluirlo de una audiencia pública si lo dejara librado al libre mercado de oferta y demanda. De otra forma, deberá incluirlo en la discusión junto con los valores de transporte y distribución.
La Corte recordó que desde 2004 fue el Estado el que, durante el kirchnerismo, fijó ese valor, algo que continuó en la administración de Mauricio Macri. “En la situación actual el Estado intervino fuertemente en la fijación del PIST y por lo tanto debe someterlo a una audiencia pública porque es una decisión que, claramente, escapa al mercado. A partir de la fijación según reglas de oferta y demanda, no será necesaria la audiencia, porque se aplica la Ley 24.078”, sostuvo. En su voto, Maqueda reafirmó este punto, que el Gobierno creía ganado cualquiera fuese el resultado, lo que le permitiría cobrar en las facturas más del 60% del valor de los aumentos, según su propio informe.
La Corte también ordenó al Gobierno mantener la tarifa social para los sectores más pobres y solicitó al Congreso nombrar al defensor del pueblo de la Nación (crucial en las audiencias), cargo vacante desde abril de 2009, cuando renunció Eduardo Mondino. No sin quejarse de fallos genéricos, la Corte también advirtió a jueces y tribunales sobre la procedencia de los amparos otorgados, en lo que pareció un mensaje para futuras aplicaciones restrictivas en cuanto a medidas de alcance general.
En el repaso de las medidas adoptadas por el Ejecutivo hubo hasta una irónica mención a las denominadas “audiencias informativas” y el subrayado sobre que si las condiciones del sistema energético eran críticas, obligaba a tener medidas “prudentes”.
Lejos de dramatizar como el oficialismo, la Corte recordó qué otras vías tiene el Gobierno para suplir lo que destinará a subsidios y deslizó que las empresas tuvieron créditos y los usuarios pagaron cargos en sus boletas destinados a infraestructura, lo que apuntó a conjurar las amenazas de las prestatarias sobre su crítica situación.
“Frente a la magnitud que representó en numerosos casos, no es posible decir que no les haya permitido tomar las debidas precauciones en el diseño razonable de sus economías respectivas”, sostuvo el Tribunal sobre el impacto económico de la medida. Rosatti, por sus fundamentos, aclaró otro de los argumentos oficiales y sostuvo que “la seguridad jurídica -requisito imprescindible para propiciar la afluencia de inversiones en materia energética- se ve necesariamente socavada tanto si se modifican injustificadamente las normas jurídicas que regulan la materia, cuanto si se alteran los presupuestos fácticos que han motivado la adopción de tales reglas”.
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Después de más de dos años y medio de gestión, esta tarde el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, presentó su renuncia al cargo y en su cuenta de Twitter publicó un documento de siete carillas argumentando su decisión. Todo ocurrió mientras la vicepresidenta, Cristina Fernández, emitía un discurso con motivo del 48° aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón.
“Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana”, tuiteó el ahora ex ministro Guzmán en la red social del pajarito a 17.47 de hoy, enunciado que se repite en el final del documento de siete carillas que adjuntó en la misma publicación.
En el mencionado documento, Guzmán agradece al presidente Alberto Fernández la confianza otorgada al designarlo al frente de la cartera, realiza un repaso de su gestión, mencionando el acuerdo con el FMI, los condicionamientos de la pandemia y de la guerra de Rusia con Ucrania.
Además, se dirige al presidente y señala: “considero que será primordial que trabaje en un acuerdo político dentro de la coalición gobernante para que quien me reemplace, que tendrá por delante esta alta responsabilidad, cuente con el manejo centralizado de los instrumentos de política macroeconómica necesarios para consolidar los avances descriptos y hacer frente a los desafíos por delante”.
Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana. pic.twitter.com/rJQ5w0argQ
— Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) July 2, 2022
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Legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) pretenden que las provincias de los ciudadanos que utilicen los servicios de salud y educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) reintegren los gastos al Estado porteño.
El proyecto de ley propone la creación de un “Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional”, y es impulsado por los legisladores porteños Roberto García Moritán y Mariana Kienast, del partido Republicanos Unidos, el espacio del diputado nacional Ricardo López Murphi, integrante de la coalición opositora.
“Los servicios públicos no son gratuitos, los financia el Estado a través de los impuestos que cobra. Por eso nos parece injusto que los contribuyentes de una jurisdicción sostengan ese servicio para que sea utilizado por ciudadanos de otras”, argumentó Kienast al presentar la iniciativa en la legislatura porteña.
El texto señala que “los establecimientos del sistema de salud pública de la CABA deberán notificarle al Ministerio de Salud o al órgano que éste designe” cuando “una persona argentina con domicilio real fuera de la jurisdicción” sea atendido en un centro asistencial de la ciudad.
Asimismo, establece que el informe debe detallar “la consulta, internación o tratamiento médico y el costo que conlleva según el Nomenclador de Prestaciones”, cuyos gastos se remitirán mensualmente “a la Administración de la Provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados”.
Algo similar dispone en lo relacionado con el uso de las instituciones educativas públicas de CABA por parte de estudiantes domiciliados fuera del distrito.
La iniciativa establece que “los padres o tutores, cuyos hijos o niños tutelados estén domiciliados fuera” de CABA, y “que inscriban alumnos en el sistema de Educación Pública de la Ciudad de Buenos Aires, deberán registrarse en la página web que habilite el Gobierno de la Ciudad para acceder a las vacantes, en el que se considerará la disponibilidad de los colegios y la localización geográfica de los solicitantes”.
Agrega que una vez “adjudicadas las vacantes, se remitirá a la Administración de la Provincia correspondiente el listado de vacantes adjudicadas, para cobrar el reintegro por los servicios prestados, mensualmente”.
“El consumidor final no tiene que pagar al momento de usar el servicio, la idea es que se abone mediante una transferencia de fondos entre la provincia en la que tributa el consumidor y la CABA”, precisó Kienast.
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El presidente Alberto Fernández visitó este miércoles a la dirigente de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, hospitalizada en una clínica de Jujuy, y consideró la detención de la mujer “una clara persecución”.
Fernández dialogó con la dirigente social, detenida y procesada por la justicia jujeña desde hace 7 años, causas que el mandatario definió como “inventadas” por la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) que gobierna la provincia.
El presidente afirmó que en el caso de Sala “se ha instaurado un sistema de clara persecución”.
“Lo he plantado una y mil veces desde que empezó la persecución. Ninguna sociedad funciona bien sin un estado de derecho que respete los derechos humanos. Prolongar detenciones preventivas es una forma de violar los derechos humanos”, advirtió Fernández.
En una rueda de prensa en la clínica donde está internada la dirigente social, el Presidente pidió a la justicia jujeña y a la Corte Suprema de Justicia ajustar las causas contra Sala a las normas procesales vigente en el país.
“Vengo a hacer público mi compromiso con Milagro Sala y a llamar la atención a la Argentina y al mundo de algo que está ocurriendo y no debería ocurrir y que está afectando no solo la libertad de una persona sino su salud”, dijo el mandatario a los periodistas que lo aguardaban en la clínica.
“Apenas llegué de Alemania, me enteré de que estaba internada con un coagulo y estaba comprometida su salud. Llamé a su esposo y le dije que la iba a ir a ver. Pero esto no es de ahora, es de siempre porque yo siempre he planteado lo indebido de la detención de Milagro Sala, la irregularidad que los procesos que han tenido”, contó.
“Yo no vine a buscar aplausos”, dijo Fernández, argumentando que el objetivo de su visita es “acompañarla y darle una vez más un testimonio de mi compromiso porque los derechos humanos son la base de todo el sistema de un estado de derecho”.
Trombosis
La dirigente de Tupac Amaru fue hospitalizada por un cuadro de “trombosis venosa profunda”, y permanece internada “estable” en una sala de terapia intermedia, custodiada por policías armados.
Sus abogados informaron que Sala “se encuentra custodiada por dos agentes de la policía, una mujer y un hombre, en la puerta de ingreso a la UCO/UTI y un tercer agente femenino, al lado de su cama, exhibiendo ostensiblemente la portación de su arma reglamentaria”.
La dirigente está detenida desde el 16 de enero de del 2016 y, desde ese momento, se multiplicaron los pedidos de distintas organizaciones por su libertad.
El 23 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró que Sala permanecía detenida en condiciones incompatibles con su dignidad humana y que el método o manera de ejecución de la medida privativa de libertad la estaba sometiendo a angustia o dificultades mayores al sufrimiento intrínseco a toda detención, y dictó una medida provisional en ese sentido.
Desde entonces, la Corte IDH no sólo mantiene vigente la medida provisional sino que, además, recibe información periódica que denuncia la falta de independencia judicial en la provincia y el impacto que tiene la particular persecución penal que llevan adelante en la integridad física y psíquica de Sala.
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