Nacionales
Fiscales pidieron inhabilitación perpetua y 12 años de prisión para CFK
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años y la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la denominada causa Vialidad, que investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez, durante su época de Presidenta.
En su alocución final, Luciani calificó a la causa como “la mayor maniobra de corrupción conocida en la historia del país”, y acusó a CFK de ser la jefa de una asociación ilícita.
El fiscal Luciani repartió, también, penas para otros 11 de los imputados, para quienes también pidió la inhabilitación perpetua.
Para Lázaro Báez también pidió 12 años; 10, para el ex ministro de Planificación Julio De Vido, José López y el ex titular de Vialidad Nelson Periotti; 6 años para Mauricio Collareda y Juan Carlos Villafañe; 5, para Raúl Daruich y Raúl Pavesi; 4, para Abel Fatala y José Raúl Santibañez; y 3 años de prisión en suspenso para Héctor Garro.
Respecto de Carlos Santiago Kirchner, Luciani pidió la absolución por el delito de asociación ilícita, y 2 años de prisión en suspenso por administración fraudulenta.
Gobierno cierra filas
Apenas concluido el alegato de la Fiscalía, el gobierno del presidente Alberto Fernández hizo público un comunicado oficial, condenando lo que considera una trama para proscribir a la ex presidenta.
“El gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada causa Vialidad”, señala el comunicado.
“Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones la persecución avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho”, sostiene el pronunciamiento.
“Ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”, afirma.
“El gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley, y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”, agrega.
En el penúltimo párrafo, se solidariza con CFK con lo que define como “persecución y búsqueda de proscripción”, enmarcando la situación con “intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.
Finalmente, recoge una cita del presidente Fernández, que este utilizó en Twitter como presentación del comunicado de su gobierno: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”. “Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina”.
Al comunicado oficial del Gobierno, se sumaron ministros del Gabinete, como Juan Manzur, Santiago Cafiero, Eduardo de Pedro, diputados, senadores, sindicalistas y dirigentes sociales.
Juicio nulo
El alegato del fiscal Luciani coincidió con el pedido de ampliación de su declaración indagatoria para este martes por parte de la Vicepresidenta, acusando a la Fiscalía de incorporar elementos que no se presentaron en la elevación de la causa a juicio oral.
Lo explicó a los medios el abogado de CFK, Gregorio Dalbón, citando una conversación desgrabada de José López, mencionando incluso al diputado y líder de La Cámpora Máximo Kirchner, sacada de otra causa en que López ya fue condenado a prisión.
“Esto es ilegal y hace nulo al juicio”, señaló Dalbón a C5N. “Buscaron pruebas donde realmente no existían, en cuestiones que tienen que ver con otras causas; hay un montón de circunstancias que demuestran que no es normal este proceso”, afirmó.
El letrado acusó a Luciani de estar siendo “manipulado por los medios de comunicación hegemónicos”, complotados para dejar a CFK afuera de la escena política, comparando la situación con la condena que excluyó a Lula de las elecciones que, finalmente, ganó Jair Bolsonaro; fallo que después el Supremo Tribunal Federal (la Corte Suprema brasileña) anuló, sobreseyendo al ex presidente.
Dalbón aseguró que a partir del 5 de septiembre, cuando comienza la ronda de alegatos de los defensores de los 13 procesados, “la defensa va a aplastar la versión fiscal”.
El presidente Javier Milei confirmó que vetará la ley que recompone el presupuesto de las universidades nacionales que sancionó esta madrugada el Senado de la Nación.
Casi cinco meses después de la marcha universitaria que movilizó a miles de personas en diferentes puntos del país en defensa de la educación, finalmente, el Senado aprobó una ley que actualiza las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión de las universidades.
La legislación había sido cuestionada previamente por el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, quien en una entrevista radial anticipó: “Ya lo dijo el Presidente que cualquier ley que ponga en riesgo el equilibrio fiscal y el enorme esfuerzo lo iba a vetar”.
Horas después, el funcionario libertario escribió en su cuenta X (ex Twitter): “La última palabra sobre el veto la tiene el presidente Javier Milei, como corresponde”, a lo que el jefe de Estado respondió: “Veto total”, confirmando que ejecutará la medida en su totalidad.
Si el presidente concreta el veto, tiene un plazo de diez días hábiles para hacerlo, el proyecto vuelve al Congreso, donde puede ser reconsiderado. Sin embargo, para anular el veto, ambas cámaras deben reunir una mayoría calificada de dos tercios de los votos de los miembros presentes. Si se alcanza, el proyecto se promulga y el veto presidencial queda sin efecto, obligando al Ejecutivo a promulgar la ley.
El veto al financiamiento universitario será el segundo del gobierno libertario, luego de que Javier Milei consiguiera blindar la herramienta parlamentaria sobre la ley de movilidad jubilatoria, que otorgaba una recomposición del 8,1% a los haberes.
Milei confirmó el veto total sobre la ley de financiamiento universitario.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de agosto fue 4,2%, cifra levemente superior al 4% registrado en julio y que elevó el índice anual a 94,8%, en tanto que el balance interanual llegó a 236,7%.
De acuerdo a los datos difundidos hoy, con 7% de incremento la división conformada por gastos relacionados a la vivienda y a los servicios básicos como agua y luz fue el rubro con mayor alza de precios en relación al mes pasado, escoltado por Educación con 6,6% y seguido por Transporte con 5,1%.
Asimismo, el instituto detalló que las dos divisiones que registraron las menores variaciones en agosto fueron Bienes y Servicios Varios con 2,3% y Prendas de Vestir y Calzados con 2,1%.
En tanto, la variación porcentual mensual por región posicionó al Noroeste en primer lugar, con un incremento en los precios al consumidor de 5%, seguida por la Patagonia con un 4,6% y la Pampeana con 4,5%.
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 4,2% en agosto de 2024 respecto de julio y 236,7% interanual https://t.co/8bkZx9UiNE pic.twitter.com/SDvkSGQVd9— INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 11, 2024
La oposición no obtuvo los votos necesarios para insistir con la ley de reforma jubilatoria aprobada el mes pasado por el Senado y, de esta manera, el oficialismo logró sostener el veto del presidente Javier Milei.
La votación se dio minutos antes de las 15.40 de hoy, en una sesión especial convocada para rechazar o ratificar la medida del presidente, entre otros temas como el financiamiento a las universidades.
La oposición necesitaba dos tercios de los presentes para sostener la ley y es por eso que los 153 votos afirmativos no fueron suficientes ante los 87 votos en contra, dos más de lo que necesitaba el oficialismo para que se ratificara el decreto que dejó sin efecto la ley.
El resultado incluyó 8 abstenciones, decisión que ya había sido adelantada por el bloque Innovación Federal, que contiene a los legisladores misioneros del Frente Renovador de la Concordia Yamila Ruiz, Carlos Fernández, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa, además de parlamentarios de Salta y Río Negro.
La sesión se desarrolló en medio de fuertes cruces entre legisladores que defendían cada postura y los principales dardos fueron lanzados contra los cinco diputados radicales, entre ellos el misionero Martín Arjol, que inicialmente acompañaron la norma pero que ayer se reunieron con Javier Milei para apoyar el veto.
Una vez publicadas las actas, se confirmó el voto negativo de Arjol, como así también de Emanuel Bianchetti (PRO) y Florencia Klipauka (La Libertad Avanza), quienes también decidieron acompañar el veto.
Tras la votación, en las afueras del Congreso las fuerzas federales iniciaron el protocolo antipiquetes contra jubilados, militantes e integrantes de organizaciones sociales que se concentraron frente al edificio parlamentario para manifestarse en contra de la medida del presidente.
La ley de movilidad jubilatoria, que obtuvo media sanción en Diputados en junio y que en agosto fue aprobada por el Senado, otorgaba un 8% de incremento para compensar la inflación de enero y que establecía los parámetros para actualizar los haberes de jubilados y pensionados.
En la víspera, en diálogo con La Voz de Misiones, Arjol argumentó que su decisión de acompañar el veto presidencial está relacionada a las metas de equilibro fiscal alcanzadas por Milei. “El gobierno ha demostrado que ese es el camino”, sostuvo, al tiempo que consideró que la iniciativa es “loable”, pero que “si no hay fondos, es solo es una buena intención”.
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