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El tarifazo de luz abarca a clubes, comedores, sistema de salud y consorcios

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Además de los impactos en las boletas individuales de cada usuario, en las últimas horas creció la preocupación por los efectos del tarifazo, que tendrá la reducción de la ayuda estatal en una serie de actividades, especialmente en los consorcios, unidades recreativas y sociales, clubes y el sistema de salud.

Según el anuncio oficial, no hay ningún tipo de discriminación y se estableció una serie de topes por consumo para delimitar el mantenimiento de los subsidios. Serían tratados como “Nivel 1” y eso dispararía los gastos mensuales.

Esos límites están calculados sobre la base del uso cotidiano de una casa familiar y no tiene en cuenta ningún otro parámetro con lo cual se esperan fuertes subas en otras actividades.

La situación más visible es la de los consorcios, cuyo consumo mensual está muy por encima del tope fijado, y por lo tanto que utilice por encima de los 400 kwh se pagará a tarifa plena.

En consecuencia, toda aquella unidad que supere los 400 kwh por mes, o los metros cúbicos establecidos para cada área, ingresará automáticamente a Nivel 1 y perderá la totalidad del subsidio.

Por lo tanto, además de la factura individual quienes viven en edificios deberán afrontar un fuerte aumento en las expensas por el alza en los gastos comunes. Cabe apuntar que este sector también deberá hacer frente al incremento salarial para el gremio de los encargados.

Pero tal como está redactada, la norma también alcanza a otras actividades muy demandantes de energía como por ejemplo clínicas y sanatorios.

Los centros estatales deberán costearlo de las arcas públicas, pero en el caso de aquellos establecimientos a cargo de sindicatos impondrá una erogación que pondrá en jaque las cuentas. Y en el caso de las privadas habrá un traslado directo al costo de la cuota mensual.

La inquietud y malestar fue creciendo con el correr de las horas y las redes sociales fueron caja de resonancia de la preocupación de los consumidores.

También se puso la lupa sobre los clubes, especialmente aquellos que cumplen funciones sociales y que en la mayoría de los casos son solventados voluntariamente por sus socios.

Al igual que en el caso de las prepagas, los clubes de mayor envergadura podrán tomar la opción de recargar las cuotas, pero no es el caso de las instituciones barriales.

La situación también promete ser crítica para el caso de los comedores y merenderos donde el incremento en el gas impactará en mayor medida.

Si bien desde el gobierno se quiere evitar hablar de “tarifazo”, por el momento la “redistribución” no contempla una serie de factores sociales que multiplicarán el efecto del aumento anunciado, explicado por Noticias Argentinas.

Desde del gobierno dejaron trascender que podría haber alguna medida para el caso de los consorcios, pero por el momento no hay precisiones.

Nacionales

Ascienden a 102 los casos de hantavirus en el país

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Según los últimos registros del Boletín Epidemiológico Nacional, en las dos últimas semanas se registró sólo un caso de hantavirus en la provincia de Buenos Aires (PBA). Sin embargo, el pasado fin de semana se confirmó un caso en la localidad de Corcovado en Chubut, mientras que el total de infectados de la temporada 2025-2026 asciende a 102, en su mayoría vinculados a la variante Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.

En cuanto a la distribución geográfica, la región Centro concentró el 54% de los casos principalmente en PBA (43 casos) y la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 36 casos confirmados, de los cuales el 83% se concentró en Salta.

En cuanto a los orígenes del virus, las pruebas de PCR y secuenciación genómica realizadas en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.

Los casos que rondaron Misiones

Respecto del brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius la semana pasada, el BEN correspondiente a la semana epidemiológica 17 de 2026 confirma que, hasta el momento, se identificaron ocho casos a bordo del buque (seis confirmados y dos probables), de los cuales tres fallecieron.

Según información difundida por el sitio Mundo en Conflicto, la fallecida pareja holandesa señalada estuvo en Misiones en un recorrido por Argentina, Chile y Uruguay, antes de embarcar en el buque que en este momento navega hacia las Islas Canarias con 149 personas a bordo. 

Si bien la ANLIS Malbrán determinó que la secuencia del virus del crucero tiene un alto grado de parentesco con cepas detectadas en 2018 en Neuquén, aún no es posible confirmar el origen del brote, ya que el caso testigo no estuvo en zonas endémicas de la cepa Andes durante los días que se estima que tuvo lugar el contagio. 

Mientras tanto, el fin de semana pasado la Secretaría de Salud de Paraná, confirmó dos infectados en el estado brasileño, un hombre de 34 años de Pérola d’Oeste y una mujer de 28 de Ponta Grossa. El primero de ellos muy cercano al departamento misionero de General Manuel Belgrano.

Se trata de la enfermedad viral, transmitida a los humanos por roedores silvestres infectados. De no tratarse, puede causar infecciones pulmonares o renales severas, siendo el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) la forma más común en América.

Infectados con hantavirus en el crucero de Ushuaia estuvieron 20 días en Misiones

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El gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de Andis

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Andis

El gobierno nacional detectó presuntos sobreprecios de hasta 4239% en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025, según surge de un informe técnico elaborado por el Ministerio de Salud y remitido a la Justicia.

De acuerdo al documento, las irregularidades fueron detectadas tras comparar facturas emitidas al Estado con valores de referencia del mercado en adquisiciones de andadores, sillas de ruedas y prótesis. El informe señala diferencias que oscilan entre el 300% y el 1000%, aunque en algunos casos superan el 2000% y llegaron hasta el 4239%.

Según publicó La Nación, el caso más extremo corresponde a la compra de un andador, donde se registró una diferencia del 4239% entre el monto facturado al Estado y el valor de referencia de un producto de similares características. En el rubro de sillas de ruedas, los presuntos sobreprecios alcanzaron el 2000%.

El informe sostiene que el análisis de la documentación respaldatoria permitió detectar “desvíos de precios injustificables” y posibles vínculos societarios y familiares entre proveedores involucrados en las contrataciones.

La documentación quedó incorporada a una investigación judicial en trámite vinculada a contrataciones realizadas por la Andis. En paralelo, durante las últimas semanas fueron convocados a declaración empresarios y personas relacionadas con el sector bajo investigación.

La causa que investiga un presunto fraude millonario en la Andis tiene entre sus procesados, a Diego Spagnuolo, máxima autoridad durante parte del período analizado. Consultado por el mismo diario porteño, su abogado, Mauricio D’Alessandro, señaló que el informe no le atribuye al ex director ninguna intervención en la maniobra, ni prueba tampoco conocimiento de la misma.

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La Corte declaró inconstitucional el uso estatal de datos personales

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Misiones DNU corte suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que organismos públicos no pueden utilizar teléfonos o correos electrónicos de ciudadanos sin autorización y anuló artículos de la ley de datos personales al considerar que vulneran la privacidad y la autodeterminación informativa.

El tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Daniel Bejas, sostuvo que no existe interés legítimo que justifique un sistema de almacenamiento y circulación de datos personales sin conocimiento de sus titulares.

Además, declaró inválidos artículos de la ley 25.326 que habilitaban el intercambio de información entre organismos estatales sin consentimiento, al considerar que esas excepciones resultan excesivas e injustificadas y afectan garantías constitucionales.

En ese sentido, advirtió que la amplitud de la norma permitía al Estado eludir casi siempre la exigencia de autorización, lo que vaciaba de contenido la protección de los datos personales.

El fallo se dictó al hacer lugar a una acción de habeas data presentada por una jubilada contra el Estado Nacional, tras un convenio que permitió a la Anses ceder información a la Secretaría de Comunicación Pública para difundir contenidos oficiales.

El caso se originó cuando la demandante cuestionó el uso de su información para fines distintos a los que motivaron su entrega, al señalar que no deseaba recibir comunicaciones oficiales ni ser objeto de contactos reiterados.

En disidencia, el ministro Carlos Rosenkrantz y la conjueza Beatriz Aranguren propusieron rechazar el recurso del Estado y dejar firme la sentencia previa sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma.

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